Publicado en Ámbito Financiero el 25-1-2021
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En la película Argentina con titulo homónimo, ‘el censor’, interpretado por el enorme Ulises Dumont, es un funcionario que durante la última dictadura cívico-militar tiene como rol determinante el evitar que determinadas películas – ya sea por cuestiones de índole político o sexual – lleguen a las salas cinematográficas. Casi medio siglo después, esta vez no es el aparato represivo (en este caso virtual) del Estado quien decide bloquear una red social; por el contrario, quien toma el mando y la decisión son los propios imperios de la comunicación, el denominado 4to poder, los cuales, con su ‘oligopólico poder de fuego’ se han alineado en contra de quien, en este caso, ejerce la primera magistratura de la todavía principal potencia del planeta.
En este sentido, las cuentas del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, han sido bloqueadas en Twitter, Facebook e Instagram, entre otras, luego de los disturbios en el Capitolio. ¿El motivo? Según alegan las mismas, Trump dijo frente a miles de personas en Washington que nunca concedería la victoria a su rival debido a que existió fraude electoral; más aún, arengó a sus seguidores a hacer ‘algo memorable’ el día de la confirmación de Joe Biden como presidente. Siguiendo la misma línea, Snapchat y Youtube anunciaron que todo fue “en aras de la seguridad pública” y por los intentos de Trump “de difundir desinformación e incitar a la violencia”. “Creemos que los riesgos de permitir que el presidente continúe usando nuestro servicio simplemente son demasiado grandes”, explicó Mark Zuckerberg, CEO de Facebook.
¿Nos encontramos entonces con un poder exógeno con intereses económicos encontrados al oficialismo? Seguramente estas enormes y ricas corporaciones, las cuales ya no se encuentran satisfechas con ser oligopolios sobre una de las pocas industrias altamente rentables que quedan, no dejarán de buscar la acumulación de poder político para con sus fines particulares.
¿Son solo una herramienta más para cooptar el poder político por parte de grupos opositores? En este sentido, Michelle Obama pidió a las plataformas de redes sociales bloquear permanentemente las cuentas de Trump. “Ahora es el momento de que las empresas de Silicon Valley dejen de permitir este comportamiento monstruoso y vayan más allá de lo que han hecho al prohibir permanentemente a este hombre en sus plataformas, estableciendo políticas para evitar que los líderes de la nación utilicen su tecnología para alimentar la insurrección”, sostuvo con vehemencia y muy poco cuidado la ex primera dama. Seguramente no ha reflexionado que la discursiva obstaculizadora puede derivar en un boomerang que también podría impactar en el gobierno demócrata que recién comienza.
¿Representan a los paladines de un mundo imaginario del cual ellos consideran ideal, el ‘nuevo paraíso en la tierra’? A la elite tecnológica le encanta aparecer como el ‘policy maker’ del altruismo moral – especialmente progresista -. Sino recordemos como en el año 2018 Naomi Buchwald, una jueza de distrito en Nueva York, determinó que era una violación a la libertad de expresión recibir un bloqueo – justamente de un activista social – por parte de @realDonaldTrump, la cuenta personal en Twitter que usaba cotidianamente el ahora ex presidente estadounidense.
En fin, habría que estar en sus juntas directivas y en la cabeza de los accionistas de las grandes empresas tecnológicas para poder deducir las razones de esta decisión histórica; probablemente haya un poco de todo aquello. En el mientras tanto, el debate ya comenzó. Algunos se preguntarán qué derecho tienen estas empresas para cerrar las cuentas, o sea para decidir lo que debe o no decir el presidente electo democráticamente de un país. Más aún, Zuckerberg agregó que la decisión de Trump de «usar su plataforma para condonar en lugar de condenar las acciones de sus partidarios en el edificio del Capitolio, ha perturbado con razón a la gente en Estados Unidos y en todo el mundo». O sea, no solo se objeta lo que hizo, sino lo que dejo de hacer.
De ello se derivan varios interrogantes. ¿Cuál es el fino límite de lo que es contrario al bien común? ¿Cómo deciden que una cuenta es terrorista, atenta contra la salud pública, o es ‘demasiado’ de derecha o de izquierda? ¿‘Combatir el Capital’ entonces es peligroso porque iría contra los propios intereses de estas corporaciones tecnológicas? ¿Debería entonces prohibirse a aquellos que promuevan el fin del Estado – como quisiera algún libertario de los que abundan por estos lares -, ya que sería llevarnos a todos a un peligroso mundo semi-anárquico? ¿Ha sido razonable – sin análisis geopolítico mediante – que Twitter suprima un mensaje del guía supremo de Irán, Ali Khamenei, porque afirmaba que no era prudente tener confianza en las vacunas norteamericanas o británicas contra la covid-19? Pareciera ser entonces que ‘el botón de la libertad de escuchar y ver’ se encuentra en manos privadas (mejor dicho en las sedes de Google, Facebook, Twitter, Instagram y otros imperios digitales), y no en la calle, las Asambleas, o el mismísimo voto de una elección democrática. Pareciera que el bloqueo digital de Trump no sería otra cosa que la expansión de una especie de dictadura, en términos de lo que las elites tecnológicas creen políticamente correcto difundir a todos los ámbitos de la sociedad.
Sin embargo, como contraparte de la visión más pesimista, se encuentran aquellos que sostienen que, dado que el capitalismo liberal rige los destinos del mundo, cada uno es libre de buscar otra plataforma e informarse como desee. ¿Pero qué ocurre cuando las mismas son un cuasi monopolio? Pregunta compleja; evidentemente, el capitalismo competitivo solo queda en la pureza de la teoría de los libros clásicos. Sino pregúntenle a los cuatro millones de miembros activos de Parler, quienes observaron inertes como Amazon, Google y Apple eliminaron a la red social de sus plataformas de descargas. Cabe recordar que Parler, creada en Septiembre de 2018, disparó su popularidad en las últimas semanas gracias a sus medidas anti-censura, funcionando como un refugio para grupos conservadores de extrema derecha de los Estados Unidos.
Ahora bien, toda reacción pueden derivar en contextos aún más adversos de los que se quería evitar primariamente: uno de estos escenarios potenciales es que se termine empujando a figuras públicas a plataformas todavía más marginales, donde sus discursos circulen fluidamente entre fanáticos conllevando a una mayor radicalización. Por otro lado, también se podría generar un modelo de ‘ahogo o cuello de botella’, justamente porque se podrían perder a los usuarios moderados, aquellos que utilizan las redes de un modo más generalista e informal, y siguen al personaje político en cuestión solo por cuestiones, por ejemplo, de ‘consumo irónico’.
Por supuesto, todo lo expuesto no es excluyente de los Estados Unidos: la doble moral de lo que ocurre en la arena internacional se encuentra a la orden del día, más aún si se aprovecha lo que está ocurriendo en el país más importante de la tierra para afirmar cuestionamientos de política doméstica. Con mayor o menor veracidad.
En este sentido, el propio Gobierno de Rusia, paladín de la ‘no libertad’ de expresión de los disidentes – líder opositor preso mediante -, ha afirmado desde su Cancillería que la decisión “puede ser comparada a una explosión nuclear en el ciberespacio. La destrucción no es tan terrible como las consecuencias”. Por supuesto, avizorando un ‘escenario espejo’, intentan evitar que ocurra algo similar con el presidente Vladimir Putin.
Pero además, para terminar de asestarle el golpe de gracia a sus históricos oponentes, han implementado el habitual ‘chicaneo vulgar’ de la diplomacia del siglo XXI: el contragolpear utilizando ‘su propia medicina’, como lo hace China cuando ataca el proteccionismo estadounidense, sosteniendo que es contrario al sistema internacional neoliberal que los mismos norteamericanos han creado décadas atrás. En este sentido, desde el otro lado de la otrora cortina de hierro, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajarova, sentenció que con el bloqueo al presidente Trump “se ha dado un golpe a los valores democráticos declarados por los países occidentales”.
Justamente hablando de China, con Google censurado y Yahoo tan ralentizado que ‘extrañamente’ se cae permanentemente, el motor de búsqueda más usado en China es Baidu, el cual posee el 75% del mercado. Por supuesto, si uno escribe la palabra Tiananmen en el mismo, no espere encontrar la sobrecogedora imagen del hombre que corta el paso a una columna de tanques; simplemente debe relejarse y disfrutar fotos turísticas de la plaza y, sobre todo, de la entrada a la Ciudad Prohibida bajo el retrato de Mao que aún cuelga en una de sus puertas. Eso sí, ello no implica que ‘business are business’: con un valor de mercado superior a los 40.000 millones de dólares, Baidu fue en 2007 la primera firma tecnológica china que ingresó en el Nasdaq.
Cuando uno le pregunta al Gobierno chino el porqué de las medidas restrictivas, la respuesta es contundente: “La estabilidad social es la misión número uno. El gobierno debe garantizar un ciberespacio limpio, positivo, sano y ordenado”. Más aún, como un deja vú de la guerra fría del siglo pasado, desde la CAC, el Organismo Chino de Control de la Información, se pidió que “toda la sociedad participe en la limpieza y en el desarrollo ordenado de los medios; agradeciendo además a quienes colaboraron denunciando la información ilegal y dañina”.
En tanto en Francia, el ministro de Economía, Bruno Le Maire, puso en tela de juicio que la suspensión de las cuentas no se haya realizado “bajo un marco legal de regulación”. Por lo menos extraño discursivamente, en un país que hace años tiene la intención de desmantelar el Estado de Bienestar, embebido en un claro proceso de desregulación que no es más salvaje debido la oposición de los sindicatos, cierto sector de los chalecos amarillos, grupos universitarios, etc. Igualmente, ello no sería lo más relevante: poco o nada dicen de crear regulaciones cuando se trata de proteger a los millones de usuarios de internet franceses del espionaje masivo del que son objeto en cada segundo de sus vidas. Evidentemente, la principal contradicción del capitalismo ‘democrático’ moderno es aquella que se da entre la posibilidad de producir socialmente bienes de información abundantes y gratuitos, y un sistema de monopolios que se esfuerzan por mantener el control, la ‘auto -propiedad intelectual’ de la información.
Quien quiere dar una especie de solución Estatal es la Unión Europea, la cual está trabajando sobre una nueva jurisprudencia – el Digital Services Act -. Es que como ocurre con el caso de las monedas digitales, donde ya se están creando las monedas digitales estatales para competir con el Bitcoin y otras que no tienen control ni ningún tipo de regulación gubernamental. En este sentido, los actores estatales del viejo continente sostienen que no se puede dejar esta temática en manos del mercado. Es que la estatalidad no es un tema menor; menos ahora que las compañías tecnológicas han perpetrado para muchos ‘el primer golpe de Estado exitoso realizado por los medios’. Sin embargo, entre los funcionarios hay bastante temor de la potencial respuesta ante el intento legislativo de romper el monopolio de la elite tecnológico. ¿A qué tipo de réplica le temen? Con la amenaza, sencilla, de exponer los secretos de las docenas de agencias gubernamentales – y sus funcionarios – que tienen sus datos almacenados en la nube.
Para concluir, Noam Chomsky decía que el objetivo de la educación era mostrarle a la gente como aprender por sí misma; lo demás es adoctrinar. ¿Será el principal inconveniente entonces que la ciudadanía no puede discernir entre el ‘bien y el mal’, por ello se justifica el bloqueo? ¿Vivimos en un contexto donde la mayoría de los seres humanos tiene que trabajar arduamente para sobrevivir, y no tiene ni tiempo ni herramientas para comprender lo que ocurre, por ello necesita un gran hermano que le diga que ‘realidad’ o ‘verdad’ puede o no ver? ¿No sería más lógico mejor mostrar a todos aquellos que se quieren expresar, que bloquear a quienes ellos creen que no representan los ‘intereses’ o el ‘bienestar’ del pueblo? ¿No se estaría de este modo silenciando indirectamente a los millones de representados que han elegido democráticamente un presidente, una forma de hacer política, unas ideas? ¿No están actuando infantilmente (como darle un caramelo a un niño para luego quitárselo), al permitirle a figuras políticas, como en este caso el ex presidente Trump – hablar directamente a través de sus plataformas con su público objetivo sin intermediación, para luego decir que los dichos presidenciales no están a la altura de las circunstancias para resolver institucionalmente los graves dilemas de los Estados? Muchas preguntas, complejas respuestas.
Es aquí interesante entonces destacar las palabras del ensayista británico, Paul Mason, quien sostiene que la tecnología de la información – el producto más fundamental del siglo XXI – está disolviendo al sistema capitalista en general porque corroe los mecanismos de mercado, socava los derechos de propiedad, destruye la tradicional relación entre salarios, trabajo y ganancia y, sobre todo, ataca las bases de la institucionalidad democrática; o sea, nos estaríamos dirigiendo hacia un modelo pos-capitalista. Sin embargo, un análisis profundo pareciera indicar que es difícil sostener un cambio de statu-quo, al menos en el corto y mediano plazo. Puede tener otro rostro, pero la lógica sistémica probablemente prevalezca. Lo que sí es potencialmente realista, tal como indica la economista especialista en temas de tecnología, Paula Bach, es que “los escenarios para la transformación de las nuevas tecnologías en fuerza material continúen dando lugar a convulsiones significativas – en el orden de la economía, la política, la geopolítica y la lucha de clases –, cuyos resultados finales están abiertos”. Y en este sentido, con la reciente adición al escenario de interdependencia compleja global de estos actores tecnológicos preeminentes, seguramente estamos ante un nuevo estilo de batalla que recién comienza.