Autor: korukoresh

¿Es posible la semana laboral de cuatro días?

Por Pablo Kornblum para Ámbito Financiero

https://www.ambito.com/opiniones/empleo/es-posible-la-semana-laboral-cuatro-dias-n5218085

En la década de 1930’, John Maynard Keynes vaticinaba que el avance tecnológico redundaría en un aumento de la productividad y una sostenida reducción de las horas semanales de trabajo. El primer vaticinó se cumplió. El segundo fue una utopía: el aumento de la competencia y la vorágine para con la acumulación de capital fueron un ‘buffer’ de contención inexpugnable para aquellos que promueven una menor carga laboral para los trabajadores.

Para lograr este cometido, se llevó a la ética protestante a su máxima expresión: una sociedad que no concibe otra lógica que no sea la de trabajar duro para conseguir los sueños. Un capitalismo que nos dice que ‘Somos pobres porque no somos productivos’. Mentira: a partir de la década de los cincuenta la productividad, sobre todo en los países industrializados de la OCDE, ha crecido de forma sostenida. Sin embargo, ni las horas trabajadas ni la remuneración por hora trabajada ha seguido una evolución proporcional a este patrón. Solo para dar un par de ejemplo, en el Reino Unido dos tercios de las 8 millones de personas que viven por debajo del umbral de pobreza, tienen un trabajo estable. Según el sindicato español UGT, en 2020, en España el 12,7% de los empleados entrarían en la categoría de trabajadores pobres.

Estamos entonces ante un sistema que nos mantiene en un estado constante de ansiedad por conseguir un trabajo que nos dignifique moral y económicamente, en muchas ocasiones realizando trabajos nocivos para no sufrir la miseria y el estigma del desempleo. Por supuesto, en los países más empobrecidos este per se tomó mayor fuerza que en los países occidentales desarrollados, pero también en aquellos en donde los factores culturales, la obediencia y el paternalismo político, o la abdicación para con los preceptos religiosos, juegan un rol relevante; ello se observa con claridad en países como Corea del Sur, Turquía o Chile, donde cerca de la mitad de los empleados trabaja más de 48 horas a la semana.

Expuesto este sucinto escenario, la actual propuesta en varios países es que se pueda establecer cuatro días de trabajo por tres de descanso. Los que apoyan la moción sostienen que la reducción y flexibilización de las jornadas laborales elevaríala productividad, conciliaría la vida laboral con lo familiar y lo personal – ya sea más tiempo para estudiar, actividades recreativas culturales y deportivas, etc. -, incentivaría la actividad económica derivada de un mayor nivel de empleo y consumo, protegería el medio ambiente al reducir la movilidad, y prevendría una mayor cantidad de contagios – como por ejemplo con el actual escenario de COVID-19 – derivados de un menor contacto físico interpersonal. Y algunos hasta se atreven a mirar más allá: proponen que la redistribución de la riqueza vaya de la mano de una lógica que implique que una parte de las ganancias derivadas del incremento de la productividad sean utilizadas a través de la inversión para continuar los procesos de innovación, mientras otra ‘porción no menor’ de la rentabilidad corporativa sirva para disminuir progresivamente las horas trabajadas, hasta llegar a un nivel que permita una vida digna y satisfactoria para todos los trabajadores.

Para dar algunos ejemplos, en España el partido Más País propuso un plan de tres años, con un costo de 50 millones de euros, para incentivar a las compañías a que prueben la jornada reducida sin temor a que ello impacte demasiado en sus resultados. La intención es cubrir el ‘precio’ de incorporar la semana laboral de cuatro días al 100% durante el primer año, al 50% el siguiente año, y al 33% en el tercero; con un objetivo de cubrir entre 200 y 400 empresas para que, a cambio de la ayuda financiera, reduzcan la jornada de los trabajadores sin que ello conlleve la pérdida de su salario. Cabe destacar que el subsidio estatal también tiene un claro objetivo de negocio, más allá de las bondades hacia los trabajadores: el ‘fin de semana largo’ generaría un mayor gasto en esparcimiento, en turismo y en gastronomía. Pero además, ciertos números de la dinámica histórica macro también avalan al país ibérico: en el 2017, España redujo las horas de trabajo de 40 a 35 por semana, generando un posterior crecimiento de su PBI de 1,5%, la generación de 560.000 nuevos empleos, y un incremento salarial a nivel nacional de un 3,7%.

En tanto en Japón, la filial de Microsoft en aquel país fue la primera multinacional en aplicar la jornada laboral de cuatro días. Los resultados de las primeras semanas no pudieron ser más exitosos: la productividad mejoró un 40% en los 2.300 empleados en los que se aplicó, las ventas se incrementaron en más de un 50%, y la empresa redujo gastos en la factura de electricidad y en la impresión de papel en un 23.1% y un 58,7% respectivamente.

Por supuesto, el debate tiene varios grises. El diputado chileno Raúl Soto, impulsor de la propuesta en el país trasandino, sostiene que “esta distribución de la jornada no podrá significar, bajo ningún concepto, una disminución en la remuneración, ni tampoco alguna afectación a los derechos individuales y colectivos del trabajador”. El sector empresarial advirtió que los recortes aumentarán los costos de las empresas y que podrían tener efectos negativos en los salarios y el empleo. Una discusión parecida ocurrió en el año 2003, cuando ese pasó de 48 a 45 horas laborales a la semana. ¿Qué ocurrió? Nada. Los chilenos siguieron viviendo bajo la misma estabilidad macro – y por supuesto rentabilidad empresarial – e inserción al mundo que tanto los representa ante los ajenos, pero también con el mismo nivel de pobreza y desigualdad. 

Por otro lado, no todos los sectores de la economía tienen la misma facilidad de llevar a cabo la medida. Generalmente, a mayor tecnología, automatización de procesos y digitalización, mayor flexibilidad y adaptación al cambio. Por ende, siendo realistas, también hay que tener en cuenta la estructura productiva de cada empresa. Y en muchos casos los costos: hay servicios, como por ejemplo la hotelería, que menos días laborales implica proporcionalmente la contratación de más personal; como consecuencia, más trabadores implicaría sine qua non menor rentabilidad empresarial.

Al debate se le adiciona entonces, el cómo balancear la mejora del bienestar de los empleados reduciendo sus horas de trabajo, pero manteniendo a su vez la relación productividad-sueldo de forma eficiente para las empresas en términos de objetivos y resultados. Y aquí surgen otras ideas: “La primera pregunta no debería ser si se debe o no reducir las horas de trabajo. Por el contrario, tendríamos que preguntarnos ¿qué podemos hacer para mejorar el ambiente de trabajo? Tal vez cosas distintas funcionan mejor para diferentes grupos”, refiere un informe de la Universidad Autónoma de Madrid sobre el tema.

Finalmente, se encuentran aquellos que se oponen a la medida. “No creemos que provoque un aumento del desempleo, aunque podría influir en una disminución de las remuneraciones o de ciertos beneficios laborales”; o mismo el “estando en la situación en la que estamos, no es el momento de plantear estos debates, pueden generar desconfianza”, dicen, con lógica corporativa, desde ciertos sectores empresariales. La realidad es que cuando afectan sus intereses, nunca es momento. Y las remuneraciones o los beneficios laborales pueden ser ‘siempre manipulados’, tanto por su disposición individual, o mismo por una situación específica del mercado.

Por su parte, algunos sindicatos pro-sistema consideran que es una aspiración irrenunciable, pero admiten que está lejos de poder aplicarse hoy en día y prefieren centrarse en reclamar, por ejemplo, el controlar los excesos con respecto a las horas extras de trabajo. Es que las reformas marginales son más digeribles para la media de la sociedad; y aunque ya hace tiempo se esté desarrollando un contexto de polarización – inclusive en términos antropológicos -, la dinámica política todavía tiene ciertos paradigmas de centro que todavía determinan gran parte de los resultados electorales.   

También la reducción de la jornada laboral se convierte en un mecanismo de captación de talento. ¿Pero qué ocurre con el ‘ejercito industrial de reserva’ de los trabajadores menos calificados? Aquí nos encontramos con una disyuntiva de dudosa moralidad, como por ejemplo es el caso de ‘Shake Shack’, la cadena de comida rápida estadounidense que comenzó a experimentar con la jornada de cuatro días en algunas de sus sedes de Las Vegas en marzo del pasado año. Su ‘leitmotiv’ era atraer, retener y encontrar “empleados de alta calidad, ya que nunca antes había sido tan difícil hallarlos”, según su CEO, Randy Garutti. Lo que no mencionó es el nivel – por el piso – de los salarios que paga la empresa.

En nuestro país, la jornada laboral promedio es de 39 horas semanales, aunque la ley fija como tope un máximo de 8 horas diarias o 48 horas semanales, muy similar a otros países de la región como Bolivia, Paraguay, Perú y Uruguay. Sin embargo, pareciera que los dilemas endógenos nos exceden como para comenzar a pensar en discutir el tema. ¿No sería mejor combatir el empleo no registrado, los bajos salarios, o la desocupación que impacta fuertemente en los índices de pobreza? Algunos dirán que sí, otros sostendrán que el escalonamiento solo entibia las luchas, que las conquistas se deben pelear todas juntas, en todo momento y en todo lugar.

En definitiva, lo único certero es que nadie es totalmente libre si no tiene tiempo para sí mismo. Y muchos de nosotros estamos viviendo una vida estresante, con escaso tiempo para el interés propio, donde solemos terminar el día agotados. ¿Dónde entra a valer aquí la salud mental? ¿Y la conciliación con el deseo? En definitiva, por más que algunos les pesen, los trabajadores asalariados no son ni más ni menos que seres humanos.

Y aquí creo que vale la pena traer a colación una frase de Antonio Gramsci: “El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en este claroscuro surgen los monstruos”. A esta altura del siglo XXI, el bienestar de la mayoritaria clase trabajadora global, debe ser una prioridad. Y durante esta transición, los monstruos deben ser derrotados por la ética racional de quienes entienden que sin un esquema sustentable para todos, no hay futuro posible de calidad para nadie.

El trasfondo sobre el impuesto global a las multinacionales

Por Pablo Kornblum para Ámbito Financiero 20/6/2021

https://www.ambito.com/opiniones/impuestos/el-trasfondo-el-impuesto-global-las-multinacionales-n5204648

Algunos días atrás, los Ministros de Finanzas del G7, reunidos en Londres, dieron una noticia que sorprendió al mundo: los países miembros están decididos a enfrentarse a la evasión fiscal llevando a la praxis medidas que tiendan a lograr que las empresas tributen en los países donde hacen negocios; para ser más explícitos, las principales economías del mundo llegaron a un acuerdo histórico para implementar un impuesto mínimo global a las empresas multinacionales: una tasa impositiva corporativa que sería, en principio, del 15%. En este aspecto, lo firmado por Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Canadá, Italia y Japón, ejercerá presión sobre otros países para que sigan su ejemplo, algo que podría verse ampliado en la próxima reunión del G20.

¿Cómo se articularía? Si finalmente se concreta la idea, obligará a las corporaciones que declaran como base países donde optimizan con menores tributos, a compensar con el pago del monto que faltó para llegar al 15% a otros países. Lo que se plantea es que, cuando las multinacionales tengan márgenes de ganancias superiores al 10%, al menos un quinto de los impuestos deberán ser pagados en el lugar donde estas ganancias fueron obtenidas.

El acuerdo tiene como objetivo, en primer lugar, el evitar una ‘carrera a la baja’ en la que los países pueden competir unos con otros a través del descenso de las tasas impositivas. En segundo lugar, las reglas tendrán como foco el hacer que las empresas paguen impuestos en los países donde venden sus productos o servicios, en lugar de donde declaran sus ganancias.

Las palabras de apoyo al proyecto no se hicieron esperar. La Secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, indicó que el impuesto “pondría fin a la lucha por la reducción de los impuestos corporativos y garantizaría la equidad para la clase media y los trabajadores de Estados Unidos en todo el mundo”. En consonancia, el Vicecanciller alemán, Olaf Scholz, dijo que era “una muy buena noticia para la justicia fiscal y la solidaridad; mientras que era una mala para los paraísos fiscales. Las empresas ya no estarán en condiciones de eludir sus obligaciones fiscales reservando sus ganancias en países con impuestos más bajos”.

La excusa perfecta para darle entidad a este plan fue la crisis económica que trajo aparejado el COVID-19, el cual ha requerido esfuerzos fiscales extraordinarios por parte de todos los gobiernos del mundo. ¿Si es la única razón válida para generar tamaña propuesta? Para nada, pero en un mundo donde la empatía ideológica ha sido abandonada a su suerte, cualquier evento pragmático, palpable, sirve para salir del aletargado escenario estructural de desigualdades crecientes que llevamos inmersos hace décadas. 

Del otro lado del mostrador, los gigantes tecnológicos como Amazon, Google o Facebook, dada su flexibilidad y capacidad de movilización de sus recursos, se encontrarían entre las corporaciones más perjudicadas. Es que cada vez son más los ingresos tributarios provenientes de fuentes intangibles como patentes de medicamentos, software y otros servicios digitales que han migrado a tributar a paraísos fiscales; una realidad que demuestra una vez más que los nuevos sistemas de producción, comercialización y pago de impuestos desde hace décadas dejaron de estar constreñidos a las regulaciones nacionales. Y la descripta ‘globalización de los sistemas y las telecomunicaciones’, claramente ha sido una herramienta vital para la concentración de la riqueza en el último medio siglo.

Sin embargo, a más de uno le ha sorprendido las respuestas de grandes corporaciones, quienes no lo han visto como una ofrenda terrible a su potencialidad. “Creemos que un proceso liderado por la OCDE que genere una solución multilateral, ayudará a traer estabilidad al sistema tributario internacional”, afirmaron desde Amazon. Por su parte, Nick Clegg, Vicepresidente de Facebook, describió el acuerdo como un “primer paso significativo para generar certeza en las empresas y el fortalecimiento de la confianza pública en el sistema fiscal mundial”. Mientras que Google, por su parte, emitió un comunicado sosteniendo que “apoyamos firmemente el trabajo que se está realizando para actualizar las normas fiscales internacionales, como así también esperamos que los países sigan trabajando juntos para garantizar que pronto se finalice un acuerdo equilibrado y duradero”. Es que para las corporaciones billonarias con rentabilidad que excede lo ‘extraordinario’, es tanto o más relevante la estabilidad pro-sistémica (donde ellos son las grandes beneficiados), que algún impuesto que les quite una tajada de sus jugosas ganancias. El mal menor – hasta con beneficios -, se podría decir.

Por supuesto, no podemos dejar de mencionar que el escenario descripto implica también el comienzo de una disputa geopolítica. Por un lado, cada Estado deberá conjugar los intereses de sus empresas emblemáticas, las cuales empoderarán a sus principales lobistas para que realicen la presión correspondiente para con la defensa de sus intereses. En consonancia, también se encuentran las variables con implicancias negativas sobre la generación de puestos de trabajo a nivel endógeno, la merma en la recaudación para las arcas de los Estados, o mismo el inmiscuirse en los asuntos de política económica gubernamental, como podría ser la definición de que impuestos cobrar o quienes lo deben pagar.

En este sentido, el propio Ministro de Finanzas irlandés, Paschal Donohoe, cuyo país ofrece una tasa impositiva corporativa baja – del 12,5% -, sostuvo tajantemente: “Cualquier acuerdo tendría que satisfacer las necesidades de los países pequeños y grandes, desarrollados y en desarrollo”. Por su parte, el gobierno suizo, que hace años se encuentra bajo presión desde el extranjero y que ha prometido en algún momento eliminar las bajas tasas impositivas especiales que benefician a unas 24.000 empresas extranjeras con sede en el país – y hasta ahora no lo ha llevado a cabo -, también se ha expresado a través de un comunicado de su Ministerio de Finanzas: “Suiza tomará las medidas necesarias para seguir siendo un lugar de negocios muy atractivo”.

Algunos tributaristas, técnicos e internacionalistas de distintas áreas y niveles, también mostraron cierta suspicacia. Por un lado, porque los gobiernos podrían eventualmente acordar una tasa mínima, pero a su vez pueden crear otros incentivos para atraer a las empresas como son las exenciones, subsidios, créditos o cualquier mecanismo que al final de cuentas favorezca a las firmas – ello sin entrar en vericuetos de tinte inmoral, como son los sueldos miserables o una laxitud en la política medio ambiental -.

Por otro lado, también existe poca confianza a que se llegue a un acuerdo global: sabemos que los mismos son difíciles de obtener – salvó que sea por la coerción discursiva o a través de la fuerza -, y ello se ha visto reflejado en los últimos años: lo que ha dado mayores resultados concretos – con aspectos positivos y negativos para los diversos sectores intra-nacionales involucrados – han sido los acuerdos de tinte bilateral o regionales, como podría ser por ejemplo el de la Alianza del Pacífico en América.

Desde la academia ortodoxa, también salieron a repudiar la medida. El Instituto Cato en Estados Unidos argumentó que de la misma manera que la competencia entre empresas promueve la eficiencia, la competencia tributaria genera beneficios favorables a la eficiencia entre países. “Sin competencia internacional, los gobiernos se transforman en monopolios”, sostienen. Aunque, a sazón de la verdad, los monopolios suelen ser una regla y no la excepción en la arena internacional actual. Con más o menos impuestos.

Por otra parte, David Malpass, Presidente del Banco Mundial, indicó que “no quería ver nuevas reglas que obstaculizarían la capacidad de los países pobres para atraer inversiones”. Unan historia repetida. Ello a pesar de que está harto probado que cuando hay rentabilidad y estabilidad institucional, las corporaciones trasnacionales invierten igual. Ya sea en términos de capital financiero o en la economía real.

Para sorpresa de algunos, los reclamos llegaron inclusive desde un sector del ala más progresista. En un comunicado, la organización Oxfam sostuvo: “Es absurdo que el G7 afirme que está ‘reformando un sistema tributario global disfuncional’ al establecer una tasa mínima mundial de impuestos corporativos que es similar a las indulgentes tasas que se cobran en paraísos fiscales como Irlanda, Suiza o Singapur. Pusieron el listón tan bajo que es muy fácil para las empresas pasarlo por encima”. Por otro lado, Eurodad, otra agencia abocada al desarrollo, también indicó que “el nuevo régimen daría derecho a los países de origen de las grandes empresas, a menudo en Estados Unidos o Europa, a obtener una mayor parte del impuesto y dejando poco para los Estados pobres donde también operan las multinacionales. Esto llevará a una transferencia masiva de dinero a los países ricos”. En términos marxistas, valor agregado generado en el tercer mundo con beneficios para el mundo desarrollado.

Para concluir el debate presentado, nos podríamos preguntar dónde se encuentra parado nuestro país. Pregunta mayúscula, para un escenario que parece demasiado alejado de nuestro complejo presente: por un lado, porque las empresas multinacionales – tanto nacionales como extranjeras -, tienen al país en un análisis permanente para con el cómo poder ‘saltar la grieta’; y, por el otro, porque nuestras Pymes, las cuales deberían ser el foco de la política diaria, luchan día a día para sobrevivir buscando marginales – y generalmente magras -, mejores condiciones sistémicas de mercado.   

En definitiva, mientras intentamos encontrar nuestro ‘destino manifiesto argentino’, desde los Thinks Tanks del mundo ya hablan de un golpe a la globalización neoliberal. Yo diría, más bien, que estamos sentando las bases para un regreso furibundo al Estado-Centrismo. Y, como debería ser siempre, tenemos que prestar más atención de lo que ocurre allá fuera de nuestras fronteras; simplemente, porque necesariamente debemos estar mejor preparados para adaptarnos pragmáticamente a los cambios que acontecen.

Biden y su fino equilibrio peronista

Por Pablo Kornblum para Ámbito Financiero, 05 de Junio de 2021

https://www.ambito.com/opiniones/joe-biden/y-su-fino-equilibrio-peronista-n5197917

Joe Biden entendió desde un primer momento que no debía equivocarse como lo hizo su antecesor, Donald Trump, quien quiso primariamente conquistar al ala más conservadora demócrata, abandonando los postulados más reaccionarios que lo llevaron a la presidencia. Grave error: se encontró con un rechazo total de todo el arco opositor, inclusive del sector más dialoguista del Partido Republicano. Luego fue remediándolo a partir del segundo año de su mandato – construcción del muro con México, regreso de los empleos para los estadounidenses, política exterior agresiva -, pero el daño político para con la solidificación de su imagen, ya estaba hecho.

El electo presidente demócrata hizo todo lo contrario; apenas asumió, comenzó a aplicar políticas ‘cercanas a una lógica izquierdista’, más acordes a su rival ‘socialista’ en la interna, Barry Sanders, que a sus propios postulados pro-establishment visualizados sigilosamente durante su campaña electoral. La premisa era clara: solidificar los lazos hacia adentro, para luego, cuando las aguas se encuentren más calmas – léase post-pandemia -, comenzar a coquetear con el electorado de centro, aquellos demócratas escépticos y las ‘palomas’ republicanas que tienden a tener ‘el suficiente estomago’ para dar cuenta de los potenciales aciertos en las políticas de los diversos gobiernos demócratas.

No por nada el Fondo Monetario Internacional (FMI) – donde Estados Unidos manda – elogió este martes la propuesta del propio gobierno de Biden para crear un impuesto mundial “de al menos” 15% sobre la renta empresarial, destacando que este mecanismo permitiría a los gobiernos invertir más en áreas esenciales como la educación, la salud y la infraestructura.

A ello se le debe adicionar los 4 billones de dólares que gastara el gobierno de los Estados Unidos en ayudas sociales e inversiones públicas, poniendo al Estado en el centro de los esfuerzos de reactivación. Ello incluye un “Plan de Empleo” (construcción de carreteras y aeropuertos, mejora del acceso al agua potable), un “Plan de Familias” (ampliación de los programas de educación y cuidado infantil), y un “Plan de Rescate” (pagos directos y beneficios adicionales de desempleo). Se trata, sin duda, del paquete de estímulo más grande de la historia reciente del país, multiplicando por más de dos la cifra lanzada por Obama en el año 2009.

Cabe destacar que la mayor parte de estas iniciativas se financiarían con un aumento de impuestos a las corporaciones y a los más ricos; lo que denominan algunos entusiastas economistas heterodoxos, “una clara ruptura con el neoliberalismo”. Para los que hayan leído historia económica del sistema capitalista es, simplemente, un poco de pragmatismo.

Por ahora, el escenario de corto plazo es positivo. El Producto Bruto Interno (PBI) creció el primer trimestre de 2021 a una tasa interanual del 6,4%, y un 1,6% en relación con el último trimestre del 2020. Lo interesante es que si se compara con el crecimiento de un poco más del 3% interanual del bloque de la Unión Europea, se observa claramente la diferenciación entre el envión estadounidense, con el desorden letárgico que implica la negociación colectiva – muchas veces in-eternum – de Bruselas.

Es que el plan europeo de recuperación de 750.000 millones de euros se encuentra hoy paralizado provisionalmente por el Tribunal Constitucional alemán – un deja vú de la crisis de los PIGS de hace una década con peligrosas connotaciones —, el cual no solo es mayoritariamente enfocado a proyectos de largo aliento, sino que principalmente lejos se encuentran de tener una llegada a la microeconomía real. “No solo es que el plan es cuantitativamente mucho mayor en los Estados Unidos que en la eurozona; sino que además, se está implementando más rápido y dirigido firmemente hacia los hogares”, sostienen indignados algunos políticos euroescépticos.

Por otra parte, por más que el gobierno de Estados Unidos ha inundado de dólares la economía en los últimos meses, la inflación sigue en niveles moderados. De hecho, el índice general de precios fue de +1,4% en el último año; ello a pesar de que el dinero circulante en la economía se incrementó un 25,8%, según los datos de la propia  Reserva Federal.

Sin embargo, los detractores monetaristas señalan que ya hay algunos precios al alza que indican un temprano cambio de tendencia, como el del crudo y otras materias primas. Por otro lado, la política de ‘tasas de interés cero’ que busca incentivar la actividad, disminuye también la rentabilidad depositada en los bancos, por lo que sostienen que está empujando grandes cantidades de liquidez hacia las bolsas y otros activos de mayor riesgo. ¿La respuesta? No hay nada que una suba de las tasas de interés, una morigeración en los estímulos monetarios, o un control más estricto de las actividades de los inversionistas financieros privados, no solucione en un país donde, salvo en puntos de inflexión de descontrol y crisis sistémica del sistema financiero – como lo fue en los años 2008/2009 -, reina la previsibilidad institucionalizada.

Junto a las críticas sobre el manejo de la macro, también están aquellos empresarios de la economía del día a día que sostienen que las “crecientes prestaciones por desempleo están manteniendo a algunos trabajadores fuera de la fuerza laboral” ¿No será, reflexionando como abogado del diablo, que pagan sueldos tan bajos por horarios extenuantes, que por ello no pueden competir con la asistencia estatal (Argentina Dixit)? Algunos dirán, con cierta razón, que no tienen margen para sostener sus costos después de un año de pandemia. Pero no todos sufren el desahorro de la misma manera: se sabe que hay unos cuantos ‘burgueses’ que se encuentran más allá de la coyuntura, y sobre todo de las mayorías que viven con lo justo y sufren en cuerpo y alma los vaivenes cíclicos de la economía. Veremos entonces que ocurre con el objetivo de Biden de alcanzar un salario mínimo federal de US$15 la hora en 2025.

Dado lo expuesto, podemos afirmar que aunque el objetivo superador, por el cual los gobernantes son elegidos, es el bienestar colectivo del pueblo, lo que sí es más importante, diría indiscutible y primordial para la mayoría de las elites políticas – y sus aliados económicos, judiciales, mediáticos – del mundo, es poder mantener a como sea el statu-quo. Juzgar al históricamente moderado Biden como un progresista radicalizado convencido sería, al menos, apresurado. Lo que si desea, sin dudas, es acumular capital político en un marco, un escenario normalizador, de paz social. Un fino equilibrio ‘en modo peronista’, entre la diversidad y magnitud de los intereses creados.

Porque de no ser así, sino logra su objetivo, la grieta se agranda. Y cuando ello ocurre, se ‘cae al vacio’ la condescendencia y el consenso entre los distintos actores, en contraposición a una pobreza e intolerancia que crecen de la mano a pasos agigantados. No sea que se tire mucho de la cuerda, que ya de por si se encuentra tirante. Es que lo más difícil en el mundo de hoy para las elites es encontrar el balance apropiado entre la coerción y las políticas marginales redistributivas que no afecten la fortuna – y el humor – de los poderosos. Una lectura inteligente es lo más atinado si se quiere salvar el sistema. 

Todo tiene un límite

https://www.ambito.com/opiniones/colombia/que-pasa-hartazgo-n5193581

Pablo Kornblum para Ámbito Financiero el 19-05-2021

¿Qué pasa en Colombia? Empecemos por lo formal. El gobierno se endeudó en demasía durante el último año para hacer frente a la crisis económica en medio de la pandemia. Con la ley de solidaridad sostenible – el nombre que se le dio a la fallida reforma tributaria -, se proponía recaudar alrededor de 6.300 millones de dólares – un 2% del PBI aproximadamente – para “sanear” las arcas del Estado. Y por supuesto, pagar los compromisos de deuda. En este sentido, el Banco de la República declaró que el país cerró el 2020 con un saldo de deuda externa que alcanzó los 156.834 millones de dólares, lo que equivale al 51,8% de su PBI.

El punto clave es de dónde pensaba el gobierno sacar ese dinero. El entonces Ministro de Hacienda – ya renunciado -, especificó que el 73% provendría de las personas físicas y el resto de empresas. Para los primeros, se aplicaría un impuesto a quienes reciban un sueldo mayor a los 633 dólares – en un país donde el salario mínimo es de 234 dólares -, además de un incremento del IVA, que actualmente se encuentra en un no menor 19%.

Ahora, vayamos al trasfondo. Para comprenderlo, hay una sola palabra que englobaría todo el escenario dantesco que se ha observado en las últimas semanas: Hartazgo. Hartazgo en un país donde la cifra del desempleo supera el 17% – aunque hay ciudades donde es mayor al 20% -. Hartazgo en un país donde los empleos precarios son la norma, la educación universitaria una utopía para las mayorías, y el acceso a la salud es todo un privilegio. Hartazgo en un país donde la pobreza llega al 42,5%, lo que significa que 21,2 millones de colombianos no tienen suficiente ingreso para suplir sus necesidades básicas. Hartazgo en un país donde el coeficiente de Gini desmejoró el año pasado al pasar de 0,52 a 0,54, una cifra nunca antes vista desde que se empezó a calcular el mismo formalmente en el año 2012. Hartazgo en un país donde un ciudadano que nace en el decíl más pobre se calcula tarda, en promedio, diez generaciones en alcanzar un lugar en la clase media.

Todo ello es inaceptable moralmente. Pero más aún cuando el clientelismo político ha eximido de impuestos y competencia abierta durante años a los grandes oligopolios del banano, el azúcar o la minería. O cuando el gobierno pensaba comprar aviones de combate al mismo tiempo que enviaba este ‘paquetazo’ al Congreso. O mismo cuando, en nombre de una reforma que incremente una recaudación que permita saldar el déficit y pagar la deuda, lo que subyace de fondo como objetivo real es el mantener la histórica reputación de país estable y responsable ante los ojos de los mercados internacionales.

¿Cómo se revierte esta situación?, se deben haber preguntado el presidente Iván Duque y su deteriorado gabinete. “Por la razón o por la fuerza”, habrá contestado más de uno, señalando el escudo nacional de nuestro país vecino cordillerano. Pero por la razón ética no solo es complicado, sino harto contradictorio para con los deseos espurios de las propias elites políticas y económicas. Ni que hablar de los necesariamente adicionados designios extranjeros, quienes detentan bipolarmente los hilos del poder hace décadas.

Entonces vamos por la fuerza. Las de seguridad y defensa, las cuales “utilizaron munición real, golpearon a manifestantes y detuvieron civiles”, según un informe de la propia ONU. Cuando el miedo se apodera de quienes detentan la autoridad, el temor a perderlo todo desata toda la furia trasvasada a la capacidad coercitiva del Estado. Igualmente, como dijo un manifestante durante una de las tantas protestas en Cali, “lo que hizo Duque no fue sacar a los militares a la calle; porque en realidad, los militares siempre están en la calle en Colombia”. Las FARC, Maduro, la lucha contra el narcotráfico, etc., hablan por sí solos de un país acostumbrado a la violencia sectaria. 

No es entonces extraño afirmar que, bajo el marco descripto, las elites colombianas se aprovechan de la sangrienta guerra contra la insurgencia, no solo como una cuestión de polarización interna, sino también para imponer el terrorismo de Estado tanto en la ciudad como en el campo, donde cualquier luchador sindical, dirigente de movimiento social, o campesino que pelea por su tierra, sea identificado como un potencial integrante o simpatizante de grupos insurgentes o subversivos. Ahora fueron por los jóvenes desahuciados, las clases trabajadoras, y las grandes mayorías empobrecidas como las nuevas víctimas de la violencia para-estatal.

Por supuesto, como ha ocurrido siempre y va a seguir pasando en la arena de las relaciones internacionales, Estados Unidos, actuando como un verdadero procónsul en territorio cafetero con su máxima expresión en el ‘Plan Colombia’, se encuentra preocupado por la inestabilidad situacional. No, no se ha equivocado. No por las decenas de muertos, sino por el debilitamiento de uno de los principales y más abyectos aliados en la región. Es que desde las bases militares estadounidenses y la práctica subordinación de las FF.AA. colombianas a las directrices del Comando Sur, hasta la actuación como puntal de lanza de las movidas injerencistas de Donald Trump durante el 2019 hacia Venezuela, sostener a Duque se transforma en una imperiosa necesidad de continuidad.  

Sin embargo y a pesar de lo expuesto, la represión y el retiro del proyecto, probablemente sea insuficiente. “La reforma no es un capricho. Es una necesidad. Retirarla o no, no es la discusión. La verdadera discusión es poder garantizar la continuidad de los programas sociales”, expresó Duque una vez que comenzaron a sonar las voces disidentes. Señor presidente, nadie sostiene que no se requieran programas sociales. Que tampoco son una solución superadora ni mucho menos. El problema es quien los paga.

Exprimir a lo que queda de clase media – o a la clase media acomodada que tampoco pasa zozobras -, no es una buena opción en tiempos turbulentos. Tampoco buscar confundir diferenciando lo que sería una ‘protesta legítima y otra ‘anárquica’. Y aquí Duque se vuelve a equivocar cuando asegura que detrás de las protestas se encuentra la “mafia del narcotráfico” que incurre en “el vandalismo extremo y el terrorismo urbano”. La búsqueda de chivos expiatorios pasó, sencillamente, de moda.

Es que entonces no hay otra alternativa. Hay que dirigir las miradas hacia las elites, los privilegiados que poseen bienes tangibles y activos financieros en cuantioso número. Justo o injusto, si se quiere capear la tensión social, son ellos los únicos que tienen la capacidad contributiva para atemperar esta situación. ¿Qué pasará con las inversiones? Nada, las continuarán haciendo si les conviene, y sino no. ¿Qué ocurrirá con la madre patria del norte? Podrán preferir otra cosa, pero lo último que querrán será un descontrol cercano a la frontera del ‘dictador socialista’ Maduro. ¿Qué pensarán los mercados internacionales, el FMI, los acreedores? Que nada les importa los dilemas y las pujas de intereses domésticas; lo único trascendente es que se pague lo adeudado. 

El presidente Duque y su gobierno tienen la última palabra. Esta vez, la sabana ‘es más que corta’.

El castigo por no cumplir la cuarentena en el mundo

Pablo Kornblum para Ámbito Financiero el 2-5-2021

https://www.ambito.com/opiniones/cuarentena/como-se-castiga-otros-paises-el-incumplimiento-la-n5189296

La gravedad epidemiológica es inocultable: millones de muertos en todo el mundo ante un virus siniestro, que en sus diversas cepas ataca sin miramientos. Aquí no existe prácticamente discusión ni grieta; solo nos encontramos con una marginal oda libertaria, la cual pregona diversas hipótesis – fundamentadas en mayor o menor medida – sobre las causas y consecuencias relativas del COVD-19. Pero para la mayoría de sus partidarios, todo quedó encorsetado en el economicismo que implica el consumismo individualista y la satisfacción del deseo de acumulación. Es que desde tiempos remotos, los neoliberales también aceptan un Estado, aunque mínimo, que garantice los condicionamientos básicos que requiere una sociedad para su ‘normal’ funcionamiento: seguridad, defensa, justicia y, por supuesto, salud.

Por ello entraron a jugar fuerte los diversos gobiernos del mundo. Por deber y necesidad. Cada uno con sus formas, sus modos; impregnados por su historia, su cultura, su religión. Y por supuesto, su capacidad de accionar (o coaccionar).

Del otro lado del planeta, Australia y Nueva Zelanda impusieron la cuarentena obligatoria a las llegadas internacionales, cerrando sus fronteras a todos menos a nativos y residentes desde el año pasado. Por el contrario, los viajeros de cualquier nacionalidad – incluido los propios nacionales -, que ponen un pie en Inglaterra procedentes de “una lista roja” de países de riesgo, deben hoy en día auto aislarse durante diez días en un hotel a su costo. El gobierno escocés, por su parte, anunció que sería más estricto aún que el inglés, e impondrá la cuarentena hotelera para cualquier viajero, sin importar el país de origen.

Volviendo a Inglaterra, las nuevas medidas también requerirán que los viajeros se costeen más pruebas diagnósticas durante su cuarentena. Y quienes mientan sobre su historial de viajes recientes, pueden incluso enfrentar hasta diez años de prisión. En este sentido, parte de la oposición de Boris Johnson se ha quejado por lo duro de las penas, las cuales se igualan a delitos violentos con armas de fuego o sexuales que involucran a menores, para los cuales el máximo es de siete años.

En otros países europeos como España, Francia, Alemania o Italia, las multas a quienes no respetan la cuarentena oscilan entre los 100 y 4000 euros, con penas que van desde los tres meses hasta el año de prisión. Similares son los casos de Croacia o Polonia (1000 y 1200 euros de multa respectivamente), ahora cada vez más alejados de la cortina de hierro oriental y más próximos a valores ‘democráticos occidentales’.

Por supuesto, también hay sociedades menos ‘apegadas a los derechos humanos’ para llevar adelante las políticas de penalidad. Por ejemplo, a medida que la India comenzó sus restricciones de movimiento, la policía comenzó a castigar a las personas que han querido evadir el confinamiento con palizas y, en algunos casos, flexiones de brazos en mitad de la calle. Por su parte, la Policía nepalí utiliza un gancho o sujetador gigante a modo de pinza que sirve para “capturar” a los civiles insurrectos sin tener que tocarlos ni acercarse.

En Rusia tampoco se andan con rodeos. Penas de cinco años de cárcel es el castigo por violar la cuarentena obligatoria impuesta por el Estado. Además, la policía puede acudir al domicilio particular en cualquier momento para comprobar que se está en casa o no. Y en Moscú, por ejemplo, se están utilizando cámaras de reconocimiento facial para detectar al confinado que abandone su lugar. Como buen país con estilo ‘Gran Hermano’, la tecnología moderna para cumplimentar objetivos se encuentra a la orden del día.

En tanto en Hungría, aquellos que incumplan las restricciones del gobierno afrontarán  penas de hasta ocho años de cárcel. De forma paralela, la difusión de “fake news” (noticias falsas) sobre la respuesta a la pandemia se castiga con hasta cinco años de prisión. Turkmenistán es un caso similar: en el país centroasiático gobernado por el autoritarismo Gurbanguly Berdimuhamedow desde el año 2006, cualquier medio que brinde cualquier información vinculada al COVID-19 sin su expresa autorización, será punible con hasta cinco años de cárcel. Más aún, la policía tiene la orden de detener a todo aquel que escuche hablar sobre el tema en la calle. Una vez más, el cuarto poder jugando un rol clave a la hora de la consecución de ciertos intereses. A veces a favor de los deseos gubernamentales, mientras en otras ocasiones puede ser un ‘bumerang’ que les puede jugar en contra.

En el sudeste asiático, más precisamente en Indonesia, las autoridades han ocupado espacios que han sido catalogados como ‘terroríficos’ por las costumbres y creencias del folclore indonesio, siendo estos adecuados con camas para que las personas pasen algunos días como parte del castigo. Más aún, en Sukoharjo, un pueblo ubicado en la isla Java, algunos de sus habitantes se han disfrazado de fantasmas del espíritu ‘Pocong’ – a los cuales las personas le tienen miedo y respeto -, y salen a las calles a asustar a quienes se encuentren fuera de sus casas. Religión, misticismo, o póngale el nombre que usted quiera; eso sí, pareciera tener gran efectividad para el control ciudadano.

China, por su parte, es el país que impone los mayores castigos a las personas que infringen la cuarentena: un ser humano que, al salir de casa, atente contra la salud de los demás ciudadanos y propague el COVID-19, será condenado hasta 10 años de cárcel o, de ser más grave el delito, a la pena capital. Además, China tiene sanciones para quienes se nieguen al tratamiento, salgan a las ciudades donde se ha introducido la cuarentena, o  destruyan los trajes protectores del personal médico. En total, hay 21 tipos de delitos relacionados con el coronavirus en el gigante asiático. Para todos los gustos.

Por supuesto, uno de los paladines del extremismo – famoso por su habilitación explicita a la policía de su país para matar narcotraficantes -, es el presidente filipino Rodrigo Duterte. El mismo obtuvo ‘poderes especiales’ otorgados por el Congreso para combatir la pandemia, y dio un claro avisó a quien se salte las estrictas normas: “A cambio de causar problemas, te enviaré a la tumba. Mis órdenes son para la policía y el ejército: si hay problemas o surge una situación en que la gente pelea por el COVID-19 y sus vidas están en peligro, disparen a matar”. Lo que se diría un hombre que no tiene un gran apego a la división de poderes. Ni tampoco respeto a la vida humana.

Ya entrando en nuestro continente, en los Estados Unidos de Norteamérica los castigos por no cumplir la cuarentena varían de acuerdo con el Estado, en un país que históricamente respeta puntillosamente el federalismo. En California, por ejemplo, los infractores pueden ser multados con 1.000 dólares o condenados a 6 meses de cárcel. El dato de color: el país del norte posee la multa más alta por violar las reglas obligatorias durante la pandemia: 250.000 dólares.

Como contraparte, en la ciudad de Panamá, las autoridades tomaron una decisión un tanto más pintoresca; a las personas que sean encontradas en las calles durante la prohibición, se les entrega una escoba y se las pone a desfilar mientras se dirigen a parques públicos para que limpien estos espacios.

En tanto a nuestros vecinos uruguayos, el país oriental ha avanzado en las últimas semanas con una  una reforma al Código Penal para penar con hasta dos años de prisión a aquellas personas que incumplan las normas sanitarias y violen la cuarentena.“El que mediante violación de disposiciones sanitarias pusiere en peligro efectivo la salud humana o animal, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión”, refiere el nuevo texto.

Una vez anunciado el proyecto, el Frente Amplio se opuso tajantemente: “No acompañamos la modificación al delito de violación de las disposiciones sanitarias ya que consideramos que para hacer esa modificación, se debe, desde el Estado, tratar las situaciones de vulnerabilidad social”. En los países menos desarrollados – léase más pobres -, donde reina la informalidad y las ‘changas’ del día a día para sobrevivir, para una gran parte de la población que le cuesta llegar a fin de mes sin algún tipo de ayuda gubernamental, el razonamiento no suena ilógico. 

En el mismo sentido, destacaron desde el principal partido opositor, “es un delito difícil de probar y puede servir para criminalizar a ciertas personas que no tienen un sustento y tengan que salir a trabajar”. Tampoco es desacertado, sobre todo en donde las transgresiones por parte de los hombres de ‘guante blanco’, tienen otro plafón distinto de quienes no tienen contactos, dinero, ni nada que no sea su fuerza de trabajo y su voluntad para salir adelante.  

Bajo la misma variable de la escasez – pero claramente profundizada -, se maneja el ciudadano medio venezolano. En este aspecto, la supervivencia diaria se hace cada día más compleja en medio de la cuarentena obligatoria ordenada por Nicolás Maduro. “El confinamiento en condiciones de insatisfacción de necesidades básicas es inviable. La gente en Venezuela no necesita salir solo para comprar alimentos, sino también para buscar agua o leña, porque los servicios no funcionan. Y vemos diariamente que a quienes han agarrado en la calle, les han aplicado castigos físicos bajo una pedagogía propia de los cuarteles”, sostienen desde la oposición y diversos organismos de derechos humanos. Claramente, el adicionar al aparato represivo parapolicial/militar, en una región con una historia y un presente delicado en cuanto a la violencia social, no coadyuva a tranquilizar el ánimo de la ciudadanía.

En nuestro país, con todas las ideas y vueltas que vivenciamos desde hace más de un año, podemos decir que en este punto nos encontramos con un dato saliente: tenemos una de las sentencias de prisión más largas por violación de la cuarentena; hasta 15 años de prisión dispone el artículo 205 del Código Penal para aquellas personas que propaguen “una enfermedad peligrosa y contagiosa”. Más que preguntarnos si no será demasiado, en nuestras latitudes la gran pregunta es si realmente puede hacerse efectivo el cumplimiento de la norma. De esta y de muchas otras.

En definitiva, tecnología, medios de comunicación, pobreza, desempleo, violencia física, militarización de la vida cotidiana, diferencias intrínsecas en el manejo de la pandemia, religión y cultura, entre otros. Todos estos temas, en conjunción y en su justa medida según cada geografía y sus especificidades, son el ‘menú a la carta’. En el mientras tanto y para su degustación, lo único certero que ha trasvasado cada rincón de nuestro planeta durante toda la pandemia de COVID-19, es la famosa frase del General: “El hombre es bueno, pero si se lo vigila es mejor”.

El Canal de Suez argentino

Por Pablo Kornblum para Ámbito Financiero el 18/04/2021

https://www.ambito.com/opiniones/canal-suez/el-argentino-n5185163

Conectando el mar Mediterráneo con el mar Rojo, el Canal de Suez ha sido desde su construcción la zona de paso obligada entre Europa y Asia. Hoy en día, con una globalización embebida en una interdependencia compleja que no da respiro – solo para citar un ejemplo, la Autoridad del Canal de Suez, pese a ser una empresa estatal independiente, es manejada por el poderoso ejército egipcio -, el mismo se ha visto inmerso en las nuevas dinámicas geopolíticas y económicas de las distintas potencias estatales que buscan controlar el paso que implica prácticamente la totalidad de contenedores comerciales entre ambos continentes, como así también el lugar donde transita el 12% de los intercambios a nivel mundial.

Por supuesto, como en cada aspecto de la vida, todo tiene sus luces y sombras. En este sentido, desde la perspectiva de la economía egipcia, los ingresos del canal ascienden a unos 5.000 millones de dólares anuales, representando la tercera mayor fuente de divisas del país. Sin embargo, en los últimos años el mismo se ha convertido en un objetivo del yihadismo, lo que ha puesto en cuestión el foco sobre la seguridad de la ruta marítima. En este sentido, hay que recalcar que el tránsito por el Canal de Suez no solo es de cargueros o petroleros, sino que también navegan una enorme cantidad de flotas militares.

Y eso no es todo: a nivel exógeno, la ‘competencia’ es también un factor con que el gobierno de Al-Sisi tiene que lidiar. Por un lado, una ruta alternativa terrestre ha sido promovida por la India, Irán y Rusia, la cual ascendería desde la costa india en el océano Índico hacia Rusia, pasando por Irán y Azerbaiyán. Y para los que sostienen con razón que las vías terrestres y aéreas no son competencia, ya que casi el 90% de las mercancías transportadas a nivel mundial se movilizan por mar al ofrecer claras ventajas comparativas (es más económico, puede transportar cargas de gran peso y tamaño, ofrecer mayor seguridad, y es el medio de transporte menos contaminante), también los adversarios promueven nuevas rutas marítimas, como las surgidas debido al derretimiento del hielo en el Ártico fruto del cambio climático, las cuales podrían  sustituir la actual ruta rodeando el continente asiático por el norte.

Ante el descripto avatar de dilemas alrededor del enclave estratégico convertido en una ‘mina de oro’ para las arcas nacionales, la clave para con la estabilidad macro y el beneficio colectivo nacional es saber sopesarlas, equilibrarlas. Y ello aplica también para nuestro país.

Cuando nos referimos al Canal de Beagle, el cual conecta al océano Atlántico con el océano Pacífico y se encuentra administrativamente dividido entre Argentina y Chile a través de una extensión de aproximadamente 240 kilómetros a lo largo de la costa sur de la isla Grande de Tierra del Fuego, debemos también realizar un análisis situacional exhaustivo que nos permita evaluar cuales serían las políticas más acertadas en beneficio de nuestro país.  

Aunque – hasta el momento -, no es un lugar estratégico para el comercio global, su influencia puede crecer pari passu los crecientes conflictos internacionales puedan obstaculizar los ‘chokepoints’ más importantes en el tráfico marítimo trasnacional. Todo paso puede tomar relevancia cuando otros se cierran, sean quienes sean los respectivos perjudicados y beneficiados. En este sentido nuestras alianzas, generalmente frugales en una dinámica internacional ‘liquida’ en la cual todos los actores – sin excepción – se encuentran inmersos, pueden ser determinantes en algún momento relevante de un futuro que no descarta graves conflictos interestatales de mediano plazo. La guerra en todas sus dimensiones – ya sea comercial, política o militar -, debe encontrarnos preparados para sacar el mayor de los provechos de nuestra posición geoestratégica.     

Porque allí nomás esta la Antártida, uno de los enclaves más importantes – sino el más – del futuro de la humanidad en términos de recursos naturales estratégicos. Porque allí nomás se encuentran estadounidenses, chinos y rusos buscando derramar sus tentáculos por esa fuente inagotable de poder y riqueza. Porque allí también se encuentran los británicos, con un pie en las usurpadas Islas Malvinas, y el otro sobre el continente virgen, aquel que todos dicen investigar para con el porvenir de la humanidad pero que en realidad esconden sus espurios intereses realistas. Porque es allí, entonces, donde tenemos que tener presencia.

Sino miremos la historia, el pasado que motivo que el Canal de Beagle sea un área de disputa entre Chile y nuestro país, lo cual llegó a implicar que en el año 1978 se desplieguen unidades militares a ambos lados de la frontera. Los objetivos geoestratégicos de Argentina eran evitar que su acceso a la Antártida se vea comprometido y que la presencia militar chilena en el Atlántico Sur, en conjunto con Brasil, puedan efectivamente rodear al país. En parte por estas razones, se produjo la posterior intervención argentina en las Malvinas. Por otro lado, para Chile, el acceso al Continente Helado y al Atlántico también era un objetivo estratégico. Y ambos Estados, comprendiendo la relevancia del área en cuestión, estaban listos para el enfrentamiento armado.

Hablando de nuestros vecinos, con los cuales tenemos nuestras diferencias en términos de intereses como lo he mencionado, pero que ello no quita que podamos aprender de ellos, copiar lo que hacen bien. No quiere decir todo, tampoco llevar a cabo las ideas de la misma manera. Pero simplemente observemos sus políticas asertivas hacia el Estrecho de Magallanes, el cual, junto con el Canal Beagle, fue una de las pocas rutas marítimas entre el Atlántico y el Pacífico antes de la construcción del Canal de Panamá, siendo el paso natural de mayor relevancia entre ambos Océanos. A pesar de la dificultad de su navegación debido a los frecuentes vientos y corrientes impredecibles, el estrecho es celosamente protegido por los chilenos. Cuidan ‘su casa’ para con las futuras generaciones.

En el Canal de Beagle tenemos comercio – que, entre otros, impacta propositivamente en los habitantes de las Islas Malvinas -; turismo – mermado por el COVID-19 pero con segura recuperación -, y extracción de recursos naturales. En cuanto a este último punto, el canal es uno de los pocos ecosistemas vírgenes que quedan en el mundo. Pero en el mes marzo de 2018, el entonces gobierno de Argentina, el gobierno provincial de Tierra del Fuego y Noruega, firmaron un convenio para desarrollar en la provincia la salmonicultura – más conocida como la cría industrial de peces en jaulas oceánicas -.

Para las organizaciones ambientalistas, ello representó una amenaza inminente que necesitaba ser frenada a tiempo, mientras la discusión filosófica y pragmática sobre el tema todavía sigue en la picota. Para la economía nacional, negocios son negocios. Y si no lo aprovechamos nosotros, se lo quedan otros. Ya bastante tenemos con la depredación de la merluza y otras especies más allá – y no tanto – de la milla doscientos. Y en la Zona Económica Exclusiva isleña, donde más nos duele.

En definitiva, el bloqueo del Canal de Suez, que tuvo en vilo al mundo, nos deja una enseñanza más. Es que siempre, lo que ocurre en el conjunto macro-superior, suele tener un impacto y una relevancia inusitada en el subconjunto inferior, en este caso nuestro país como unidad nacional. ¿El mayor aprendizaje? Cuidemos lo que tenemos, valoremos nuestros activos con inteligencia, seamos prudentes a la hora de tejer todo tipo de alianzas que, seguramente, tendrán un impacto estructural para el devenir de nuestras futuras generaciones.

La Argentina ya sufre mucho por las continuas políticas desacertadas, de mala praxis, sobre las coyunturas. Ojalá visualicemos, con temple y racionalidad, las decisiones más apropiadas para que la mayoría de los niños y niñas de nuestro país puedan usufructuar de las bendiciones que nuestra geografía nos brinda. Que las urgencias, una vez más, no nos impidan poder ver la luz – lamentablemente tenue – de las temáticas trascendentes al final del camino.