Autor: korukoresh

Todo tiene un límite

https://www.ambito.com/opiniones/colombia/que-pasa-hartazgo-n5193581

Pablo Kornblum para Ámbito Financiero el 19-05-2021

¿Qué pasa en Colombia? Empecemos por lo formal. El gobierno se endeudó en demasía durante el último año para hacer frente a la crisis económica en medio de la pandemia. Con la ley de solidaridad sostenible – el nombre que se le dio a la fallida reforma tributaria -, se proponía recaudar alrededor de 6.300 millones de dólares – un 2% del PBI aproximadamente – para “sanear” las arcas del Estado. Y por supuesto, pagar los compromisos de deuda. En este sentido, el Banco de la República declaró que el país cerró el 2020 con un saldo de deuda externa que alcanzó los 156.834 millones de dólares, lo que equivale al 51,8% de su PBI.

El punto clave es de dónde pensaba el gobierno sacar ese dinero. El entonces Ministro de Hacienda – ya renunciado -, especificó que el 73% provendría de las personas físicas y el resto de empresas. Para los primeros, se aplicaría un impuesto a quienes reciban un sueldo mayor a los 633 dólares – en un país donde el salario mínimo es de 234 dólares -, además de un incremento del IVA, que actualmente se encuentra en un no menor 19%.

Ahora, vayamos al trasfondo. Para comprenderlo, hay una sola palabra que englobaría todo el escenario dantesco que se ha observado en las últimas semanas: Hartazgo. Hartazgo en un país donde la cifra del desempleo supera el 17% – aunque hay ciudades donde es mayor al 20% -. Hartazgo en un país donde los empleos precarios son la norma, la educación universitaria una utopía para las mayorías, y el acceso a la salud es todo un privilegio. Hartazgo en un país donde la pobreza llega al 42,5%, lo que significa que 21,2 millones de colombianos no tienen suficiente ingreso para suplir sus necesidades básicas. Hartazgo en un país donde el coeficiente de Gini desmejoró el año pasado al pasar de 0,52 a 0,54, una cifra nunca antes vista desde que se empezó a calcular el mismo formalmente en el año 2012. Hartazgo en un país donde un ciudadano que nace en el decíl más pobre se calcula tarda, en promedio, diez generaciones en alcanzar un lugar en la clase media.

Todo ello es inaceptable moralmente. Pero más aún cuando el clientelismo político ha eximido de impuestos y competencia abierta durante años a los grandes oligopolios del banano, el azúcar o la minería. O cuando el gobierno pensaba comprar aviones de combate al mismo tiempo que enviaba este ‘paquetazo’ al Congreso. O mismo cuando, en nombre de una reforma que incremente una recaudación que permita saldar el déficit y pagar la deuda, lo que subyace de fondo como objetivo real es el mantener la histórica reputación de país estable y responsable ante los ojos de los mercados internacionales.

¿Cómo se revierte esta situación?, se deben haber preguntado el presidente Iván Duque y su deteriorado gabinete. “Por la razón o por la fuerza”, habrá contestado más de uno, señalando el escudo nacional de nuestro país vecino cordillerano. Pero por la razón ética no solo es complicado, sino harto contradictorio para con los deseos espurios de las propias elites políticas y económicas. Ni que hablar de los necesariamente adicionados designios extranjeros, quienes detentan bipolarmente los hilos del poder hace décadas.

Entonces vamos por la fuerza. Las de seguridad y defensa, las cuales «utilizaron munición real, golpearon a manifestantes y detuvieron civiles», según un informe de la propia ONU. Cuando el miedo se apodera de quienes detentan la autoridad, el temor a perderlo todo desata toda la furia trasvasada a la capacidad coercitiva del Estado. Igualmente, como dijo un manifestante durante una de las tantas protestas en Cali, “lo que hizo Duque no fue sacar a los militares a la calle; porque en realidad, los militares siempre están en la calle en Colombia”. Las FARC, Maduro, la lucha contra el narcotráfico, etc., hablan por sí solos de un país acostumbrado a la violencia sectaria. 

No es entonces extraño afirmar que, bajo el marco descripto, las elites colombianas se aprovechan de la sangrienta guerra contra la insurgencia, no solo como una cuestión de polarización interna, sino también para imponer el terrorismo de Estado tanto en la ciudad como en el campo, donde cualquier luchador sindical, dirigente de movimiento social, o campesino que pelea por su tierra, sea identificado como un potencial integrante o simpatizante de grupos insurgentes o subversivos. Ahora fueron por los jóvenes desahuciados, las clases trabajadoras, y las grandes mayorías empobrecidas como las nuevas víctimas de la violencia para-estatal.

Por supuesto, como ha ocurrido siempre y va a seguir pasando en la arena de las relaciones internacionales, Estados Unidos, actuando como un verdadero procónsul en territorio cafetero con su máxima expresión en el ‘Plan Colombia’, se encuentra preocupado por la inestabilidad situacional. No, no se ha equivocado. No por las decenas de muertos, sino por el debilitamiento de uno de los principales y más abyectos aliados en la región. Es que desde las bases militares estadounidenses y la práctica subordinación de las FF.AA. colombianas a las directrices del Comando Sur, hasta la actuación como puntal de lanza de las movidas injerencistas de Donald Trump durante el 2019 hacia Venezuela, sostener a Duque se transforma en una imperiosa necesidad de continuidad.  

Sin embargo y a pesar de lo expuesto, la represión y el retiro del proyecto, probablemente sea insuficiente. «La reforma no es un capricho. Es una necesidad. Retirarla o no, no es la discusión. La verdadera discusión es poder garantizar la continuidad de los programas sociales», expresó Duque una vez que comenzaron a sonar las voces disidentes. Señor presidente, nadie sostiene que no se requieran programas sociales. Que tampoco son una solución superadora ni mucho menos. El problema es quien los paga.

Exprimir a lo que queda de clase media – o a la clase media acomodada que tampoco pasa zozobras -, no es una buena opción en tiempos turbulentos. Tampoco buscar confundir diferenciando lo que sería una ‘protesta legítima y otra ‘anárquica’. Y aquí Duque se vuelve a equivocar cuando asegura que detrás de las protestas se encuentra la «mafia del narcotráfico» que incurre en «el vandalismo extremo y el terrorismo urbano». La búsqueda de chivos expiatorios pasó, sencillamente, de moda.

Es que entonces no hay otra alternativa. Hay que dirigir las miradas hacia las elites, los privilegiados que poseen bienes tangibles y activos financieros en cuantioso número. Justo o injusto, si se quiere capear la tensión social, son ellos los únicos que tienen la capacidad contributiva para atemperar esta situación. ¿Qué pasará con las inversiones? Nada, las continuarán haciendo si les conviene, y sino no. ¿Qué ocurrirá con la madre patria del norte? Podrán preferir otra cosa, pero lo último que querrán será un descontrol cercano a la frontera del ‘dictador socialista’ Maduro. ¿Qué pensarán los mercados internacionales, el FMI, los acreedores? Que nada les importa los dilemas y las pujas de intereses domésticas; lo único trascendente es que se pague lo adeudado. 

El presidente Duque y su gobierno tienen la última palabra. Esta vez, la sabana ‘es más que corta’.

El castigo por no cumplir la cuarentena en el mundo

Pablo Kornblum para Ámbito Financiero el 2-5-2021

https://www.ambito.com/opiniones/cuarentena/como-se-castiga-otros-paises-el-incumplimiento-la-n5189296

La gravedad epidemiológica es inocultable: millones de muertos en todo el mundo ante un virus siniestro, que en sus diversas cepas ataca sin miramientos. Aquí no existe prácticamente discusión ni grieta; solo nos encontramos con una marginal oda libertaria, la cual pregona diversas hipótesis – fundamentadas en mayor o menor medida – sobre las causas y consecuencias relativas del COVD-19. Pero para la mayoría de sus partidarios, todo quedó encorsetado en el economicismo que implica el consumismo individualista y la satisfacción del deseo de acumulación. Es que desde tiempos remotos, los neoliberales también aceptan un Estado, aunque mínimo, que garantice los condicionamientos básicos que requiere una sociedad para su ‘normal’ funcionamiento: seguridad, defensa, justicia y, por supuesto, salud.

Por ello entraron a jugar fuerte los diversos gobiernos del mundo. Por deber y necesidad. Cada uno con sus formas, sus modos; impregnados por su historia, su cultura, su religión. Y por supuesto, su capacidad de accionar (o coaccionar).

Del otro lado del planeta, Australia y Nueva Zelanda impusieron la cuarentena obligatoria a las llegadas internacionales, cerrando sus fronteras a todos menos a nativos y residentes desde el año pasado. Por el contrario, los viajeros de cualquier nacionalidad – incluido los propios nacionales -, que ponen un pie en Inglaterra procedentes de «una lista roja» de países de riesgo, deben hoy en día auto aislarse durante diez días en un hotel a su costo. El gobierno escocés, por su parte, anunció que sería más estricto aún que el inglés, e impondrá la cuarentena hotelera para cualquier viajero, sin importar el país de origen.

Volviendo a Inglaterra, las nuevas medidas también requerirán que los viajeros se costeen más pruebas diagnósticas durante su cuarentena. Y quienes mientan sobre su historial de viajes recientes, pueden incluso enfrentar hasta diez años de prisión. En este sentido, parte de la oposición de Boris Johnson se ha quejado por lo duro de las penas, las cuales se igualan a delitos violentos con armas de fuego o sexuales que involucran a menores, para los cuales el máximo es de siete años.

En otros países europeos como España, Francia, Alemania o Italia, las multas a quienes no respetan la cuarentena oscilan entre los 100 y 4000 euros, con penas que van desde los tres meses hasta el año de prisión. Similares son los casos de Croacia o Polonia (1000 y 1200 euros de multa respectivamente), ahora cada vez más alejados de la cortina de hierro oriental y más próximos a valores ‘democráticos occidentales’.

Por supuesto, también hay sociedades menos ‘apegadas a los derechos humanos’ para llevar adelante las políticas de penalidad. Por ejemplo, a medida que la India comenzó sus restricciones de movimiento, la policía comenzó a castigar a las personas que han querido evadir el confinamiento con palizas y, en algunos casos, flexiones de brazos en mitad de la calle. Por su parte, la Policía nepalí utiliza un gancho o sujetador gigante a modo de pinza que sirve para «capturar» a los civiles insurrectos sin tener que tocarlos ni acercarse.

En Rusia tampoco se andan con rodeos. Penas de cinco años de cárcel es el castigo por violar la cuarentena obligatoria impuesta por el Estado. Además, la policía puede acudir al domicilio particular en cualquier momento para comprobar que se está en casa o no. Y en Moscú, por ejemplo, se están utilizando cámaras de reconocimiento facial para detectar al confinado que abandone su lugar. Como buen país con estilo ‘Gran Hermano’, la tecnología moderna para cumplimentar objetivos se encuentra a la orden del día.

En tanto en Hungría, aquellos que incumplan las restricciones del gobierno afrontarán  penas de hasta ocho años de cárcel. De forma paralela, la difusión de «fake news» (noticias falsas) sobre la respuesta a la pandemia se castiga con hasta cinco años de prisión. Turkmenistán es un caso similar: en el país centroasiático gobernado por el autoritarismo Gurbanguly Berdimuhamedow desde el año 2006, cualquier medio que brinde cualquier información vinculada al COVID-19 sin su expresa autorización, será punible con hasta cinco años de cárcel. Más aún, la policía tiene la orden de detener a todo aquel que escuche hablar sobre el tema en la calle. Una vez más, el cuarto poder jugando un rol clave a la hora de la consecución de ciertos intereses. A veces a favor de los deseos gubernamentales, mientras en otras ocasiones puede ser un ‘bumerang’ que les puede jugar en contra.

En el sudeste asiático, más precisamente en Indonesia, las autoridades han ocupado espacios que han sido catalogados como ‘terroríficos’ por las costumbres y creencias del folclore indonesio, siendo estos adecuados con camas para que las personas pasen algunos días como parte del castigo. Más aún, en Sukoharjo, un pueblo ubicado en la isla Java, algunos de sus habitantes se han disfrazado de fantasmas del espíritu ‘Pocong’ – a los cuales las personas le tienen miedo y respeto -, y salen a las calles a asustar a quienes se encuentren fuera de sus casas. Religión, misticismo, o póngale el nombre que usted quiera; eso sí, pareciera tener gran efectividad para el control ciudadano.

China, por su parte, es el país que impone los mayores castigos a las personas que infringen la cuarentena: un ser humano que, al salir de casa, atente contra la salud de los demás ciudadanos y propague el COVID-19, será condenado hasta 10 años de cárcel o, de ser más grave el delito, a la pena capital. Además, China tiene sanciones para quienes se nieguen al tratamiento, salgan a las ciudades donde se ha introducido la cuarentena, o  destruyan los trajes protectores del personal médico. En total, hay 21 tipos de delitos relacionados con el coronavirus en el gigante asiático. Para todos los gustos.

Por supuesto, uno de los paladines del extremismo – famoso por su habilitación explicita a la policía de su país para matar narcotraficantes -, es el presidente filipino Rodrigo Duterte. El mismo obtuvo ‘poderes especiales’ otorgados por el Congreso para combatir la pandemia, y dio un claro avisó a quien se salte las estrictas normas: «A cambio de causar problemas, te enviaré a la tumba. Mis órdenes son para la policía y el ejército: si hay problemas o surge una situación en que la gente pelea por el COVID-19 y sus vidas están en peligro, disparen a matar». Lo que se diría un hombre que no tiene un gran apego a la división de poderes. Ni tampoco respeto a la vida humana.

Ya entrando en nuestro continente, en los Estados Unidos de Norteamérica los castigos por no cumplir la cuarentena varían de acuerdo con el Estado, en un país que históricamente respeta puntillosamente el federalismo. En California, por ejemplo, los infractores pueden ser multados con 1.000 dólares o condenados a 6 meses de cárcel. El dato de color: el país del norte posee la multa más alta por violar las reglas obligatorias durante la pandemia: 250.000 dólares.

Como contraparte, en la ciudad de Panamá, las autoridades tomaron una decisión un tanto más pintoresca; a las personas que sean encontradas en las calles durante la prohibición, se les entrega una escoba y se las pone a desfilar mientras se dirigen a parques públicos para que limpien estos espacios.

En tanto a nuestros vecinos uruguayos, el país oriental ha avanzado en las últimas semanas con una  una reforma al Código Penal para penar con hasta dos años de prisión a aquellas personas que incumplan las normas sanitarias y violen la cuarentena.«El que mediante violación de disposiciones sanitarias pusiere en peligro efectivo la salud humana o animal, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión», refiere el nuevo texto.

Una vez anunciado el proyecto, el Frente Amplio se opuso tajantemente: «No acompañamos la modificación al delito de violación de las disposiciones sanitarias ya que consideramos que para hacer esa modificación, se debe, desde el Estado, tratar las situaciones de vulnerabilidad social». En los países menos desarrollados – léase más pobres -, donde reina la informalidad y las ‘changas’ del día a día para sobrevivir, para una gran parte de la población que le cuesta llegar a fin de mes sin algún tipo de ayuda gubernamental, el razonamiento no suena ilógico. 

En el mismo sentido, destacaron desde el principal partido opositor, “es un delito difícil de probar y puede servir para criminalizar a ciertas personas que no tienen un sustento y tengan que salir a trabajar». Tampoco es desacertado, sobre todo en donde las transgresiones por parte de los hombres de ‘guante blanco’, tienen otro plafón distinto de quienes no tienen contactos, dinero, ni nada que no sea su fuerza de trabajo y su voluntad para salir adelante.  

Bajo la misma variable de la escasez – pero claramente profundizada -, se maneja el ciudadano medio venezolano. En este aspecto, la supervivencia diaria se hace cada día más compleja en medio de la cuarentena obligatoria ordenada por Nicolás Maduro. “El confinamiento en condiciones de insatisfacción de necesidades básicas es inviable. La gente en Venezuela no necesita salir solo para comprar alimentos, sino también para buscar agua o leña, porque los servicios no funcionan. Y vemos diariamente que a quienes han agarrado en la calle, les han aplicado castigos físicos bajo una pedagogía propia de los cuarteles”, sostienen desde la oposición y diversos organismos de derechos humanos. Claramente, el adicionar al aparato represivo parapolicial/militar, en una región con una historia y un presente delicado en cuanto a la violencia social, no coadyuva a tranquilizar el ánimo de la ciudadanía.

En nuestro país, con todas las ideas y vueltas que vivenciamos desde hace más de un año, podemos decir que en este punto nos encontramos con un dato saliente: tenemos una de las sentencias de prisión más largas por violación de la cuarentena; hasta 15 años de prisión dispone el artículo 205 del Código Penal para aquellas personas que propaguen “una enfermedad peligrosa y contagiosa”. Más que preguntarnos si no será demasiado, en nuestras latitudes la gran pregunta es si realmente puede hacerse efectivo el cumplimiento de la norma. De esta y de muchas otras.

En definitiva, tecnología, medios de comunicación, pobreza, desempleo, violencia física, militarización de la vida cotidiana, diferencias intrínsecas en el manejo de la pandemia, religión y cultura, entre otros. Todos estos temas, en conjunción y en su justa medida según cada geografía y sus especificidades, son el ‘menú a la carta’. En el mientras tanto y para su degustación, lo único certero que ha trasvasado cada rincón de nuestro planeta durante toda la pandemia de COVID-19, es la famosa frase del General: “El hombre es bueno, pero si se lo vigila es mejor”.

El Canal de Suez argentino

Por Pablo Kornblum para Ámbito Financiero el 18/04/2021

https://www.ambito.com/opiniones/canal-suez/el-argentino-n5185163

Conectando el mar Mediterráneo con el mar Rojo, el Canal de Suez ha sido desde su construcción la zona de paso obligada entre Europa y Asia. Hoy en día, con una globalización embebida en una interdependencia compleja que no da respiro – solo para citar un ejemplo, la Autoridad del Canal de Suez, pese a ser una empresa estatal independiente, es manejada por el poderoso ejército egipcio -, el mismo se ha visto inmerso en las nuevas dinámicas geopolíticas y económicas de las distintas potencias estatales que buscan controlar el paso que implica prácticamente la totalidad de contenedores comerciales entre ambos continentes, como así también el lugar donde transita el 12% de los intercambios a nivel mundial.

Por supuesto, como en cada aspecto de la vida, todo tiene sus luces y sombras. En este sentido, desde la perspectiva de la economía egipcia, los ingresos del canal ascienden a unos 5.000 millones de dólares anuales, representando la tercera mayor fuente de divisas del país. Sin embargo, en los últimos años el mismo se ha convertido en un objetivo del yihadismo, lo que ha puesto en cuestión el foco sobre la seguridad de la ruta marítima. En este sentido, hay que recalcar que el tránsito por el Canal de Suez no solo es de cargueros o petroleros, sino que también navegan una enorme cantidad de flotas militares.

Y eso no es todo: a nivel exógeno, la ‘competencia’ es también un factor con que el gobierno de Al-Sisi tiene que lidiar. Por un lado, una ruta alternativa terrestre ha sido promovida por la India, Irán y Rusia, la cual ascendería desde la costa india en el océano Índico hacia Rusia, pasando por Irán y Azerbaiyán. Y para los que sostienen con razón que las vías terrestres y aéreas no son competencia, ya que casi el 90% de las mercancías transportadas a nivel mundial se movilizan por mar al ofrecer claras ventajas comparativas (es más económico, puede transportar cargas de gran peso y tamaño, ofrecer mayor seguridad, y es el medio de transporte menos contaminante), también los adversarios promueven nuevas rutas marítimas, como las surgidas debido al derretimiento del hielo en el Ártico fruto del cambio climático, las cuales podrían  sustituir la actual ruta rodeando el continente asiático por el norte.

Ante el descripto avatar de dilemas alrededor del enclave estratégico convertido en una ‘mina de oro’ para las arcas nacionales, la clave para con la estabilidad macro y el beneficio colectivo nacional es saber sopesarlas, equilibrarlas. Y ello aplica también para nuestro país.

Cuando nos referimos al Canal de Beagle, el cual conecta al océano Atlántico con el océano Pacífico y se encuentra administrativamente dividido entre Argentina y Chile a través de una extensión de aproximadamente 240 kilómetros a lo largo de la costa sur de la isla Grande de Tierra del Fuego, debemos también realizar un análisis situacional exhaustivo que nos permita evaluar cuales serían las políticas más acertadas en beneficio de nuestro país.  

Aunque – hasta el momento -, no es un lugar estratégico para el comercio global, su influencia puede crecer pari passu los crecientes conflictos internacionales puedan obstaculizar los ‘chokepoints’ más importantes en el tráfico marítimo trasnacional. Todo paso puede tomar relevancia cuando otros se cierran, sean quienes sean los respectivos perjudicados y beneficiados. En este sentido nuestras alianzas, generalmente frugales en una dinámica internacional ‘liquida’ en la cual todos los actores – sin excepción – se encuentran inmersos, pueden ser determinantes en algún momento relevante de un futuro que no descarta graves conflictos interestatales de mediano plazo. La guerra en todas sus dimensiones – ya sea comercial, política o militar -, debe encontrarnos preparados para sacar el mayor de los provechos de nuestra posición geoestratégica.     

Porque allí nomás esta la Antártida, uno de los enclaves más importantes – sino el más – del futuro de la humanidad en términos de recursos naturales estratégicos. Porque allí nomás se encuentran estadounidenses, chinos y rusos buscando derramar sus tentáculos por esa fuente inagotable de poder y riqueza. Porque allí también se encuentran los británicos, con un pie en las usurpadas Islas Malvinas, y el otro sobre el continente virgen, aquel que todos dicen investigar para con el porvenir de la humanidad pero que en realidad esconden sus espurios intereses realistas. Porque es allí, entonces, donde tenemos que tener presencia.

Sino miremos la historia, el pasado que motivo que el Canal de Beagle sea un área de disputa entre Chile y nuestro país, lo cual llegó a implicar que en el año 1978 se desplieguen unidades militares a ambos lados de la frontera. Los objetivos geoestratégicos de Argentina eran evitar que su acceso a la Antártida se vea comprometido y que la presencia militar chilena en el Atlántico Sur, en conjunto con Brasil, puedan efectivamente rodear al país. En parte por estas razones, se produjo la posterior intervención argentina en las Malvinas. Por otro lado, para Chile, el acceso al Continente Helado y al Atlántico también era un objetivo estratégico. Y ambos Estados, comprendiendo la relevancia del área en cuestión, estaban listos para el enfrentamiento armado.

Hablando de nuestros vecinos, con los cuales tenemos nuestras diferencias en términos de intereses como lo he mencionado, pero que ello no quita que podamos aprender de ellos, copiar lo que hacen bien. No quiere decir todo, tampoco llevar a cabo las ideas de la misma manera. Pero simplemente observemos sus políticas asertivas hacia el Estrecho de Magallanes, el cual, junto con el Canal Beagle, fue una de las pocas rutas marítimas entre el Atlántico y el Pacífico antes de la construcción del Canal de Panamá, siendo el paso natural de mayor relevancia entre ambos Océanos. A pesar de la dificultad de su navegación debido a los frecuentes vientos y corrientes impredecibles, el estrecho es celosamente protegido por los chilenos. Cuidan ‘su casa’ para con las futuras generaciones.

En el Canal de Beagle tenemos comercio – que, entre otros, impacta propositivamente en los habitantes de las Islas Malvinas -; turismo – mermado por el COVID-19 pero con segura recuperación -, y extracción de recursos naturales. En cuanto a este último punto, el canal es uno de los pocos ecosistemas vírgenes que quedan en el mundo. Pero en el mes marzo de 2018, el entonces gobierno de Argentina, el gobierno provincial de Tierra del Fuego y Noruega, firmaron un convenio para desarrollar en la provincia la salmonicultura – más conocida como la cría industrial de peces en jaulas oceánicas -.

Para las organizaciones ambientalistas, ello representó una amenaza inminente que necesitaba ser frenada a tiempo, mientras la discusión filosófica y pragmática sobre el tema todavía sigue en la picota. Para la economía nacional, negocios son negocios. Y si no lo aprovechamos nosotros, se lo quedan otros. Ya bastante tenemos con la depredación de la merluza y otras especies más allá – y no tanto – de la milla doscientos. Y en la Zona Económica Exclusiva isleña, donde más nos duele.

En definitiva, el bloqueo del Canal de Suez, que tuvo en vilo al mundo, nos deja una enseñanza más. Es que siempre, lo que ocurre en el conjunto macro-superior, suele tener un impacto y una relevancia inusitada en el subconjunto inferior, en este caso nuestro país como unidad nacional. ¿El mayor aprendizaje? Cuidemos lo que tenemos, valoremos nuestros activos con inteligencia, seamos prudentes a la hora de tejer todo tipo de alianzas que, seguramente, tendrán un impacto estructural para el devenir de nuestras futuras generaciones.

La Argentina ya sufre mucho por las continuas políticas desacertadas, de mala praxis, sobre las coyunturas. Ojalá visualicemos, con temple y racionalidad, las decisiones más apropiadas para que la mayoría de los niños y niñas de nuestro país puedan usufructuar de las bendiciones que nuestra geografía nos brinda. Que las urgencias, una vez más, no nos impidan poder ver la luz – lamentablemente tenue – de las temáticas trascendentes al final del camino.