La Corte Suprema del Reino Unido dictaminó que Escocia no tiene el poder de celebrar un nuevo referéndum sobre la independencia sin el consentimiento del gobierno británico. La contestación por redes sociales de la Primera Ministra escocesa, Nicola Sturgeon, del gobernante Partido Nacional Escocés (SNP por sus siglas en inglés), no tardó en llegar: “Una ley que no permite a Escocia elegir su propio futuro sin el consentimiento de Westminster, expone como un mito cualquier noción del Reino Unido como una asociación voluntaria”.
En cuanto a la razón principal, Londres sostiene que la cuestión se resolvió en el referéndum de 2014, en el cual los votantes escoceses rechazaron la independencia con un 55% de los sufragios contrarios a la escisión. Sin embargo, desde Edimburgo argumentan que la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, a la que se opuso la mayoría de los votantes escoceses, ha cambiado radicalmente el panorama político y económico.
La historia indica que Escocia e Inglaterra han estado unidas políticamente desde el año 1707. Mientras Escocia tiene su propio parlamento y gobierno desde 1999 – lo que le permite elaborar sus propias políticas sobre salud pública o educación -, el gobierno del Reino Unido en Londres controla los asuntos claves, como son la defensa o la política fiscal. O sea, determina las dos principales aristas que cualquier jurisdicción desea detentar: el poder económico y de coerción.
Está claro que la idea de un Reino Unido grande, con perspectiva de volver a poner a la Gran Bretaña en su lugar, se contrapone con los intereses particulares, propios de la necesidad de un pueblo de encontrar un propio destino. Culturas con matices diferentes, percepciones ideológicas con contrapuntos, pero principalmente, con claros diferendos en el manejo y las prioridades en la distribución de los recursos económicos.
En este sentido, el Brexit fue un momento bisagra de diferenciación: mientras que en los medios de comunicación británicos los temas predominantes de la campaña a favor de la salida de la Unión Europea fueron la inmigración y el sistema sanitario, para los escoceses tuvieron más importancia las cuotas de pesca o el transporte público. Por otro lado, las generaciones más jóvenes, que han crecido con las libertades intracomunitarias, han aprendido a apreciarlas y no quieren perderlas. Menos ideología y más pragmatismo, se podría decir. Y sino pensemos en el masivo apoyo británico a los ucranianos; un amor que se va ‘apagando’ lentamente ante la imposibilidad de calefacccionarse a medida que llega el invierno europeo.
Al día de hoy, para el SNP el Gobierno británico ha implementado políticas de austeridad que han llevado a cientos de miles de escoceses a la pobreza. “Si solo representamos el 8% de la economía del Reino, entonces que nos permitan disponer del control total de nuestros campos petroleros en el Mar del Norte (alrededor del 90% del crudo británico se extrae de pozos situados en las zonas reclamadas como propias por los secesionistas de Escocia), el mundialmente famoso whisky de malta, la industria textil, los motores a reacción, y los diversos servicios bancarios que manejamos”, se quejan desde Glasgow. Es que Escocia tiene industrias exclusivas de gran importancia, pero para el parlamento británico su relevancia es menor a la que tendría en una Escocia independiente.
En este aspecto, en Glasgow no están tan equivocados: en el Parlamento de Westminster, los representantes escoceses ocupan solo el 9% de los puestos de la Casa de los Comunes. A pesar de que ello es consecuente a su estatus demográfico dentro del Reino, afirman que esta situación hace que paguen más impuestos por persona que el resto del país, que su oposición a la privatización de servicios públicos sea inútil, que no les permitan crear un fondo petrolero como el de Noruega – con el que se apoyaría indirectamente el gasto social -, o mismo que tengan que resignarse a la existencia en su territorio de armas nucleares, como son los submarinos armados con los misiles Trident que se encuentran en la base naval de Clyde, en la localidad de Argyl and Bute.
Ante el contexto descripto, no podemos negar que nos encontramos con el fino ‘toma y daca’ de las causas y consecuencias de pertenecer. Por ejemplo, los principales bancos que operan en Escocia ya han manifestado su intención de trasladarse a Londres si se realiza el referéndum y gana la independencia; una decisión que entra dentro de la lógica teniendo en cuenta que el Estado británico controla el 80% de la mayor entidad, el Royal Bank of Scotland. Ahora bien, ‘Todo Pasa’, como diría Don Julio, y seguramente el sistema financiero se va a terminar reconfigurando. Con sus riesgos y consecuencias. Como lo piensan muchos catalanes o norirlandeses: hay que ‘jugársela’, tomar partido, desprenderse de una lógica, un statu-quo dado y normalizado.
A pesar de ello, es más que entendible que los escoceses se juegan una patriada compleja; vivimos bajo sociedades cambiantes, donde la dinámica es más individualista, menos generosa hacia lo colectivo. Pero a veces hay que tomar decisiones difíciles, costosas desde lo emocional, pero sobre todo desde el bolsillo. Entonces los escoceses tendrán que buscar nuevos mercados, otras alianzas estratégicas. Para avanzar con firmeza y sin miedo solo es necesario tener en claro que de lo único que no se vuelve es de la muerte física – y a veces de la corporativa -. Pero los Estados – siempre que no haya algún conflicto bélico que haga tambalear el statu-quo (sino pregúnteles a los ucranianos) -, sobreviven.
En definitiva, y como pasa en todas las latitudes, ante tanta desilusión popular sobre los diferentes gobiernos – de todo tipo y color político -, incapaces de brindar soluciones superadoras a las mayorías, la búsqueda de un cambio, irreverente, no siempre racionalizado, es pedido a gritos. Bajo este marco, las grandes epopeyas, ideológicas, programáticas, y de poder real, yacen en las penumbras del olvido.
En el medio, ni laboristas y conservadores quieren auto sentenciarse como el partido que dejó ir a Escocia; ello los condenaría políticamente a un escenario difícil de remontar. Más complejo aún, de vencer el ‘sí’ se abrirían dos años de negociaciones entre Londres y Edimburgo para repartirselos bienes y las deudas. «El diablo está en los detalles», dice un viejo refrán anglosajón. Lo hubieran pensado antes. Mejor dicho, hubieran realizado políticas públicas propositivas y equitativas para todo el pueblo del reino. Ahora parece ser tarde. O, mejor dicho, no parece haber voluntad de cambio de quienes detentan el poder (aquel poder, que nunca debemos olvidar, otorgado por el mismo pueblo). Pero mientras el eje se centra en volver a generar esa imponente y arrolladora ‘Gran Bretaña Global’, hacia adentro, un pueblo se resquebraja.
Pablo Kornblum 