Categoría: Publicaciones en Diarios

¿Es posible la semana laboral de cuatro días?

Por Pablo Kornblum para Ámbito Financiero

https://www.ambito.com/opiniones/empleo/es-posible-la-semana-laboral-cuatro-dias-n5218085

En la década de 1930’, John Maynard Keynes vaticinaba que el avance tecnológico redundaría en un aumento de la productividad y una sostenida reducción de las horas semanales de trabajo. El primer vaticinó se cumplió. El segundo fue una utopía: el aumento de la competencia y la vorágine para con la acumulación de capital fueron un ‘buffer’ de contención inexpugnable para aquellos que promueven una menor carga laboral para los trabajadores.

Para lograr este cometido, se llevó a la ética protestante a su máxima expresión: una sociedad que no concibe otra lógica que no sea la de trabajar duro para conseguir los sueños. Un capitalismo que nos dice que ‘Somos pobres porque no somos productivos’. Mentira: a partir de la década de los cincuenta la productividad, sobre todo en los países industrializados de la OCDE, ha crecido de forma sostenida. Sin embargo, ni las horas trabajadas ni la remuneración por hora trabajada ha seguido una evolución proporcional a este patrón. Solo para dar un par de ejemplo, en el Reino Unido dos tercios de las 8 millones de personas que viven por debajo del umbral de pobreza, tienen un trabajo estable. Según el sindicato español UGT, en 2020, en España el 12,7% de los empleados entrarían en la categoría de trabajadores pobres.

Estamos entonces ante un sistema que nos mantiene en un estado constante de ansiedad por conseguir un trabajo que nos dignifique moral y económicamente, en muchas ocasiones realizando trabajos nocivos para no sufrir la miseria y el estigma del desempleo. Por supuesto, en los países más empobrecidos este per se tomó mayor fuerza que en los países occidentales desarrollados, pero también en aquellos en donde los factores culturales, la obediencia y el paternalismo político, o la abdicación para con los preceptos religiosos, juegan un rol relevante; ello se observa con claridad en países como Corea del Sur, Turquía o Chile, donde cerca de la mitad de los empleados trabaja más de 48 horas a la semana.

Expuesto este sucinto escenario, la actual propuesta en varios países es que se pueda establecer cuatro días de trabajo por tres de descanso. Los que apoyan la moción sostienen que la reducción y flexibilización de las jornadas laborales elevaríala productividad, conciliaría la vida laboral con lo familiar y lo personal – ya sea más tiempo para estudiar, actividades recreativas culturales y deportivas, etc. -, incentivaría la actividad económica derivada de un mayor nivel de empleo y consumo, protegería el medio ambiente al reducir la movilidad, y prevendría una mayor cantidad de contagios – como por ejemplo con el actual escenario de COVID-19 – derivados de un menor contacto físico interpersonal. Y algunos hasta se atreven a mirar más allá: proponen que la redistribución de la riqueza vaya de la mano de una lógica que implique que una parte de las ganancias derivadas del incremento de la productividad sean utilizadas a través de la inversión para continuar los procesos de innovación, mientras otra ‘porción no menor’ de la rentabilidad corporativa sirva para disminuir progresivamente las horas trabajadas, hasta llegar a un nivel que permita una vida digna y satisfactoria para todos los trabajadores.

Para dar algunos ejemplos, en España el partido Más País propuso un plan de tres años, con un costo de 50 millones de euros, para incentivar a las compañías a que prueben la jornada reducida sin temor a que ello impacte demasiado en sus resultados. La intención es cubrir el ‘precio’ de incorporar la semana laboral de cuatro días al 100% durante el primer año, al 50% el siguiente año, y al 33% en el tercero; con un objetivo de cubrir entre 200 y 400 empresas para que, a cambio de la ayuda financiera, reduzcan la jornada de los trabajadores sin que ello conlleve la pérdida de su salario. Cabe destacar que el subsidio estatal también tiene un claro objetivo de negocio, más allá de las bondades hacia los trabajadores: el ‘fin de semana largo’ generaría un mayor gasto en esparcimiento, en turismo y en gastronomía. Pero además, ciertos números de la dinámica histórica macro también avalan al país ibérico: en el 2017, España redujo las horas de trabajo de 40 a 35 por semana, generando un posterior crecimiento de su PBI de 1,5%, la generación de 560.000 nuevos empleos, y un incremento salarial a nivel nacional de un 3,7%.

En tanto en Japón, la filial de Microsoft en aquel país fue la primera multinacional en aplicar la jornada laboral de cuatro días. Los resultados de las primeras semanas no pudieron ser más exitosos: la productividad mejoró un 40% en los 2.300 empleados en los que se aplicó, las ventas se incrementaron en más de un 50%, y la empresa redujo gastos en la factura de electricidad y en la impresión de papel en un 23.1% y un 58,7% respectivamente.

Por supuesto, el debate tiene varios grises. El diputado chileno Raúl Soto, impulsor de la propuesta en el país trasandino, sostiene que “esta distribución de la jornada no podrá significar, bajo ningún concepto, una disminución en la remuneración, ni tampoco alguna afectación a los derechos individuales y colectivos del trabajador”. El sector empresarial advirtió que los recortes aumentarán los costos de las empresas y que podrían tener efectos negativos en los salarios y el empleo. Una discusión parecida ocurrió en el año 2003, cuando ese pasó de 48 a 45 horas laborales a la semana. ¿Qué ocurrió? Nada. Los chilenos siguieron viviendo bajo la misma estabilidad macro – y por supuesto rentabilidad empresarial – e inserción al mundo que tanto los representa ante los ajenos, pero también con el mismo nivel de pobreza y desigualdad. 

Por otro lado, no todos los sectores de la economía tienen la misma facilidad de llevar a cabo la medida. Generalmente, a mayor tecnología, automatización de procesos y digitalización, mayor flexibilidad y adaptación al cambio. Por ende, siendo realistas, también hay que tener en cuenta la estructura productiva de cada empresa. Y en muchos casos los costos: hay servicios, como por ejemplo la hotelería, que menos días laborales implica proporcionalmente la contratación de más personal; como consecuencia, más trabadores implicaría sine qua non menor rentabilidad empresarial.

Al debate se le adiciona entonces, el cómo balancear la mejora del bienestar de los empleados reduciendo sus horas de trabajo, pero manteniendo a su vez la relación productividad-sueldo de forma eficiente para las empresas en términos de objetivos y resultados. Y aquí surgen otras ideas: “La primera pregunta no debería ser si se debe o no reducir las horas de trabajo. Por el contrario, tendríamos que preguntarnos ¿qué podemos hacer para mejorar el ambiente de trabajo? Tal vez cosas distintas funcionan mejor para diferentes grupos”, refiere un informe de la Universidad Autónoma de Madrid sobre el tema.

Finalmente, se encuentran aquellos que se oponen a la medida. “No creemos que provoque un aumento del desempleo, aunque podría influir en una disminución de las remuneraciones o de ciertos beneficios laborales”; o mismo el “estando en la situación en la que estamos, no es el momento de plantear estos debates, pueden generar desconfianza”, dicen, con lógica corporativa, desde ciertos sectores empresariales. La realidad es que cuando afectan sus intereses, nunca es momento. Y las remuneraciones o los beneficios laborales pueden ser ‘siempre manipulados’, tanto por su disposición individual, o mismo por una situación específica del mercado.

Por su parte, algunos sindicatos pro-sistema consideran que es una aspiración irrenunciable, pero admiten que está lejos de poder aplicarse hoy en día y prefieren centrarse en reclamar, por ejemplo, el controlar los excesos con respecto a las horas extras de trabajo. Es que las reformas marginales son más digeribles para la media de la sociedad; y aunque ya hace tiempo se esté desarrollando un contexto de polarización – inclusive en términos antropológicos -, la dinámica política todavía tiene ciertos paradigmas de centro que todavía determinan gran parte de los resultados electorales.   

También la reducción de la jornada laboral se convierte en un mecanismo de captación de talento. ¿Pero qué ocurre con el ‘ejercito industrial de reserva’ de los trabajadores menos calificados? Aquí nos encontramos con una disyuntiva de dudosa moralidad, como por ejemplo es el caso de ‘Shake Shack’, la cadena de comida rápida estadounidense que comenzó a experimentar con la jornada de cuatro días en algunas de sus sedes de Las Vegas en marzo del pasado año. Su ‘leitmotiv’ era atraer, retener y encontrar “empleados de alta calidad, ya que nunca antes había sido tan difícil hallarlos”, según su CEO, Randy Garutti. Lo que no mencionó es el nivel – por el piso – de los salarios que paga la empresa.

En nuestro país, la jornada laboral promedio es de 39 horas semanales, aunque la ley fija como tope un máximo de 8 horas diarias o 48 horas semanales, muy similar a otros países de la región como Bolivia, Paraguay, Perú y Uruguay. Sin embargo, pareciera que los dilemas endógenos nos exceden como para comenzar a pensar en discutir el tema. ¿No sería mejor combatir el empleo no registrado, los bajos salarios, o la desocupación que impacta fuertemente en los índices de pobreza? Algunos dirán que sí, otros sostendrán que el escalonamiento solo entibia las luchas, que las conquistas se deben pelear todas juntas, en todo momento y en todo lugar.

En definitiva, lo único certero es que nadie es totalmente libre si no tiene tiempo para sí mismo. Y muchos de nosotros estamos viviendo una vida estresante, con escaso tiempo para el interés propio, donde solemos terminar el día agotados. ¿Dónde entra a valer aquí la salud mental? ¿Y la conciliación con el deseo? En definitiva, por más que algunos les pesen, los trabajadores asalariados no son ni más ni menos que seres humanos.

Y aquí creo que vale la pena traer a colación una frase de Antonio Gramsci: “El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en este claroscuro surgen los monstruos”. A esta altura del siglo XXI, el bienestar de la mayoritaria clase trabajadora global, debe ser una prioridad. Y durante esta transición, los monstruos deben ser derrotados por la ética racional de quienes entienden que sin un esquema sustentable para todos, no hay futuro posible de calidad para nadie.

El trasfondo sobre el impuesto global a las multinacionales

Por Pablo Kornblum para Ámbito Financiero 20/6/2021

https://www.ambito.com/opiniones/impuestos/el-trasfondo-el-impuesto-global-las-multinacionales-n5204648

Algunos días atrás, los Ministros de Finanzas del G7, reunidos en Londres, dieron una noticia que sorprendió al mundo: los países miembros están decididos a enfrentarse a la evasión fiscal llevando a la praxis medidas que tiendan a lograr que las empresas tributen en los países donde hacen negocios; para ser más explícitos, las principales economías del mundo llegaron a un acuerdo histórico para implementar un impuesto mínimo global a las empresas multinacionales: una tasa impositiva corporativa que sería, en principio, del 15%. En este aspecto, lo firmado por Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Canadá, Italia y Japón, ejercerá presión sobre otros países para que sigan su ejemplo, algo que podría verse ampliado en la próxima reunión del G20.

¿Cómo se articularía? Si finalmente se concreta la idea, obligará a las corporaciones que declaran como base países donde optimizan con menores tributos, a compensar con el pago del monto que faltó para llegar al 15% a otros países. Lo que se plantea es que, cuando las multinacionales tengan márgenes de ganancias superiores al 10%, al menos un quinto de los impuestos deberán ser pagados en el lugar donde estas ganancias fueron obtenidas.

El acuerdo tiene como objetivo, en primer lugar, el evitar una ‘carrera a la baja’ en la que los países pueden competir unos con otros a través del descenso de las tasas impositivas. En segundo lugar, las reglas tendrán como foco el hacer que las empresas paguen impuestos en los países donde venden sus productos o servicios, en lugar de donde declaran sus ganancias.

Las palabras de apoyo al proyecto no se hicieron esperar. La Secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, indicó que el impuesto “pondría fin a la lucha por la reducción de los impuestos corporativos y garantizaría la equidad para la clase media y los trabajadores de Estados Unidos en todo el mundo”. En consonancia, el Vicecanciller alemán, Olaf Scholz, dijo que era “una muy buena noticia para la justicia fiscal y la solidaridad; mientras que era una mala para los paraísos fiscales. Las empresas ya no estarán en condiciones de eludir sus obligaciones fiscales reservando sus ganancias en países con impuestos más bajos”.

La excusa perfecta para darle entidad a este plan fue la crisis económica que trajo aparejado el COVID-19, el cual ha requerido esfuerzos fiscales extraordinarios por parte de todos los gobiernos del mundo. ¿Si es la única razón válida para generar tamaña propuesta? Para nada, pero en un mundo donde la empatía ideológica ha sido abandonada a su suerte, cualquier evento pragmático, palpable, sirve para salir del aletargado escenario estructural de desigualdades crecientes que llevamos inmersos hace décadas. 

Del otro lado del mostrador, los gigantes tecnológicos como Amazon, Google o Facebook, dada su flexibilidad y capacidad de movilización de sus recursos, se encontrarían entre las corporaciones más perjudicadas. Es que cada vez son más los ingresos tributarios provenientes de fuentes intangibles como patentes de medicamentos, software y otros servicios digitales que han migrado a tributar a paraísos fiscales; una realidad que demuestra una vez más que los nuevos sistemas de producción, comercialización y pago de impuestos desde hace décadas dejaron de estar constreñidos a las regulaciones nacionales. Y la descripta ‘globalización de los sistemas y las telecomunicaciones’, claramente ha sido una herramienta vital para la concentración de la riqueza en el último medio siglo.

Sin embargo, a más de uno le ha sorprendido las respuestas de grandes corporaciones, quienes no lo han visto como una ofrenda terrible a su potencialidad. “Creemos que un proceso liderado por la OCDE que genere una solución multilateral, ayudará a traer estabilidad al sistema tributario internacional”, afirmaron desde Amazon. Por su parte, Nick Clegg, Vicepresidente de Facebook, describió el acuerdo como un “primer paso significativo para generar certeza en las empresas y el fortalecimiento de la confianza pública en el sistema fiscal mundial”. Mientras que Google, por su parte, emitió un comunicado sosteniendo que “apoyamos firmemente el trabajo que se está realizando para actualizar las normas fiscales internacionales, como así también esperamos que los países sigan trabajando juntos para garantizar que pronto se finalice un acuerdo equilibrado y duradero”. Es que para las corporaciones billonarias con rentabilidad que excede lo ‘extraordinario’, es tanto o más relevante la estabilidad pro-sistémica (donde ellos son las grandes beneficiados), que algún impuesto que les quite una tajada de sus jugosas ganancias. El mal menor – hasta con beneficios -, se podría decir.

Por supuesto, no podemos dejar de mencionar que el escenario descripto implica también el comienzo de una disputa geopolítica. Por un lado, cada Estado deberá conjugar los intereses de sus empresas emblemáticas, las cuales empoderarán a sus principales lobistas para que realicen la presión correspondiente para con la defensa de sus intereses. En consonancia, también se encuentran las variables con implicancias negativas sobre la generación de puestos de trabajo a nivel endógeno, la merma en la recaudación para las arcas de los Estados, o mismo el inmiscuirse en los asuntos de política económica gubernamental, como podría ser la definición de que impuestos cobrar o quienes lo deben pagar.

En este sentido, el propio Ministro de Finanzas irlandés, Paschal Donohoe, cuyo país ofrece una tasa impositiva corporativa baja – del 12,5% -, sostuvo tajantemente: “Cualquier acuerdo tendría que satisfacer las necesidades de los países pequeños y grandes, desarrollados y en desarrollo”. Por su parte, el gobierno suizo, que hace años se encuentra bajo presión desde el extranjero y que ha prometido en algún momento eliminar las bajas tasas impositivas especiales que benefician a unas 24.000 empresas extranjeras con sede en el país – y hasta ahora no lo ha llevado a cabo -, también se ha expresado a través de un comunicado de su Ministerio de Finanzas: “Suiza tomará las medidas necesarias para seguir siendo un lugar de negocios muy atractivo”.

Algunos tributaristas, técnicos e internacionalistas de distintas áreas y niveles, también mostraron cierta suspicacia. Por un lado, porque los gobiernos podrían eventualmente acordar una tasa mínima, pero a su vez pueden crear otros incentivos para atraer a las empresas como son las exenciones, subsidios, créditos o cualquier mecanismo que al final de cuentas favorezca a las firmas – ello sin entrar en vericuetos de tinte inmoral, como son los sueldos miserables o una laxitud en la política medio ambiental -.

Por otro lado, también existe poca confianza a que se llegue a un acuerdo global: sabemos que los mismos son difíciles de obtener – salvó que sea por la coerción discursiva o a través de la fuerza -, y ello se ha visto reflejado en los últimos años: lo que ha dado mayores resultados concretos – con aspectos positivos y negativos para los diversos sectores intra-nacionales involucrados – han sido los acuerdos de tinte bilateral o regionales, como podría ser por ejemplo el de la Alianza del Pacífico en América.

Desde la academia ortodoxa, también salieron a repudiar la medida. El Instituto Cato en Estados Unidos argumentó que de la misma manera que la competencia entre empresas promueve la eficiencia, la competencia tributaria genera beneficios favorables a la eficiencia entre países. “Sin competencia internacional, los gobiernos se transforman en monopolios”, sostienen. Aunque, a sazón de la verdad, los monopolios suelen ser una regla y no la excepción en la arena internacional actual. Con más o menos impuestos.

Por otra parte, David Malpass, Presidente del Banco Mundial, indicó que “no quería ver nuevas reglas que obstaculizarían la capacidad de los países pobres para atraer inversiones”. Unan historia repetida. Ello a pesar de que está harto probado que cuando hay rentabilidad y estabilidad institucional, las corporaciones trasnacionales invierten igual. Ya sea en términos de capital financiero o en la economía real.

Para sorpresa de algunos, los reclamos llegaron inclusive desde un sector del ala más progresista. En un comunicado, la organización Oxfam sostuvo: “Es absurdo que el G7 afirme que está ‘reformando un sistema tributario global disfuncional’ al establecer una tasa mínima mundial de impuestos corporativos que es similar a las indulgentes tasas que se cobran en paraísos fiscales como Irlanda, Suiza o Singapur. Pusieron el listón tan bajo que es muy fácil para las empresas pasarlo por encima”. Por otro lado, Eurodad, otra agencia abocada al desarrollo, también indicó que “el nuevo régimen daría derecho a los países de origen de las grandes empresas, a menudo en Estados Unidos o Europa, a obtener una mayor parte del impuesto y dejando poco para los Estados pobres donde también operan las multinacionales. Esto llevará a una transferencia masiva de dinero a los países ricos”. En términos marxistas, valor agregado generado en el tercer mundo con beneficios para el mundo desarrollado.

Para concluir el debate presentado, nos podríamos preguntar dónde se encuentra parado nuestro país. Pregunta mayúscula, para un escenario que parece demasiado alejado de nuestro complejo presente: por un lado, porque las empresas multinacionales – tanto nacionales como extranjeras -, tienen al país en un análisis permanente para con el cómo poder ‘saltar la grieta’; y, por el otro, porque nuestras Pymes, las cuales deberían ser el foco de la política diaria, luchan día a día para sobrevivir buscando marginales – y generalmente magras -, mejores condiciones sistémicas de mercado.   

En definitiva, mientras intentamos encontrar nuestro ‘destino manifiesto argentino’, desde los Thinks Tanks del mundo ya hablan de un golpe a la globalización neoliberal. Yo diría, más bien, que estamos sentando las bases para un regreso furibundo al Estado-Centrismo. Y, como debería ser siempre, tenemos que prestar más atención de lo que ocurre allá fuera de nuestras fronteras; simplemente, porque necesariamente debemos estar mejor preparados para adaptarnos pragmáticamente a los cambios que acontecen.

Biden y su fino equilibrio peronista

Por Pablo Kornblum para Ámbito Financiero, 05 de Junio de 2021

https://www.ambito.com/opiniones/joe-biden/y-su-fino-equilibrio-peronista-n5197917

Joe Biden entendió desde un primer momento que no debía equivocarse como lo hizo su antecesor, Donald Trump, quien quiso primariamente conquistar al ala más conservadora demócrata, abandonando los postulados más reaccionarios que lo llevaron a la presidencia. Grave error: se encontró con un rechazo total de todo el arco opositor, inclusive del sector más dialoguista del Partido Republicano. Luego fue remediándolo a partir del segundo año de su mandato – construcción del muro con México, regreso de los empleos para los estadounidenses, política exterior agresiva -, pero el daño político para con la solidificación de su imagen, ya estaba hecho.

El electo presidente demócrata hizo todo lo contrario; apenas asumió, comenzó a aplicar políticas ‘cercanas a una lógica izquierdista’, más acordes a su rival ‘socialista’ en la interna, Barry Sanders, que a sus propios postulados pro-establishment visualizados sigilosamente durante su campaña electoral. La premisa era clara: solidificar los lazos hacia adentro, para luego, cuando las aguas se encuentren más calmas – léase post-pandemia -, comenzar a coquetear con el electorado de centro, aquellos demócratas escépticos y las ‘palomas’ republicanas que tienden a tener ‘el suficiente estomago’ para dar cuenta de los potenciales aciertos en las políticas de los diversos gobiernos demócratas.

No por nada el Fondo Monetario Internacional (FMI) – donde Estados Unidos manda – elogió este martes la propuesta del propio gobierno de Biden para crear un impuesto mundial “de al menos” 15% sobre la renta empresarial, destacando que este mecanismo permitiría a los gobiernos invertir más en áreas esenciales como la educación, la salud y la infraestructura.

A ello se le debe adicionar los 4 billones de dólares que gastara el gobierno de los Estados Unidos en ayudas sociales e inversiones públicas, poniendo al Estado en el centro de los esfuerzos de reactivación. Ello incluye un “Plan de Empleo” (construcción de carreteras y aeropuertos, mejora del acceso al agua potable), un “Plan de Familias” (ampliación de los programas de educación y cuidado infantil), y un “Plan de Rescate” (pagos directos y beneficios adicionales de desempleo). Se trata, sin duda, del paquete de estímulo más grande de la historia reciente del país, multiplicando por más de dos la cifra lanzada por Obama en el año 2009.

Cabe destacar que la mayor parte de estas iniciativas se financiarían con un aumento de impuestos a las corporaciones y a los más ricos; lo que denominan algunos entusiastas economistas heterodoxos, “una clara ruptura con el neoliberalismo”. Para los que hayan leído historia económica del sistema capitalista es, simplemente, un poco de pragmatismo.

Por ahora, el escenario de corto plazo es positivo. El Producto Bruto Interno (PBI) creció el primer trimestre de 2021 a una tasa interanual del 6,4%, y un 1,6% en relación con el último trimestre del 2020. Lo interesante es que si se compara con el crecimiento de un poco más del 3% interanual del bloque de la Unión Europea, se observa claramente la diferenciación entre el envión estadounidense, con el desorden letárgico que implica la negociación colectiva – muchas veces in-eternum – de Bruselas.

Es que el plan europeo de recuperación de 750.000 millones de euros se encuentra hoy paralizado provisionalmente por el Tribunal Constitucional alemán – un deja vú de la crisis de los PIGS de hace una década con peligrosas connotaciones —, el cual no solo es mayoritariamente enfocado a proyectos de largo aliento, sino que principalmente lejos se encuentran de tener una llegada a la microeconomía real. “No solo es que el plan es cuantitativamente mucho mayor en los Estados Unidos que en la eurozona; sino que además, se está implementando más rápido y dirigido firmemente hacia los hogares”, sostienen indignados algunos políticos euroescépticos.

Por otra parte, por más que el gobierno de Estados Unidos ha inundado de dólares la economía en los últimos meses, la inflación sigue en niveles moderados. De hecho, el índice general de precios fue de +1,4% en el último año; ello a pesar de que el dinero circulante en la economía se incrementó un 25,8%, según los datos de la propia  Reserva Federal.

Sin embargo, los detractores monetaristas señalan que ya hay algunos precios al alza que indican un temprano cambio de tendencia, como el del crudo y otras materias primas. Por otro lado, la política de ‘tasas de interés cero’ que busca incentivar la actividad, disminuye también la rentabilidad depositada en los bancos, por lo que sostienen que está empujando grandes cantidades de liquidez hacia las bolsas y otros activos de mayor riesgo. ¿La respuesta? No hay nada que una suba de las tasas de interés, una morigeración en los estímulos monetarios, o un control más estricto de las actividades de los inversionistas financieros privados, no solucione en un país donde, salvo en puntos de inflexión de descontrol y crisis sistémica del sistema financiero – como lo fue en los años 2008/2009 -, reina la previsibilidad institucionalizada.

Junto a las críticas sobre el manejo de la macro, también están aquellos empresarios de la economía del día a día que sostienen que las “crecientes prestaciones por desempleo están manteniendo a algunos trabajadores fuera de la fuerza laboral” ¿No será, reflexionando como abogado del diablo, que pagan sueldos tan bajos por horarios extenuantes, que por ello no pueden competir con la asistencia estatal (Argentina Dixit)? Algunos dirán, con cierta razón, que no tienen margen para sostener sus costos después de un año de pandemia. Pero no todos sufren el desahorro de la misma manera: se sabe que hay unos cuantos ‘burgueses’ que se encuentran más allá de la coyuntura, y sobre todo de las mayorías que viven con lo justo y sufren en cuerpo y alma los vaivenes cíclicos de la economía. Veremos entonces que ocurre con el objetivo de Biden de alcanzar un salario mínimo federal de US$15 la hora en 2025.

Dado lo expuesto, podemos afirmar que aunque el objetivo superador, por el cual los gobernantes son elegidos, es el bienestar colectivo del pueblo, lo que sí es más importante, diría indiscutible y primordial para la mayoría de las elites políticas – y sus aliados económicos, judiciales, mediáticos – del mundo, es poder mantener a como sea el statu-quo. Juzgar al históricamente moderado Biden como un progresista radicalizado convencido sería, al menos, apresurado. Lo que si desea, sin dudas, es acumular capital político en un marco, un escenario normalizador, de paz social. Un fino equilibrio ‘en modo peronista’, entre la diversidad y magnitud de los intereses creados.

Porque de no ser así, sino logra su objetivo, la grieta se agranda. Y cuando ello ocurre, se ‘cae al vacio’ la condescendencia y el consenso entre los distintos actores, en contraposición a una pobreza e intolerancia que crecen de la mano a pasos agigantados. No sea que se tire mucho de la cuerda, que ya de por si se encuentra tirante. Es que lo más difícil en el mundo de hoy para las elites es encontrar el balance apropiado entre la coerción y las políticas marginales redistributivas que no afecten la fortuna – y el humor – de los poderosos. Una lectura inteligente es lo más atinado si se quiere salvar el sistema. 

Todo tiene un límite

https://www.ambito.com/opiniones/colombia/que-pasa-hartazgo-n5193581

Pablo Kornblum para Ámbito Financiero el 19-05-2021

¿Qué pasa en Colombia? Empecemos por lo formal. El gobierno se endeudó en demasía durante el último año para hacer frente a la crisis económica en medio de la pandemia. Con la ley de solidaridad sostenible – el nombre que se le dio a la fallida reforma tributaria -, se proponía recaudar alrededor de 6.300 millones de dólares – un 2% del PBI aproximadamente – para “sanear” las arcas del Estado. Y por supuesto, pagar los compromisos de deuda. En este sentido, el Banco de la República declaró que el país cerró el 2020 con un saldo de deuda externa que alcanzó los 156.834 millones de dólares, lo que equivale al 51,8% de su PBI.

El punto clave es de dónde pensaba el gobierno sacar ese dinero. El entonces Ministro de Hacienda – ya renunciado -, especificó que el 73% provendría de las personas físicas y el resto de empresas. Para los primeros, se aplicaría un impuesto a quienes reciban un sueldo mayor a los 633 dólares – en un país donde el salario mínimo es de 234 dólares -, además de un incremento del IVA, que actualmente se encuentra en un no menor 19%.

Ahora, vayamos al trasfondo. Para comprenderlo, hay una sola palabra que englobaría todo el escenario dantesco que se ha observado en las últimas semanas: Hartazgo. Hartazgo en un país donde la cifra del desempleo supera el 17% – aunque hay ciudades donde es mayor al 20% -. Hartazgo en un país donde los empleos precarios son la norma, la educación universitaria una utopía para las mayorías, y el acceso a la salud es todo un privilegio. Hartazgo en un país donde la pobreza llega al 42,5%, lo que significa que 21,2 millones de colombianos no tienen suficiente ingreso para suplir sus necesidades básicas. Hartazgo en un país donde el coeficiente de Gini desmejoró el año pasado al pasar de 0,52 a 0,54, una cifra nunca antes vista desde que se empezó a calcular el mismo formalmente en el año 2012. Hartazgo en un país donde un ciudadano que nace en el decíl más pobre se calcula tarda, en promedio, diez generaciones en alcanzar un lugar en la clase media.

Todo ello es inaceptable moralmente. Pero más aún cuando el clientelismo político ha eximido de impuestos y competencia abierta durante años a los grandes oligopolios del banano, el azúcar o la minería. O cuando el gobierno pensaba comprar aviones de combate al mismo tiempo que enviaba este ‘paquetazo’ al Congreso. O mismo cuando, en nombre de una reforma que incremente una recaudación que permita saldar el déficit y pagar la deuda, lo que subyace de fondo como objetivo real es el mantener la histórica reputación de país estable y responsable ante los ojos de los mercados internacionales.

¿Cómo se revierte esta situación?, se deben haber preguntado el presidente Iván Duque y su deteriorado gabinete. “Por la razón o por la fuerza”, habrá contestado más de uno, señalando el escudo nacional de nuestro país vecino cordillerano. Pero por la razón ética no solo es complicado, sino harto contradictorio para con los deseos espurios de las propias elites políticas y económicas. Ni que hablar de los necesariamente adicionados designios extranjeros, quienes detentan bipolarmente los hilos del poder hace décadas.

Entonces vamos por la fuerza. Las de seguridad y defensa, las cuales “utilizaron munición real, golpearon a manifestantes y detuvieron civiles”, según un informe de la propia ONU. Cuando el miedo se apodera de quienes detentan la autoridad, el temor a perderlo todo desata toda la furia trasvasada a la capacidad coercitiva del Estado. Igualmente, como dijo un manifestante durante una de las tantas protestas en Cali, “lo que hizo Duque no fue sacar a los militares a la calle; porque en realidad, los militares siempre están en la calle en Colombia”. Las FARC, Maduro, la lucha contra el narcotráfico, etc., hablan por sí solos de un país acostumbrado a la violencia sectaria. 

No es entonces extraño afirmar que, bajo el marco descripto, las elites colombianas se aprovechan de la sangrienta guerra contra la insurgencia, no solo como una cuestión de polarización interna, sino también para imponer el terrorismo de Estado tanto en la ciudad como en el campo, donde cualquier luchador sindical, dirigente de movimiento social, o campesino que pelea por su tierra, sea identificado como un potencial integrante o simpatizante de grupos insurgentes o subversivos. Ahora fueron por los jóvenes desahuciados, las clases trabajadoras, y las grandes mayorías empobrecidas como las nuevas víctimas de la violencia para-estatal.

Por supuesto, como ha ocurrido siempre y va a seguir pasando en la arena de las relaciones internacionales, Estados Unidos, actuando como un verdadero procónsul en territorio cafetero con su máxima expresión en el ‘Plan Colombia’, se encuentra preocupado por la inestabilidad situacional. No, no se ha equivocado. No por las decenas de muertos, sino por el debilitamiento de uno de los principales y más abyectos aliados en la región. Es que desde las bases militares estadounidenses y la práctica subordinación de las FF.AA. colombianas a las directrices del Comando Sur, hasta la actuación como puntal de lanza de las movidas injerencistas de Donald Trump durante el 2019 hacia Venezuela, sostener a Duque se transforma en una imperiosa necesidad de continuidad.  

Sin embargo y a pesar de lo expuesto, la represión y el retiro del proyecto, probablemente sea insuficiente. “La reforma no es un capricho. Es una necesidad. Retirarla o no, no es la discusión. La verdadera discusión es poder garantizar la continuidad de los programas sociales”, expresó Duque una vez que comenzaron a sonar las voces disidentes. Señor presidente, nadie sostiene que no se requieran programas sociales. Que tampoco son una solución superadora ni mucho menos. El problema es quien los paga.

Exprimir a lo que queda de clase media – o a la clase media acomodada que tampoco pasa zozobras -, no es una buena opción en tiempos turbulentos. Tampoco buscar confundir diferenciando lo que sería una ‘protesta legítima y otra ‘anárquica’. Y aquí Duque se vuelve a equivocar cuando asegura que detrás de las protestas se encuentra la “mafia del narcotráfico” que incurre en “el vandalismo extremo y el terrorismo urbano”. La búsqueda de chivos expiatorios pasó, sencillamente, de moda.

Es que entonces no hay otra alternativa. Hay que dirigir las miradas hacia las elites, los privilegiados que poseen bienes tangibles y activos financieros en cuantioso número. Justo o injusto, si se quiere capear la tensión social, son ellos los únicos que tienen la capacidad contributiva para atemperar esta situación. ¿Qué pasará con las inversiones? Nada, las continuarán haciendo si les conviene, y sino no. ¿Qué ocurrirá con la madre patria del norte? Podrán preferir otra cosa, pero lo último que querrán será un descontrol cercano a la frontera del ‘dictador socialista’ Maduro. ¿Qué pensarán los mercados internacionales, el FMI, los acreedores? Que nada les importa los dilemas y las pujas de intereses domésticas; lo único trascendente es que se pague lo adeudado. 

El presidente Duque y su gobierno tienen la última palabra. Esta vez, la sabana ‘es más que corta’.

El castigo por no cumplir la cuarentena en el mundo

Pablo Kornblum para Ámbito Financiero el 2-5-2021

https://www.ambito.com/opiniones/cuarentena/como-se-castiga-otros-paises-el-incumplimiento-la-n5189296

La gravedad epidemiológica es inocultable: millones de muertos en todo el mundo ante un virus siniestro, que en sus diversas cepas ataca sin miramientos. Aquí no existe prácticamente discusión ni grieta; solo nos encontramos con una marginal oda libertaria, la cual pregona diversas hipótesis – fundamentadas en mayor o menor medida – sobre las causas y consecuencias relativas del COVD-19. Pero para la mayoría de sus partidarios, todo quedó encorsetado en el economicismo que implica el consumismo individualista y la satisfacción del deseo de acumulación. Es que desde tiempos remotos, los neoliberales también aceptan un Estado, aunque mínimo, que garantice los condicionamientos básicos que requiere una sociedad para su ‘normal’ funcionamiento: seguridad, defensa, justicia y, por supuesto, salud.

Por ello entraron a jugar fuerte los diversos gobiernos del mundo. Por deber y necesidad. Cada uno con sus formas, sus modos; impregnados por su historia, su cultura, su religión. Y por supuesto, su capacidad de accionar (o coaccionar).

Del otro lado del planeta, Australia y Nueva Zelanda impusieron la cuarentena obligatoria a las llegadas internacionales, cerrando sus fronteras a todos menos a nativos y residentes desde el año pasado. Por el contrario, los viajeros de cualquier nacionalidad – incluido los propios nacionales -, que ponen un pie en Inglaterra procedentes de “una lista roja” de países de riesgo, deben hoy en día auto aislarse durante diez días en un hotel a su costo. El gobierno escocés, por su parte, anunció que sería más estricto aún que el inglés, e impondrá la cuarentena hotelera para cualquier viajero, sin importar el país de origen.

Volviendo a Inglaterra, las nuevas medidas también requerirán que los viajeros se costeen más pruebas diagnósticas durante su cuarentena. Y quienes mientan sobre su historial de viajes recientes, pueden incluso enfrentar hasta diez años de prisión. En este sentido, parte de la oposición de Boris Johnson se ha quejado por lo duro de las penas, las cuales se igualan a delitos violentos con armas de fuego o sexuales que involucran a menores, para los cuales el máximo es de siete años.

En otros países europeos como España, Francia, Alemania o Italia, las multas a quienes no respetan la cuarentena oscilan entre los 100 y 4000 euros, con penas que van desde los tres meses hasta el año de prisión. Similares son los casos de Croacia o Polonia (1000 y 1200 euros de multa respectivamente), ahora cada vez más alejados de la cortina de hierro oriental y más próximos a valores ‘democráticos occidentales’.

Por supuesto, también hay sociedades menos ‘apegadas a los derechos humanos’ para llevar adelante las políticas de penalidad. Por ejemplo, a medida que la India comenzó sus restricciones de movimiento, la policía comenzó a castigar a las personas que han querido evadir el confinamiento con palizas y, en algunos casos, flexiones de brazos en mitad de la calle. Por su parte, la Policía nepalí utiliza un gancho o sujetador gigante a modo de pinza que sirve para “capturar” a los civiles insurrectos sin tener que tocarlos ni acercarse.

En Rusia tampoco se andan con rodeos. Penas de cinco años de cárcel es el castigo por violar la cuarentena obligatoria impuesta por el Estado. Además, la policía puede acudir al domicilio particular en cualquier momento para comprobar que se está en casa o no. Y en Moscú, por ejemplo, se están utilizando cámaras de reconocimiento facial para detectar al confinado que abandone su lugar. Como buen país con estilo ‘Gran Hermano’, la tecnología moderna para cumplimentar objetivos se encuentra a la orden del día.

En tanto en Hungría, aquellos que incumplan las restricciones del gobierno afrontarán  penas de hasta ocho años de cárcel. De forma paralela, la difusión de “fake news” (noticias falsas) sobre la respuesta a la pandemia se castiga con hasta cinco años de prisión. Turkmenistán es un caso similar: en el país centroasiático gobernado por el autoritarismo Gurbanguly Berdimuhamedow desde el año 2006, cualquier medio que brinde cualquier información vinculada al COVID-19 sin su expresa autorización, será punible con hasta cinco años de cárcel. Más aún, la policía tiene la orden de detener a todo aquel que escuche hablar sobre el tema en la calle. Una vez más, el cuarto poder jugando un rol clave a la hora de la consecución de ciertos intereses. A veces a favor de los deseos gubernamentales, mientras en otras ocasiones puede ser un ‘bumerang’ que les puede jugar en contra.

En el sudeste asiático, más precisamente en Indonesia, las autoridades han ocupado espacios que han sido catalogados como ‘terroríficos’ por las costumbres y creencias del folclore indonesio, siendo estos adecuados con camas para que las personas pasen algunos días como parte del castigo. Más aún, en Sukoharjo, un pueblo ubicado en la isla Java, algunos de sus habitantes se han disfrazado de fantasmas del espíritu ‘Pocong’ – a los cuales las personas le tienen miedo y respeto -, y salen a las calles a asustar a quienes se encuentren fuera de sus casas. Religión, misticismo, o póngale el nombre que usted quiera; eso sí, pareciera tener gran efectividad para el control ciudadano.

China, por su parte, es el país que impone los mayores castigos a las personas que infringen la cuarentena: un ser humano que, al salir de casa, atente contra la salud de los demás ciudadanos y propague el COVID-19, será condenado hasta 10 años de cárcel o, de ser más grave el delito, a la pena capital. Además, China tiene sanciones para quienes se nieguen al tratamiento, salgan a las ciudades donde se ha introducido la cuarentena, o  destruyan los trajes protectores del personal médico. En total, hay 21 tipos de delitos relacionados con el coronavirus en el gigante asiático. Para todos los gustos.

Por supuesto, uno de los paladines del extremismo – famoso por su habilitación explicita a la policía de su país para matar narcotraficantes -, es el presidente filipino Rodrigo Duterte. El mismo obtuvo ‘poderes especiales’ otorgados por el Congreso para combatir la pandemia, y dio un claro avisó a quien se salte las estrictas normas: “A cambio de causar problemas, te enviaré a la tumba. Mis órdenes son para la policía y el ejército: si hay problemas o surge una situación en que la gente pelea por el COVID-19 y sus vidas están en peligro, disparen a matar”. Lo que se diría un hombre que no tiene un gran apego a la división de poderes. Ni tampoco respeto a la vida humana.

Ya entrando en nuestro continente, en los Estados Unidos de Norteamérica los castigos por no cumplir la cuarentena varían de acuerdo con el Estado, en un país que históricamente respeta puntillosamente el federalismo. En California, por ejemplo, los infractores pueden ser multados con 1.000 dólares o condenados a 6 meses de cárcel. El dato de color: el país del norte posee la multa más alta por violar las reglas obligatorias durante la pandemia: 250.000 dólares.

Como contraparte, en la ciudad de Panamá, las autoridades tomaron una decisión un tanto más pintoresca; a las personas que sean encontradas en las calles durante la prohibición, se les entrega una escoba y se las pone a desfilar mientras se dirigen a parques públicos para que limpien estos espacios.

En tanto a nuestros vecinos uruguayos, el país oriental ha avanzado en las últimas semanas con una  una reforma al Código Penal para penar con hasta dos años de prisión a aquellas personas que incumplan las normas sanitarias y violen la cuarentena.“El que mediante violación de disposiciones sanitarias pusiere en peligro efectivo la salud humana o animal, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión”, refiere el nuevo texto.

Una vez anunciado el proyecto, el Frente Amplio se opuso tajantemente: “No acompañamos la modificación al delito de violación de las disposiciones sanitarias ya que consideramos que para hacer esa modificación, se debe, desde el Estado, tratar las situaciones de vulnerabilidad social”. En los países menos desarrollados – léase más pobres -, donde reina la informalidad y las ‘changas’ del día a día para sobrevivir, para una gran parte de la población que le cuesta llegar a fin de mes sin algún tipo de ayuda gubernamental, el razonamiento no suena ilógico. 

En el mismo sentido, destacaron desde el principal partido opositor, “es un delito difícil de probar y puede servir para criminalizar a ciertas personas que no tienen un sustento y tengan que salir a trabajar”. Tampoco es desacertado, sobre todo en donde las transgresiones por parte de los hombres de ‘guante blanco’, tienen otro plafón distinto de quienes no tienen contactos, dinero, ni nada que no sea su fuerza de trabajo y su voluntad para salir adelante.  

Bajo la misma variable de la escasez – pero claramente profundizada -, se maneja el ciudadano medio venezolano. En este aspecto, la supervivencia diaria se hace cada día más compleja en medio de la cuarentena obligatoria ordenada por Nicolás Maduro. “El confinamiento en condiciones de insatisfacción de necesidades básicas es inviable. La gente en Venezuela no necesita salir solo para comprar alimentos, sino también para buscar agua o leña, porque los servicios no funcionan. Y vemos diariamente que a quienes han agarrado en la calle, les han aplicado castigos físicos bajo una pedagogía propia de los cuarteles”, sostienen desde la oposición y diversos organismos de derechos humanos. Claramente, el adicionar al aparato represivo parapolicial/militar, en una región con una historia y un presente delicado en cuanto a la violencia social, no coadyuva a tranquilizar el ánimo de la ciudadanía.

En nuestro país, con todas las ideas y vueltas que vivenciamos desde hace más de un año, podemos decir que en este punto nos encontramos con un dato saliente: tenemos una de las sentencias de prisión más largas por violación de la cuarentena; hasta 15 años de prisión dispone el artículo 205 del Código Penal para aquellas personas que propaguen “una enfermedad peligrosa y contagiosa”. Más que preguntarnos si no será demasiado, en nuestras latitudes la gran pregunta es si realmente puede hacerse efectivo el cumplimiento de la norma. De esta y de muchas otras.

En definitiva, tecnología, medios de comunicación, pobreza, desempleo, violencia física, militarización de la vida cotidiana, diferencias intrínsecas en el manejo de la pandemia, religión y cultura, entre otros. Todos estos temas, en conjunción y en su justa medida según cada geografía y sus especificidades, son el ‘menú a la carta’. En el mientras tanto y para su degustación, lo único certero que ha trasvasado cada rincón de nuestro planeta durante toda la pandemia de COVID-19, es la famosa frase del General: “El hombre es bueno, pero si se lo vigila es mejor”.

El Canal de Suez argentino

Por Pablo Kornblum para Ámbito Financiero el 18/04/2021

https://www.ambito.com/opiniones/canal-suez/el-argentino-n5185163

Conectando el mar Mediterráneo con el mar Rojo, el Canal de Suez ha sido desde su construcción la zona de paso obligada entre Europa y Asia. Hoy en día, con una globalización embebida en una interdependencia compleja que no da respiro – solo para citar un ejemplo, la Autoridad del Canal de Suez, pese a ser una empresa estatal independiente, es manejada por el poderoso ejército egipcio -, el mismo se ha visto inmerso en las nuevas dinámicas geopolíticas y económicas de las distintas potencias estatales que buscan controlar el paso que implica prácticamente la totalidad de contenedores comerciales entre ambos continentes, como así también el lugar donde transita el 12% de los intercambios a nivel mundial.

Por supuesto, como en cada aspecto de la vida, todo tiene sus luces y sombras. En este sentido, desde la perspectiva de la economía egipcia, los ingresos del canal ascienden a unos 5.000 millones de dólares anuales, representando la tercera mayor fuente de divisas del país. Sin embargo, en los últimos años el mismo se ha convertido en un objetivo del yihadismo, lo que ha puesto en cuestión el foco sobre la seguridad de la ruta marítima. En este sentido, hay que recalcar que el tránsito por el Canal de Suez no solo es de cargueros o petroleros, sino que también navegan una enorme cantidad de flotas militares.

Y eso no es todo: a nivel exógeno, la ‘competencia’ es también un factor con que el gobierno de Al-Sisi tiene que lidiar. Por un lado, una ruta alternativa terrestre ha sido promovida por la India, Irán y Rusia, la cual ascendería desde la costa india en el océano Índico hacia Rusia, pasando por Irán y Azerbaiyán. Y para los que sostienen con razón que las vías terrestres y aéreas no son competencia, ya que casi el 90% de las mercancías transportadas a nivel mundial se movilizan por mar al ofrecer claras ventajas comparativas (es más económico, puede transportar cargas de gran peso y tamaño, ofrecer mayor seguridad, y es el medio de transporte menos contaminante), también los adversarios promueven nuevas rutas marítimas, como las surgidas debido al derretimiento del hielo en el Ártico fruto del cambio climático, las cuales podrían  sustituir la actual ruta rodeando el continente asiático por el norte.

Ante el descripto avatar de dilemas alrededor del enclave estratégico convertido en una ‘mina de oro’ para las arcas nacionales, la clave para con la estabilidad macro y el beneficio colectivo nacional es saber sopesarlas, equilibrarlas. Y ello aplica también para nuestro país.

Cuando nos referimos al Canal de Beagle, el cual conecta al océano Atlántico con el océano Pacífico y se encuentra administrativamente dividido entre Argentina y Chile a través de una extensión de aproximadamente 240 kilómetros a lo largo de la costa sur de la isla Grande de Tierra del Fuego, debemos también realizar un análisis situacional exhaustivo que nos permita evaluar cuales serían las políticas más acertadas en beneficio de nuestro país.  

Aunque – hasta el momento -, no es un lugar estratégico para el comercio global, su influencia puede crecer pari passu los crecientes conflictos internacionales puedan obstaculizar los ‘chokepoints’ más importantes en el tráfico marítimo trasnacional. Todo paso puede tomar relevancia cuando otros se cierran, sean quienes sean los respectivos perjudicados y beneficiados. En este sentido nuestras alianzas, generalmente frugales en una dinámica internacional ‘liquida’ en la cual todos los actores – sin excepción – se encuentran inmersos, pueden ser determinantes en algún momento relevante de un futuro que no descarta graves conflictos interestatales de mediano plazo. La guerra en todas sus dimensiones – ya sea comercial, política o militar -, debe encontrarnos preparados para sacar el mayor de los provechos de nuestra posición geoestratégica.     

Porque allí nomás esta la Antártida, uno de los enclaves más importantes – sino el más – del futuro de la humanidad en términos de recursos naturales estratégicos. Porque allí nomás se encuentran estadounidenses, chinos y rusos buscando derramar sus tentáculos por esa fuente inagotable de poder y riqueza. Porque allí también se encuentran los británicos, con un pie en las usurpadas Islas Malvinas, y el otro sobre el continente virgen, aquel que todos dicen investigar para con el porvenir de la humanidad pero que en realidad esconden sus espurios intereses realistas. Porque es allí, entonces, donde tenemos que tener presencia.

Sino miremos la historia, el pasado que motivo que el Canal de Beagle sea un área de disputa entre Chile y nuestro país, lo cual llegó a implicar que en el año 1978 se desplieguen unidades militares a ambos lados de la frontera. Los objetivos geoestratégicos de Argentina eran evitar que su acceso a la Antártida se vea comprometido y que la presencia militar chilena en el Atlántico Sur, en conjunto con Brasil, puedan efectivamente rodear al país. En parte por estas razones, se produjo la posterior intervención argentina en las Malvinas. Por otro lado, para Chile, el acceso al Continente Helado y al Atlántico también era un objetivo estratégico. Y ambos Estados, comprendiendo la relevancia del área en cuestión, estaban listos para el enfrentamiento armado.

Hablando de nuestros vecinos, con los cuales tenemos nuestras diferencias en términos de intereses como lo he mencionado, pero que ello no quita que podamos aprender de ellos, copiar lo que hacen bien. No quiere decir todo, tampoco llevar a cabo las ideas de la misma manera. Pero simplemente observemos sus políticas asertivas hacia el Estrecho de Magallanes, el cual, junto con el Canal Beagle, fue una de las pocas rutas marítimas entre el Atlántico y el Pacífico antes de la construcción del Canal de Panamá, siendo el paso natural de mayor relevancia entre ambos Océanos. A pesar de la dificultad de su navegación debido a los frecuentes vientos y corrientes impredecibles, el estrecho es celosamente protegido por los chilenos. Cuidan ‘su casa’ para con las futuras generaciones.

En el Canal de Beagle tenemos comercio – que, entre otros, impacta propositivamente en los habitantes de las Islas Malvinas -; turismo – mermado por el COVID-19 pero con segura recuperación -, y extracción de recursos naturales. En cuanto a este último punto, el canal es uno de los pocos ecosistemas vírgenes que quedan en el mundo. Pero en el mes marzo de 2018, el entonces gobierno de Argentina, el gobierno provincial de Tierra del Fuego y Noruega, firmaron un convenio para desarrollar en la provincia la salmonicultura – más conocida como la cría industrial de peces en jaulas oceánicas -.

Para las organizaciones ambientalistas, ello representó una amenaza inminente que necesitaba ser frenada a tiempo, mientras la discusión filosófica y pragmática sobre el tema todavía sigue en la picota. Para la economía nacional, negocios son negocios. Y si no lo aprovechamos nosotros, se lo quedan otros. Ya bastante tenemos con la depredación de la merluza y otras especies más allá – y no tanto – de la milla doscientos. Y en la Zona Económica Exclusiva isleña, donde más nos duele.

En definitiva, el bloqueo del Canal de Suez, que tuvo en vilo al mundo, nos deja una enseñanza más. Es que siempre, lo que ocurre en el conjunto macro-superior, suele tener un impacto y una relevancia inusitada en el subconjunto inferior, en este caso nuestro país como unidad nacional. ¿El mayor aprendizaje? Cuidemos lo que tenemos, valoremos nuestros activos con inteligencia, seamos prudentes a la hora de tejer todo tipo de alianzas que, seguramente, tendrán un impacto estructural para el devenir de nuestras futuras generaciones.

La Argentina ya sufre mucho por las continuas políticas desacertadas, de mala praxis, sobre las coyunturas. Ojalá visualicemos, con temple y racionalidad, las decisiones más apropiadas para que la mayoría de los niños y niñas de nuestro país puedan usufructuar de las bendiciones que nuestra geografía nos brinda. Que las urgencias, una vez más, no nos impidan poder ver la luz – lamentablemente tenue – de las temáticas trascendentes al final del camino.   

Sálvese quien pueda

Por Pablo Kornblum – Ambito Financiero – 30-3-2021

https://www.ambito.com/opiniones/covid-19/vacunas-salvese-quien-pueda-n5180638

Hace dos meses, Pfizer y BioNTech anunciaron un acuerdo para suministrar hasta 40 millones de dosis de su vacuna COVID-19 al COVAX (el Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19). El mecanismo COVAX se creó con el objetivo de evitar una desigual distribución de vacunas, y funciona a través de un sistema de financiación que permite que 92 naciones con economías de ingresos bajos y medios tengan acceso a las vacunas, al menos para el 20% de su población. O sea, magro, con gusto a poco, pero aunque sea es algo.

Para lo que implicaría una lectura ligera, podría hasta parecer un número cuantitativamente relevante. Sin embargo, corresponde solo al 2% de las dosis (de un total de 2.000 millones) comprometidas en los acuerdos alcanzados por las mismas para 2021 y 2022. La respuesta a este escenario donde reinan las inequidades es sencilla: tres de cada cuatro dosis de vacunas de Pfizer están comprometidas mediante acuerdos confidenciales y secretos firmados por los países de altos ingresos, dejando una porción muy pequeña de las dosis para los países en desarrollo y las organizaciones humanitarias.

¿Sería utópico que las empresas compartan su tecnología para que todas las vacunas eficaces se puedan producir en cantidades adecuadas, y de este modo poder satisfacer la necesidad global, independientemente de las cuestiones de propiedad intelectual? Sí. ¿Es utópico pensar que se pueden subscribir acuerdos para que se establezcan los precios de las vacunas al costo de producción? Sí. ¿Es utópico soñar con que se trabaje redobladamente para que las vacunas puedan ser útiles en países donde es imposible mantener la cadena de frío? Sí. Pandemia, aniquilación de la humanidad (o póngale el nombre de la catástrofe que usted desee), nada cambia la puja de intereses inter-estatal y lógica de la acumulación a como dé lugar. ¿Está mal? Como siempre, es una discusión filosófica/ideológica sobre el sistema global que nos gobierna.

Lo que si podemos discutir es si Pfizer debe devolverle algo a la sociedad después de recibir una subvención de 375 millones de dólares del Gobierno alemán a través de su socio BioNTech, y un préstamo preferencial de 100 millones de euros por parte del Banco Europeo de Inversiones. Y ya no estamos hablando del repensar la historia de los inequitativos procesos de producción, donde se evidencian solo las migajas del efecto derrame de la distribución de vacunas. ¿Investigación y desarrollo con recursos propios? Porque no, si la mayoría de las empresas farmacéuticas son enormemente ricas y rentables. Y esperan ganar mucho más luego de esta gran crisis sanitaria global. Los Estados tienen bastantes problemas para hacer beneficencia con ellas. Pero bueno, estamos en pandemia y la ‘necesidad tiene cara de hereje’.

Un claro ejemplo es Israel, que ya ha inoculado a su mayor parte de la población; mientras que por el contrario, en Gaza y Cisjordania las dosis de la Sputnik y Moderna todavía se cuentan de a miles. O sea, hay 60 veces más probabilidades de ser vacunado en Israel que en Palestina Y se sabe que en pacientes que ya sufren afecciones subyacentes como diabetes u otras enfermedades crónicas que no pueden ser tratadas de manera acorde por falta de recursos – como ocurre en diversas áreas desfavorecidas del mundo -, la letalidad se potencia.

Por supuesto, bajo este contexto la dinámica geopolítica también se ha potenciado a niveles más que interesantes: es que la pandemia ha generado un punto de inflexión para con los reacomodamientos estratégicos, sobre todo de las grandes potencias con ‘poder de fuego’ a nivel internacional. En este sentido, China, Rusia e India ya están poniendo vacunas a disposición de los países con los que quieren reforzar sus relaciones, a pesar de sus propias necesidades internas. Esta diplomacia de las vacunas llega lejos y más allá de Europa: se han observado en varios periódicos serbios que “presidentes como Putin están salvando a Serbia”. China, por su parte, estira sus tentáculos  a lo largo de su amplia Ruta de la Seda de la Salud. En el caso de la India, está enviando dosis gratuitas a Nepal, Bangladesh, Birmania, las Islas Maldivas, Sri Lanka, las Islas Seychelles y Afganistán. El propio Ministro de Asuntos Exteriores de India usa habitualmente el lema: “Actuar en el este. Actuar con rapidez”.

Emmanuel Macron fue claro en este sentido: “Europa y Estados Unidos deberían asignar urgentemente hasta el 5% de sus suministros actuales de vacunas a los países en vías de desarrollo; de no ser así, China y Rusia ya se han ofrecido a llenar ese vacío”. Y este tema no es menor en nuestra región. En un mundo multipolar y con Estados de enorme poder en términos políticos, económicos y militares denominados ‘no occidentales’, las posibilidades de inoculación exceden al viejo paradigma que imponía la obligatoriedad de recurrir inevitablemente a la ayuda que pudieran proveer las otras ‘democracias capitalistas’ bajo el ala de la Doctrina Monroe.

Más allá de los tecnicismos morales, políticos y económicos, el escenario descripto conllevará, casi inevitablemente, a generar un boomerang sanitario que, como ocurre en otras áreas de la vida, las elites y los afortunados ciudadanos de los países más desarrollados a la corta o la larga también se verán afectados en términos de la salud pública de sus propias jurisdicciones. Es sabido que a la falta de recursos económicos y herramientas geopolíticas para la compra de las vacunas producidas oligopólicamente, los dilemas del subdesarrollo, de los “Estados Fallidos” en toda la amplitud del término, obstruyen la asistencia a las poblaciones más vulnerables (inseguridad, falta de transporte e infraestructura logística, inoperancia de los sistemas de salud, agua y saneamiento, todo tipo de Vacunagates, etc.). ¿Y los pobres de los países desarrollados? Suelen no ser tan pobres como los miembros del ‘planeta miseria’ que abunda en los mares del subdesarrollo; pero además, como señalara en su momento el economista griego Arghiri Emmanuel, la falta de solidaridad intra-clase se potencia con la lejanía geográfica y cultural. O sea, el pensamiento podría ser: “Si mi país tiene suficientes vacunas, por más que me llegué más tarde a mí porque soy pobre, en algún momento me tocará mi turno para vacunarme”.

Volviendo al dilema ‘incluyente’, como ocurre en las cuestiones de seguridad inter-clasista (donde vemos a las clases acomodadas refugiadas detrás de sus embelesados barrios cerrados, minimizando el contacto con la pobreza creciente), si la mayoría de los países de bajos ingresos continúan con pocas posibilidades de vacunarse contra el Covid-19 en 2021, el virus podría seguir mutando y propagándose a través de nuevas cepas, haciendo inefectivas muchas de las actuales vacunas en aplicación y desarrollo. Y una vez más, todos los Estados – y sus poblaciones – serían perjudicados, con más muertes y otra gran crisis económica (esto último es lo que a muchos más les importa).

¿Evaluará entonces Canadá el argumento de la autoconservación, y donará algo de su excedente de vacunas – cuyas dosis adquiridas multiplican por cinco a su propia población -? Porque al asegurarte de que otros países también tengan acceso a la vacuna, estaría garantizando gran parte el éxito sustentable de la batalla contra el Covid-19. Pero ello es difícil. Porque por ahora, con nuestras mentes – y las de las elites dirigentes – encorsetadas en la lógica del individualismo, seguramente continuaremos viviendo bajo el reino cortoplacista del sálvense quien pueda.

¿Liberal? Depende…

https://www.ambito.com/opiniones/wall-street/caso-gamestop-es-realmente-liberal-n5169644

Por Pablo Kornblum, 13-2-2021

Todo comenzó cuando se hizo público que GameStop, una cadena estadounidense de videojuegos, consolas y electrónica con más de 5.000 tiendas en todo Estados Unidos, estaba a punto de desaparecer. En el último año, la empresa había tenido pérdidas por valor de 275 millones de dólares. En aquel momento, con enormes beneficios varias firmas de Wall Street comenzaron a utilizar la técnica de ‘venta en corto’ para terminar de rematar a la empresa; como respuesta, los usuarios del foro llamado ‘wallstreetbets’ decidieron enfrentarse a las enormes corporaciones con sus propias reglas: utilizando la libertad que brinda – o brindaba hasta ahora – el mercado financiero.

Coordinadamente decidieron empezar a comprar acciones de la empresa, dándole la vuelta a la situación y generando una gran demanda, lo que hizo subir el precio de la acción. Estas, que habían comenzado el corriente año 2021 en 17 dólares, alcanzaron los 350 dólares, provocando deudas millonarias a los ‘vendedores en corto’ ya que estos no podían devolver las acciones en el plazo estipulado sin perder dinero por el camino. Por ende, la tienda de videojuegos se convirtió, increíblemente, en una arena de disputa entre inversores minoristas y grandes fondos especulativos. Hasta ahora, el mercado se movía impulsado por la inercia de los grandes fondos; esta vez, las cotizaciones se habían movido desde abajo hacia arriba. Y este punto no es menor: abre la puerta a que se repita en el futuro, lo que implica la inclusión de un nuevo factor en los análisis de riesgo, inexistente previamente, para los fondos especuladores de inversión.

Ante esta situación, el enfado en Wall Street contra los jóvenes revolucionarios fue tal que pidieron el bloqueo desde las plataformas transaccionales. “Usaron nuestras reglas para ganarnos. Sin embargo, incumplieron la regla principal: siempre ganamos nosotros”, se escuchaba en varias oficinas de los rascacielos neoyorquinos. Las presiones y la convivencia dieron su inmediato fruto: “nosotros monitoreamos los mercados continuamente y hacemos cambios cuando es necesario. Pero eso, a la luz de la reciente volatilidad, y para proteger a la empresa y a los consumidores, estamos restringiendo las transacciones para ciertos valores”, sostuve el Director General de Robinhood, una de las plataformas más importantes de trading.

Solo unos pocos políticos salieron enfáticamente a repudiar lo ocurrido; es claro que hay mucho lobby financiero dando vuelta en las escalinatas del parlamento – bienvenido, a diferencia de los ahora procesados seguidores del ex presidente Donald Trump -. En este sentido, Alexandria Ocasio-Cortez declaró que “apoyaría una audiencia” contra la plataforma Robinhood por su “inaceptable” decisión de bloquear temporalmente las transacciones. Sorpresivamente, el senador republicano Ted Cruz acompañó la crítica de la demócrata al señalar que está “totalmente de acuerdo”. Por su parte, Sherrod Brown, próximo presidente del Comité de Banca del Senado, ha tomado un tono más mediador: planea convocar una audiencia para analizar “el estado actual del mercado de valores. Porque, a decir verdad, la gente de Wall Street solo se preocupa por las reglas cuando son ellos los perjudicados”, sentenció sin poca razón.

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos – institución que representa al Estado como un todo -, también entró a la batalla entre los pequeños inversores y los fondos de cobertura de Wall Street, advirtiendo a ambos que está atenta por si hay potenciales irregularidades. En un inusual comunicado, indicó que está trabajando de forma estrecha con otros reguladores y bolsas “para proteger a los inversores e identificar y perseguir potenciales irregularidades”, al tiempo que indicó que “revisará en detalle las acciones (…) que podrían perjudicar a los inversores o dificultar su capacidad de negociar con acciones”. No hay nadie en el mundo más estatista que un capitalista asustado, se podría decir. Aquí no hay teoría que valga: solo el poder coercitivo del Estado puede mantener una – cada vez más descreída e inestable – ‘pax económica’.

Por supuesto, lo descripto no es solo un dilema estadounidense. En España, por ejemplo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) suspendió en el año 2011 durante más de seis meses las ventas en corto, al igual que ocurrió en otros países como Francia, Italia o Bélgica, para frenar la extrema volatilidad que estaba afectando a los mercados, en especial al sector financiero. Durante el inicio de la pandemia en 2020, las ventas en corto también estuvieron prohibidas en España. Cuando no – y esto debe quedar bien en claro -, las grandes crisis de la ‘economía real’ son las preferidas de los capitales especulativos.

Ante este novedoso escenario, nos deberíamos entonces preguntar: ¿Los mercados no conllevan per se cierta volatilidad? ¿O solo se toman medidas cuando la inestabilidad afecta a ciertos intereses? ¿Por qué los ‘chicos’, el ciudadano de a pie, no puede ganar dinero como los grandes fondos de inversión? ¿Solo los ricos pueden ser más ricos con el mercado financiero y la especulación? ¿Y la libre competencia? ¿Y el libre mercado? ¿Y Adam Smith, David Ricardo, etc.?

Lo que parece falta clarificarse son las reglas de juego. Porque de no ser las mismas para todos, lo expuesto desnuda una realidad que cae por peso propio, que ya no se puede ocultar, que lejos esta de la democratización capitalista occidental que tanto se ufanan los que manejan la ideología neoliberal de la globalización. Libertad para acumular riqueza versus miles de pequeños ahorristas que, sea cual fuere su objetivo (ya sea para ganar dinero, o solo vivenciarlo como parte de un juego), tienen derecho a tomar sus propias decisiones financieras y ganar dinero.

Por otro lado, lo que emerge de esta situación es el poder de una comunidad y el flujo de información que circula en las mismas. Como fue en su momento al inicio de la primavera árabe – el más claro ejemplo fue Libia -, se ha podido coordinar una acción en masa por parte de seres humanos que no tienen ningún contacto entre sí. Una vez más, esto nos trae a colación lo ambivalente de la globalización, específicamente en el ámbito de la tecnología y los medios de comunicación: mientras avala la concentración del poder y la riqueza en unos pocos, genera ciertas ‘grietas o poros’ donde los más desfavorecidos pueden tener algún halo de revancha, aunque sea temporal. Una acción descentralizada, un ataque sin centro visible, una especie de ‘guerra asimétrica’ en términos militares. Que incluyen hasta el uso de ‘memes’, de la ironía, que funcionan como armas para instalar narrativas que mellan el statu-quo.

Contrariamente, no podemos dejar destacar que, con la excepción de algunas pocas personas que sabían lo qué estaba ocurriendo, la mayor parte del público desconoce por completo la dinámica tanto de las comunidades online, como de su contraparte, los fondos de inversión profesionales. Ello explica la difusión y creencia de las más disparatadas versiones: que esto era un ataque de grupos de ‘extrema derecha’, que eran solo unos ‘hippies desvariados’, hasta que el escenario era el preludio del fin del capitalismo. Más allá de discutir la racionalidad de cada discurso, lo expuesto deja algo en evidencia: nos encontramos ante una mayoritaria sociedad incapacitada y desconectada de los grandes movimientos políticos y económicos macro-globales; aquellos cuales son, a veces, los que suelen cambiar el rumbo de la historia.

Lo que si podemos afirmar que son pocos los imaginaron que alguna vez el sujeto social de la revolución no estaría encarnado en el proletariado industrial, en términos marxistas, sino en jóvenes al parecer despolitizados, movidos más por una pulsión de resentimiento activo (al estilo de los “luditas” que rompían las máquinas en los comienzos de la Revolución Industrial) que por el sueño de una nueva sociedad sin clases. Chicos asociados a partir de afinidades algorítmicas. Nerds que habían aprendido las mañas de los poderosos y las usaban en su contra. Un grupo de usuarios de Internet que actúan con una organización descentralizada que desafía los modelos predictivos de los fondos de inversión de Wall Street y los especuladores “profesionales”; un ‘momentum’ histórico donde la línea entre expertos y desconocedores sistémicos se difumina al punto de volverse irreconocible.

¿Sera la cohesión entre los usuarios que coordinan sus acciones para desafiar a un poder establecido mucho más fuerte que el “valor” de las acciones en sí mismo? Está claro que, si querían ir contra el sistema, no lo han logrado: ahora se han convertido en parte del mismo. Pero hoy en día, eso poco importa. El hecho en sí es lo relevante, aquel en el cual observamos, bajo un prisma pragmático, una lectura que nos explica que no solo estamos ante una lucha desigual entre los que quieren a como sea mantener el statu-quo que ‘les asegura el poder y la riqueza eternos’, sino que además nos encontramos ante una economía que muestra poco anclaje en el “valor real”, y se vuelve más frágil cuando ello se combina con el desarrollo tecnológico y el poder “social” de las redes. La propia empresa Gamestop nos explica mucho de ello: al día de hoy continúa cerrando sucursales, recortando la plantilla del personal y sus salarios – en torno a 11 dólares la hora -, con jornadas extenuantes de trabajo.

En definitiva, el dilema basal no solo se cierne en que la disociación de la economía financiera y la real no detiene su marcha, sino que además tampoco se ve un atisbo de que puedan cerrarse – o al menos disminuir – las inequidades intrínsecas sistémicas referidas a la distribución de poder político y económico. Los cambios marginales son solo eso: coyunturales, cosméticos, líquidos. Espejos de colores que abrillantan una realidad sustancialmente opaca. Probablemente, los desafíos a una realidad que solo les sirve realmente a unos pocos, continúen. Esporádicos, llamativos, pero realmente insuficientes si no se solucionan las cuestiones de fondo.

El Censor

Publicado en Ámbito Financiero el 25-1-2021

https://www.ambito.com/opiniones/redes-sociales/el-bloqueo-trump-y-el-poder-censor-las-n5164908

En la película Argentina con titulo homónimo, ‘el censor’, interpretado por el enorme Ulises Dumont, es un funcionario que durante la última dictadura cívico-militar tiene como rol determinante el evitar que determinadas películas – ya sea por cuestiones de índole político o sexual – lleguen a las salas cinematográficas. Casi medio siglo después, esta vez no es el aparato represivo (en este caso virtual) del Estado quien decide bloquear una red social; por el contrario, quien toma el mando y la decisión son los propios imperios de la comunicación, el denominado 4to poder, los cuales, con su ‘oligopólico poder de fuego’ se han alineado en contra de quien, en este caso, ejerce la primera magistratura de la todavía principal potencia del planeta.

En este sentido, las cuentas del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, han sido bloqueadas en Twitter, Facebook e Instagram, entre otras, luego de los disturbios en el Capitolio. ¿El motivo? Según alegan las mismas, Trump dijo frente a miles de personas en Washington que nunca concedería la victoria a su rival debido a que existió fraude electoral; más aún, arengó a sus seguidores a hacer ‘algo memorable’ el día de la confirmación de Joe Biden como presidente. Siguiendo la  misma línea, Snapchat y Youtube anunciaron que todo fue “en aras de la seguridad pública” y por los intentos de Trump “de difundir desinformación e incitar a la violencia”. “Creemos que los riesgos de permitir que el presidente continúe usando nuestro servicio simplemente son demasiado grandes”, explicó Mark Zuckerberg, CEO de Facebook.

¿Nos encontramos entonces con un poder exógeno con intereses económicos encontrados al oficialismo? Seguramente estas enormes y ricas corporaciones, las cuales ya no se encuentran satisfechas con ser oligopolios sobre una de las pocas industrias altamente rentables que quedan, no dejarán de buscar la acumulación de poder político para con sus fines particulares.

¿Son solo una herramienta más para cooptar el poder político por parte de grupos opositores? En este sentido, Michelle Obama pidió a las plataformas de redes sociales bloquear permanentemente las cuentas de Trump. “Ahora es el momento de que las empresas de Silicon Valley dejen de permitir este comportamiento monstruoso y vayan más allá de lo que han hecho al prohibir permanentemente a este hombre en sus plataformas, estableciendo políticas para evitar que los líderes de la nación utilicen su tecnología para alimentar la insurrección”, sostuvo con vehemencia y muy poco cuidado la ex primera dama. Seguramente no ha reflexionado que la discursiva obstaculizadora puede derivar en un boomerang que también podría impactar en el gobierno demócrata que recién comienza.

¿Representan a los paladines de un mundo imaginario del cual ellos consideran ideal, el ‘nuevo paraíso en la tierra’? A la elite tecnológica le encanta aparecer como el ‘policy maker’ del altruismo moral – especialmente progresista -. Sino recordemos como en el año 2018 Naomi Buchwald, una jueza de distrito en Nueva York, determinó que era una violación a la libertad de expresión recibir un bloqueo – justamente de un activista social – por parte de @realDonaldTrump, la cuenta personal en Twitter que usaba cotidianamente el ahora ex presidente estadounidense.

En fin, habría que estar en sus juntas directivas y en la cabeza de los accionistas de las grandes empresas tecnológicas para poder deducir las razones de esta decisión histórica; probablemente haya un poco de todo aquello. En el mientras tanto, el debate ya comenzó. Algunos se preguntarán qué derecho tienen estas empresas para cerrar las cuentas, o sea para decidir lo que debe o no decir el presidente electo democráticamente de un país. Más aún, Zuckerberg agregó que la decisión de Trump de “usar su plataforma para condonar en lugar de condenar las acciones de sus partidarios en el edificio del Capitolio, ha perturbado con razón a la gente en Estados Unidos y en todo el mundo”. O sea, no solo se objeta lo que hizo, sino lo que dejo de hacer.

De ello se derivan varios interrogantes. ¿Cuál es el fino límite de lo que es contrario al bien común? ¿Cómo deciden que una cuenta es terrorista, atenta contra la salud pública, o es ‘demasiado’ de derecha o de izquierda? ¿‘Combatir el Capital’ entonces es peligroso porque iría contra los propios intereses de estas corporaciones tecnológicas? ¿Debería entonces prohibirse a aquellos que promuevan el fin del Estado – como quisiera algún libertario de los que abundan por estos lares -, ya que sería llevarnos a todos a un peligroso mundo semi-anárquico? ¿Ha sido razonable – sin análisis geopolítico mediante – que Twitter suprima un mensaje del guía supremo de Irán, Ali Khamenei, porque afirmaba que no era prudente tener confianza en las vacunas norteamericanas o británicas contra la covid-19? Pareciera ser entonces que ‘el botón de la libertad de escuchar y ver’ se encuentra en manos privadas (mejor dicho en las sedes de Google, Facebook, Twitter, Instagram y otros imperios digitales), y no en la calle, las Asambleas, o el mismísimo voto de una elección democrática. Pareciera que el bloqueo digital de Trump no sería otra cosa que la expansión de una especie de dictadura, en términos de lo que las elites tecnológicas creen políticamente correcto difundir a todos los ámbitos de la sociedad.

Sin embargo, como contraparte de la visión más pesimista, se encuentran aquellos que sostienen que, dado que el capitalismo liberal rige los destinos del mundo, cada uno es libre de buscar otra plataforma e informarse como desee. ¿Pero qué ocurre cuando las mismas son un cuasi monopolio? Pregunta compleja; evidentemente, el capitalismo competitivo solo queda en la pureza de la teoría de los libros clásicos. Sino pregúntenle a los cuatro millones de miembros activos de Parler, quienes observaron inertes como Amazon, Google y Apple eliminaron a la red social de sus plataformas de descargas. Cabe recordar que Parler, creada en Septiembre de 2018, disparó su popularidad en las últimas semanas gracias a sus medidas anti-censura, funcionando como un refugio para grupos conservadores de extrema derecha de los Estados Unidos.

Ahora bien, toda reacción pueden derivar en contextos aún más adversos de los que se quería evitar primariamente: uno de estos escenarios potenciales es que se termine empujando a figuras públicas a plataformas todavía más marginales, donde sus discursos circulen fluidamente entre fanáticos conllevando a una mayor radicalización. Por otro lado, también se podría generar un modelo de ‘ahogo o cuello de botella’, justamente porque se podrían perder a los usuarios moderados, aquellos que utilizan las redes de un modo más generalista e informal, y siguen al personaje político en cuestión solo por cuestiones, por ejemplo, de ‘consumo irónico’.

Por supuesto, todo lo expuesto no es excluyente de los Estados Unidos: la doble moral de lo que ocurre en la arena internacional se encuentra a la orden del día, más aún si se aprovecha lo que está ocurriendo en el país más importante de la tierra para afirmar cuestionamientos de política doméstica. Con mayor o menor veracidad.

En este sentido, el propio Gobierno de Rusia, paladín de la ‘no libertad’ de expresión de los disidentes – líder opositor preso mediante -, ha afirmado desde su Cancillería que la decisión puede ser comparada a una explosión nuclear en el ciberespacio. La destrucción no es tan terrible como las consecuencias”. Por supuesto, avizorando un ‘escenario espejo’, intentan evitar que ocurra algo similar con el presidente Vladimir Putin.

Pero además, para terminar de asestarle el golpe de gracia a sus históricos oponentes, han implementado el habitual ‘chicaneo vulgar’ de la diplomacia del siglo XXI: el contragolpear utilizando ‘su propia medicina’, como lo hace China cuando ataca el proteccionismo estadounidense, sosteniendo que es contrario al sistema internacional neoliberal que los mismos norteamericanos han creado décadas atrás. En este sentido, desde el otro lado de la otrora cortina de hierro, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajarova, sentenció que con el bloqueo al presidente Trump “se ha dado un golpe a los valores democráticos declarados por los países occidentales”.

Justamente hablando de China, con Google censurado y Yahoo tan ralentizado que ‘extrañamente’ se cae permanentemente, el motor de búsqueda más usado en China es Baidu, el cual posee el 75% del mercado. Por supuesto, si uno escribe la palabra Tiananmen en el mismo, no espere encontrar la sobrecogedora imagen del hombre que corta el paso a una columna de tanques; simplemente debe relejarse y disfrutar fotos turísticas de la plaza y, sobre todo, de la entrada a la Ciudad Prohibida bajo el retrato de Mao que aún cuelga en una de sus puertas. Eso sí, ello no implica que ‘business are business’: con un valor de mercado superior a los 40.000 millones de dólares, Baidu fue en 2007 la primera firma tecnológica china que ingresó en el Nasdaq.

Cuando uno le pregunta al Gobierno chino el porqué de las medidas restrictivas, la respuesta es contundente: “La estabilidad social es la misión número uno. El gobierno debe garantizar un ciberespacio limpio, positivo, sano y ordenado”. Más aún, como un deja vú de la guerra fría del siglo pasado, desde la CAC, el Organismo Chino de Control de la Información, se pidió que “toda la sociedad participe en la limpieza y en el desarrollo ordenado de los medios; agradeciendo además a quienes colaboraron denunciando la información ilegal y dañina”.

En tanto en Francia, el ministro de Economía, Bruno Le Maire, puso en tela de juicio que la suspensión de las cuentas no se haya realizado “bajo un marco legal de regulación”. Por lo menos extraño discursivamente, en un país que hace años tiene la intención de desmantelar el Estado de Bienestar, embebido en un claro proceso de desregulación que no es más salvaje debido la oposición de los sindicatos, cierto sector de los chalecos amarillos, grupos universitarios, etc. Igualmente, ello no sería lo más relevante: poco o nada dicen de crear regulaciones cuando se trata de proteger a los millones de usuarios de internet franceses del espionaje masivo del que son objeto en cada segundo de sus vidas. Evidentemente, la principal contradicción del capitalismo ‘democrático’ moderno es aquella que se da entre la posibilidad de producir socialmente bienes de información abundantes y gratuitos, y un sistema de monopolios que se esfuerzan por mantener el control, la ‘auto -propiedad intelectual’ de la información.

Quien quiere dar una especie de solución Estatal es la Unión Europea, la cual está trabajando sobre una nueva jurisprudencia – el Digital Services Act -. Es que como ocurre con el caso de las monedas digitales, donde ya se están creando las monedas digitales estatales para competir con el Bitcoin y otras que no tienen control ni ningún tipo de regulación gubernamental. En este sentido, los actores estatales del viejo continente sostienen que no se puede dejar esta temática en manos del mercado. Es que la estatalidad no es un tema menor; menos ahora que las compañías tecnológicas han perpetrado para muchos ‘el primer golpe de Estado exitoso realizado por los medios’. Sin embargo, entre los funcionarios hay bastante temor de la potencial respuesta ante el intento legislativo de romper el monopolio de la elite tecnológico. ¿A qué tipo de réplica le temen? Con la amenaza, sencilla, de exponer los secretos de las docenas de agencias gubernamentales – y sus funcionarios – que tienen sus datos almacenados en la nube.

Para concluir, Noam Chomsky decía que el objetivo de la educación era mostrarle a la gente como aprender por sí misma; lo demás es adoctrinar. ¿Será el principal inconveniente entonces que la ciudadanía no puede discernir entre el ‘bien y el mal’, por ello se justifica el bloqueo? ¿Vivimos en un contexto donde la mayoría de los seres humanos tiene que trabajar arduamente para sobrevivir, y no tiene ni tiempo ni herramientas para comprender lo que ocurre, por ello necesita un gran hermano que le diga que ‘realidad’ o ‘verdad’ puede o no ver? ¿No sería más lógico mejor mostrar a todos aquellos que se quieren expresar, que bloquear a quienes ellos creen que no representan los ‘intereses’ o el ‘bienestar’ del pueblo? ¿No se estaría de este modo silenciando indirectamente a los millones de representados que han elegido democráticamente un presidente, una forma de hacer política, unas ideas? ¿No están actuando infantilmente (como darle un caramelo a un niño para luego quitárselo), al permitirle a figuras políticas, como en este caso el ex presidente Trump – hablar directamente a través de sus plataformas con su público objetivo sin intermediación, para luego decir que los dichos presidenciales no están a la altura de las circunstancias para resolver institucionalmente los graves dilemas de los Estados? Muchas preguntas, complejas respuestas.

Es aquí interesante entonces destacar las palabras del ensayista británico, Paul Mason, quien sostiene que la tecnología de la información – el producto más fundamental del siglo XXI – está disolviendo al sistema capitalista en general porque corroe los mecanismos de mercado, socava los derechos de propiedad, destruye la tradicional relación entre salarios, trabajo y ganancia y, sobre todo, ataca las bases de la institucionalidad democrática; o sea, nos estaríamos dirigiendo hacia un modelo pos-capitalista. Sin embargo, un análisis profundo pareciera indicar que es difícil sostener un cambio de statu-quo, al menos en el corto y mediano plazo. Puede tener otro rostro, pero la lógica sistémica probablemente prevalezca. Lo que sí es potencialmente realista, tal como indica la economista especialista en temas de tecnología, Paula Bach, es que “los escenarios para la transformación de las nuevas tecnologías en fuerza material continúen dando lugar a convulsiones significativas – en el orden de la economía, la política, la geopolítica y la lucha de clases –, cuyos resultados finales están abiertos”. Y en este sentido, con la reciente adición al escenario de interdependencia compleja global de estos actores tecnológicos preeminentes, seguramente estamos ante un nuevo estilo de batalla que recién comienza.

La manipulación infundada

Por Pablo Kornblum para Ámbito Financiero, 11 de Enero de 2020

https://www.ambito.com/opiniones/brexit/consecuencias-economicas-y-la-propagacion-del-miedo-n5161502

La propagación del miedo es un acto eminentemente político. La salida del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea es un caso más, un ejemplo burdo, carente de racionalidad y conocimientos técnicos. En este sentido, una gran parte de los medios de comunicación más importantes del mundo señalaron el Brexit como el ‘derrumbe británico’; una especie de apocalipsis símil a la destrucción causada por una bomba atómica. Muy alejado de lo que es en realidad: una decisión política con puntuales consecuencias más vinculadas a la prospectiva estratégica, que a una novedosa cosmovisión de la vida.

Es necesario entonces aclarar que cada vez que se realiza algún tipo de política intra-sistémica, siempre habrá quienes sacan provecho de la situación y quienes pueden reacomodarse (en mayor o menor medida), como así también se encuentran aquellos que, inevitablemente, se encontrarán perjudicados o directamente desaparecerán. Y  algunas cuestiones quedarán igual, con sectores y actores que solo vivenciarán cambios marginales. Por ende, es importante afirmar que el Brexit no ha sido para nada un acto revolucionario. No se terminan las clases sociales o la propiedad privada. No se juega el exterminio de una raza o una religión. No hay un cambio de paradigma tecnológico que modificará para siempre la forma de producción y consumo.

Para no hacer falsa futurología, y aunque es indebido metodológicamente tomar solo algunas variables de tinte económico, las mismas sirven para ilustrar una pequeña muestra de que, al menos en la transición hacia la reciente concreción de la salida de la UE, nada ha cambiado estructuralmente en el Reino Unido en los últimos años. Desde el año 2016 (cuando se decidió el Brexit) hasta el año 2019 – previo a la pandemia, ya que en el año 2020 la economía británica, como en la mayor parte del mundo, se vio fuertemente resentida -, la tasa de crecimiento promedio del PBI se mantuvo en torno al 1,5%, unas décimas menos que los años previos. La inflación promedio fue un poco mayor al 2%, mientras la desocupación se sostuvo en el 4%. Mismo la tasa de interés de referencia se incrementó solo algunas décimas – aunque siembre ubicada por debajo del 1% – con el objetivo de contener los incrementos de precios derivados de los estímulos monetarios y fiscales (en pos de contrabalancear el lógico resquemor de una parte del sector privado – tanto nacional como extranjero -, que ha retraído sus proyectos de inversión).

Siguiendo la misma línea y en pos de la estabilidad a futuro, el acuerdo implica que para los fabricantes británicos, a partir del reciente primero de Enero se mantenga el régimen libre de aranceles del mercado interior de la UE. Por supuesto, el gobierno británico tendrá que renegociar nuevos tratados bilaterales con gobiernos de todo el mundo, otrora incluidos en los acuerdos del bloque comunitario. No podemos negar que en mayor o menor medida, este halo de incertidumbre se traslade a la microeconomía. Es que más allá de la letra chica, las compañías evaluarán permanentemente la dinámica empírica de corto y mediano plazo: solo con el correr del tiempo podrán concluir si tendrán que hacer frente a escaladas tarifarias, si podrán acceder o conservar sus cuotas de mercado, o si podrán realizar operaciones transfronterizas bajo un sistema burocrático relativamente fluido.

En este aspecto y por las dudas, algunas compañías con fuerte presencia en Europa ya han comenzado a tomar medidas para protegerse. Un caso emblema es el de Coca-Cola European Partners, empresa que ha elegido a Países Bajos como sede administrativa tras el Brexit, con un discurso referido a la necesidad de mantener la Directiva sobre Transparencia dictaminada bajo la legislación de la UE. Otra empresa multinacional, Berkeley Energía, también ha comunicado que para la negociación de sus acciones dejará de instituirse en el Reino Unido para situar su sede central en España. Evidentemente, para muchas corporaciones, ante el nuevo reto a lo desconocido lo preferible es ‘cambiar, para que nada cambie’.

Por otro lado y tal como lo hemos mencionado, mientras existen los inciertos ‘grises’, también hay blancos y negros. Por ejemplo, la industria de pesca británica – con derechos de pesca que giran en torno a los 650 millones de euros al año -, ha sido claramente perjudicada en el acuerdo. En este aspecto, las flotas pesqueras de la UE tendrán un período de transición de cinco años y medio con acceso garantizado a las aguas del Reino Unido – solo se reducirán en una cuarta parte, mientras las cuotas británicas se incrementarán inversamente en la misma proporción -. A partir de 2026, el acceso dependerá de las negociaciones anuales entre las partes. Lo acordado lejos se encuentra del requerimiento de total preferencia que exigían las empresas británicas; pero claro, la pesca solo aporta el 0,04% del PBI británico.

Por el contrario, desde una prospectiva pro-positiva, el gobierno de Boris Johnson ha salido a jugar al mundo con sus mejores cartas. Es que para salir de la zona de confort, el paralizarse y quedarse en el ‘glorioso’ pasado no solo es inútil, sino más bien es claramente contraproducente. No por nada la diplomacia británica ya firmó varios acuerdos comerciales pos-brexit – con especial énfasis en la promoción de su sector de servicios (principalmente financieros, cuyas exportaciones contribuyen con el 30% del PBI) – con Japón, Canadá, Suiza, Singapur y varios países de América Latina, encabezados por México y Chile. Por otro lado, también se encuentra negociando TLCs con Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, entre otros. Hay un dato no menor: los acuerdos en preparación o concluidos, incluido el cerrado con la UE, representarían el 80% del comercio exterior británico para 2022. Como sostuvo la Ministra de comercio internacional, Liz Truss, “Ahora que la Gran Bretaña global ha regresado, es hora de que los fabricantes, los hombres y mujeres de acción, y los innovadores, nos ayuden a escribir nuestro capítulo más emocionante hasta la fecha”.

Además de ofrecer lo que saben y mejor tienen, su comprender de la dinámica del juego global implica que ya tienen una parte de la partida ganada. Y no es necesario ser thatcherista para darse cuenta que la globalización neoliberal sigue más viva que nunca, y los procesos de potenciación del capital y tercerización, entre otros ejes del proceso de acumulación, rigen los destinos de la competencia salvaje en cada rincón del planeta. No es extraño entonces el Reino Unido se convierta en una jurisdicción ‘preferencial’,  libre de impuestos y regulaciones para las multinacionales extranjeras. Es que el gobierno de Johnson está planificando “puertos libres” o zonas francas para fomentar la actividad económica: un “Singapur en el Támesis”, una especie de paraíso fiscal enmarcado bajo un sector financiero ultra desregulado, que pueda convertir al Reino Unido en un potente y eximio rival de la UE.

Por supuesto, se encuentran aquellos detractores que sostienen que ello solo aumentará las ganancias de las multinacionales, utilizando mano de obra barata y poco calificada. Un golpe más a la clase trabajadora británica, que con el Brexit consumado ya perdió  las más estrictas regulaciones laborales de la UE, las cuales incluían un máximo de 48 horas semanales de trabajo, beneficios de salud y seguridad, subsidios sociales, etc. Aunque en realidad no debería sorprendernos: sabemos que los trabajadores – en realidad el ser humano en general, sobre todo las mayorías golpeadas por décadas de estancamiento socio-económico  -, es lo que menos importa en toda esta ecuación.

Por ello el planteo sobre las contribuciones de los inmigrantes – ya sea por trabajo o estudio – quedo relegado a un impiadoso proceso altamente burocrático y restrictivo. Donde en las discusiones políticas se han borrado de cuajo los beneficios que generan – consumo, pago de contribuciones -, y solo se quedaron con los perjuicios – competencia con mano de obra, sobre utilización del sistema educativo/de salud -. O mejor dicho, con los prejuicios. Es que ‘darle de comer’ a la derecha conservadora, no es un tema menor en época de elecciones polarizadas hacia extremos que como vedettes, envuelven con discursivas atrayentes falsos nacionalismos centrados en la persona física y no la jurídica.

Es que la salida de la UE no va a implicar, al menos en el corto plazo y mediano plazo, un gran cambio cultural ni social; solo hay que contener las tensiones sociales derivadas de procesos económicos y sociales que han sido adversos y desgastantes a lo largo de los años. Para ello, nada mejor que haber alcanzado un ‘Brexit blando’, con fuerte impacto en el corazón de la ciudadanía británica. Y allí es donde el acuerdo por la frontera entre ambas Irlandas ha sido el corolario más álgido de la disputa puertas adentro del Reino, lo que demuestra donde se encuentra el verdadero foco económico y el control social: la no afectación del comercio y el evitar poner en riesgo los Acuerdos de Viernes Santo ha sido un activo de batalla en todo este proceso. En fin, todo tan lejano de aquel 1975, donde el 67% de los votantes británicos le dijo ‘sí’ a Europa.

Finalmente, es interesante destacar las palabras de Michel Barnier, responsable de las negociaciones con el Reino Unido por parte de la UE: “lo que cambia es que el país que nos deja estará solo, y nosotros seguiremos juntos”. La más relevante respuesta británica no ha sido económica, sino más bien geopolítica: el pasado mes de noviembre el ejecutivo garantizó una inversión adicional de dieciséis mil quinientos millones de Libras Esterlinas para las Fuerzas Armadas en los próximos cuatro años. El propio premier británico sostuvo que “el nuevo compromiso de gasto representa el mayor programa británico de inversión en defensa desde el final de la Guerra Fría”. Un número que incrementa en torno a 10% el presupuesto anual del Ministerio de Defensa y equivale al 2,2% del PBI (mayor al – pocas veces cumplido – 2% requerido por la OTAN para sus miembros), reafirmándose así como el país con mayor gasto militar de Europa, con un gasto en torno a los cincuenta mil millones de Euros.

Este fortalecimiento del gasto tecnológico-militar realza al Reino Unido en su deseo de aseverarse como una potencia estatal, el ‘volver a ser’ aquel imperio con glorioso pasado y mezquino presente. Más aún, el potenciar el desarrollo de las Fuerzas Armadas es un factor clave – ya que siempre lo ha sido a lo largo de su historia – no solo para con la cohesión del ser nacional, sino también para que a través de las inversiones público-privadas en el sector de la defensa (incluido el gasto gubernamental, el rol de financiamiento del sector privado, el aporte de las universidades) se genere un factor dinamizador del motor económico endógeno – atractivo para con la creación de empleo de calidad, sobre todo en zonas remotas donde suele escasear -, siendo ello tan necesario para ayudar a minimizar los costos microeconómicos de la salida de la UE. En definitiva, podríamos decir que la política exterior británica es una especie de ‘copia’ con matices similares al reposicionamiento global chino del último medio siglo, buscando también así recuperar la gloria perdida en algún momento de la historia.

Para concluir, podemos afirmar que detrás de la insistente ‘hecatombe del Reino Unido’, se encuentra entonces la manipulación mediática de los siempre activos intereses particulares de ciertas elites. Que en lugar de procesar el porqué y evaluar la forma de velar por el bienestar colectivo, enmascaran escenarios falsos en pos de sus egoístas objetivos de poder y riqueza. Es que podemos discutir ideológicamente su dudosa moralidad; lo que queda fuera de debate es que la sociedad como un todo sea engañada con información falsa y maliciosa. Por ello, más y mejor educación en ciencias sociales para todos, en conjunción con funcionarios que se encarguen de velar por el bien común – mera razón por la cual fueron elegidos -, debería ser el primer objetivo de un necesario cambio de paradigma social.

Y aquí también se debe hacer un llamado a aquellos políticos que se encuentren en la oposición, sea cual fuera la geografía o la razón en cuestión: deben trabajar honestamente por una sociedad más justa. Plantear rigurosos escenarios alternativos razonables o marcar errores u omisiones groseros, no significa utilizar al cuarto poder para generar alarma difundiendo mentiras, lo cual suele provocar asiduamente un enorme perjuicio en las anestesiadas mayorías. Porque aunque en épocas de ingente frugalidad ‘todo pasa’, en unos años la ‘no implosión’ del Reino Unido nos podrá sorprender; como así también nos terminará consternando, tardíamente pero con consecuencias más palpables, como llegamos a vivir en un mundo cada vez más violento e inequitativo.