Pablo Kornblum para Ámbito Financiero 26-9-2021
Cumpliendo lo anunciado el mes de Junio próximo pasado, y luego de que la Asamblea Legislativa aprobara en formato exprés la llamada Ley Bitcoin – por supuesto de mayoría oficialista -, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar la criptomoneda como divisa de curso legal, la cual podrá utilizarse en paralelo al dólar estadounidense, también moneda aceptada en el país desde el año 2001.
Como primera medida, el gobierno le dará a los residentes 30 dólares en Bitcoins con la descarga de la aplicación «Chivo Wallet», una billetera digital administrada por el Estado y creada para incentivar a los ciudadanos a probar los pagos criptográficos. Como contraparte, las empresas y los negocios están obligados, en la medida de lo posible – y aquí tenemos ya un primer ‘gris’ sobre la capacidad de sistema de absorber la potencial demanda -, a aceptar las controvertidas monedas digitales como forma de pago.
La principal crítica al proyecto es, sin lugar a duda, la gran volatilidad que caracteriza al Bitcoin. “Tener este riesgo en el tipo de cambio es lo que se quería evitar cuando El Salvador adoptó el dólar”, mencionan algunos economistas recurriendo, nada más y nada menos, que a la propia evidencia empírica histórica. Sin ir tan lejos atrás en el tiempo, la criptomoneda pasó de costar alrededor de 10.000 dólares en septiembre de 2020, hasta tocar un máximo de 63.000 dólares en abril de 2021, para luego caer a 30.000 dólares en julio de este año, y acabar en la actualidad en torno a los 52.000 dólares. Es entonces más que razonable el miedo a que esta gran fluctuación fomente ataques especulativos que conlleven a un caos en el sistema monetario salvadoreño y, subsecuentemente, que se vea afectado el valor de los ahorros, las jubilaciones o los salarios.
Entendiendo este lógico ‘temor popular’, para evitar que la población vea comprometido su poder adquisitivo el gobierno anunció la creación de un fideicomiso de 150 millones de dólares en el Banco de Desarrollo del país, el cual funcionará para canjear de manera automática los Bitcoins de los salvadoreños que así lo deseen. No es necesario hilar fino para entender que es una falacia afirmar que el riesgo cambiario lo asumirá el gobierno y no el pueblo: solo para comenzar con un análisis básico, podemos comprender que el Estado se financia con impuestos pagados por la ciudadanía, los cuales deberán sostener el fideicomiso bajo un círculo que ojalá – aunque difícilmente – sea siempre virtuoso.
Por el contrario, producción, consumo y exportaciones, deberían ser la respuesta para generar un modelo medianamente razonable, lejos de lo que se está viviendo en la actualidad: un símil deja vú de convertibilidad cavallista con un resultado ya conocido, el vaciamiento de las arcas del tesoro ante un ‘par de corriditas’ por parte de las elites domésticas y los ricos financistas del primer mundo. Ahora pregunto, ¿Ante esta situación y con la experiencia de décadas a cuesta en tantas latitudes, aceptará el Fondo Monetario Internacional brindarle igualmente la prometida ayuda económica de 1.400 millones de dólares al país centroamericano? Apuesto que sí, simplemente porque así lo indica la historia: no se debe cortar la rueda, el negocio que implica mantener el elefante blanco que es la propia institución, ni por supuesto los intereses de las potencias financistas acreedoras.
Por otro lado, la fiesta neoliberal que ya representan las criptomonedas per se – podríamos denominarlo Neoliberalismo 4.0 -, se potencian en un país atado a las directrices del ‘Consenso de Washington’; reminiscencias de un modelo que seduce a los gobiernos subdesarrollados, donde las elites concentradas no quieren dar el brazo a torcer ante los reclamos de mayor equidad distributiva. Por lo tanto, no sorprende que el tipo de cambio entre el Bitcoin y el dólar se encontrará a futuro establecido ‘libremente por el mercado’, ni que tampoco la criptomoneda será sujeta a impuestos sobre las ganancias de capital. Si a ello le sumamos que, más allá de la Ley Bitcoin, El Salvador ya era previamente uno de los pocos países del mundo sin impuestos a la propiedad, los inversos internacionales se encuentran más que atraídos, agradecidos.
A lo expuesto debemos adicionarle los riesgos regulatorios, lo que incluye la posibilidad de violar leyes, como podría ser el blanqueo de capitales espurios, o la misma nunca mal ponderada ‘financiación del terrorismo’. Ni que hablar de la propia corrupción que sostiene el lavado de dinero, ya que rastrear las transacciones de Bitcoin es mucho más complejo que el dinero que queda controlado dentro del sistema financiero tradicional.
Y si además de incluir el impacto medio ambiental de las criptomonedas – dado que el proceso de «minar» utiliza gigantescos servidores que no cesan de trabajar y consumen más energía que muchos países del mundo -, le agregamos los impactos indirectos en el consumo/precio de la electricidad, tenemos un combo completo de racionalidad macroeconómico para, al menos, poner sobre el tapete, en la ‘picota’ de la discusión internacional, los efectos adversos de la ley.
Pero claro, todo es político – y ello se antepone a la economía -, por lo tanto no es de extrañar que la ejecución del proyecto se haya homogenizado temporalmente con la dudosa interpretación de la Carta Magna del Tribunal Constitucional Supremo del país, donde se permitió aprobar la reelección presidencial consecutiva de Nayib Bukele. No debe sorprendernos porque este tipo de medidas ha sido habitual en tantos gobiernos del mundo a lo largo de la historia: era necesario un proceso de distracción para hacer pasar, como una ‘brisa de verano’, titánica medida.
Ello se refuerza con claridad cuando la ciudadanía salvadoreña se enteró de la ‘Ley Bitcoin’ tras el anuncio de Bukele, en inglés, en una conferencia de Bitcoin en Miami. Con estas decisiones no queda claro si gobierna para el Salvador o para los negociados con socios extranjeros. Y ello se desenmascara aún más cuando el unicornio de criptomonedas BitGo, fue el seleccionado para proporcionar la interfaz de programación de aplicaciones y la plataforma de seguridad de Chivo Wallet, lo que convierte a la startup con sede en Palo Alto, California, en el proveedor exclusivo de la billetera digital, bajo un acuerdo, cuyos términos financieros no fueron revelados, con el banco central de El Salvador.
Más aún, para los aliados foráneos no quedan dudas de la factibilidad y rentabilidad del negocio. Matthew Sigel, jefe de investigación la firma global de gestión de activos digitales VanEck, lo explica con claridad: “las criptomonedas pueden ayudar a que El Salvador se libere del yugo del colonialismo del dólar, implementando métodos creativos de inversión que eludan los canales tradicionales con operaciones de minería de bitcoines que aprovechen los recursos naturales”. Por lo expuesto, queda claro que ni los salvadoreños ni los recursos naturales se encuentran entre las prioridades de la lógica del negocio trasnacional.
Sin embargo, el presidente y su equipo de gobierno defienden la nueva ley con uñas y dientes. Entre las principales ventajas señalan que alrededor del 70% de la población no tiene cuenta bancaria y trabaja en la economía informal, por lo que las criptomonedas podrían mejorar su inclusión financiera. ¿No sería más importante trabajar denodadamente para poder general un sistema financiero y laboral inclusivo? ¿O mismo desarrollar la infraestructura necesaria para que el 55% de la población salvadoreña excluida de la tecnología, pueda acceder a internet?
Por otro lado, el mandatario sostiene que el uso de la criptomoneda conllevaría a que el recibir remesas del exterior será más rápido y barato, pudiendo de este modo liberar a la nación, ya endeudada, del control del sistema financiero global tradicional. Es que las comisiones de intermediarios en las remesas que se reciben del extranjero – las cuales representan un sustento vital de la economía salvadoreña al suponer cerca del 16% de su PBI, unos 6.000 millones de dólares en el 2020 – ascienden hasta un 30% del dinero enviado.
Ahora bien, ¿es necesario una réplica más de la ‘teoría de la dependencia’, la cual sabemos que siempre termina beneficiando los intereses de la metrópoli – en este caso a través de la mano de obra a precio vil -, en detrimento de una población emigrante que trabaja a destajo y su contraparte, familias pauperizadas en un país que no brinda respuestas, y que solo se dedican a esperar sedientas las remesas a fin de mes? ¿No sería más sencillo y sustentable generar un proceso de crecimiento económico con inclusión social y desarrollo industrial de alta tecnología? ¿No sería mejor lograr la tan mentada justicia social, para que no les sea necesario a los salvadoreños tener que buscar otros horizontes? ¿Por qué no se piensa en lograr una educación de excelencia para todos, la cual permitiría desarrollar el bien más importante que puede tener cualquier nación, que es el capital humano pensante para producir bienes y servicios que mejoren la calidad de vida de toda la sociedad?
La respuesta es no. Demasiados intereses creados para con el beneficio de una minúscula elite local, siempre bien acompañada de empresarios trasnacionales que desean ambiciosamente generar grandes negocios de alta rentabilidad financiera y poco desarrollo socio-económico endógeno. Por eso parece irracional que el presidente Bukele sostenga que los salvadoreños deban romper los paradigmas del pasado, ya que “El Salvador tiene derecho a avanzar hacia el primer mundo”. Ahora me pregunto, si ningún país del primer mundo utiliza el Bitcoin como moneda de curso legal, ¿por qué El Salvador debe hacerlo? ¿Por qué, de una vez por todas, en vez de ser el conejillo de indias bananero tercermundista, no intenta copiar lo positivo que se ha hecho en otras latitudes? Siga, siga.
“Parece que, para ellos, El Salvador solo es una herramienta para promover sus criptomonedas. El Salvador no solo es un medio para un fin; para nosotros, El Salvador es el fin”, sostuvo con razón Tatiana Marroquín, una reconocida economista salvadoreña. Es que mientras el show del Bitcoin continúa, los índices de desarrollo humano de El Salvador son de los peores del continente, lamentablemente similarmente cercanos al desesperante vecino Haití. Pero ello poco importa, ¡ahora tenemos la criptomoneda como moneda de curso legal!, gritan victoriosos el presidente salvadoreño y sus adalides aplaudidores de siempre. En fin, como dice el viejo dicho popular: todo cambia, para que nada cambie.
Pablo Kornblum 