Bella Ciao, tras 74 años Alitalia dejó de existir

Pablo Kornblum para Ámbito Financiero 24/10/2021

https://www.ambito.com/opiniones/italia/bella-ciao-74-anos-al-dejo-existir-n5303676

Después de 74 años y varios rescates que no consiguieron mantenerla a flote, Alitalia dejó de existir. A partir del próximo mes de Noviembre la reemplazará una nueva aerolínea, ITA (Italia Transporte Aéreo), compañía 100% del Estado Italiano – aunque bajo el ojo atento de la Unión Europea – , la cual contará con una flota de 52 aviones – prometieron 105 para 2025 – y cerca de 3.000 empleados – se elevará hasta los 5.700 en 2025 – de los 11.000 que había hasta su reciente disolución. A ello debe adicionarse el compromiso del Gobierno Italiano ante Bruselas de no inyectar más de 1.350 millones de euros hasta 2023; entre los cuales 700 millones se destinarán en lo que resta de 2021.

Más allá de lo expuesto, el punto más saliente del ‘renacimiento’ se relaciona con el hecho de que entre la antigua compañía y la nueva hay una total ‘discontinuidad económica’; lo que implica que ITA no heredará las deudas de Alitalia. Una ‘limpieza’ que pueda llevar a la interpretación de la psiquis sociológica como ‘el fin de una era de malas elecciones’. Una especie de convertibilidad luego de la hiperinflación de la última etapa del gobierno de Alfonsín: en aquel momento fue un cambio de denominación monetaria, quita de ceros, y cambio de modelo; para la actual nueva aerolínea italiana, una reconstrucción con otros modos, otras formas de hacer las cosas.

Recapitulando, termina una historia con unas primeras décadas exitosas, a las que luego le prosiguieron continuos fracasos en la gestión que han llevado a casi tres décadas de nulos beneficios. Muchos son los italianos que añoraban los últimos tiempos ‘La edad de oro de Alitalia’, contemporánea a los ‘30 años gloriosos del capitalismo’ posteriores a la Segunda Guerra Mundial: aquellos años en donde la reconstrucción, de la mano de un Estado de Bienestar, provocaron un boom económico en Italia que permitió que las familias pudieran por fin permitirse volar a lugares más allá de su terruño.

Pero ello no era todo: Italia era un país vencido que se recuperaba de las heridas de guerra. Y Alitalia llegó a representar la esperanza colectiva bajo la cual se transmitía un sentimiento de pertenencia: tener una compañía aérea estatal era una necesidad, un icono de orgullo nacional y patriotismo.

Pero todo ello ha cambiado en los últimos 30 años. A principios de los años 90’ comenzaron los problemas económicos que derivaron en procesos de privatización internacional por parte de otras compañías aéreas (Air France – KLM, Etihad Airways de Emiratos Árabes Unidos), capitalización a través de consorcios nacionales privados (Benetton) y nacionales (Correos Italianos y Ferrovie dello Stato, la empresa ferroviaria estatal) y, por supuesto, financiamiento por parte de los sucesivos gobiernos italianos (un salvataje de 1.800 millones en 2020, entre tantos otros que se realizaron previamente).

¿Cómo se llegó a este punto? Una racionalidad sin análisis exhaustivo, le ha dado a los neoliberales ‘letra suficiente’ para determinar responsabilidades y llegar al corazón del ciudadano medio: “Los contribuyentes italianos ya han tenido que gastar decenas de miles de millones de euros para mantener a flote una compañía muy mal administrada. Alitalia ha acumulado unas pérdidas de 11.400 millones de euros entre 2000 y 2020”. Difícil contrarrestar esta discursiva sin una explicación profunda, la cual seguramente quede empantanada en los medios hegemónicos y no llegará nunca con la claridad suficientemente requerida a una sociedad anestesiada y desesperanzada.

Más allá de ello, cuando se desmenuza la dinámica histórica nos encontramos con una compañía no ha sabido adaptarse a la liberalización del mercado de la aviación que se produjo en Europa en la década del 1990’ – preludio de la profundización globalizadora con rostro oriental – y la consiguiente competencia que ello implicaba. En este sentido, Alitalia mostró poca resiliencia ante la llegada de las eficientes compañías de bajo costo – con tripulaciones más pequeñas, menores revisiones técnicas, y ofrecimiento de tarifas más competitivas -, los sindicatos que pugnaban por derechos contraproducentes para con el nuevo escenario de salarios a la baja, el lobby que implicó la potenciación del sistema de ferrocarriles italianos y europeos en general, y las presiones políticas de diversos partidos para tomar a la empresa como ‘bandera propia’ y mantenerla a flote a pesar de sus graves dificultades financieras estructurales.

Por supuesto, aunque no sea lo que más se menciona por lo refractario que implica asumir responsabilidades, hay que adicionarle la inoperancia, la corrupción, y la imposibilidad de Alitalia de desacoplarse a una macroeconomía italiana y europea aletargada, rezagada ante los mercados de la ‘alta productividad’ y aquellos ‘bendecidos con recursos estratégicos’. Mientras gran parte de Asia, Oceanía, África y América Latina han dado cuenta de ello, una Italia atrasada no puede terminar de lidiar con una gran crisis endógena propia de las heterogeneidades intrínsecas y los descalabros económicos y sociales derivados de una sucesión de gobiernos sobrepasados e incapacitados para dar respuestas coherentes y superadoras.

La consecuencia más visible es mostrar a aquellos que se encuentran del otro lado del mostrador, el hilo más delgado de este drama macro que se transforma en un trauma micro: los trabajadores de la compañía. Tal como lo expresara una empleada con 25 años de experiencia: “Nos hemos encontrado sin trabajo de un día para el otro; no tenemos edad para la jubilación y no sabemos qué haremos. Somos padres y madres de familia y existe miedo al futuro”. Inseguridad, inestabilidad, temor. Un capitalismo líquido siglo XXI bajo el cual, mientras unos pocos lo observan como la bendición de la frugalidad, la inmediatez, y la capacidad de adaptación al cambio, otros lo sufren como el fin de una vida de sustentabilidad económica y el pavor a perderlo todo; a caer empinadamente en su estatus social-económico ganado bajo una vida de trabajo en la aerolínea de bandera nacional.

En definitiva, la caída de Alitalia es un símbolo de la dificultad histórica e innata de Italia para hacer frente a la globalización y a la creciente competencia, como así también la ineficiencia e ineficacia de todos los actores involucrados que privilegiaron un negocio languideciente pero propio, antes que intentar potenciar el beneficio colectivo bajo una rentabilidad sustentable.

‘Adiós bella Alitalia” podríamos decir, haciendo honor a la afamada canción de resistencia antifascista. Aunque en este caso, la mejor manera de batir la nostalgia es generar un contexto donde la experiencia les sirva a los italianos para no volver a cometer los mismos errores; un “Renacer para no morir”, que permita dar un impulso sostenible en el tiempo. Y, en el mientras tanto, tomemos nota por nuestros lares ya que, de errores y malversación, tenemos sobrada experiencia. 

Son los monopolios sin regulación, estúpido.

Pablo Kornblum para Ámbito Financiero, 8/10/2021

https://www.ambito.com/opiniones/china/el-colapso-evergrande-son-los-monopolios-regulacion-estupido-n5295936

Evergrande es el segundo desarrollador inmobiliario más importante de China y miembro del Global 500, lo que significa que también es una de las empresas más grandes del mundo por ingresos. Además cotiza en la bolsa de Hong Kong, emplea a unas 200.000 personas (3.800.000 de forma indirecta), y posee más de 1.300 proyectos en 280 ciudades en China. Fuera del sector de Retail, Evergrande ha invertido en otras industrias: vehículos eléctricos, parques deportivos y temáticos, negocios de alimentos y bebidas; hasta posee un equipo de fútbol, el Guangzhou Evergrande.

Sin embargo, solicitando prestamos de forma descontrolada, Evergrande alcanzó un pasivo de 305.000 millones de dólares (el 2% del PBI chino), por lo que algunos días atrás la compañía debió desprenderse de casi el 20% de las acciones que poseía del banco comercial Shengjing Bank, las cuales fueron vendidas a un conglomerado de propiedad estatal por 1.545 millones de dólares. La razón es simple: el gobierno chino utilizó las herramientas económicas a su disposición para evitar el colapso de la empresa. Es que si algo realmente dramático le ocurre a Evergrande, la prima de riesgo de la deuda de otros desarrolladores será mucho mayor, creando un lastre productivo y financiero para el sector que podría generar derivaciones inusitadas. Por ende, el Partido Comunista debió realizar una tarea quirúrgica para no mostrarse como el gran hermano salvador, pero tampoco dio cuenta de señales de ‘debilidad gubernamental’ que podrían haberse interpretado como incapacidad o falta de voluntad para el rescate.

Beijing sabe que no puede arriesgarse a jugar con fuego y ha trabajado para frenar cualquier efecto rebote: el banco central se comprometió a proteger a los consumidores expuestos al mercado de la vivienda y ya inyectó 17.000 millones de dólares netos en el sistema financiero. En este sentido, serán los accionistas y prestamistas, tenedores de bonos en general, quienes lleven las grandes pérdidas; pero quedó más que claro que el gobierno se asegurará de que las más de un millón de casas y departamentos pre-vendidos sean entregados a sus compradores. Por otro lado, el gobierno tomará ‘por asalto’ el directorio: seguramente reorganizará Evergrande en varias unidades para poder vender algunas y dinamizar productivamente otras – lo que permitirá hacerse de liquidez y llevar a cabo los procesos productivos que continuarán de manera eficiente y eficaz -, con el objetivo de reducir los pasivos y cumplir con los compromisos financieros y productivos asumidos.

Por el contrario, cabe destacar que es poco probable que el gobierno central intervenga directamente para resolver la crisis en forma de rescate: sería un ‘mal precedente’ para otras empresas que se han dedicado a potenciar el círculo vicioso del endeudamiento traccionado por promesas ejecutivas de imposible cumplimiento. Esto se ve más claramente reflejado en el reciente lanzamiento de la agenda de política interna de Xi Jimping centrada en la ‘prosperidad común’, un eje central en su apuesta por lograr un tercer mandato como jefe del partido comunista chino a partir de finales de 2022. Por ende, el rescate de Evergrande no encaja con la visión de una sociedad más equitativa, donde las viviendas son vistas como bienes sociales en lugar de propiedades de inversión.

Es que la realidad indica que las facturas pendientes con miles de proveedores, como así también los cientos de miles de usuarios estafados, forman parte de un sector sobre-endeudado en un país que en los últimos años ha sido unan especie de incubadora de burbujas que el gobierno de Beijing no supo, o probablemente no quiso, obstaculizar para lograr el todavía tan ‘necesario crecimiento económico’ que los chinos consideran vital para sus aspiraciones como primer potencia global en el mediano plazo. Por lo tanto, como la economía se vería afectada si el sector inmobiliario se desacelerara drásticamente, lo más probable es que otro conglomerado tomé la posta; más controlado, más cuidado, pero con el mismo objetivo y la misma potencia que Evergrande.

Finalmente, en términos sistémicos es importante resaltar que Evergrande está lejos de desatar un pánico financiero global al estilo de Lehman Brothers, dado que no solo los pasivos financieros afectados son simplemente demasiado pequeños y se encuentran difusamente repartidos como para suponer una amenaza a escala mundial, sino que además el sistema financiero chino todavía no se encuentra muy vinculado al exterior – con una cuenta de capitales bastante intrincada (para no decir cerrada) -, lo que implica que el contagio de una eventual crisis bancaria hacia el resto de las regiones sería muy limitada. ¿Se podría hacer una analogía con la Argentina en la crisis global de 2008/2009? Otro contexto y diferente eje, pero evidentemente el alejamiento de los mercados financieros para con nuestro país – y viceversa -, conllevó a que, en ambos casos, las turbulencias del tercero sean suavizadas.   

Para concluir, lo expuesto nos conlleva a reflexionar que el objetivo regulatorio debería tender a reducir el riesgo moral; lo que permitiría esperar que las corporaciones de magnitud asuman a futuro una mayor responsabilidad por sus decisiones de inversión, sin pretender que los gobiernos proporcionen automáticamente los rescates. ¿Era necesario llegar a esta situación? La respuesta tajante, radical, sería pedirle al gobierno chino que desempolve los libros marxistas que tanto resaltan para dejarle el monopolio de la producción al Estado, evitando las ‘infames decisiones sin ética e individualistas del capital privado’. ¿Y si probamos con un capitalismo competitivo? Demasiado difícil para un mundo que exige resultados y acumulación desmedida a una velocidad sin precedentes.

Hacer equilibrio, lograr alcanzar el balance adecuado y plausible, pareciera ser la respuesta más racional que busca denodadamente el Bureau del Partido Comunista. Como así también la mayoría de los gobiernos del mundo, que hacen malabares ante un complejo escenario global donde las pujas de intereses y las miserias provenientes de la inequidad reinan embebidas en los siete pecados capitales. Lo único seguro, parafraseando al entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, es un sincero e históricamente probado “Son los monopolios sin regulación, estúpido”.

Cambiar todo para que nada cambie

Pablo Kornblum para Ámbito Financiero 26-9-2021

https://www.ambito.com/opiniones/criptomonedas/cambiar-todo-que-nada-cambie-el-futuro-del-bitcoin-el-salvador-n5286329

Cumpliendo lo anunciado el mes de Junio próximo pasado, y luego de que la Asamblea Legislativa aprobara en formato exprés la llamada Ley Bitcoin – por supuesto de mayoría oficialista -, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar la criptomoneda como divisa de curso legal, la cual podrá utilizarse en paralelo al dólar estadounidense, también moneda aceptada en el país desde el año 2001.

Como primera medida, el gobierno le dará a los residentes 30 dólares en Bitcoins con la descarga de la aplicación “Chivo Wallet”, una billetera digital administrada por el Estado y creada para incentivar a los ciudadanos a probar los pagos criptográficos. Como contraparte, las empresas y los negocios están obligados, en la medida de lo posible – y aquí tenemos ya un primer ‘gris’ sobre la capacidad de sistema de absorber la potencial demanda -, a aceptar las controvertidas monedas digitales como forma de pago.

La principal crítica al proyecto es, sin lugar a duda, la gran volatilidad que caracteriza al Bitcoin. “Tener este riesgo en el tipo de cambio es lo que se quería evitar cuando El Salvador adoptó el dólar”, mencionan algunos economistas recurriendo, nada más y nada menos, que a la propia evidencia empírica histórica. Sin ir tan lejos atrás en el tiempo, la criptomoneda pasó de costar alrededor de 10.000 dólares en septiembre de 2020, hasta tocar un máximo de 63.000 dólares en abril de 2021, para luego caer a 30.000 dólares en julio de este año, y acabar en la actualidad en torno a los 52.000 dólares. Es entonces más que razonable el miedo a que esta gran fluctuación fomente ataques especulativos que conlleven a un caos en el sistema monetario salvadoreño y, subsecuentemente, que se vea afectado el valor de los ahorros, las jubilaciones o los salarios.

Entendiendo este lógico ‘temor popular’, para evitar que la población vea comprometido su poder adquisitivo el gobierno anunció la creación de un fideicomiso de 150 millones de dólares en el Banco de Desarrollo del país, el cual funcionará para canjear de manera automática los Bitcoins de los salvadoreños que así lo deseen. No es necesario hilar fino para entender que es una falacia afirmar que el riesgo cambiario lo asumirá el gobierno y no el pueblo: solo para comenzar con un análisis básico, podemos comprender que el Estado se financia con impuestos pagados por la ciudadanía, los cuales deberán sostener el fideicomiso bajo un círculo que ojalá – aunque difícilmente – sea siempre virtuoso.

Por el contrario, producción, consumo y exportaciones, deberían ser la respuesta para generar un modelo medianamente razonable, lejos de lo que se está viviendo en la actualidad: un símil deja vú de convertibilidad cavallista con un resultado ya conocido, el vaciamiento de las arcas del tesoro ante un ‘par de corriditas’ por parte de las elites domésticas y los ricos financistas del primer mundo. Ahora pregunto, ¿Ante esta situación y con la experiencia de décadas a cuesta en tantas latitudes, aceptará el Fondo Monetario Internacional brindarle igualmente la prometida ayuda económica de 1.400 millones de dólares al país centroamericano? Apuesto que sí, simplemente porque así lo indica la historia: no se debe cortar la rueda, el negocio que implica mantener el elefante blanco que es la propia institución, ni por supuesto los intereses de las potencias financistas acreedoras.  

Por otro lado, la fiesta neoliberal que ya representan las criptomonedas per se – podríamos denominarlo Neoliberalismo 4.0 -, se potencian en un país atado a las directrices del ‘Consenso de Washington’; reminiscencias de un modelo que seduce a los gobiernos subdesarrollados, donde las elites concentradas no quieren dar el brazo a torcer ante los reclamos de mayor equidad distributiva. Por lo tanto, no sorprende que el tipo de cambio entre el Bitcoin y el dólar se encontrará a futuro establecido ‘libremente por el mercado’, ni que tampoco la criptomoneda será sujeta a impuestos sobre las ganancias de capital. Si a ello le sumamos que, más allá de la Ley Bitcoin, El Salvador ya era previamente uno de los pocos países del mundo sin impuestos a la propiedad, los inversos internacionales se encuentran más que atraídos, agradecidos.

A lo expuesto debemos adicionarle los riesgos regulatorios, lo que incluye la posibilidad de violar leyes, como podría ser el blanqueo de capitales espurios, o la misma nunca mal ponderada ‘financiación del terrorismo’. Ni que hablar de la propia corrupción que sostiene el lavado de dinero, ya que rastrear las transacciones de Bitcoin es mucho más complejo que el dinero que queda controlado dentro del sistema financiero tradicional.

Y si además de incluir el impacto medio ambiental de las criptomonedas – dado que el proceso de “minar” utiliza gigantescos servidores que no cesan de trabajar y consumen más energía que muchos países del mundo -, le agregamos los impactos indirectos en el consumo/precio de la electricidad, tenemos un combo completo de racionalidad macroeconómico para, al menos, poner sobre el tapete, en la ‘picota’ de la discusión internacional, los efectos adversos de la ley. 

Pero claro, todo es político – y ello se antepone a la economía -, por lo tanto no es de extrañar que la ejecución del proyecto se haya homogenizado temporalmente con la dudosa interpretación de la Carta Magna del Tribunal Constitucional Supremo del país, donde se permitió aprobar la reelección presidencial consecutiva de Nayib Bukele. No debe sorprendernos porque este tipo de medidas ha sido habitual en tantos gobiernos del mundo a lo largo de la historia: era necesario un proceso de distracción para hacer pasar, como una ‘brisa de verano’, titánica medida.

Ello se refuerza con claridad cuando la ciudadanía salvadoreña se enteró de la ‘Ley Bitcoin’ tras el anuncio de Bukele, en inglés, en una conferencia de Bitcoin en Miami. Con estas decisiones no queda claro si gobierna para el Salvador o para los negociados con socios extranjeros. Y ello se desenmascara aún más cuando el unicornio de criptomonedas BitGo, fue el seleccionado para proporcionar la interfaz de programación de aplicaciones y la plataforma de seguridad de Chivo Wallet, lo que convierte a la startup con sede en Palo Alto, California, en el proveedor exclusivo de la billetera digital, bajo un acuerdo, cuyos términos financieros no fueron revelados, con el banco central de El Salvador.

Más aún, para los aliados foráneos no quedan dudas de la factibilidad y rentabilidad del negocio. Matthew Sigel, jefe de investigación la firma global de gestión de activos digitales VanEck, lo explica con claridad: “las criptomonedas pueden ayudar a que El Salvador se libere del yugo del colonialismo del dólar, implementando métodos creativos de inversión que eludan los canales tradicionales con operaciones de minería de bitcoines que aprovechen los recursos naturales”. Por lo expuesto, queda claro que ni los salvadoreños ni los recursos naturales se encuentran entre las prioridades de la lógica del negocio trasnacional.

Sin embargo, el presidente y su equipo de gobierno defienden la nueva ley con uñas y dientes. Entre las principales ventajas señalan que alrededor del 70% de la población no tiene cuenta bancaria y trabaja en la economía informal, por lo que las criptomonedas podrían mejorar su inclusión financiera. ¿No sería más importante trabajar denodadamente para poder general un sistema financiero y laboral inclusivo? ¿O mismo desarrollar la infraestructura necesaria para que el 55% de la población salvadoreña excluida de la tecnología, pueda acceder a internet?

Por otro lado, el mandatario sostiene que el uso de la criptomoneda conllevaría a que el recibir remesas del exterior será más rápido y barato, pudiendo de este modo liberar a la nación, ya endeudada, del control del sistema financiero global tradicional. Es que las comisiones de intermediarios en las remesas que se reciben del extranjero – las cuales representan un sustento vital de la economía salvadoreña al suponer cerca del 16% de su PBI, unos 6.000 millones de dólares en el 2020 – ascienden hasta un 30% del dinero enviado.

Ahora bien, ¿es necesario una réplica más de la ‘teoría de la dependencia’, la cual sabemos que siempre termina beneficiando los intereses de la metrópoli – en este caso a través de la mano de obra a precio vil -, en detrimento de una población emigrante que trabaja a destajo y su contraparte, familias pauperizadas en un país que no brinda respuestas, y que solo se dedican a esperar sedientas las remesas a fin de mes? ¿No sería más sencillo y sustentable generar un proceso de crecimiento económico con inclusión social y desarrollo industrial de alta tecnología? ¿No sería mejor lograr la tan mentada justicia social, para que no les sea necesario a los salvadoreños tener que buscar otros horizontes? ¿Por qué no se piensa en lograr una educación de excelencia para todos, la cual permitiría desarrollar el bien más importante que puede tener cualquier nación, que es el capital humano pensante para producir bienes y servicios que mejoren la calidad de vida de toda la sociedad?

La respuesta es no. Demasiados intereses creados para con el beneficio de una minúscula elite local, siempre bien acompañada de empresarios trasnacionales que desean ambiciosamente generar grandes negocios de alta rentabilidad financiera y poco desarrollo socio-económico endógeno. Por eso parece irracional que el presidente Bukele sostenga que los salvadoreños deban romper los paradigmas del pasado, ya que “El Salvador tiene derecho a avanzar hacia el primer mundo”. Ahora me pregunto, si ningún país del primer mundo utiliza el Bitcoin como moneda de curso legal, ¿por qué El Salvador debe hacerlo? ¿Por qué, de una vez por todas, en vez de ser el conejillo de indias bananero tercermundista, no intenta copiar lo positivo que se ha hecho en otras latitudes? Siga, siga.

“Parece que, para ellos, El Salvador solo es una herramienta para promover sus criptomonedas. El Salvador no solo es un medio para un fin; para nosotros, El Salvador es el fin”, sostuvo con razón Tatiana Marroquín, una reconocida economista salvadoreña. Es que mientras el show del Bitcoin continúa, los índices de desarrollo humano de El Salvador son de los peores del continente, lamentablemente similarmente cercanos al desesperante vecino Haití. Pero ello poco importa, ¡ahora tenemos la criptomoneda como moneda de curso legal!, gritan victoriosos el presidente  salvadoreño y sus adalides aplaudidores de siempre. En fin, como dice el viejo dicho popular: todo cambia, para que nada cambie.

El cambio climático, el talibán y las miserias estructurales que prevalecen

Pablo Kornblum para Ámbito Financiero, 05-9-21

https://www.ambito.com/opiniones/cambio-climatico/el-el-taliban-y-las-miserias-estructurales-que-prevalecen-n5269925

En la década de 1820, el matemático francés Fourier advirtió que algo, que no podía determinar con precisión, estaba elevando la temperatura de la Tierra. Pero como todo es una cuestión de poder y riqueza, la situación no llamó la atención a nivel global hasta que en 1965 el entonces presidente estadounidense, Lyndon Johnson, sostuvo en un discurso que “esta generación ha alterado la composición de la atmósfera a una escala global; ello se ha dado a través de un incremento en el dióxido de carbono obtenido por la quema de combustibles fósiles”. Dos décadas más tarde, más precisamente en 1988, Margaret Thatcher, entonces Primer Ministro del Reino Unido, hizo un primer llamamiento mundial para luchar con este flagelo: “El problema del cambio climático global nos afecta a todos y las acciones sólo serán efectivas si se toman internacionalmente. No es fructífero comenzar una riña sobre quién es el responsable o quién debería pagar por ello”.

Ni los discursos ni los datos duros torcieron un ‘destino manifiesto’. Ese destino en el cual la necesidad de producir más para ganar más y satisfacer un insaciable consumo, se transformó en el eje rector de nuestra era. Por ende, no puede sorprendernos que la crisis climática causada por el hombre sea la responsable de que la temperatura promedio global se incremente en torno a los 1,5ºC en la década de 2030, varios años antes de lo pronosticado hasta el momento, según un informe que publicó el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU. Esta es la advertencia más dura hasta el momento sobre la velocidad y la escala del calentamiento planetario.

¿Qué significa esto? Si se toman en cuenta los impactos, la Tierra donde vivirán nuestros descendientes sufrirá mayores sequías, alza de los niveles del mar con riesgo para ciudades costeras, desarrollo de ecosistemas más frágiles, y graves efectos económicos para actividades como la agricultura y la ganadería. “La vida en la Tierra puede superar un cambio climático de envergadura evolucionando hacia nuevas especies y creando nuevos ecosistemas. Pero la humanidad no puede”, sostiene el resumen técnico del informe. 

Sin embargo, algunos miembros de la Elite global se encuentran obsesionados con la idea de no asustar, obviando hablar de una ‘dudosa’ crisis climática. O naturalizarla, quitándole la responsabilidad que le cabe al hombre: no por nada la naturaleza aparece bajo sus premisas teóricas como un ‘regalo para los procesos capitalistas de acumulación de riqueza’. “Lo peor es cuando no queremos afrontar la realidad y le restamos importancia a las cosas, diciendo ‘todo va a ir bien, no te preocupes’ o ‘estamos haciendo todo lo que podemos’, cuando muchos sabemos que ello no es cierto. Hay que dejar algo en claro: no hay vacuna milagrosa para el cambio climático”, sostuvo en la presentación del informe Inger Andersen, Directora Ejecutiva del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

Evitar un desastre climático exige cambios en nuestra forma de consumir, de producir energía, en nuestros sistemas de transporte. Y debemos asegurar al mismo tiempo que nuestros ecosistemas permanezcan intactos para continuar absorbiendo el carbono que emitimos. Pero sobre todo, se deben hacer negocios de otra forma, donde los grandes emisores de contaminantes acepten que existirá una pérdida económica que no podrán recompensar en sus balances. Difícil: requiere de mucho altruismo, especialmente de los poderosos, aquellos actores estatales y no estatales que compiten entre ellos por la supremacía del poder global  – el G-7 implica el 26% y el G-20 el 78% de las emisiones contaminantes globales -. ¿Su justificación? El hacer lugar al bienestar colectivo podría determinar su descenso en la fase más álgida del realismo en las relaciones internacionales.

Por otro lado, el primer período de los talibanes en el poder en la segunda mitad de la década de 1990’, estuvo marcado por medidas brutales contra las mujeres como decapitaciones, lapidaciones, o la imposición para que utilicen el burka cada vez que se encontraran en la vía pública. Tampoco podían salir a la calle, a menos de que fueran acompañadas por un hombre de su familia. Después de que fueran derrocados, las mujeres afganas lograron avances significativos: solo para citar un ejemplo en términos institucionales, por primera vez las mujeres ocuparon altos cargos en la administración como ministras, alcaldesas, juezas y oficiales de policía.

Ahora, como diría el tan conocido eslogan político local, los talibanes sostienen que ‘volvieron mejores’. Sin embargo, no pareciera que realizaran un mea culpa que derive en cambios estructurales y superadores; sin ir más lejos, apenas tomaron el poder en Kabul hace solo unas semanas, no solo afirmaron que permitirán a las mujeres trabajar y estudiar “solo dentro del marco de la ley islámica”, sino que el acompañamiento de un tutor masculino “solo se aplicará a viajes de tres días o más”.

En tamiz con aroma de suavizante occidental, el vocero de los talibanes sostuvo además que “nuestras mujeres son musulmanas y también estarán contentas de vivir bajo la sharía. Esperamos poder persuadir a la gente para que no haga lo debido, en lugar de presionarla”. Y luego añadió: “Estados Unidos y otros países occidentales no deberían interferir en nuestro país y sacar nuestros recursos humanos: médicos, profesores y otras personas que necesitamos aquí. En Estados Unidos podrían convertirse en lavaplatos o cocineros. Y ello es inhumano”.

Por supuesto, sus palabras se diluyen como arena entre los dedos al no existir elementos técnicos para evaluar racionalmente bajo qué muestra las mujeres mostraron su conformidad a vivir bajo el dogma talibán; tampoco cómo se puede hablar de acciones inhumanas en términos de calidad vida cuando se condena a la mujer, por el solo hecho de ser mujer, a las más denigrantes de las servidumbres. Una aberración que, a esta altura del siglo XXI, excede cualquier tipo de análisis cultural, étnico, religioso, o moral.

La que se puede concluir de los dos conceptos vertidos es que los temas de relevancia trascendental, aquellos que hablan del cuidado de nuestro planeta, nuestro hogar, como así también el valorar la vida humana como acto de amor supremo, donde la libertad y el desarrollo del deseo, el ocio, el aprendizaje sean derechos plenos y no un hecho fortuito del destino, quedan subsumidos ante la ambición y los intereses particulares de quienes buscan a como sea más poder y riqueza.

Nos encontramos entonces con una desigualdad, una desidia, una lógica de la acumulación desmedida, arraigada en aquellos que nada les interesa cambiar, pero que utilizan todas sus herramientas para difundir mensajes confusos que obstaculizan las posibilidades de quienes quieren demostrar que un cambio es posible: aquellos que pueden arrastrar a las masas a salir de su anestesia para poder vislumbrar, con mayor claridad, que no podemos seguir mirando para otro lado, taparnos los ojos, para dejar que el statu-quo siga triunfando para con el beneficio cortoplacista de unos pocos. Esos que piensan en una economía ilimitada dentro de un planeta limitado. Los que naturalizan el todos contra todos, el pobre contra el pobre, el hombre como propio lobo del hombre. Los que aceptan cualquier tipo de vejaciones a los derechos humanos porque ‘siempre fue así’, o porque ‘allá lejos es lo normal’.

La realidad es que tenemos un presente sombrío, donde lo único que se resalta es la carencia de valores. Del miedo al cambio, de aferrarse a la diplomacia ‘por las dudas’. De esperar que, como diría Don Julio, ‘todo pase’.

Podemos no verlo, y no siempre es nuestra culpa. Pero si lo sabemos, y lo entendemos, tenemos que involucrarnos de alguna manera. Con el voto, o como sea. Y si no nos interesa, pensemos en los más jóvenes. Ellos heredarán nuestro desastre y, a futuro, seguramente no serán tan pusilánimes como nosotros y pedirán que rindamos cuenta ante la destrucción de su mundo, ante la carencia de valores. Si no nos importa nuestra vida, nuestra aceptación de las miserias con los cuales convivimos y hacemos oídos sordos, aunque sea hagámoslos por nuestros hijos y nietos: tengamos un poco de empatía, un poco de altruismo, y dejemos una mejor humanidad para todos. Con un planeta sustentable y recordando a los talibanes como parte de un mal trago de la historia.  

El delicado negocio del espionaje

Por Pablo Kornblum para Ámbito Financiero

https://www.ambito.com/opiniones/gobiernos/el-delicado-negocio-del-espionaje-n5241251

A lo largo de los últimos años, los gobiernos de todo el mundo han pasado a recopilar información utilizando la más alta tecnología. En el pasado reciente, empresas privadas como NSO Group, FinFisher y Hacking Team, desarrollaron herramientas de software espía para venderlos a los gobiernos, quienes al día de hoy se han inclinado por una estrategia más de “golpe y fuga” para evitar la detección: infectan los teléfonos, filtran y exportan los datos, y salen rápidamente del dispositivo.

Es por ello que no sorprende que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el de México, Andrés Manuel López Obrador, el rey de Marruecos, Mohamed VI, y el primer ministro de Pakistán, Imran Khan, figuren en la lista de objetivos de Pegasus, el programa israelí que se instala en un teléfono celular para recuperar mensajes, fotos y contactos; pero que también permite activar micrófonos y cámaras a distancia. Más aún: se cree que hay una lista de 50.000 números de teléfonos de gobiernos que espiaron desde activistas sociales y de derechos humanos, pasando por periodistas, hasta incluso ejecutivos de empresas y políticos de todo el mundo.

Para empezar, hay que dejar algo en claro: el software desarrollado por la empresa israelí NSO no sirve para proteger sino para infiltrarse en sistemas informáticos; por ende, se considera un producto de cyberseguridad ofensivo. O sea, para tareas de espionaje. Todo sin  ningún marco normativo de protección.

¿La excusa discursiva? Métodos supuestamente “excepcionales de defensa” para la “seguridad nacional”. La misma empresa NSO expresa a viva voz que “crea tecnología que ayuda a las agencias gubernamentales a investigar para prevenir el terrorismo y el crimen para salvar miles de vidas en todo el mundo”. Por el contrario, desde Amnistía Internacional aseguraron que Pegasus se utilizó para “facilitar las violaciones de derechos humanos a gran escala en todo el mundo”. Más aún, el diario francés Le Monde denunció en un editorial que “no son los grupos terroristas o criminales los que aparecen principalmente en la listas de infiltrados por Pegasus”.

Ejemplos sobran. El programa fue usado en el año 2018 por el emir de Dubai, el jeque Mohammed bin Rashid al-Maktoum, para perseguir a su hija Latifa; gracias a Pegasus, pudo evitar que escape del Emirato. Por otro lado, el gobierno de Viktor Orbán parece haber desplegado la tecnología de NSO como parte de su supuesta guerra contra los medios, apuntando a periodistas de investigación húngaros. En Azerbaiyán, el presidente Ilham Aliyev tolera poco la disidencia, especialmente la que proviene de los activistas de derechos humanos; solo para citar un ejemplo, en variadas ocasiones ha utilizado el programa para obtener material sexual comprometedor de mujeres opositoras.

Cabe aclarar que Pegasus no es el único programa de espionaje. En junio de 2021, la empresa francesa Amesys fue acusada de “complicidad en actos de tortura” por haberle vendido su software espía a Libia entre 2007 y 2011. Según los demandantes, en ese caso la información obtenida a través de la vigilancia digital se utilizó para identificar y perseguir a los opositores del depuesto dictador Muammar Gaddafi, los cuales posteriormente fueron torturados en prisión. Y así podríamos continuar.

Pero claro, ponerle un coto a esta industria no es sencillo. Por un lado, nos encontramos siempre en una ‘zona gris’ de responsabilidades. Por ejemplo, desde NSO sostienen que: “no operamos los sistemas que vendemos a clientes gubernamentales, ni tampoco tenemos acceso a los datos de los objetivos de ellos. Igualmente, investigamos todas las denuncias creíbles de uso indebido y tomamos siempre las medidas apropiadas”. Además, sostienen que ‘correlación’ no es lo mismo que ‘causalidad’; por ende, los clientes pueden obtener información de diversas formas que no tienen por qué ver con Pegasus.

A nivel estatal, el Estado de Israel aprueba la exportación de productos cibernéticos exclusivamente a entidades gubernamentales para su uso legal, y solo con el propósito de prevenir e investigar delitos y realizar tareas contra el terrorismo, bajo certificados proporcionados por el gobierno que hace la compra. Y en cuanto a los países adquisidores del programa, ellos suelen desligarse o desconocen cualquier tipo de situación vinculada a causas de espionaje. Por ejemplo, Vincent Biruta, Ministro de Asuntos Exteriores de Ruanda, negó las acusaciones contra su país por el uso de Pegasus. “Ruanda no utiliza este sistema de software, como se confirmó previamente en noviembre de 2019, y no posee esta capacidad técnica de ninguna forma. Estas acusaciones falsas forman parte de una campaña para causar tensiones entre Ruanda y otros países; como así también para sembrar desinformación sobre Ruanda a nivel nacional e internacional”.

Por otro lado, como siempre ocurre, la economía no es un tema menor. “Por cada 100 dólares que se invierten en cyberdefensa en el mundo, 41 se encuentran direccionados a  empresas israelíes”, dijo el Primer Ministro Naftali Bennett, atribuyendo la prosperidad del sector a las unidades de élite del ejército que sirven de incubadoras para nuevas empresas. Es que la industria de la Defensa siempre ha irradiado el combo perfecto entre desarrollo tecnológico y negocios, con efectos financieros propositivos que derraman sobre el escenario geopolítico; nadie puede negar que las exportaciones de armas israelíes ayudaron al país a forjar todo tipo de vínculos, especialmente en Medio Oriente, África y Asia. 

Por supuesto, sectores opositores dentro de Israel ya pusieron el grito en el cielo. Desde “Israel podría ser visto como alguien que ayuda a los regímenes autocráticos a reprimir a la sociedad civil” hasta que “Israel es una incubadora de tecnología opresiva”. La respuesta no tardó en llegar: “El mercado manda y, además, mientras hay un número limitado de democracias liberales, está lleno de dictaduras – directas y enmascaradas – en todo el mundo”. Y con acuerdos secretos entre compañías y países, el uso ilimitado de un spyware puede colaborar activamente a los gobiernos a reprimir el activismo cívico, en un momento en el que el autoritarismo está ganando espacios en cada región del planeta.

Por lo expuesto, se entiende que el tratamiento de la temática como un todo no es sencillo. ¿Podemos observarlo como un peligro para con la seguridad nacional? Seguramente que sí. ¿Tenemos ante nosotros, como país, un potencial gran negocio? Probablemente. Para lo primero, solo podemos intentar defendernos, ´blindarnos’ de un sistema que difícilmente alcance alguna vez una solución colectiva de cooperación. En cuanto a lo segundo, porque no aprovechar y subirnos a una industria de alta tecnología y valor agregado que, invariablemente, potenciara su rentabilidad a futuro y nos podría proveer las divisas que tanto necesitamos.

Ahora bien, ¿dónde ubicamos el dilema ético? ¿No es acaso un problema de dudosa moralidad? ¿No estaremos como sociedad global socavando la libertad de prensa, cerrando las puertas de cualquier medio crítico? A veces el miedo a una vigilancia generalizada se torna precisamente el punto central de la discusión. Como indica John Scott-Railton, investigador líder en Citizen Lab, y quien ha investigado a fondo el spyware Pegasus. “El sufrimiento psicológico y la autocensura que provoca, son herramientas clave de los dictadores y líderes autoritarios de la era moderna”.

¿Es posible la semana laboral de cuatro días?

Por Pablo Kornblum para Ámbito Financiero

https://www.ambito.com/opiniones/empleo/es-posible-la-semana-laboral-cuatro-dias-n5218085

En la década de 1930’, John Maynard Keynes vaticinaba que el avance tecnológico redundaría en un aumento de la productividad y una sostenida reducción de las horas semanales de trabajo. El primer vaticinó se cumplió. El segundo fue una utopía: el aumento de la competencia y la vorágine para con la acumulación de capital fueron un ‘buffer’ de contención inexpugnable para aquellos que promueven una menor carga laboral para los trabajadores.

Para lograr este cometido, se llevó a la ética protestante a su máxima expresión: una sociedad que no concibe otra lógica que no sea la de trabajar duro para conseguir los sueños. Un capitalismo que nos dice que ‘Somos pobres porque no somos productivos’. Mentira: a partir de la década de los cincuenta la productividad, sobre todo en los países industrializados de la OCDE, ha crecido de forma sostenida. Sin embargo, ni las horas trabajadas ni la remuneración por hora trabajada ha seguido una evolución proporcional a este patrón. Solo para dar un par de ejemplo, en el Reino Unido dos tercios de las 8 millones de personas que viven por debajo del umbral de pobreza, tienen un trabajo estable. Según el sindicato español UGT, en 2020, en España el 12,7% de los empleados entrarían en la categoría de trabajadores pobres.

Estamos entonces ante un sistema que nos mantiene en un estado constante de ansiedad por conseguir un trabajo que nos dignifique moral y económicamente, en muchas ocasiones realizando trabajos nocivos para no sufrir la miseria y el estigma del desempleo. Por supuesto, en los países más empobrecidos este per se tomó mayor fuerza que en los países occidentales desarrollados, pero también en aquellos en donde los factores culturales, la obediencia y el paternalismo político, o la abdicación para con los preceptos religiosos, juegan un rol relevante; ello se observa con claridad en países como Corea del Sur, Turquía o Chile, donde cerca de la mitad de los empleados trabaja más de 48 horas a la semana.

Expuesto este sucinto escenario, la actual propuesta en varios países es que se pueda establecer cuatro días de trabajo por tres de descanso. Los que apoyan la moción sostienen que la reducción y flexibilización de las jornadas laborales elevaríala productividad, conciliaría la vida laboral con lo familiar y lo personal – ya sea más tiempo para estudiar, actividades recreativas culturales y deportivas, etc. -, incentivaría la actividad económica derivada de un mayor nivel de empleo y consumo, protegería el medio ambiente al reducir la movilidad, y prevendría una mayor cantidad de contagios – como por ejemplo con el actual escenario de COVID-19 – derivados de un menor contacto físico interpersonal. Y algunos hasta se atreven a mirar más allá: proponen que la redistribución de la riqueza vaya de la mano de una lógica que implique que una parte de las ganancias derivadas del incremento de la productividad sean utilizadas a través de la inversión para continuar los procesos de innovación, mientras otra ‘porción no menor’ de la rentabilidad corporativa sirva para disminuir progresivamente las horas trabajadas, hasta llegar a un nivel que permita una vida digna y satisfactoria para todos los trabajadores.

Para dar algunos ejemplos, en España el partido Más País propuso un plan de tres años, con un costo de 50 millones de euros, para incentivar a las compañías a que prueben la jornada reducida sin temor a que ello impacte demasiado en sus resultados. La intención es cubrir el ‘precio’ de incorporar la semana laboral de cuatro días al 100% durante el primer año, al 50% el siguiente año, y al 33% en el tercero; con un objetivo de cubrir entre 200 y 400 empresas para que, a cambio de la ayuda financiera, reduzcan la jornada de los trabajadores sin que ello conlleve la pérdida de su salario. Cabe destacar que el subsidio estatal también tiene un claro objetivo de negocio, más allá de las bondades hacia los trabajadores: el ‘fin de semana largo’ generaría un mayor gasto en esparcimiento, en turismo y en gastronomía. Pero además, ciertos números de la dinámica histórica macro también avalan al país ibérico: en el 2017, España redujo las horas de trabajo de 40 a 35 por semana, generando un posterior crecimiento de su PBI de 1,5%, la generación de 560.000 nuevos empleos, y un incremento salarial a nivel nacional de un 3,7%.

En tanto en Japón, la filial de Microsoft en aquel país fue la primera multinacional en aplicar la jornada laboral de cuatro días. Los resultados de las primeras semanas no pudieron ser más exitosos: la productividad mejoró un 40% en los 2.300 empleados en los que se aplicó, las ventas se incrementaron en más de un 50%, y la empresa redujo gastos en la factura de electricidad y en la impresión de papel en un 23.1% y un 58,7% respectivamente.

Por supuesto, el debate tiene varios grises. El diputado chileno Raúl Soto, impulsor de la propuesta en el país trasandino, sostiene que “esta distribución de la jornada no podrá significar, bajo ningún concepto, una disminución en la remuneración, ni tampoco alguna afectación a los derechos individuales y colectivos del trabajador”. El sector empresarial advirtió que los recortes aumentarán los costos de las empresas y que podrían tener efectos negativos en los salarios y el empleo. Una discusión parecida ocurrió en el año 2003, cuando ese pasó de 48 a 45 horas laborales a la semana. ¿Qué ocurrió? Nada. Los chilenos siguieron viviendo bajo la misma estabilidad macro – y por supuesto rentabilidad empresarial – e inserción al mundo que tanto los representa ante los ajenos, pero también con el mismo nivel de pobreza y desigualdad. 

Por otro lado, no todos los sectores de la economía tienen la misma facilidad de llevar a cabo la medida. Generalmente, a mayor tecnología, automatización de procesos y digitalización, mayor flexibilidad y adaptación al cambio. Por ende, siendo realistas, también hay que tener en cuenta la estructura productiva de cada empresa. Y en muchos casos los costos: hay servicios, como por ejemplo la hotelería, que menos días laborales implica proporcionalmente la contratación de más personal; como consecuencia, más trabadores implicaría sine qua non menor rentabilidad empresarial.

Al debate se le adiciona entonces, el cómo balancear la mejora del bienestar de los empleados reduciendo sus horas de trabajo, pero manteniendo a su vez la relación productividad-sueldo de forma eficiente para las empresas en términos de objetivos y resultados. Y aquí surgen otras ideas: “La primera pregunta no debería ser si se debe o no reducir las horas de trabajo. Por el contrario, tendríamos que preguntarnos ¿qué podemos hacer para mejorar el ambiente de trabajo? Tal vez cosas distintas funcionan mejor para diferentes grupos”, refiere un informe de la Universidad Autónoma de Madrid sobre el tema.

Finalmente, se encuentran aquellos que se oponen a la medida. “No creemos que provoque un aumento del desempleo, aunque podría influir en una disminución de las remuneraciones o de ciertos beneficios laborales”; o mismo el “estando en la situación en la que estamos, no es el momento de plantear estos debates, pueden generar desconfianza”, dicen, con lógica corporativa, desde ciertos sectores empresariales. La realidad es que cuando afectan sus intereses, nunca es momento. Y las remuneraciones o los beneficios laborales pueden ser ‘siempre manipulados’, tanto por su disposición individual, o mismo por una situación específica del mercado.

Por su parte, algunos sindicatos pro-sistema consideran que es una aspiración irrenunciable, pero admiten que está lejos de poder aplicarse hoy en día y prefieren centrarse en reclamar, por ejemplo, el controlar los excesos con respecto a las horas extras de trabajo. Es que las reformas marginales son más digeribles para la media de la sociedad; y aunque ya hace tiempo se esté desarrollando un contexto de polarización – inclusive en términos antropológicos -, la dinámica política todavía tiene ciertos paradigmas de centro que todavía determinan gran parte de los resultados electorales.   

También la reducción de la jornada laboral se convierte en un mecanismo de captación de talento. ¿Pero qué ocurre con el ‘ejercito industrial de reserva’ de los trabajadores menos calificados? Aquí nos encontramos con una disyuntiva de dudosa moralidad, como por ejemplo es el caso de ‘Shake Shack’, la cadena de comida rápida estadounidense que comenzó a experimentar con la jornada de cuatro días en algunas de sus sedes de Las Vegas en marzo del pasado año. Su ‘leitmotiv’ era atraer, retener y encontrar “empleados de alta calidad, ya que nunca antes había sido tan difícil hallarlos”, según su CEO, Randy Garutti. Lo que no mencionó es el nivel – por el piso – de los salarios que paga la empresa.

En nuestro país, la jornada laboral promedio es de 39 horas semanales, aunque la ley fija como tope un máximo de 8 horas diarias o 48 horas semanales, muy similar a otros países de la región como Bolivia, Paraguay, Perú y Uruguay. Sin embargo, pareciera que los dilemas endógenos nos exceden como para comenzar a pensar en discutir el tema. ¿No sería mejor combatir el empleo no registrado, los bajos salarios, o la desocupación que impacta fuertemente en los índices de pobreza? Algunos dirán que sí, otros sostendrán que el escalonamiento solo entibia las luchas, que las conquistas se deben pelear todas juntas, en todo momento y en todo lugar.

En definitiva, lo único certero es que nadie es totalmente libre si no tiene tiempo para sí mismo. Y muchos de nosotros estamos viviendo una vida estresante, con escaso tiempo para el interés propio, donde solemos terminar el día agotados. ¿Dónde entra a valer aquí la salud mental? ¿Y la conciliación con el deseo? En definitiva, por más que algunos les pesen, los trabajadores asalariados no son ni más ni menos que seres humanos.

Y aquí creo que vale la pena traer a colación una frase de Antonio Gramsci: “El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en este claroscuro surgen los monstruos”. A esta altura del siglo XXI, el bienestar de la mayoritaria clase trabajadora global, debe ser una prioridad. Y durante esta transición, los monstruos deben ser derrotados por la ética racional de quienes entienden que sin un esquema sustentable para todos, no hay futuro posible de calidad para nadie.

El trasfondo sobre el impuesto global a las multinacionales

Por Pablo Kornblum para Ámbito Financiero 20/6/2021

https://www.ambito.com/opiniones/impuestos/el-trasfondo-el-impuesto-global-las-multinacionales-n5204648

Algunos días atrás, los Ministros de Finanzas del G7, reunidos en Londres, dieron una noticia que sorprendió al mundo: los países miembros están decididos a enfrentarse a la evasión fiscal llevando a la praxis medidas que tiendan a lograr que las empresas tributen en los países donde hacen negocios; para ser más explícitos, las principales economías del mundo llegaron a un acuerdo histórico para implementar un impuesto mínimo global a las empresas multinacionales: una tasa impositiva corporativa que sería, en principio, del 15%. En este aspecto, lo firmado por Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Canadá, Italia y Japón, ejercerá presión sobre otros países para que sigan su ejemplo, algo que podría verse ampliado en la próxima reunión del G20.

¿Cómo se articularía? Si finalmente se concreta la idea, obligará a las corporaciones que declaran como base países donde optimizan con menores tributos, a compensar con el pago del monto que faltó para llegar al 15% a otros países. Lo que se plantea es que, cuando las multinacionales tengan márgenes de ganancias superiores al 10%, al menos un quinto de los impuestos deberán ser pagados en el lugar donde estas ganancias fueron obtenidas.

El acuerdo tiene como objetivo, en primer lugar, el evitar una ‘carrera a la baja’ en la que los países pueden competir unos con otros a través del descenso de las tasas impositivas. En segundo lugar, las reglas tendrán como foco el hacer que las empresas paguen impuestos en los países donde venden sus productos o servicios, en lugar de donde declaran sus ganancias.

Las palabras de apoyo al proyecto no se hicieron esperar. La Secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, indicó que el impuesto “pondría fin a la lucha por la reducción de los impuestos corporativos y garantizaría la equidad para la clase media y los trabajadores de Estados Unidos en todo el mundo”. En consonancia, el Vicecanciller alemán, Olaf Scholz, dijo que era “una muy buena noticia para la justicia fiscal y la solidaridad; mientras que era una mala para los paraísos fiscales. Las empresas ya no estarán en condiciones de eludir sus obligaciones fiscales reservando sus ganancias en países con impuestos más bajos”.

La excusa perfecta para darle entidad a este plan fue la crisis económica que trajo aparejado el COVID-19, el cual ha requerido esfuerzos fiscales extraordinarios por parte de todos los gobiernos del mundo. ¿Si es la única razón válida para generar tamaña propuesta? Para nada, pero en un mundo donde la empatía ideológica ha sido abandonada a su suerte, cualquier evento pragmático, palpable, sirve para salir del aletargado escenario estructural de desigualdades crecientes que llevamos inmersos hace décadas. 

Del otro lado del mostrador, los gigantes tecnológicos como Amazon, Google o Facebook, dada su flexibilidad y capacidad de movilización de sus recursos, se encontrarían entre las corporaciones más perjudicadas. Es que cada vez son más los ingresos tributarios provenientes de fuentes intangibles como patentes de medicamentos, software y otros servicios digitales que han migrado a tributar a paraísos fiscales; una realidad que demuestra una vez más que los nuevos sistemas de producción, comercialización y pago de impuestos desde hace décadas dejaron de estar constreñidos a las regulaciones nacionales. Y la descripta ‘globalización de los sistemas y las telecomunicaciones’, claramente ha sido una herramienta vital para la concentración de la riqueza en el último medio siglo.

Sin embargo, a más de uno le ha sorprendido las respuestas de grandes corporaciones, quienes no lo han visto como una ofrenda terrible a su potencialidad. “Creemos que un proceso liderado por la OCDE que genere una solución multilateral, ayudará a traer estabilidad al sistema tributario internacional”, afirmaron desde Amazon. Por su parte, Nick Clegg, Vicepresidente de Facebook, describió el acuerdo como un “primer paso significativo para generar certeza en las empresas y el fortalecimiento de la confianza pública en el sistema fiscal mundial”. Mientras que Google, por su parte, emitió un comunicado sosteniendo que “apoyamos firmemente el trabajo que se está realizando para actualizar las normas fiscales internacionales, como así también esperamos que los países sigan trabajando juntos para garantizar que pronto se finalice un acuerdo equilibrado y duradero”. Es que para las corporaciones billonarias con rentabilidad que excede lo ‘extraordinario’, es tanto o más relevante la estabilidad pro-sistémica (donde ellos son las grandes beneficiados), que algún impuesto que les quite una tajada de sus jugosas ganancias. El mal menor – hasta con beneficios -, se podría decir.

Por supuesto, no podemos dejar de mencionar que el escenario descripto implica también el comienzo de una disputa geopolítica. Por un lado, cada Estado deberá conjugar los intereses de sus empresas emblemáticas, las cuales empoderarán a sus principales lobistas para que realicen la presión correspondiente para con la defensa de sus intereses. En consonancia, también se encuentran las variables con implicancias negativas sobre la generación de puestos de trabajo a nivel endógeno, la merma en la recaudación para las arcas de los Estados, o mismo el inmiscuirse en los asuntos de política económica gubernamental, como podría ser la definición de que impuestos cobrar o quienes lo deben pagar.

En este sentido, el propio Ministro de Finanzas irlandés, Paschal Donohoe, cuyo país ofrece una tasa impositiva corporativa baja – del 12,5% -, sostuvo tajantemente: “Cualquier acuerdo tendría que satisfacer las necesidades de los países pequeños y grandes, desarrollados y en desarrollo”. Por su parte, el gobierno suizo, que hace años se encuentra bajo presión desde el extranjero y que ha prometido en algún momento eliminar las bajas tasas impositivas especiales que benefician a unas 24.000 empresas extranjeras con sede en el país – y hasta ahora no lo ha llevado a cabo -, también se ha expresado a través de un comunicado de su Ministerio de Finanzas: “Suiza tomará las medidas necesarias para seguir siendo un lugar de negocios muy atractivo”.

Algunos tributaristas, técnicos e internacionalistas de distintas áreas y niveles, también mostraron cierta suspicacia. Por un lado, porque los gobiernos podrían eventualmente acordar una tasa mínima, pero a su vez pueden crear otros incentivos para atraer a las empresas como son las exenciones, subsidios, créditos o cualquier mecanismo que al final de cuentas favorezca a las firmas – ello sin entrar en vericuetos de tinte inmoral, como son los sueldos miserables o una laxitud en la política medio ambiental -.

Por otro lado, también existe poca confianza a que se llegue a un acuerdo global: sabemos que los mismos son difíciles de obtener – salvó que sea por la coerción discursiva o a través de la fuerza -, y ello se ha visto reflejado en los últimos años: lo que ha dado mayores resultados concretos – con aspectos positivos y negativos para los diversos sectores intra-nacionales involucrados – han sido los acuerdos de tinte bilateral o regionales, como podría ser por ejemplo el de la Alianza del Pacífico en América.

Desde la academia ortodoxa, también salieron a repudiar la medida. El Instituto Cato en Estados Unidos argumentó que de la misma manera que la competencia entre empresas promueve la eficiencia, la competencia tributaria genera beneficios favorables a la eficiencia entre países. “Sin competencia internacional, los gobiernos se transforman en monopolios”, sostienen. Aunque, a sazón de la verdad, los monopolios suelen ser una regla y no la excepción en la arena internacional actual. Con más o menos impuestos.

Por otra parte, David Malpass, Presidente del Banco Mundial, indicó que “no quería ver nuevas reglas que obstaculizarían la capacidad de los países pobres para atraer inversiones”. Unan historia repetida. Ello a pesar de que está harto probado que cuando hay rentabilidad y estabilidad institucional, las corporaciones trasnacionales invierten igual. Ya sea en términos de capital financiero o en la economía real.

Para sorpresa de algunos, los reclamos llegaron inclusive desde un sector del ala más progresista. En un comunicado, la organización Oxfam sostuvo: “Es absurdo que el G7 afirme que está ‘reformando un sistema tributario global disfuncional’ al establecer una tasa mínima mundial de impuestos corporativos que es similar a las indulgentes tasas que se cobran en paraísos fiscales como Irlanda, Suiza o Singapur. Pusieron el listón tan bajo que es muy fácil para las empresas pasarlo por encima”. Por otro lado, Eurodad, otra agencia abocada al desarrollo, también indicó que “el nuevo régimen daría derecho a los países de origen de las grandes empresas, a menudo en Estados Unidos o Europa, a obtener una mayor parte del impuesto y dejando poco para los Estados pobres donde también operan las multinacionales. Esto llevará a una transferencia masiva de dinero a los países ricos”. En términos marxistas, valor agregado generado en el tercer mundo con beneficios para el mundo desarrollado.

Para concluir el debate presentado, nos podríamos preguntar dónde se encuentra parado nuestro país. Pregunta mayúscula, para un escenario que parece demasiado alejado de nuestro complejo presente: por un lado, porque las empresas multinacionales – tanto nacionales como extranjeras -, tienen al país en un análisis permanente para con el cómo poder ‘saltar la grieta’; y, por el otro, porque nuestras Pymes, las cuales deberían ser el foco de la política diaria, luchan día a día para sobrevivir buscando marginales – y generalmente magras -, mejores condiciones sistémicas de mercado.   

En definitiva, mientras intentamos encontrar nuestro ‘destino manifiesto argentino’, desde los Thinks Tanks del mundo ya hablan de un golpe a la globalización neoliberal. Yo diría, más bien, que estamos sentando las bases para un regreso furibundo al Estado-Centrismo. Y, como debería ser siempre, tenemos que prestar más atención de lo que ocurre allá fuera de nuestras fronteras; simplemente, porque necesariamente debemos estar mejor preparados para adaptarnos pragmáticamente a los cambios que acontecen.

Biden y su fino equilibrio peronista

Por Pablo Kornblum para Ámbito Financiero, 05 de Junio de 2021

https://www.ambito.com/opiniones/joe-biden/y-su-fino-equilibrio-peronista-n5197917

Joe Biden entendió desde un primer momento que no debía equivocarse como lo hizo su antecesor, Donald Trump, quien quiso primariamente conquistar al ala más conservadora demócrata, abandonando los postulados más reaccionarios que lo llevaron a la presidencia. Grave error: se encontró con un rechazo total de todo el arco opositor, inclusive del sector más dialoguista del Partido Republicano. Luego fue remediándolo a partir del segundo año de su mandato – construcción del muro con México, regreso de los empleos para los estadounidenses, política exterior agresiva -, pero el daño político para con la solidificación de su imagen, ya estaba hecho.

El electo presidente demócrata hizo todo lo contrario; apenas asumió, comenzó a aplicar políticas ‘cercanas a una lógica izquierdista’, más acordes a su rival ‘socialista’ en la interna, Barry Sanders, que a sus propios postulados pro-establishment visualizados sigilosamente durante su campaña electoral. La premisa era clara: solidificar los lazos hacia adentro, para luego, cuando las aguas se encuentren más calmas – léase post-pandemia -, comenzar a coquetear con el electorado de centro, aquellos demócratas escépticos y las ‘palomas’ republicanas que tienden a tener ‘el suficiente estomago’ para dar cuenta de los potenciales aciertos en las políticas de los diversos gobiernos demócratas.

No por nada el Fondo Monetario Internacional (FMI) – donde Estados Unidos manda – elogió este martes la propuesta del propio gobierno de Biden para crear un impuesto mundial “de al menos” 15% sobre la renta empresarial, destacando que este mecanismo permitiría a los gobiernos invertir más en áreas esenciales como la educación, la salud y la infraestructura.

A ello se le debe adicionar los 4 billones de dólares que gastara el gobierno de los Estados Unidos en ayudas sociales e inversiones públicas, poniendo al Estado en el centro de los esfuerzos de reactivación. Ello incluye un “Plan de Empleo” (construcción de carreteras y aeropuertos, mejora del acceso al agua potable), un “Plan de Familias” (ampliación de los programas de educación y cuidado infantil), y un “Plan de Rescate” (pagos directos y beneficios adicionales de desempleo). Se trata, sin duda, del paquete de estímulo más grande de la historia reciente del país, multiplicando por más de dos la cifra lanzada por Obama en el año 2009.

Cabe destacar que la mayor parte de estas iniciativas se financiarían con un aumento de impuestos a las corporaciones y a los más ricos; lo que denominan algunos entusiastas economistas heterodoxos, “una clara ruptura con el neoliberalismo”. Para los que hayan leído historia económica del sistema capitalista es, simplemente, un poco de pragmatismo.

Por ahora, el escenario de corto plazo es positivo. El Producto Bruto Interno (PBI) creció el primer trimestre de 2021 a una tasa interanual del 6,4%, y un 1,6% en relación con el último trimestre del 2020. Lo interesante es que si se compara con el crecimiento de un poco más del 3% interanual del bloque de la Unión Europea, se observa claramente la diferenciación entre el envión estadounidense, con el desorden letárgico que implica la negociación colectiva – muchas veces in-eternum – de Bruselas.

Es que el plan europeo de recuperación de 750.000 millones de euros se encuentra hoy paralizado provisionalmente por el Tribunal Constitucional alemán – un deja vú de la crisis de los PIGS de hace una década con peligrosas connotaciones —, el cual no solo es mayoritariamente enfocado a proyectos de largo aliento, sino que principalmente lejos se encuentran de tener una llegada a la microeconomía real. “No solo es que el plan es cuantitativamente mucho mayor en los Estados Unidos que en la eurozona; sino que además, se está implementando más rápido y dirigido firmemente hacia los hogares”, sostienen indignados algunos políticos euroescépticos.

Por otra parte, por más que el gobierno de Estados Unidos ha inundado de dólares la economía en los últimos meses, la inflación sigue en niveles moderados. De hecho, el índice general de precios fue de +1,4% en el último año; ello a pesar de que el dinero circulante en la economía se incrementó un 25,8%, según los datos de la propia  Reserva Federal.

Sin embargo, los detractores monetaristas señalan que ya hay algunos precios al alza que indican un temprano cambio de tendencia, como el del crudo y otras materias primas. Por otro lado, la política de ‘tasas de interés cero’ que busca incentivar la actividad, disminuye también la rentabilidad depositada en los bancos, por lo que sostienen que está empujando grandes cantidades de liquidez hacia las bolsas y otros activos de mayor riesgo. ¿La respuesta? No hay nada que una suba de las tasas de interés, una morigeración en los estímulos monetarios, o un control más estricto de las actividades de los inversionistas financieros privados, no solucione en un país donde, salvo en puntos de inflexión de descontrol y crisis sistémica del sistema financiero – como lo fue en los años 2008/2009 -, reina la previsibilidad institucionalizada.

Junto a las críticas sobre el manejo de la macro, también están aquellos empresarios de la economía del día a día que sostienen que las “crecientes prestaciones por desempleo están manteniendo a algunos trabajadores fuera de la fuerza laboral” ¿No será, reflexionando como abogado del diablo, que pagan sueldos tan bajos por horarios extenuantes, que por ello no pueden competir con la asistencia estatal (Argentina Dixit)? Algunos dirán, con cierta razón, que no tienen margen para sostener sus costos después de un año de pandemia. Pero no todos sufren el desahorro de la misma manera: se sabe que hay unos cuantos ‘burgueses’ que se encuentran más allá de la coyuntura, y sobre todo de las mayorías que viven con lo justo y sufren en cuerpo y alma los vaivenes cíclicos de la economía. Veremos entonces que ocurre con el objetivo de Biden de alcanzar un salario mínimo federal de US$15 la hora en 2025.

Dado lo expuesto, podemos afirmar que aunque el objetivo superador, por el cual los gobernantes son elegidos, es el bienestar colectivo del pueblo, lo que sí es más importante, diría indiscutible y primordial para la mayoría de las elites políticas – y sus aliados económicos, judiciales, mediáticos – del mundo, es poder mantener a como sea el statu-quo. Juzgar al históricamente moderado Biden como un progresista radicalizado convencido sería, al menos, apresurado. Lo que si desea, sin dudas, es acumular capital político en un marco, un escenario normalizador, de paz social. Un fino equilibrio ‘en modo peronista’, entre la diversidad y magnitud de los intereses creados.

Porque de no ser así, sino logra su objetivo, la grieta se agranda. Y cuando ello ocurre, se ‘cae al vacio’ la condescendencia y el consenso entre los distintos actores, en contraposición a una pobreza e intolerancia que crecen de la mano a pasos agigantados. No sea que se tire mucho de la cuerda, que ya de por si se encuentra tirante. Es que lo más difícil en el mundo de hoy para las elites es encontrar el balance apropiado entre la coerción y las políticas marginales redistributivas que no afecten la fortuna – y el humor – de los poderosos. Una lectura inteligente es lo más atinado si se quiere salvar el sistema. 

Todo tiene un límite

https://www.ambito.com/opiniones/colombia/que-pasa-hartazgo-n5193581

Pablo Kornblum para Ámbito Financiero el 19-05-2021

¿Qué pasa en Colombia? Empecemos por lo formal. El gobierno se endeudó en demasía durante el último año para hacer frente a la crisis económica en medio de la pandemia. Con la ley de solidaridad sostenible – el nombre que se le dio a la fallida reforma tributaria -, se proponía recaudar alrededor de 6.300 millones de dólares – un 2% del PBI aproximadamente – para “sanear” las arcas del Estado. Y por supuesto, pagar los compromisos de deuda. En este sentido, el Banco de la República declaró que el país cerró el 2020 con un saldo de deuda externa que alcanzó los 156.834 millones de dólares, lo que equivale al 51,8% de su PBI.

El punto clave es de dónde pensaba el gobierno sacar ese dinero. El entonces Ministro de Hacienda – ya renunciado -, especificó que el 73% provendría de las personas físicas y el resto de empresas. Para los primeros, se aplicaría un impuesto a quienes reciban un sueldo mayor a los 633 dólares – en un país donde el salario mínimo es de 234 dólares -, además de un incremento del IVA, que actualmente se encuentra en un no menor 19%.

Ahora, vayamos al trasfondo. Para comprenderlo, hay una sola palabra que englobaría todo el escenario dantesco que se ha observado en las últimas semanas: Hartazgo. Hartazgo en un país donde la cifra del desempleo supera el 17% – aunque hay ciudades donde es mayor al 20% -. Hartazgo en un país donde los empleos precarios son la norma, la educación universitaria una utopía para las mayorías, y el acceso a la salud es todo un privilegio. Hartazgo en un país donde la pobreza llega al 42,5%, lo que significa que 21,2 millones de colombianos no tienen suficiente ingreso para suplir sus necesidades básicas. Hartazgo en un país donde el coeficiente de Gini desmejoró el año pasado al pasar de 0,52 a 0,54, una cifra nunca antes vista desde que se empezó a calcular el mismo formalmente en el año 2012. Hartazgo en un país donde un ciudadano que nace en el decíl más pobre se calcula tarda, en promedio, diez generaciones en alcanzar un lugar en la clase media.

Todo ello es inaceptable moralmente. Pero más aún cuando el clientelismo político ha eximido de impuestos y competencia abierta durante años a los grandes oligopolios del banano, el azúcar o la minería. O cuando el gobierno pensaba comprar aviones de combate al mismo tiempo que enviaba este ‘paquetazo’ al Congreso. O mismo cuando, en nombre de una reforma que incremente una recaudación que permita saldar el déficit y pagar la deuda, lo que subyace de fondo como objetivo real es el mantener la histórica reputación de país estable y responsable ante los ojos de los mercados internacionales.

¿Cómo se revierte esta situación?, se deben haber preguntado el presidente Iván Duque y su deteriorado gabinete. “Por la razón o por la fuerza”, habrá contestado más de uno, señalando el escudo nacional de nuestro país vecino cordillerano. Pero por la razón ética no solo es complicado, sino harto contradictorio para con los deseos espurios de las propias elites políticas y económicas. Ni que hablar de los necesariamente adicionados designios extranjeros, quienes detentan bipolarmente los hilos del poder hace décadas.

Entonces vamos por la fuerza. Las de seguridad y defensa, las cuales “utilizaron munición real, golpearon a manifestantes y detuvieron civiles”, según un informe de la propia ONU. Cuando el miedo se apodera de quienes detentan la autoridad, el temor a perderlo todo desata toda la furia trasvasada a la capacidad coercitiva del Estado. Igualmente, como dijo un manifestante durante una de las tantas protestas en Cali, “lo que hizo Duque no fue sacar a los militares a la calle; porque en realidad, los militares siempre están en la calle en Colombia”. Las FARC, Maduro, la lucha contra el narcotráfico, etc., hablan por sí solos de un país acostumbrado a la violencia sectaria. 

No es entonces extraño afirmar que, bajo el marco descripto, las elites colombianas se aprovechan de la sangrienta guerra contra la insurgencia, no solo como una cuestión de polarización interna, sino también para imponer el terrorismo de Estado tanto en la ciudad como en el campo, donde cualquier luchador sindical, dirigente de movimiento social, o campesino que pelea por su tierra, sea identificado como un potencial integrante o simpatizante de grupos insurgentes o subversivos. Ahora fueron por los jóvenes desahuciados, las clases trabajadoras, y las grandes mayorías empobrecidas como las nuevas víctimas de la violencia para-estatal.

Por supuesto, como ha ocurrido siempre y va a seguir pasando en la arena de las relaciones internacionales, Estados Unidos, actuando como un verdadero procónsul en territorio cafetero con su máxima expresión en el ‘Plan Colombia’, se encuentra preocupado por la inestabilidad situacional. No, no se ha equivocado. No por las decenas de muertos, sino por el debilitamiento de uno de los principales y más abyectos aliados en la región. Es que desde las bases militares estadounidenses y la práctica subordinación de las FF.AA. colombianas a las directrices del Comando Sur, hasta la actuación como puntal de lanza de las movidas injerencistas de Donald Trump durante el 2019 hacia Venezuela, sostener a Duque se transforma en una imperiosa necesidad de continuidad.  

Sin embargo y a pesar de lo expuesto, la represión y el retiro del proyecto, probablemente sea insuficiente. “La reforma no es un capricho. Es una necesidad. Retirarla o no, no es la discusión. La verdadera discusión es poder garantizar la continuidad de los programas sociales”, expresó Duque una vez que comenzaron a sonar las voces disidentes. Señor presidente, nadie sostiene que no se requieran programas sociales. Que tampoco son una solución superadora ni mucho menos. El problema es quien los paga.

Exprimir a lo que queda de clase media – o a la clase media acomodada que tampoco pasa zozobras -, no es una buena opción en tiempos turbulentos. Tampoco buscar confundir diferenciando lo que sería una ‘protesta legítima y otra ‘anárquica’. Y aquí Duque se vuelve a equivocar cuando asegura que detrás de las protestas se encuentra la “mafia del narcotráfico” que incurre en “el vandalismo extremo y el terrorismo urbano”. La búsqueda de chivos expiatorios pasó, sencillamente, de moda.

Es que entonces no hay otra alternativa. Hay que dirigir las miradas hacia las elites, los privilegiados que poseen bienes tangibles y activos financieros en cuantioso número. Justo o injusto, si se quiere capear la tensión social, son ellos los únicos que tienen la capacidad contributiva para atemperar esta situación. ¿Qué pasará con las inversiones? Nada, las continuarán haciendo si les conviene, y sino no. ¿Qué ocurrirá con la madre patria del norte? Podrán preferir otra cosa, pero lo último que querrán será un descontrol cercano a la frontera del ‘dictador socialista’ Maduro. ¿Qué pensarán los mercados internacionales, el FMI, los acreedores? Que nada les importa los dilemas y las pujas de intereses domésticas; lo único trascendente es que se pague lo adeudado. 

El presidente Duque y su gobierno tienen la última palabra. Esta vez, la sabana ‘es más que corta’.

El castigo por no cumplir la cuarentena en el mundo

Pablo Kornblum para Ámbito Financiero el 2-5-2021

https://www.ambito.com/opiniones/cuarentena/como-se-castiga-otros-paises-el-incumplimiento-la-n5189296

La gravedad epidemiológica es inocultable: millones de muertos en todo el mundo ante un virus siniestro, que en sus diversas cepas ataca sin miramientos. Aquí no existe prácticamente discusión ni grieta; solo nos encontramos con una marginal oda libertaria, la cual pregona diversas hipótesis – fundamentadas en mayor o menor medida – sobre las causas y consecuencias relativas del COVD-19. Pero para la mayoría de sus partidarios, todo quedó encorsetado en el economicismo que implica el consumismo individualista y la satisfacción del deseo de acumulación. Es que desde tiempos remotos, los neoliberales también aceptan un Estado, aunque mínimo, que garantice los condicionamientos básicos que requiere una sociedad para su ‘normal’ funcionamiento: seguridad, defensa, justicia y, por supuesto, salud.

Por ello entraron a jugar fuerte los diversos gobiernos del mundo. Por deber y necesidad. Cada uno con sus formas, sus modos; impregnados por su historia, su cultura, su religión. Y por supuesto, su capacidad de accionar (o coaccionar).

Del otro lado del planeta, Australia y Nueva Zelanda impusieron la cuarentena obligatoria a las llegadas internacionales, cerrando sus fronteras a todos menos a nativos y residentes desde el año pasado. Por el contrario, los viajeros de cualquier nacionalidad – incluido los propios nacionales -, que ponen un pie en Inglaterra procedentes de “una lista roja” de países de riesgo, deben hoy en día auto aislarse durante diez días en un hotel a su costo. El gobierno escocés, por su parte, anunció que sería más estricto aún que el inglés, e impondrá la cuarentena hotelera para cualquier viajero, sin importar el país de origen.

Volviendo a Inglaterra, las nuevas medidas también requerirán que los viajeros se costeen más pruebas diagnósticas durante su cuarentena. Y quienes mientan sobre su historial de viajes recientes, pueden incluso enfrentar hasta diez años de prisión. En este sentido, parte de la oposición de Boris Johnson se ha quejado por lo duro de las penas, las cuales se igualan a delitos violentos con armas de fuego o sexuales que involucran a menores, para los cuales el máximo es de siete años.

En otros países europeos como España, Francia, Alemania o Italia, las multas a quienes no respetan la cuarentena oscilan entre los 100 y 4000 euros, con penas que van desde los tres meses hasta el año de prisión. Similares son los casos de Croacia o Polonia (1000 y 1200 euros de multa respectivamente), ahora cada vez más alejados de la cortina de hierro oriental y más próximos a valores ‘democráticos occidentales’.

Por supuesto, también hay sociedades menos ‘apegadas a los derechos humanos’ para llevar adelante las políticas de penalidad. Por ejemplo, a medida que la India comenzó sus restricciones de movimiento, la policía comenzó a castigar a las personas que han querido evadir el confinamiento con palizas y, en algunos casos, flexiones de brazos en mitad de la calle. Por su parte, la Policía nepalí utiliza un gancho o sujetador gigante a modo de pinza que sirve para “capturar” a los civiles insurrectos sin tener que tocarlos ni acercarse.

En Rusia tampoco se andan con rodeos. Penas de cinco años de cárcel es el castigo por violar la cuarentena obligatoria impuesta por el Estado. Además, la policía puede acudir al domicilio particular en cualquier momento para comprobar que se está en casa o no. Y en Moscú, por ejemplo, se están utilizando cámaras de reconocimiento facial para detectar al confinado que abandone su lugar. Como buen país con estilo ‘Gran Hermano’, la tecnología moderna para cumplimentar objetivos se encuentra a la orden del día.

En tanto en Hungría, aquellos que incumplan las restricciones del gobierno afrontarán  penas de hasta ocho años de cárcel. De forma paralela, la difusión de “fake news” (noticias falsas) sobre la respuesta a la pandemia se castiga con hasta cinco años de prisión. Turkmenistán es un caso similar: en el país centroasiático gobernado por el autoritarismo Gurbanguly Berdimuhamedow desde el año 2006, cualquier medio que brinde cualquier información vinculada al COVID-19 sin su expresa autorización, será punible con hasta cinco años de cárcel. Más aún, la policía tiene la orden de detener a todo aquel que escuche hablar sobre el tema en la calle. Una vez más, el cuarto poder jugando un rol clave a la hora de la consecución de ciertos intereses. A veces a favor de los deseos gubernamentales, mientras en otras ocasiones puede ser un ‘bumerang’ que les puede jugar en contra.

En el sudeste asiático, más precisamente en Indonesia, las autoridades han ocupado espacios que han sido catalogados como ‘terroríficos’ por las costumbres y creencias del folclore indonesio, siendo estos adecuados con camas para que las personas pasen algunos días como parte del castigo. Más aún, en Sukoharjo, un pueblo ubicado en la isla Java, algunos de sus habitantes se han disfrazado de fantasmas del espíritu ‘Pocong’ – a los cuales las personas le tienen miedo y respeto -, y salen a las calles a asustar a quienes se encuentren fuera de sus casas. Religión, misticismo, o póngale el nombre que usted quiera; eso sí, pareciera tener gran efectividad para el control ciudadano.

China, por su parte, es el país que impone los mayores castigos a las personas que infringen la cuarentena: un ser humano que, al salir de casa, atente contra la salud de los demás ciudadanos y propague el COVID-19, será condenado hasta 10 años de cárcel o, de ser más grave el delito, a la pena capital. Además, China tiene sanciones para quienes se nieguen al tratamiento, salgan a las ciudades donde se ha introducido la cuarentena, o  destruyan los trajes protectores del personal médico. En total, hay 21 tipos de delitos relacionados con el coronavirus en el gigante asiático. Para todos los gustos.

Por supuesto, uno de los paladines del extremismo – famoso por su habilitación explicita a la policía de su país para matar narcotraficantes -, es el presidente filipino Rodrigo Duterte. El mismo obtuvo ‘poderes especiales’ otorgados por el Congreso para combatir la pandemia, y dio un claro avisó a quien se salte las estrictas normas: “A cambio de causar problemas, te enviaré a la tumba. Mis órdenes son para la policía y el ejército: si hay problemas o surge una situación en que la gente pelea por el COVID-19 y sus vidas están en peligro, disparen a matar”. Lo que se diría un hombre que no tiene un gran apego a la división de poderes. Ni tampoco respeto a la vida humana.

Ya entrando en nuestro continente, en los Estados Unidos de Norteamérica los castigos por no cumplir la cuarentena varían de acuerdo con el Estado, en un país que históricamente respeta puntillosamente el federalismo. En California, por ejemplo, los infractores pueden ser multados con 1.000 dólares o condenados a 6 meses de cárcel. El dato de color: el país del norte posee la multa más alta por violar las reglas obligatorias durante la pandemia: 250.000 dólares.

Como contraparte, en la ciudad de Panamá, las autoridades tomaron una decisión un tanto más pintoresca; a las personas que sean encontradas en las calles durante la prohibición, se les entrega una escoba y se las pone a desfilar mientras se dirigen a parques públicos para que limpien estos espacios.

En tanto a nuestros vecinos uruguayos, el país oriental ha avanzado en las últimas semanas con una  una reforma al Código Penal para penar con hasta dos años de prisión a aquellas personas que incumplan las normas sanitarias y violen la cuarentena.“El que mediante violación de disposiciones sanitarias pusiere en peligro efectivo la salud humana o animal, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión”, refiere el nuevo texto.

Una vez anunciado el proyecto, el Frente Amplio se opuso tajantemente: “No acompañamos la modificación al delito de violación de las disposiciones sanitarias ya que consideramos que para hacer esa modificación, se debe, desde el Estado, tratar las situaciones de vulnerabilidad social”. En los países menos desarrollados – léase más pobres -, donde reina la informalidad y las ‘changas’ del día a día para sobrevivir, para una gran parte de la población que le cuesta llegar a fin de mes sin algún tipo de ayuda gubernamental, el razonamiento no suena ilógico. 

En el mismo sentido, destacaron desde el principal partido opositor, “es un delito difícil de probar y puede servir para criminalizar a ciertas personas que no tienen un sustento y tengan que salir a trabajar”. Tampoco es desacertado, sobre todo en donde las transgresiones por parte de los hombres de ‘guante blanco’, tienen otro plafón distinto de quienes no tienen contactos, dinero, ni nada que no sea su fuerza de trabajo y su voluntad para salir adelante.  

Bajo la misma variable de la escasez – pero claramente profundizada -, se maneja el ciudadano medio venezolano. En este aspecto, la supervivencia diaria se hace cada día más compleja en medio de la cuarentena obligatoria ordenada por Nicolás Maduro. “El confinamiento en condiciones de insatisfacción de necesidades básicas es inviable. La gente en Venezuela no necesita salir solo para comprar alimentos, sino también para buscar agua o leña, porque los servicios no funcionan. Y vemos diariamente que a quienes han agarrado en la calle, les han aplicado castigos físicos bajo una pedagogía propia de los cuarteles”, sostienen desde la oposición y diversos organismos de derechos humanos. Claramente, el adicionar al aparato represivo parapolicial/militar, en una región con una historia y un presente delicado en cuanto a la violencia social, no coadyuva a tranquilizar el ánimo de la ciudadanía.

En nuestro país, con todas las ideas y vueltas que vivenciamos desde hace más de un año, podemos decir que en este punto nos encontramos con un dato saliente: tenemos una de las sentencias de prisión más largas por violación de la cuarentena; hasta 15 años de prisión dispone el artículo 205 del Código Penal para aquellas personas que propaguen “una enfermedad peligrosa y contagiosa”. Más que preguntarnos si no será demasiado, en nuestras latitudes la gran pregunta es si realmente puede hacerse efectivo el cumplimiento de la norma. De esta y de muchas otras.

En definitiva, tecnología, medios de comunicación, pobreza, desempleo, violencia física, militarización de la vida cotidiana, diferencias intrínsecas en el manejo de la pandemia, religión y cultura, entre otros. Todos estos temas, en conjunción y en su justa medida según cada geografía y sus especificidades, son el ‘menú a la carta’. En el mientras tanto y para su degustación, lo único certero que ha trasvasado cada rincón de nuestro planeta durante toda la pandemia de COVID-19, es la famosa frase del General: “El hombre es bueno, pero si se lo vigila es mejor”.