Publicado en el diario BAE, 22 de Septiembre de 2010.

Autor: Pablo Kornblum

Las elecciones suecas del domingo pasado parecen haber sido un mero trámite que prolonga una continuidad histórica de cómo hacer políticas que busquen el beneficio de la mayoría de la ciudadanía. El resultado, por lo tanto, es una anécdota. El bloque gubernamental, formado por el Partido Moderado, el Partido del Centro, el Partido Liberal y el Partido Cristiano Demócrata, obtuvo el 49,3% de los sufragios y se quedó con 173 diputados de los 349 del Riksdagen (Parlamento); mientras que la coalición de izquierda, compuesta por una alianza de socialdemócratas, ecologistas y ex comunistas, recibió el 43,5% de los votos. 

La política sueca es un ejemplo. Los partidos políticos mayoritarios discutieron democráticamente una alternancia sin alianzas espurias. Es por ello que ambos han dejado de lado cualquier acuerdo con el ultra-derechista partido Democráticos de Suecia (SD), que aunque logró un avance hasta superar el 5% de los sufragios, sigue muy lejos de cualquier tipo de poder decisorio para lograr cambios sustanciales en la vida diaria y los ideales básicos de la cultura sueca.

Por otro lado, ninguna de las dos coaliciones ha siquiera deslizado algún tipo de  cuestionamiento al Estado de Bienestar. Mientras que el gobierno prometió elevar la edad de jubilación hasta los 69 años, reducir a la mitad el IVA para la hostelería, y promocionar los contratos de aprendizaje; la oposición propuso bajar los impuestos a los pensionistas, reintroducir el impuesto a la riqueza para invertir más dinero en la educación y la sanidad pública, y crear 100.000 puestos de trabajo. Lo único que pudo haber hecho una mínima diferencia entre los conservadores actualmente en el poder y la centro-izquierda, ha sido el hecho que los primeros proclamaron un estricto control fiscal atractivo para un electorado que observó en el desorden y la falta de regulaciones uno de los grandes detonantes de la gran crisis económica internacional.

Por lo tanto, se puede entender que la airosa salida de la crisis tiene su explicación en razones más estructurales que en la política coyuntural del actual gobierno. Por ejemplo, la historia y la cultura han mellado de manera determinante en la ausencia de una discusión sobre la política exterior durante toda la campaña electoral. Los partidos han rehuido al debate sobre la integración en la zona euro – una encuesta publicada en junio por el Instituto Estatal de Estadística puso en su mínimo histórico el apoyo a la integración: apenas un 27%, frente a un 60% de rechazo – y sobre la integración a la OTAN (propugnada por la coalición gubernamental), que la sociedad sueca – históricamente neutralista e internacionalista – observa con recelo.

Otro ejemplo de la fortaleza estructural es la economía del país. Según un estudio del Foro Económico Mundial, la economía sueca es una de las más competitivas de la UE junto con las de Holanda, Dinamarca y otros países nórdicos. Suecia y sus hermanos nórdicos son los países que han mostrado mejor desempeño en términos de innovación, lo que se atribuye a la capacidad de sus compañías de adaptarse a las nuevas tecnologías. Si a ello le agregamos la reducción de los impuestos a las ganancias de los trabajadores y el menor temor del asalariado de gastar sus ahorros, podemos observar, según las últimas cifras de la Oficina Central de Estadística, que el PBI creció un 3% el primer trimestre de este año y el consumo interno aumentó en un 1,7% (especialmente en autos, ropa y alimentos) en relación con el primer trimestre del 2009.

Finalmente, aunque la desocupación, mal endémico global, también golpea al país nórdico (la cifra de desempleo ronda el 8%, donde los más afectados por el paro son los jóvenes de entre 15 y 24 años y los inmigrantes de países no europeos que aún no han logrado insertarse en el mercado de trabajo) la capacidad recaudadora del gobierno continúa solventando la seguridad social de los grupos más castigados por un modelo productivo global que demanda día a día menos mano de obra – recordemos que Suecia tiene, junto con Dinamarca, los impuestos más elevados del mundo; donde un contribuyente con un salario medio, por ejemplo, paga cerca del 34% de sus ingresos, en comparación con un 19% de la media europea -. En este sentido, en los últimos años las inversiones han crecido a un ritmo rápido pero no se han creado puestos de trabajo a esa misma velocidad, lo que indica que las mismas han puesto foco en la eficiencia y la productividad en detrimento de la incorporación de capital humano. 

En definitiva, en contraposición a un mundo cada vez más cíclico, la estabilidad sueca no deja de sorprender. Democracia participativa, sistema económico inclusivo y valores con proyección a largo plazo. Suecia no quiere cambiar su historia. Simplemente observa con altura y brinda un ejemplo al mundo de una conducta a seguir. 

Publicado en el diario BAE, 07 de Septiembre de 2010.

Autor: Pablo Kornblum

El Sábado pasado, el grupo armado vasco ETA anunció un alto al fuego por medio de un video enviado a la cadena británica BBC, en el que afirmó que no «llevará a cabo acciones armadas» en su campaña por la independencia. En palabras de sus voceros, «ETA se reafirma en el compromiso con una solución democrática (…) para que, a través del diálogo y la negociación, los ciudadanos vascos podamos decidir nuestro futuro de forma libre y democrática». Sin embargo, el alto el fuego de ETA suena más a desesperación que a convicción, ya que la debilidad contextual tiene raíces sistémicas que deben ser comprendidas y modificadas si se quiere lograr cierta viabilidad y consensos en los objetivos históricamente planteados.

Euskadi Ta Askatasuna (expresión en euskera traducible al castellano como País Vasco y Libertad), conocida por sus siglas ETA, ha nacido como una organización independentista, nacionalista vasca y marxista-leninista. Fundada en 1958 durante la dictadura franquista tras la expulsión de miembros de las juventudes del Partido Nacionalista Vasco, cometió su primera acción violenta en julio de 1961 e, inicialmente, contó con el apoyo de una parte significativa de la población al ser considerada una más de las organizaciones opuestas al régimen. En aquel momento, el mundo vivenciaba un contexto donde la violencia ideológica era asociada a los deseos de libertad e igualdad, la lucha contra el franquismo era sinónimo de democracia y autonomía, y la metodología de oposición estaba estrictamente relacionada con el margen de maniobra que proveía la coyuntura. 

Años más tarde, con el avance norteamericano y el retroceso soviético, la expansión capitalista mundial fue asociada a la palabra democracia – donde los gobiernos democráticos serían más sencillos de amalgamar al sistema corporativo que dictaduras de difícil control -, por lo que los procesos de emancipación no tardaron en llegar. En el año 1977 fue el turno de España. Y al avance capitalista, se le adicionó el respeto al derecho y a las soluciones pacificas, debilitando las bases políticas de ETA y su impronta por la lucha armada. Pero ETA redobló la apuesta. En aquel momento, pensaron que el proceso democrático podría ser de mero carácter transitorio, mientras que el socialismo aún estaba vivo. Más aún: el alejamiento del proceso democratizador conllevó a que la extorsión, el secuestro y el denominado “impuesto revolucionario”, se conviertan en casi la única alternativa de autofinanciamiento para su lucha contra el capitalismo.

Sin embargo, el transcurso del tiempo no produjo cambios favorables para la organización. Si a la consolidación de un Estado democrático pacífico que reafirmó las bases institucionales y jurisdiccionales del status-quo, se le agregó la victoria del capitalismo transnacional sobre las estructuras culturales domésticas, la metodología de acción de la organización perdió el consenso social que tanto había dado para su creación medio siglo atrás. Según el Euskobarómetro (estudio sociológico realizado por un equipo de profesores de la Universidad del País Vasco) de mayo de 2009, el 64% los vascos rechazaba totalmente a ETA. El 13% opinaba que en el pasado su violencia había estado justificada, pero en el momento de la encuesta no. Un 10% compartía sus fines, pero no sus métodos violentos. Finalmente, mientras el 3% justificaban parcialmente la acción ETA, criticando sus errores, solo el 1% de la población dijo que la apoyaban totalmente.

En la actualidad y dentro de un conformismo social mayoritario, parece muy difícil que ETA logre sus objetivos sin cambios radicales en el corazón de su accionar. Por un lado, el crecimiento económico español de las últimas décadas se ha visto potenciado por las mejoras en el autogobierno vasco conseguidas por los nacionalistas moderados, eliminando cualquier tipo de cuestionamiento sistémico. Por el otro, el desarrollo por vía pacífica de una cultura nacional, con su lengua y sus costumbres, ha sido aceptado como complemento de un marco nacional español abarcativo y pluralista.

En definitiva, ETA deberá meditar sobre su accionar de aquí en adelante. Más allá de su compromiso ideológico, cultural y nacional, que merece un análisis aparte, el camino actual no posee el apoyo social y político que pueda encausar sus reivindicaciones. Y si no hay un cambio de rumbo, solo quedan los métodos ilegales para incrementar su riqueza y poder así continuar su lucha. Pero ETA debe tener cuidado. Si no hay un vuelco sustancial, las organizaciones con las arcas más grandes, los gobiernos de España y Francia, redoblarán sus esfuerzos económicos y militares hasta lograr el desmantelamiento definitivo de una de las agrupaciones más antiguas y reconocidas del planeta.

Publicado en el diario BAE, 24 de Agosto de 2010.

Autor: Pablo Kornblum

El general Raymond Odierno, comandante de las tropas de EE.UU. en Irak, anunció la semana pasada que las tropas de combate de Estados Unidos sólo volverían a Irak si las fuerzas iraquíes «fracasaran completamente». Según sus propias palabras, «si el Gobierno iraquí nos pidiera algún tipo de asistencia técnica en el campo de batalla, sistemas que les permiten seguir protegiéndose sobre amenazas externas, estaríamos allí». Además aseguró que  «un Irak democráticamente fuerte llevará estabilidad a Oriente Medio, y si vemos que Irak logra este objetivo en dos, tres, cinco años a partir de ahora, creo que podremos calificar un éxito nuestras operaciones en ese país”.

El discurso del comandante demuestra que las elites norteamericanas no comprenden (o pretenden que el resto de la sociedad norteamericana no comprenda) que los conceptos de democracia, libertad, seguridad y desarrollo socio-económico no van automáticamente de la mano.

Tenemos varios ejemplos que lo demuestran. La Unión Soviética llegó a disputarse la supremacía económica y geopolítica del mundo en las décadas de 1950’ y 1960’, mientras se vivía bajo un régimen totalitario. India ha tenido un crecimiento económico sustancial y sostenido en los últimos años; sin embargo, la equidad y el desarrollo socio-económico brillan por su ausencia. Por otro lado, la crisis económica cubana actual no mella sensiblemente en su seguridad doméstica. O mismo los Estados Unidos, un país democrático e institucionalmente fuerte, pero con bolsones de pobreza que derivaron en el surgimiento de barrios marginales con niveles de inseguridad creciente en la mayoría de las grandes ciudades del país.

Pero si a la seguridad entendida por la “protección física de seres humanos” nos referimos, hay muchos países en el mundo que sufren problemas de inseguridad y no por ello los Estados Unidos buscan brindar protección en cada rincón de la tierra. Irak, como la mayoría de los países con altos niveles de pobreza y desigualdad, ha sufrido enormes síntomas de violencia e inseguridad en las últimas décadas; antes, durante y después de las invasiones norteamericanas.

La realidad es que el fin de los Estados Unidos es lograr un fluido proceso para asegurar el enorme caudal de petróleo que posee el suelo iraquí y que beneficia a toda la industria petrolera norteamericana (incluyendo a las grandes corporaciones, compañías proveedoras y al gobierno). Para ello, la dialéctica de las elites gobernantes y los lobbys para con las masas norteamericanas solo debe corresponderse con la tradición histórica de la política exterior norteamericana. Quieren demostrar que no solo lograron su cometido militar disolviendo a un gobierno peligroso para la humanidad como el del ex presidente Hussein; sino que además, por simple altruismo, también desean llevar libertad, democracia y progreso al país liberado. Sin embargo, la historia norteamericana aflora sus propias contradicciones. Un claro ejemplo nos indica que el 6 de agosto de 1990, después de la invasión iraquí a Kuwait, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas liderado por los Estados Unidos adoptó la Resolución 661, la cuál impuso sanciones económicas y un embargo comercial completo a Irak. Según estimaciones de la misma O.N.U, entre 500.000 y 1.2 millones de niños murieron durante los años de las sanciones, que por muchos años no pudieron ser levantadas por el veto decisivo de los Estados Unidos.

¿Es viable esta discursiva en la actualidad? Evidentemente, hay condiciones sistémicas favorables para las elites que no siempre se dieron en diferentes procesos históricos. Por ejemplo y si trazamos un paralelismo con la guerra de Vietnam que comenzó en la década de 1960, las reacciones contrarias a la guerra se correspondían contextualmente a un Estado de Bienestar doméstico que le permitía a la ciudadanía realizar un análisis más profundo y expresar sus disensos sobre una situación internacional inmersa en plena guerra fría. Contrariamente, la crisis económica norteamericana actual elimina toda posibilidad de que la mayoría de los norteamericanos observen más allá de las fronteras nacionales, mientras que las elites y los grupos de poder concentrados, aquellos que están exentos de los vaivenes cíclicos de la crisis económica, ven potenciados sus beneficios a través de negocios multimillonarios.

Por otro lado, en Medio Oriente nos encontramos con la mayoría de un pueblo iraquí que se encuentra muy lejos de vivir en un país democrático, seguro y desarrollado. Y mientras solo el 58% de la población mayor de 15 años continué alfabetizada (45% de las mujeres), la tasa de mortalidad infantil se sitúe en el 44 por mil en los menores de 5 años, o el 23% de la población no tenga acceso al agua potable, la palabra “seguridad” continuará teniendo un significado notoriamente ambiguo.

Publicado en el diario BAE, 3 de Agosto de 2010.

Autor: Pablo Kornblum

El final del segundo mandato del presidente Álvaro Uribe ha llegado. Han sido ocho años donde el poder ha estado concentrado en su persona y en el cual el mismo mandatario ha promovido todo tipo de reformas constitucionales para intentar debilitar y asfixiar a los contrapoderes que lo obstaculizaron. Esta situación no es extraña y tiene una razón de ser: la existencia de todo tipo de escándalos han salpicado a su gobierno durante ambos periodos presidenciales.

Entre los más resonantes, está la llamada parapolítica, con el que se denunció las relaciones de los políticos con narcotraficantes y paramilitares. En este sentido, altos mandos de la principal Agencia de Inteligencia (DAS), fueron acusados de infiltrar paramilitares para cometer asesinatos y realizar labores de inteligencia contra activistas de derechos humanos y sindicalistas. Según el estudio realizado por la Corporación Arco Iris, a diciembre de 2009 había 67 congresistas elegidos en 2006 que estaban vinculados a la parapolítica, ya sea en la fase de investigación previa, de instrucción, de juicio o ya condenados. Esto equivale al 25% del Congreso.

Por otro lado, la corrupción se potenció también a través del “Agro Ingreso Seguro”, donde se reveló que varios de los beneficiarios del programa eran reinas de belleza y políticos que habían apoyado la reelección. Además, no podemos dejar de mencionar los casos de los “falsos positivos”, donde quedaron al descubierto los crímenes de Estado realizados por las Fuerzas Armadas contra desempleados y jóvenes, cuyos cuerpos eran mostrados como de guerrilleros muertos en combate. Finalmente, también se señaló al Jefe de Estado como el gran promotor de operaciones de espionaje y persecución que padecieron miembros de la Corte Suprema, opositores políticos, abogados que en ejercicio de su profesión se enfrentaban al mandatario, y columnistas que aireaban los grandes escándalos del Gobierno.

Para contrarrestar esta situación y evitar que su imagen positiva se vea ostensiblemente dañada, el de Álvaro Uribe fue un gobierno en permanente campaña. El presidente realizó más de 320 consejos comunales en los que se convirtió en el representante de los ciudadanos frente a la incapacidad del Estado de resolver los problemas. Fue despótico con todo lo que le quitara protagonismo: con los partidos, con los gremios, con las instituciones. Articuló un discurso en el cual había un «enemigo de la patria» y él se erigió como el llamado a salvarla. Gracias a esta visión mesiánica del poder y a que les devolvió la confianza y la tranquilidad a los colombianos, se estableció una relación de dependencia casi paternal de la sociedad ante su líder.

Por otro lado, Álvaro Uribe hizo lo que ningún otro Presidente en la historia reciente de Colombia había hecho: decidió comunicarse de manera directa con el pueblo. Y para eso prácticamente se saltó -o instrumentalizó- a los dos más importantes mediadores entre él y el pueblo: el Congreso y los medios de comunicación. Para Uribe, los medios no eran para establecer un diálogo con los periodistas sobre los grandes temas del país, sino un instrumento para llegarle al pueblo con mensajes de alto contenido simbólico. En todo momento intentó convencer a la ciudadanía de que todas las denuncias contra su gobierno eran calumnias y montajes hechos en su contra por los enemigos de la “seguridad democrática”, que le hacían el juego terrorista a unas FARC que el mismo había arrinconado. Y que esta estabilidad institucional le había permitido crecer al país al 5% entre los años 2003-2007, con un pico de 7,25% en el momento más prospero de su gobierno.

¿Han sido suficientes estas razones para mantener un gobierno viciado de corrupción, omnipotencia e intolerancia? Evidentemente, Uribe supo entender las necesidades históricas derivadas de gobiernos débiles, ineficaces y carentes de un activismo político populista. Sin tocar los vicios históricos de las estructuras socio-económicas y políticas latinoamericanas, como por ejemplo las políticas concentradoras de riqueza o la falta de una verdadera libertad democrática, Uribe encontró una forma pragmática y totalizadora para llegarle a un pueblo que en el año 2002 se encontraba gravemente desesperanzado.

Sin embargo, las guerras tienen términos, el crecimiento económico no es igual al desarrollo si las bases no son sustentables, y la cohesión social se desintegra cuando la corrupción enraizada se perpetúa a la vista de todos. Esperemos entonces que el pueblo colombiano haya aprendido y madurado. La educación, el entendimiento y la ética racional serán los otros componentes que permitirán dar el salto cualitativo necesario para lograr una Colombia verdaderamente democrática y equitativa.  

Publicado en el diario BAE, 20 de Julio de 2010.

Autor: Pablo Kornblum

En el año 2005, Clichy–sous–Bois, un suburbio cerca de París, vivió una serie de enfrentamientos donde una enorme cantidad de automóviles fueron incendiados. La furia había estallado por la muerte accidental de dos adolescentes de origen musulmán que, creyéndose perseguidos por la policía, se escondieron en un local donde había un transformador eléctrico y murieron electrocutados. En ese momento, el desempleo entre los franceses originarios se ubicaba en 9,2%, mientras que el desempleo entre los franceses de origen extranjero era del 14%. Por otro lado, mientras que para los graduados universitarios el desempleo era del 5%, para los graduados universitarios descendientes de nacionales del norte de África era del 26,5%.

Dos años más tarde, la violencia se traslado a Villiers–Le–Bel, en la región de Val d’Oise. Hubo otra vez autos incendiados, locales destruidos y decenas de heridos luego de que dos jóvenes que circulaban en una moto murieron cuando chocaron contra un patrullero. En aquella ocasión, ya no quedaron dudas que la creciente desigualdad social entre los habitantes de los suburbios pobres, en general hijos de inmigrantes musulmanes con enormes problemas para la integración, era la causa principal de la furia. Finalmente, unos días atrás las tensiones se trasladaron a una barriada pobre de la ciudad de Grenoble, donde ardieron automóviles y comercios en protesta por la muerte de un joven acribillado por la policía en una confusa persecución después de un robo.

Sin embargo, esta situación no puede entenderse como aislada ni exclusiva de un grupo social en particular. Podemos observar que en cuanto al desempleo, el segmento poblacional más castigado por la desocupación son los jóvenes entre los 15 y los 24 años, con una tasa del 24,6%. A ello le podemos agregar que Francia registró casi 2.700.000 de personas sin empleo en el mes de Mayo pasado, situando el índice de desempleo en 9,9% (0,5% más que en el mismo mes del año anterior); un nivel exorbitante para el país desde el fin de la 2da post-guerra mundial. Finalmente, un informe divulgado por el Ministerio de Economía el mes pasado señalo además que los habitantes más afectados por el desempleo son los mayores de 50 años.

Por otro lado, existen también otros sectores perjudicados. En este sentido, el gobierno del presidente Sarkozy, al intentar reducir a la mitad el déficit público – que llega al 6% del PBI – quiere implementar una política clara y concisa: recortar empleos estatales, pensiones, subsidios por desempleo, deducciones fiscales e inversiones gubernamentales, potenciando negativamente una coyuntura donde la recesión no esta cambiando las expectativas del sector privado. A esto debemos añadir que el pasado 24 de junio, más de un millón de franceses salieron a las calles de las principales ciudades para protestar contra la reforma jubilatoria que llevaría la edad jubilatoria de los 60 a 62 años, atentando contra los derechos conseguidos por las clases trabajadoras a lo largo de la historia sindical del país.

A este contexto altamente negativo, debemos agregarle que la Comisión contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa (ECRI), afirmó la semana pasada que la crisis económica ha expandido el racismo en Europa, pues las poblaciones locales culpan a los inmigrantes de sus problemas. «A menudo se atribuye a los inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo la responsabilidad del deterioro de las condiciones de seguridad, desempleo y los déficits en sistemas sanitarios. Como consecuencia, las comunidades quedan estigmatizadas», sostiene el documento.

En definitiva, extranjeros, descendientes de árabes, trabajadores adultos, el sector pasivo, jóvenes universitarios o sin calificación, y asalariados de toda índole, sufren cada vez más los avatares económicos de un espiral negativo que se intensifica con el tiempo. En un proceso adverso con tintes sistémicos globales, las crisis económicas derivan en tensiones políticas y sociales, golpeando con dureza a cada vez mayores capas de la sociedad e incrementando la brecha con una minoría enriquecida y con fuertes vinculaciones políticas.

El caso L’Oreal es un ejemplo de esta situación. Mientras que el país se encuentra sumergido en políticas de ajuste y en plena reducción de todas las esferas estatales, el mismo gobierno que promueve la austeridad se ve envuelto en escuchas que implican desde el financiamiento ilegal a la UMP (el partido de gobierno), hasta un eventual conflicto de intereses del ministro y tesorero de la UMP, Eric Woerth, colaborador íntimo del presidente Francés.

Como ha sido tan característico en la historia latinoamericana, Francia se encuentra en la actualidad en un proceso de inequidades y corrupción que hasta hace poco tiempo, parecía ajeno a países europeos con importantes grados de desarrollo. Sin embargo y más allá de cualquier dinámica global adversa, las experiencias de los países “tercermundistas” no parecen mellar en las veleidades ideológicas irrefutables que promocionan los gobernantes franceses. El ejemplo más claro es que mientras gran parte de los países latinoamericanos entendieron que la base de todas las problemáticas son las desigualdades y la falta de oportunidades, en Francia los programas sociales son recortados y reemplazados por la represión contra grupos desfavorecidos que, expresándose de modos y formas diferentes, reclaman mejoras sustanciales en su calidad de vida.

En definitiva, si Francia no cambia de postura, probablemente solo nos encontraremos con una implosión sistémica; hasta que el gobierno encuentre un nuevo punto de partida basado en una política inteligente y sustentable en el largo plazo. Mientras tanto, millones de franceses sufren y esperan un cambio. 

Publicado en el diario BAE, 06 de Julio de 2010.

Autor: Pablo Kornblum

http://www.uba.ar/popup/index.php?id=51576

Más allá de los resultados del Domingo pasado, donde el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se impuso en la mayoría de los Estados donde se elegía gobernador, las elecciones mexicanas han mostrado una vez más las dos falencias más graves que puede tener un proceso político democrático, y que alejan a México de aquellos países que quieren lograr una solidez institucional definitiva que vele por mejorar la calidad de vida de su población tan necesitada.

El primer gran dilema es la contradicción que han encontrado sus ciudadanos al observar como dos partidos políticos de ideología totalmente opuesta, como son el Partido de Acción Nacional (PAN) – de una clara tendencia derechista y conservadora – y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) – que abarca diferentes vertientes de la izquierda progresista -, han llevado a cabo alianzas electoralistas para vencer al histórico PRI.
Un proceso político regular implicaría que cada partido plasme sus ideales en su plataforma política, para luego poder explayarla y explicarla con detenimiento en los diferentes medios de comunicación. De este modo, podrá seducir a los votantes que se sientan representados por ese ideario político. Pero si el partido donde posan sus esperanzas, teje una alianza espuria con un partido de un tinte ideológico y político totalmente opuesto, las políticas que sus votantes desean ver plasmadas probablemente nunca se llevarán a cabo.
Las bases de un partido representan su razón de ser, su vida política. En un país donde las promesas electoralistas son pocas veces llevadas a cabo, más difícil aún será lograr que se ejecuten luego de que los políticos partidarios hayan creado compromisos y forjado intereses que atentan contra las ideas que sus votantes apoyaron.     

El otro punto fundamental ha sido la superficialidad y la coyunturalidad de las discusiones pre-electorales. Sin restarle importancia a la problemática de la violencia, las chicanas políticas o las discusiones sobre los indicadores macroeconómicos, se observa claramente que los dilemas estructurales no son tratados con la seriedad y la profundidad que se requiere. Más aún, unas elecciones de tinte legislativo, municipal y estadual, como las vividas el pasado Domingo, deberían focalizar su espectro en las problemáticas microeconómicas de las últimos eslabones de la cadena productiva, los programas sociales gubernamentales para las poblaciones más necesitadas, y el fortalecimiento de la legislación vigente para la protección de los ciudadanos más carentes y débiles.

México es un país donde existe una pobreza generalizada y una anarquía dirigencial que conlleva a la profundización de las estructuras de poder económico y político concentradas ajenas a las mayorías necesitadas. Las derivaciones históricas de la desigualdad, la corrupción y la pauperización en los niveles de vida de los estratos más humildes, solo pueden tener lugar en un ambiente macro-despersonalizado contenido dentro de un escenario de descreimiento para con el cambio, la falta de educación generalizada, y una telaraña de intereses que mantienen el status-quo como una simple continuidad de lo que siempre se ha vivido.

Las elecciones del domingo pasado parecen no haber quebrado este patrón histórico. La discusión política se volvió a centrar en las guerras entre los carteles que erosionan la imagen de México y alejan las inversiones extranjeras del país, la reducción del gasto público y la elevación de impuestos provocados por la contracción de la economía mexicana del 6,5% el año pasado, las presiones de los inversores para la aprobación de reformas como la flexibilización del mercado laboral, y una mayor apertura en las normas sobre la inversión extranjera en el sector energético que controla el Estado – sobre todo debido a que por la falta de nuevos proyectos petrolíferos la producción petrolera en México se redujo notablemente en los últimos años -. 

En definitiva y por lo tanto, las esperanzas de la ciudadanía se deberán volver a centrar en factores coyunturales que deriven en mejoras graduales sin consecuencias directas positivas sobre las especificidades estructurales. Los grandes y verdaderos cambios, por lo pronto, deberán esperar; por lo menos, hasta las próximas elecciones.

Publicado en el diario BAE, 15 de Junio de 2010.

Autor: Pablo Kornblum

Históricamente, las luchas nacionalistas han sido concebidas como aquellas emprendidas por una población que mantiene una identidad cultural basada en la lengua, la religión, la etnia y la historia y que, por efectos de conquistas o colonizaciones, quedaron bajo el dominio de un Estado con el que no comparten esa identidad cultural. Son las naciones que durante siglos, han buscado convertirse en un Estado. Pero desde mediados del siglo XX y en los albores del XXI, han aparecido grupos independentistas cuyos movimientos se basan en la emancipación política y económica, bien porque se sienten dominados o explotados, o bien porque existe un sentimiento de superioridad frente al Estado al que pertenecen.

El domingo pasado, este sentimiento de superioridad quedo en evidencia. La Nueva Alianza Flamenca (NVA) independentista consiguió la victoria con el 29% de los votos en la región flamenca (60% de la población y más de dos tercios de la economía belga). Y el líder de la NVA, Bart de Wever, brindó un discurso post-electoral con una mirada que refuerza el nacionalismo económico de la región de Flandes: «Tiendo la mano a los francófonos, pero hay que acometer cuanto antes la reforma del estado, las cosas no pueden ser así. Existen demasiadas diferencias entre flamencos y valones, es hora de hablar de muchas cosas».

Las crisis económicas europeas no han sido ajenas a los votantes Flamencos. El efecto contagio y las cargas colectivas que implican una responsabilidad conjunta como Nación, conllevan a una profundización de las ideas separatistas, al potenciar y entremezclar las causales económicas con las que no lo son. En este sentido, De Weber exige el fin de la seguridad social única –los flamencos pagarían con sus fuertes ingresos su precioso estado del bienestar y los francófonos tendrían que recortar gastos brutalmente –, para que el país se convierta en una confederación como último paso hacia la independencia de Flandes.

Esta situación no es extraña a los ojos europeos de las últimas décadas. El Partido Nacionalista Vasco y la Liga del Norte Italiana llevan adelante un ideario similar. Sus regiones son ricas; pero en lugar de buscar la manera de transmitir sus conocimientos y colaborar con las otras regiones más desfavorecidas, tienen la creencia que las otras jurisdicciones que forman el Estado-Nación no son lo suficientemente aptas ni poseen las condiciones adecuadas para generar riqueza. Los cambios necesarios no parecen ser posibles para los grupos separatistas: constantemente sacan a relucir las diferencias históricas, culturales y hasta lingüísticas para explicar los fracasos de sus con-nacionales. 
En este sentido, Bélgica esta viviendo esta situación de carencia/debilidad institucional de desintegración nacional, a lo que se le suma un endeudamiento fuera de control que conlleva a una crisis de difícil resolución, preocupando a los decisores políticos y económicos de todo el viejo continente.

Los inversores, que se encuentran en una situación de cautela excepcional dadas las incertidumbres de la coyuntura Europea, tornan su mirada hacia otros horizontes. Sin ir más lejos, la semana pasada el ‘Financial Times’ bautizó a Bélgica como la «Grecia del Norte», por su nivel de deuda pública y privada – la deuda pública equivalente al 100% del PBI – , cuando al mismo tiempo el Tesoro belga colocaba sus bonos con dificultad a un interés medio punto por encima de la semana anterior, y mientras Standard & Poor’s cambiaba la perspectiva de inversión en Bruselas a «negativa».

Las grandes potencias de la región tampoco desean que la presidencia de la Unión Europea quede en manos de un Estado con dificultades para el autocontrol, generando una inestabilidad aún mayor a las discrepancias actuales de los países lideres. Bélgica asume el 1 de julio la presidencia de la Unión Europea y lo hará, previsiblemente, sin gobierno. La partición de Bélgica sería un golpe muy duro de superar para la UE, que continua lidiando con los avatares provocados por sus “indisciplinados” miembros y que ponen en tela de juicio la idea de una Unión Europea homogénea y unida.

Finalmente, observamos que tal como los grupos extremistas violentos pierden su espacio y dejan lugar a partidos políticos que representan las mismas ideas pero de modo más racional y tolerante – por ello el NVA le ha dado al separatismo «la imagen de respetabilidad» que le falta al Vlaams Belang, el partido de extrema derecha -, las diferencias socio-culturales que generan rispideces o tensiones también han sido reemplazadas por una indiferencia no cooperativa. Por ello los flamencos culpan pero a su vez se desentienden de los Francófonos pobres del Sur. Por lo tanto, podemos afirmar entonces que las cosas han cambiado y que, aunque en la actualidad los medios son diferentes, los fines parecen ser los mismos. 

Publicado en el diario BAE, 11 de Mayo de 2010.

Autor: Pablo Kornblum

En la primera elección tras el ascenso de Mujica al poder, se inauguró el domingo pasado un nuevo sistema electoral que creó 89 alcaldías en localidades de más de 5.000 habitantes de todo el país. La Ley de Descentralización, impulsada por el ex presidente Tabaré Vázquez (2004-2010), creó este tercer nivel de administración, más local, y que se encuentra por debajo del intendente (jefe del gobierno municipal). Por lo tanto, unos 2,5 millones de uruguayos estuvieron habilitados para escoger a 19 intendentes, 89 alcaldes, 589 ediles y 356 concejales en todo el territorio uruguayo.

Lo interesante de esta elección han sido los cuestionamientos – especialmente desde el arco opositor – sobre las formas y los objetivos de la misma, en lugar de discutir las plataformas políticas en si. En este sentido y como punto más saliente, se cuestionó extrañamente el porqué de este proceso de mayor descentralización política. Sin embargo, esta claro que aunque los regímenes unitarios y centralizados se jactan de diseñar proyectos macroestructuralmente sólidos y sustentables en el tiempo, dejan de lado las especificidades micro y la flexibilidad necesaria para atender las problemáticas coyunturales del pueblo.

El segundo punto en cuestión se focalizó en la enorme cantidad de cargos electivos que supuestamente “marean” y confunden a la mayor parte del electorado. Lo que no reparan es que en contraposición, la elección directa representativa evita lidiar con las “listas sábana” y la evasión de las responsabilidades políticas. Una sociedad madura requiere de compromisos: en este sentido, las estructuras partidarias verticalistas serán más responsables al verse afectadas directamente y de manera más visible por las políticas ejecutadas a todo nivel.

El último tema se relacionaba con la asiduidad y el cansancio que provocó a la ciudadanía tener que concurrir a las urnas en cinco ocasiones en menos de un año (elecciones legislativas, ejecutivas nacionales e internas partidarias). No parece muy afortunado plantear que los pueblos se encuentren “desgastados” para ejercer su derecho democrático; más aún, en un país donde los requerimientos populares fueron acallados en largos periodos de la historia, la posibilidad de expresar los deseos políticos deberían ser momentos de esperanza, reflexión y zozobra para todos los uruguayos.

Finalmente, un párrafo aparte merece el resultado de la elección. El oficialismo, reciente triunfador en las elecciones presidenciales, retuvo los departamentos más importantes  (Montevideo, Canelones, Florida, Maldonado, Rocha, Treinta y Tres, Salto y Paysandú; los cuales representan 73% de la población y 81% del PIB), reforzando la idea de continuidad y apoyo a las políticas realizadas por el Frente Amplio desde su llegada al poder en los albores de este siglo XXI.

Lo interesante y paradójico es el contexto internacional en la que estuvo inmersa esta contienda electoral. Mientras la Unión Europea, abarcativa, populosa y económicamente poderosa, reclama un ajuste salvaje para con los más necesitados – sin ningún tipo de reflexión ni miramientos sobre los verdaderos culpables de la crisis – y continua utilizando las viejas recetas de resultados macroeconómicos inciertos pero socialmente destructivos; del otro lado del Océano Atlántico los uruguayos eligieron otro camino. Un pueblo atento y racional que proclamó una vez más la necesidad de un mayor y mejor Estado que promueva el bienestar y la justicia social.

Será que cada pueblo tiene su momento histórico para reflexionar sobre su pasado y entender su presente. Uruguay ha demostrado el domingo pasado haber encontrado su norte. Como lo expresa la electa jefa comunal de Montevideo, Ana Olivera, la primera mujer comunista a cargo de la intendencia: «Pensar que el mundo es transformable y que todos tenemos derecho a vivir bien». Es hora entonces de aprender del ejemplo uruguayo, volver a repasar la historia, y continuar por el verdadero camino que definitivamente cambie y mejore los destinos de la inmensa cantidad de pobres que sobreviven día a día en todas las latitudes.

 Publicado en el diario BAE, 27 de Abril de 2010.

Autor: Pablo Kornblum

Parece poco creíble que a esta altura del siglo XXI tengamos que estar hablando de escasez alimentaria y hambrunas endémicas a nivel mundial. Es que las mismas no son problemáticas novedosas; más bien conviven con la humanidad desde su existencia. Por lo que no podemos hablar de una civilización inmadura o inexperta; sino que debemos entender los intereses creados en una arena internacional cada vez más interrelacionada y compleja.

Un primer enfoque nos sitúa en una población mundial que ha crecido exponencialmente en las últimas décadas, con una necesidad cada vez mayor en cuanto a alimentos y agua potable para satisfacer los requerimientos de todos los seres humanos. Un segundo punto que complementa el anterior, implica además un aumento en la cantidad de personas que ingresaron al mercado de consumo. Aunque las mejoras en la calidad de vida de las poblaciones de muchos países en desarrollo hayan sido relativas y parciales (China, India, el Sudeste Asiático, etc.), esta situación conllevó a incrementos sustanciales en la demanda de alimentos. Finalmente, la falta de desarrollo social y económico de países históricamente subdesarrollados y atrasados, afectan especialmente a los índices nutricionales y de calidad de vida de sus poblaciones. Latinoamérica es un claro ejemplo de ello. Un informe de la FAO de 2008, indica que el 10% de la población de América Latina y el Caribe padece hambre en una región que produce un 40% más de los alimentos que necesita para abastecerse.

Este contexto se complejiza con los diversos actores e intereses existentes a nivel internacional. Por un lado, las grandes corporaciones transnacionales entendieron que el ensanchamiento del mercado de consumidores derivaría en un consecuente aumento en las ganancias para los oferentes. La compra de grandes extensiones de tierra para producir alimentos a gran escala es un negocio cada vez más rentable para los que puedan conquistar los mercados de millones de consumidores.  Por ejemplo, en los Estados Unidos los mayores productores de cultivos genéticamente modificados, Cargill, ADM y el competidor Zen Noh, controlan entre ellos un 81% de todas las exportaciones de maíz y un 65% de todas las exportaciones de soja.

Por otro lado, nos encontramos con las diversas Cámaras Empresariales y Sindicatos que velan por sus intereses particulares. En muchos casos nos referimos a productores locales y trabajadores que, por cuestiones coyunturales que pueden convertirse en estructurales, pierden competitividad en el mercado global. Estos Lobbys deben lidiar con los gobiernos nacionales, presionando para que los mismos defiendan sus intereses ante los diversos Organismos Internacionales (llámese FMI, OMC, etc.).

En este sentido, los gobiernos nacionales no solo tienen que tratar de evitar políticas exógenas que puedan dañar su estabilidad domestica (ajustes, aperturas comerciales indiscriminadas, etc.), sino que además deben lidiar con una serie de contradicciones entre sus prioridades. La falta de políticas distributivas acordes, ineficacia en la asignación presupuestaria, inacción en políticas de subsidios para aumentos de capital/productividad, y una balanza comercial inestable que no permite el acceso pleno a los mercados internacionales de alimentos, son solo algunos de los inconvenientes más comunes de los países menos desarrollados. Un claro ejemplo ha sido la crisis del año 2008, donde los precios del arroz y del trigo subieron un 130% y 141%  respectivamente en un periodo de 6 meses, desatando graves disturbios sociales en países pobres como Indonesia, Mauritania o Haití.

Ante esta realidad compleja, podemos identificar algunas tendencias que parecen difíciles de revertirse. En primer término, nos encontramos con una revalorización de los productos alimentarios con su consecuente interés y concentración en manos de monopolios y oligopolios trasnacionales. Por otro lado, nuevos y existentes Lobbys se refuerzan y multiplican para proteger sus intereses en una era globalizadora cada vez más competitiva. Finalmente, tenemos dos tipos de Estados. Los inoperantes, negligentes o desinteresados que afectan el presente de sus ciudadanos, pero también condenan el futuro de sus naciones al no tener en cuenta los gastos crecientes en salud y las mermas en la productividad de sociedades desnutridas. Los otros, concientes que el deterioro de los términos de intercambio para los alimentos es parte de un pasado que probablemente nunca regrese, intentan realizar políticas activas a nivel nacional e internacional para poder abastecer a sus poblaciones. China es el gran ejemplo: Solo el 10% de su tierra es cultivable y ha buscado en la Argentina a un socio para la provisión de aceite de soja. Pero esta es solo una política coyuntural del gobierno Chino; en el futuro no muy lejano, podría autoabastecerse de soja de su producción en las 3 millones de hectáreas adquiridas en África. 

Por lo pronto, lograr una justicia alimentaria a través de una racionalidad global pareciera ser cada vez más difícil. Intereses creados, interrelaciones complejas y crisis recurrentes, parecen ser obstáculos inexpugnables para poder cambiar una historia dolorosa para cientos de millones de personas alrededor del mundo.         

Publicado en el diario BAE, 17 de Marzo de 2010.

Autor: Pablo Kornblum

Las estadísticas hablan por si solas. En Portugal, el déficit presupuestario llegó en 2009 a un 8,4% del PIB, con una reducción en los ingresos de un 13,2% causado principalmente por la caída de la actividad económica. Por otra parte, Grecia acumula deudas por unos 300.000 millones de euros. Y se prevé que España, que antes de  la crisis tenía una proporción de deuda sobre el PIB de tan solo el 36%, alcance el 66% este año y 74% para fines de 2011.

Existen algunas cuestiones de la actual crisis regional europea que no dejan de sorprender por la incredulidad manifiesta de los gobernantes del viejo continente. Su falta de capacidad para comprender la existencia de una moneda común sobrevaluada en términos relativos a nivel internacional, una política monetaria discrecional y exógena a cada país en cuestión, y un comercio intra-regional que excede con creces la diversificación en las exportaciones – solo para citar un ejemplo, España es el principal socio comercial de Portugal, y Portugal el tercer cliente de los productos españoles -; no les ha permitido paliar una crisis económica mundial que por transitividad ha afectado a toda la región, provocando un caos macroeconómico de inusitadas consecuencias desde la creación de la Unión Europea. El reflejo actual más fiel ha sido el debilitamiento del Euro – que perdió un 10 por ciento de su valor frente al dólar desde noviembre a la fecha -,  debido principalmente a la inseguridad que perciben los inversionistas respecto a un veloz incremento en la prima de riesgo que pagan los bonos de deuda de España, Grecia y Portugal.

Otro punto a recalcar ha sido su falta de atención a las desigualdades crecientes de un sistema mundo que, salvo por contadas excepciones, parece ya no reconocer las bondades de la equidad social y el crecimiento con desarrollo sustentable. Y los cambios drásticos que se vivieron en la Unión Europea en las ultimas dos décadas dan cuenta de ello. Las tensiones sociales derivadas de las migraciones, los ajustes macroeconómicos, junto con el aumento en los niveles de desocupación y pobreza, son la prueba más fehaciente de una Europa enferma y cada vez más rezagada como actor en el escenario internacional. En este sentido, un estudio realizado por el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE) indicó que hoy en día en el continente Europeo existen cerca de 72 millones de personas consideradas pobres; siendo justamente España, Grecia y Portugal los países más castigados por los avatares económicos, en donde el 11 por ciento de las personas empleadas viven bajo la línea de pobreza.

Finalmente, hemos observado salir a la luz nuevamente las políticas de “ayuda” propuestas por el FMI para estabilizar a la región. Sin ir más lejos, su economista en jefe, Olivier Blanchard, afirmó en una entrevista publicada la semana pasada que «El restablecimiento de la competitividad europea puede necesitar grandes sacrificios, como una bajada de los salarios». No hay que ser muy memorioso para recordar las políticas de ajuste y privatizaciones que se llevaron a cabo en América Latina en la década de 1990, con la consecuente desindustrialización, resesión y empeoramiento de los indicadores de calidad de vida (salud, educación, desarrollo social, etc.) de las mayorías latinoamericanas. Increíblemente como una sinfonía que se repite fielmente sobre sus orígenes, los Organismos Multilaterales de Crédito y las principales potencias vuelven sobre las mismas políticas que han llevado a la secesión de pagos, las recurrentes crisis financieras, y la potenciación de las problemáticas sociales a muchos países del mundo. Nada más clarificador que las palabras de la economista griega Kossentou: «La receta de ajuste en que parece dejarnos caer la propia UE nos pone en manos del FMI. Esta situación nos puede llevar a lo que vivió Argentina en 1998-2002».

Lo expuesto nos conduce a dos vertientes de análisis. O los decisores de política no comprendieron todavía el problema central; o por el contrario, no están deseosos o dispuestos a realizar los cambios drásticos y estructurales necesarios que la situación amerita. No podemos ser necios o ingenuos en pensar que las políticas económicas neoclásicas que se quieren aplicar no causarán daños sociales irreversibles, cuando la historia lo ha probado en diversas ocasiones y regiones del planeta. Será entonces que los intereses creados siguen siendo tan poderosos que tienen la impunidad de lograr su cometido, escondidos detrás de dictámenes de gobiernos y Organismos Internacionales que no cumplen con los deberes para los cuales han sido creados, y que solo multiplican el sufrimiento de una gran mayoría europeos que no vislumbran un futuro con soluciones de fondo para sus vidas.