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El trasfondo sobre el impuesto global a las multinacionales

Por Pablo Kornblum para Ámbito Financiero 20/6/2021

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Algunos días atrás, los Ministros de Finanzas del G7, reunidos en Londres, dieron una noticia que sorprendió al mundo: los países miembros están decididos a enfrentarse a la evasión fiscal llevando a la praxis medidas que tiendan a lograr que las empresas tributen en los países donde hacen negocios; para ser más explícitos, las principales economías del mundo llegaron a un acuerdo histórico para implementar un impuesto mínimo global a las empresas multinacionales: una tasa impositiva corporativa que sería, en principio, del 15%. En este aspecto, lo firmado por Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Canadá, Italia y Japón, ejercerá presión sobre otros países para que sigan su ejemplo, algo que podría verse ampliado en la próxima reunión del G20.

¿Cómo se articularía? Si finalmente se concreta la idea, obligará a las corporaciones que declaran como base países donde optimizan con menores tributos, a compensar con el pago del monto que faltó para llegar al 15% a otros países. Lo que se plantea es que, cuando las multinacionales tengan márgenes de ganancias superiores al 10%, al menos un quinto de los impuestos deberán ser pagados en el lugar donde estas ganancias fueron obtenidas.

El acuerdo tiene como objetivo, en primer lugar, el evitar una ‘carrera a la baja’ en la que los países pueden competir unos con otros a través del descenso de las tasas impositivas. En segundo lugar, las reglas tendrán como foco el hacer que las empresas paguen impuestos en los países donde venden sus productos o servicios, en lugar de donde declaran sus ganancias.

Las palabras de apoyo al proyecto no se hicieron esperar. La Secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, indicó que el impuesto “pondría fin a la lucha por la reducción de los impuestos corporativos y garantizaría la equidad para la clase media y los trabajadores de Estados Unidos en todo el mundo”. En consonancia, el Vicecanciller alemán, Olaf Scholz, dijo que era “una muy buena noticia para la justicia fiscal y la solidaridad; mientras que era una mala para los paraísos fiscales. Las empresas ya no estarán en condiciones de eludir sus obligaciones fiscales reservando sus ganancias en países con impuestos más bajos”.

La excusa perfecta para darle entidad a este plan fue la crisis económica que trajo aparejado el COVID-19, el cual ha requerido esfuerzos fiscales extraordinarios por parte de todos los gobiernos del mundo. ¿Si es la única razón válida para generar tamaña propuesta? Para nada, pero en un mundo donde la empatía ideológica ha sido abandonada a su suerte, cualquier evento pragmático, palpable, sirve para salir del aletargado escenario estructural de desigualdades crecientes que llevamos inmersos hace décadas. 

Del otro lado del mostrador, los gigantes tecnológicos como Amazon, Google o Facebook, dada su flexibilidad y capacidad de movilización de sus recursos, se encontrarían entre las corporaciones más perjudicadas. Es que cada vez son más los ingresos tributarios provenientes de fuentes intangibles como patentes de medicamentos, software y otros servicios digitales que han migrado a tributar a paraísos fiscales; una realidad que demuestra una vez más que los nuevos sistemas de producción, comercialización y pago de impuestos desde hace décadas dejaron de estar constreñidos a las regulaciones nacionales. Y la descripta ‘globalización de los sistemas y las telecomunicaciones’, claramente ha sido una herramienta vital para la concentración de la riqueza en el último medio siglo.

Sin embargo, a más de uno le ha sorprendido las respuestas de grandes corporaciones, quienes no lo han visto como una ofrenda terrible a su potencialidad. “Creemos que un proceso liderado por la OCDE que genere una solución multilateral, ayudará a traer estabilidad al sistema tributario internacional”, afirmaron desde Amazon. Por su parte, Nick Clegg, Vicepresidente de Facebook, describió el acuerdo como un “primer paso significativo para generar certeza en las empresas y el fortalecimiento de la confianza pública en el sistema fiscal mundial”. Mientras que Google, por su parte, emitió un comunicado sosteniendo que “apoyamos firmemente el trabajo que se está realizando para actualizar las normas fiscales internacionales, como así también esperamos que los países sigan trabajando juntos para garantizar que pronto se finalice un acuerdo equilibrado y duradero”. Es que para las corporaciones billonarias con rentabilidad que excede lo ‘extraordinario’, es tanto o más relevante la estabilidad pro-sistémica (donde ellos son las grandes beneficiados), que algún impuesto que les quite una tajada de sus jugosas ganancias. El mal menor – hasta con beneficios -, se podría decir.

Por supuesto, no podemos dejar de mencionar que el escenario descripto implica también el comienzo de una disputa geopolítica. Por un lado, cada Estado deberá conjugar los intereses de sus empresas emblemáticas, las cuales empoderarán a sus principales lobistas para que realicen la presión correspondiente para con la defensa de sus intereses. En consonancia, también se encuentran las variables con implicancias negativas sobre la generación de puestos de trabajo a nivel endógeno, la merma en la recaudación para las arcas de los Estados, o mismo el inmiscuirse en los asuntos de política económica gubernamental, como podría ser la definición de que impuestos cobrar o quienes lo deben pagar.

En este sentido, el propio Ministro de Finanzas irlandés, Paschal Donohoe, cuyo país ofrece una tasa impositiva corporativa baja – del 12,5% -, sostuvo tajantemente: “Cualquier acuerdo tendría que satisfacer las necesidades de los países pequeños y grandes, desarrollados y en desarrollo”. Por su parte, el gobierno suizo, que hace años se encuentra bajo presión desde el extranjero y que ha prometido en algún momento eliminar las bajas tasas impositivas especiales que benefician a unas 24.000 empresas extranjeras con sede en el país – y hasta ahora no lo ha llevado a cabo -, también se ha expresado a través de un comunicado de su Ministerio de Finanzas: “Suiza tomará las medidas necesarias para seguir siendo un lugar de negocios muy atractivo”.

Algunos tributaristas, técnicos e internacionalistas de distintas áreas y niveles, también mostraron cierta suspicacia. Por un lado, porque los gobiernos podrían eventualmente acordar una tasa mínima, pero a su vez pueden crear otros incentivos para atraer a las empresas como son las exenciones, subsidios, créditos o cualquier mecanismo que al final de cuentas favorezca a las firmas – ello sin entrar en vericuetos de tinte inmoral, como son los sueldos miserables o una laxitud en la política medio ambiental -.

Por otro lado, también existe poca confianza a que se llegue a un acuerdo global: sabemos que los mismos son difíciles de obtener – salvó que sea por la coerción discursiva o a través de la fuerza -, y ello se ha visto reflejado en los últimos años: lo que ha dado mayores resultados concretos – con aspectos positivos y negativos para los diversos sectores intra-nacionales involucrados – han sido los acuerdos de tinte bilateral o regionales, como podría ser por ejemplo el de la Alianza del Pacífico en América.

Desde la academia ortodoxa, también salieron a repudiar la medida. El Instituto Cato en Estados Unidos argumentó que de la misma manera que la competencia entre empresas promueve la eficiencia, la competencia tributaria genera beneficios favorables a la eficiencia entre países. “Sin competencia internacional, los gobiernos se transforman en monopolios”, sostienen. Aunque, a sazón de la verdad, los monopolios suelen ser una regla y no la excepción en la arena internacional actual. Con más o menos impuestos.

Por otra parte, David Malpass, Presidente del Banco Mundial, indicó que “no quería ver nuevas reglas que obstaculizarían la capacidad de los países pobres para atraer inversiones”. Unan historia repetida. Ello a pesar de que está harto probado que cuando hay rentabilidad y estabilidad institucional, las corporaciones trasnacionales invierten igual. Ya sea en términos de capital financiero o en la economía real.

Para sorpresa de algunos, los reclamos llegaron inclusive desde un sector del ala más progresista. En un comunicado, la organización Oxfam sostuvo: “Es absurdo que el G7 afirme que está ‘reformando un sistema tributario global disfuncional’ al establecer una tasa mínima mundial de impuestos corporativos que es similar a las indulgentes tasas que se cobran en paraísos fiscales como Irlanda, Suiza o Singapur. Pusieron el listón tan bajo que es muy fácil para las empresas pasarlo por encima”. Por otro lado, Eurodad, otra agencia abocada al desarrollo, también indicó que “el nuevo régimen daría derecho a los países de origen de las grandes empresas, a menudo en Estados Unidos o Europa, a obtener una mayor parte del impuesto y dejando poco para los Estados pobres donde también operan las multinacionales. Esto llevará a una transferencia masiva de dinero a los países ricos”. En términos marxistas, valor agregado generado en el tercer mundo con beneficios para el mundo desarrollado.

Para concluir el debate presentado, nos podríamos preguntar dónde se encuentra parado nuestro país. Pregunta mayúscula, para un escenario que parece demasiado alejado de nuestro complejo presente: por un lado, porque las empresas multinacionales – tanto nacionales como extranjeras -, tienen al país en un análisis permanente para con el cómo poder ‘saltar la grieta’; y, por el otro, porque nuestras Pymes, las cuales deberían ser el foco de la política diaria, luchan día a día para sobrevivir buscando marginales – y generalmente magras -, mejores condiciones sistémicas de mercado.   

En definitiva, mientras intentamos encontrar nuestro ‘destino manifiesto argentino’, desde los Thinks Tanks del mundo ya hablan de un golpe a la globalización neoliberal. Yo diría, más bien, que estamos sentando las bases para un regreso furibundo al Estado-Centrismo. Y, como debería ser siempre, tenemos que prestar más atención de lo que ocurre allá fuera de nuestras fronteras; simplemente, porque necesariamente debemos estar mejor preparados para adaptarnos pragmáticamente a los cambios que acontecen.