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Ahora que estamos en ballotage con dos propuestas antagónicas como país, es bueno recordar lo que ha ocurrido semanas atrás en Grecia. El Parlamento del país helénico aprobó una reforma laboral impulsada por el gobierno de Kyriakos Mitsotakis que permite, a criterio de las empresas, aumentar a seis días la jornada semanal y hasta 13 horas de trabajo diarias. 

Pero eso no es todo. La nueva legislación castiga con hasta seis meses de prisión y 5.000 euros de multa a quienes impidan que otros trabajadores se presenten en sus puestos durante una huelga. También admite que las empresas despidan a un trabajador sin aviso previo o sin indemnización durante su primer año contratado (salvo que las partes hayan resuelto otra cosa), y extiende el período de prueba a seis meses. Asimismo, la reforma introduce contratos para ‘empleados de guardia’ que prácticamente no tendrán un horario fijo, sino que trabajarán cuando su empleador lo requiera – siempre y cuando sean notificados al menos 24 horas antes -.

La pregunta que habría que hacerle al gobierno griego es: ¿De donde sacaron la teoría o la praxis que avala esta nueva legislación? Porque, de hecho, los estudios sobre productividad aconsejan la reducción de la jornada y la mejora de las condiciones laborales (incluida la conciliación familiar) como forma de mejorar la productividad y rentabilidad de las empresas. O sea, la mejora de la productividad entendida por la mejora de los procesos y la mejora de la calidad de la producción y de los servicios, y no por la vía del abaratamiento de los costos laborales o el incremento de la jornada laboral.

¿Estamos hablando de comunismo? De ninguna manera, solo de un capitalismo ‘más humano’. Pero ello aquí no importa: el Ejecutivo asegura que esta reforma logrará formalizar la economía porque a partir de su aplicación se eliminarán las horas extraordinarias no declaradas (léase el trabajo en negro) y aumentará el empleo. Lisa y llanamente, a la vieja usanza pre-fordista. Un retroceso de más de un siglo donde se olvidan que no existe una relación de igualdad entre empleador y empleado, sino una clara relación de dependencia.

En adición, los mercados internacionales de deuda le han dado el beneplácito y también están premiando la reforma laboral griega. En términos internacionales, el gobierno de Mitsotakis argumenta que con la reforma llegarán inversores extranjeros al país, ya que consideran la anterior legislación laboral demasiado compleja: grandes empresarios afirman tener dificultades para contratar personal, ya que los trabajadores consideran que los salarios no son lo suficientemente altos, sobre todo en sectores como los servicios de alimentación, el turismo y la construcción. Ello nos interpela una vez más, demostrando que el modelo globalizador neoliberal, más allá de las dinámicas nacionales, sigue intacto como desde hace casi medio siglo.

Ahora bien, ¿la continuidad de la lógica pregonada por el Consenso de Washington, sirvió para algo?  Entre 2010 y 2018, Grecia estuvo inmersa en tres programas de asistencia financiera (los llamados “rescates”), recibiendo un total de 288.700 millones de euros en desembolsos a cambio de una fuerte condicionalidad y de profundas reformas estructurales. A pesar de ello, el PBI de Grecia en 2022 seguía estando 20 puntos porcentuales por debajo del nivel de PBI en 2008; el déficit por cuenta corriente continuaba muy elevado (prácticamente 10% del PBI en 2022); y la ratio de deuda pública sobre PIB permanece también en niveles altos, muy por encima de la media europea.

Por ende, al final del día lo que se observa no puede sorprendernos. El crecimiento macroeconómico, con contados acumuladores de enormes sumas de capital y un débil efecto derrame, se condice con el ajuste a pedido de la troika europea (la Comisión Europea, el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y el Banco Central Europeo), perros guardianes del capital concentrado; una reforma laboral que flexibilice más a los trabajadores y abarate los despidos; y salarios reales por el piso (con una inflación de casi dos dígitos, lo cual se torna algo difícil de digerir). Es más, Grecia no sólo continúa por encima de la media de la OCDE en horas trabajadas, sino que es el quinto país de la Unión Europea menos productivo; todo ello a pesar de que en el año 2021 ya había incrementado las horas laborales.

Por supuesto, todo tiene su gris y debe ser matizado para ‘mantener la gobernabilidad’. Pese a que los diversos programas de rescate lograron sus objetivos de ‘mantener la integridad de la eurozona y restaurar la estabilidad financiera de Grecia’, un informe de evaluación independiente de 2020 encargado por el MEDE reconoce que se prestó insuficiente atención a las necesidades sociales subyacentes de la población griega; lo que implica en la necesidad de brindarle una mayor importancia para el éxito de futuros programas ‘el tomar en consideración las realidades sociales de los países afectados’; por supuesto siempre teniendo en cuenta ‘la restauración de la credibilidad de sus cuentas públicas’. El propio presidente de la Comisión Europea durante gran parte de la duración de los programas, Jean-Claude Juncker, ha llegado a manifestar que, pese a que “los ciudadanos griegos tienen muchas razones para estar orgullosos”, las “medidas impuestas a la sociedad griega fueron demasiado austeras”.

Pareciera ser que Juncker se quedó un poco corto. El 40% de las familias griegas viven con unos ingresos por debajo de los 12.000 euros anuales, mientras que otro 40% se sitúa entre los 12.000 y los 30.000 euros anuales (lo que podría denominarse una clase media-baja). La situación de precariedad se traduce en que el 35,6% de los griegos no puede pagar a tiempo sus facturas de servicios públicos. Y los últimos datos de la OCDE sobre el riesgo de pobreza extrema muestran que el 20% de los jóvenes griegos de entre 18 y 24 años viven en hogares con una privación de recursos grave. “Más del 80% de las familias griegas gastan más de la mitad de sus ingresos en alimentación, transporte y gastos asociados al hogar. Es la verdadera realidad del país”, sostienen desde la academia y los sindicatos.

En definitiva y como dice el viejo refrán, ‘el que avisa no traiciona’. Debemos reflexionar cuidadosamente si realmente deseamos un país con incrementos en la productividad pensando en mejoras de los procesos productivos y con una más eficiente tecnología, que permita acumular capital pero que no perjudique al medio ambiente y sirva para mejorar la calidad de vida tanto de los trabajadores que crean los bienes y servicios agregando valor, como para los consumidores que puedan adquirirlos a precios razonables; o si queremos un proceso de ingente acumulación de capital, voraz e individualista, que traccione a los pocos que puedan subirse al tren y excluya y empobrezca a las mayorías. Y ojo, a cuidarse con los confusos cantos de sirena. Porque como decía Gramsci: “El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en ese claroscuro surgen los monstruos”.