Publicado en el diario BAE, 24 de Febrero de 2009.

Autor: Pablo Kornblum

Los habitantes de la Isla de Guadalupe no soportaron más: nucleados en una coalición denominada «Juntos contra la Explotación», exigieron a París un aumento de 200 euros en el salario mínimo y una rebaja en los precios de los productos de primera necesidad, en su gran mayoría importados desde la metrópoli. A su vez, también han acusado al gobierno de Sarkozy de tratar a la isla como una «colonia», en vez de un territorio de ultramar con representación parlamentaria.

Es interesante tratar de comprender esta situación ampliando el espectro de análisis.
El proceso de descolonización que hemos observado a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, ha tenido similares consecuencias tanto en África, como en América o el Sudeste Asiático. Esto es, patrones similares en su estructura: altos niveles de desigualdad, profundas divisiones clasistas y étnicas, debilidad institucional, inmoralidad y corrupción tanto a nivel político como empresarial, y falta de políticas sociales de redistribución de la riqueza para la sociedad en su conjunto.

Observando los procesos y los resultados derivados en las antiguas colonias y ahora Estados independientes, como así también en las pocas colonias que quedan aún en la actualidad en manos de algunos de los otrora imperios más importantes de la tierra, podemos tratar de analizar algunas de las razones y causales de los males arriba mencionados que padecen estos pueblos.

Para comenzar, los vestigios de la relación metrópoli-colonia han dejado sus huellas. Una elite minoritaria que dictamina los destinos de las colonias en complicidad con los decisores de las metrópolis, conlleva a que las primeras sean solo un medio para la provisión y utilización de sus recursos naturales, físicos y humanos. Con las mismas elites o sus descendientes detentando el poder y fomentando la idea de perpetuidad de la estructura social, las ex y actuales colonias siguen cumpliendo la misma función que décadas atrás.

Por otro lado y más allá de las estructuras internas, el sistema internacional tampoco favoreció a la inclusión o al desarrollo de las colonias. Un sistema capitalista global que es per se desigual, conlleva al mantenimiento y continuidad de un mundo Norte-Sur, donde las colonias han sido claramente funcionales a los países históricamente mas poderosos y desarrollados.

La última problemática es la referida solamente a las actuales colonias que todavía perduran en el siglo XXI. Territorios y poblaciones de dimensiones acotadas en la mayoría de los casos, no han querido o tenido la posibilidad de independizarse, lo que provoca una incomoda situación de relativa sumisión para con las metrópolis. En épocas de bonanza, el efecto positivo puede ser potenciado; por el contrario, en una situación de crisis económica, política y social, los lazos de dependencia pueden ser observados como lazos de esclavitud por parte de los habitantes de las colonias.

En la actualidad, la crisis financiera y económica internacional, con sus derivaciones sociales, golpea con fuerza y jaquea a todos los gobiernos del mundo. El poder ejecutivo Francés se encuentra desconcertado ante la contradicción que implica el desmantelamiento de un Estado de Bienestar cada vez más requerido por sus ciudadanos. Ahora se le agrega esta problemática, marginal para el presidente Sarkozy y sus colaboradores en París, pero fundamental para la vida de los habitantes de Guadalupe.

El daño histórico ya esta hecho. Probablemente aparecerán soluciones coyunturales que apacigüen las aguas momentáneamente. Pero para evitar que el germen negativo del colonialismo se siga propagando, se requieren soluciones estructurales de raíz. Una relación igualitaria y comprensiva entre metrópoli y colonia que incluya iguales derechos para sus habitantes, la abolición de las estructuras feudales raciales y los monopolios económicos que todavía persisten en la isla, la tributación extractiva, como así también la planificación de una política de desarrollo autóctono industrial y tecnológico competitivo que pueda ir más allá del turismo, el trabajo gubernamental y la rudimentaria explotación agrícola, son las principales bases para comenzar el cambio. Y aunque parezca difícil pensar en un destino diferente dentro de la actual coyuntura, los habitantes de Guadalupe merecen una vida mejor. Y no pueden ni deben esperar. El cambio debe suceder ahora, tanto en la visión y perspectiva de los isleños, como en la actitud del gobierno francés para con ellos.

Publicado en el diario BAE, 10 de Febrero de 2009.

Autor: Pablo Kornblum

Los datos asombran, más aún cuando no nos estamos refiriendo a los confines del África o del Sudeste Asiático, sino a nuestro cercano vecino latinoamericano Colombia: Según la ONG Consejería para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado, Codhes, 270.000 colombianos tuvieron que desplazarse en el primer semestre de 2008, lo cual implicó un aumento del 41% frente al mismo período de 2007. Y aunque la agencia presidencial Acción Social reporta que tiene inscriptas a 2,6 millones de personas como desplazados, Codhes estima que en total hay más de 4 millones en todo el territorio colombiano.
¿Qué significado ser un desplazado en Colombia? El tener que huir de un lugar a otro tiene muchas, o mejor dicho demasiadas, connotaciones negativas. Su nivel de gravedad dependerá de quien lo evalúe: desde el desarraigo, pasando por el dolor moral, hasta la vejación que implica la expropiación.

Las explicaciones sociológicas o antropológicas seguramente dejarán consecuencias más ricas (y más dolorosas) para el análisis. Pero es imprescindible entender las variables económicas que se ven afectadas y que potencian las anteriores a medida que el número de desplazados aumenta.

Cuando cientos de miles de familias pierden sus tierras, no solo pierden la capacidad de auto conseguir su sustento diario, sino que automáticamente también cambian su condición de clase: de dueños de la tierra y el capital con la que la trabajan, pasan a ser, en el mejor de los casos, asalariados dentro de un sistema imperfecto. La gran mayoría, sin embargo, solo fortalecen un vínculo de dependencia a través de la ayuda estatal para obtener una fuente de ingreso que les permita evitar el círculo vicioso de la pobreza.

Otro punto importante es que en la América Latina del subdesarrollo, los altos niveles de desocupación y la histórica estructura de explotación de los asalariados conllevan a que el gran número de desplazados solo potencien aún más la devaluación salarial.
Para los que no consigan empleo, la situación es todavía menos alentadora. La escasa institucionalidad y una burocracia inactiva e ineficiente, solo brindan, a cuentagotas, los mínimos medios económicos de subsistencia.

Ahora bien, a los daños individuales o familiares le debemos sumar las consecuencias sobre la macroeconomía estatal. Si al aumento del gasto público que implica la manutención de los desplazados, le agregamos la pérdida de tierras cultivables para la producción y exportación agrícola (con su consecuente escasez y aumento de precios en el mercado interno y las implicancias macroeconómicas derivadas la pérdida de generación de divisas), y que además una gran cantidad de agricultores desplazados poseían capacidad de consumo y de adquisición de insumos y bienes de capital que motorizaban la economía, las perdidas para el producto nacional son significativas.

En definitiva, se puede observar que la debacle económica que se produce es la base que potencia el ya pronunciado derrumbe social provocado por el desplazamiento. Pero como en todos los ámbitos de la vida (y especialmente en la economía y la política), no debemos olvidar que en esta conjunción de hechos que se entremezclan dentro del espiral negativo de la pobreza, siempre existen quienes se aprovechan de la situación. En este sentido, nos encontramos con políticos inescrupulosos (que abundan en nuestra región) que realimentan los lazos de dependencia y poder a través del asistencialismo y el manejo a discreción de partidas presupuestarias que exclusivamente se deberían de destinar a recomponer el debilitado tejido social.

Para concluir, podemos afirmar que torcer este destino parece difícil, pero no es imposible. Si los desplazados logran recuperar sus tierras y los actores políticos pueden lograr una paz duradera que permita visualizar un horizonte estable y sostenible en el tiempo, se podrían sentar las bases para empezar a solucionar el problema. En una segunda etapa, las políticas sociales y productivas para el desarrollo sustentable, comunes a cualquier país, terminarían de allanar el camino. Mientras tanto, millones de Colombianos intentan mantener su moral en alto, sin perder las esperanzas y bogando por un futuro mejor para ellos y sus familias.            

Publicado en el diario El Cronista Comercial, 28 de Enero de 2008 y en Revista Mundo Plural, Septiembre de 2017.

Autor: Pablo Kornblum

http://www.cronista.com/notas/173974-la-importancia-la-educacion-tiempos-crisis–

https://www.yumpu.com/es/document/view/59451551/septiembre-n13

Tiempo pasado, la movilidad social ascendente a través de la educación era la única forma conocida para equiparar positivamente la calidad de vida de los ciudadanos de un país. Hoy en día, la educación (o la falta de) ha pasado a ser solo una variable más dentro del complejo sistema productivo. Poseer el conocimiento o no, ya no implica ni asegura alcanzar una digna calidad de vida.

La actual realidad global da cuenta de ello. En un mundo tan competitivo, la disminución de costos es privilegiada con creces frente a las mejoras de productividad. Tampoco importa si nos referimos al sector primario, la industria o los servicios de alta tecnología. En todos los rubros se necesita personal de distinta capacitación. En todos los rubros, disminuir costos equivale a despedir personal o pagar salarios paupérrimos de subsistencia.

Muchos pensaron en la emigración como la salvación. Paro ya no existen países sin barreras ni indemnes a las crisis económicas, financieras y sociales. Expulsar, terciarizar y fusionar son palabras que retumban e imparten temor en los trabajadores de toda índole en cada uno de los confines de la tierra.

Los Estados tratan de defender, muchas veces inútilmente, las fuentes de empleo. Pero la globalización involucra a muchos actores, muchos veces más poderosos y determinantes, en un escenario internacional que se encuentra enmarcado en continuas luchas por el  poder y la distribución de recursos.

En este sentido, los gobernantes de los países desarrollados se sienten atrapados: por un lado, ante la necesidad de ser competitivos; como contraparte, al ser los destinatarios de los reclamos de ciudadanos concientes de derechos otrora adquiridos desde la instauración de los Estados de Bienestar el siglo pasado.

En nuestra región, la situación no es más alentadora. Sin un Estado que pueda (o muchas veces sin siquiera sentirse obligado) a defenderlos ante un mercado que los asfixia, una gran cantidad de trabajadores de toda América Latina busca alternativas y oportunidades que les brinden una mejor calidad de vida. Con limitado acceso al capital y al crédito, y con su capacidad como única herramienta de trabajo, la educación vuelve a tener ese papel fundamental al ser la única opción válida que les pueda brindar la posibilidad de crecer y desarrollarse, ya sea tanto material como profesionalmente.

Entre tanto panorama sombrío, podemos observar una luz de esperanza al final del túnel. Aunque una mayor y mejor educación ya no sea sinónimo de bienestar económico, una persona más educada seguramente comprenderá mejor el contexto en el que vive y se desenvuelve. En este sentido, no solo encontrará seguramente mejores soluciones para sus propias necesidades: también obtendrá una mayor capacidad para discernir en el momento que deba elegir a los gobernantes que lleven a cabo las políticas acordes para lograr los cambios necesarios y, de esta manera, poder solucionar de raíz esta problemática estructural que padecen actualmente millones de personas en todo el mundo.

Publicado en el diario BAE, 27 de Enero de 2009.

Autor: Pablo Kornblum

El Domingo pasado, la mayoría de los casi 4 millones de los bolivianos habilitados para votar decidieron -por más del 60% de los votos- aprobar la nueva Constitución promovida por el presidente Evo Morales. Con la nueva Carta Magna se refuerza el rol del Estado en la economía, se incluye un amplio abanico de derechos sociales y se reconocen los usos y costumbres indígenas.

Ahora bien, es interesante intentar comprender algunas de las razones que han sido esgrimidas por la oposición para intentar obtener, infructuosamente, la victoria y el rechazo al ahora aprobado nuevo texto constitucional.

Por un lado, los autonomistas expresaron que la nueva constitución allanaría el camino para legalizar el aborto. El abortar o no puede debatirse como un dilema moral; pero sin lugar a dudas, la mejor política es la prevención. Aquella que solo se obtiene con un modelo de equidad educativa que la oposición nunca ha fomentado mientras ha estado en el poder. 

También sostuvieron que la religión y la iglesia corrían peligro. Sabían que la fe, tanto como la cultura y la religión aborigen, se encuentran bien arraigados en el pueblo boliviano. Lamentablemente para ellos, las mayorías se han dado cuenta que las creencias celestiales pueden aliviar las cuestiones del alma, pero las necesidades y las problemáticas terrenales necesitan de políticas publicas activas por parte de los hombres y mujeres que componen el gobierno boliviano. Un Estado “vivo y presente” es la única forma de asegurar trabajo e ingresos dignos para lograr el bienestar que tantas familias requieren.   

Otro punto fundamental ha sido el miedo que se ha querido imponer como resultado de las políticas de nacionalización de los recursos y, a consecuencia, el sufrimiento posterior derivado de los “males del Estatismo invasivo”. En este sentido, uno se pregunta que beneficios ha recibido la mayor parte del pueblo boliviano durante las últimas décadas de olas privatizadoras y ausencia del Estado en la provisión de políticas sociales, tan necesarias para el mejoramiento de la calidad de vida de la población.

Finalmente, el otro caballo de batalla de la oposición ha estado referido a la eliminación de los derechos de propiedad; mas precisamente, a los límites territoriales que se impusieron a la propiedad privada improductiva.
Parece irrisorio pensar que las comunidades indígenas, donde la gran mayoría de su población trabaja como asalariada o en una servidumbre encubierta, y solo en la minoría de los casos cultivan pequeñas parcelas colectivas de tierra para su subsistencia, puedan tener algún tipo de interés ideológico o económico sobre las propuestas autonómicas.    

Para concluir, podemos comparar la situación de la oposición con la del abogado defensor de un asesino que intenta desviar la atención del hecho principal y se focaliza en cuestiones banales o periféricas ajenas a la escena del crimen.
Pero el objetivo del gobierno y los seguidores que apoyan al presidente Morales sigue teniendo un norte claro y vigoroso: Terminar de una vez por todas con una historia de pobreza, desigualdades y miserias que sufren la mayoría de los bolivianos.
Las cuestiones mínimas, intranscendentes e irrelevantes para tantos millones de esperanzados, son solo parte de un engañoso pasado oscuro al que nunca mas quieren regresar.  

Publicado en el diario BAE, 13 de Enero de 2009.

Autor: Pablo Kornblum

Mientras las tropas israelíes y los milicianos de Hamas continúan batallando en las calles de Gaza, los datos oficiales ya muestran números escalofriantes: Desde el inicio de la ofensiva, ya hay más de 900 palestinos muertos y 3600 heridos, entre los que se encuentran 275 niños fallecidos a causa de los bombardeos y los combates en las ciudades. Del lado israelí suman 13 víctimas fatales, entre los que se encuentran diez soldados y tres civiles.

Ahora bien, mientras Medio Oriente arde en el fragor de la batalla, ¿Cuál es la postura de los países más importantes de nuestra región?
La realidad nos muestra diferentes visiones según sus características y el contexto coyuntural en el que se desenvuelven actualmente. En sus actitudes podemos observar cual es su relevancia en la escena internacional, como así también dilucidar las perspectivas y el foco de las políticas de cada uno de ellos.

Empezando por el gigante del norte, Méjico observa de reojo y actúa evaluando las consecuencias diplomáticas en su relación bilateral con los Estados Unidos. Si además le sumamos la crisis financiera internacional trasladada a su ámbito local, las profundas consecuencias sufridas por su vecino anglosajón delimitarán sus intereses y su incumbencia en la geopolítica mundial.

Más cercano a nuestro país, Venezuela fijó claramente su posición de líder “radicalizado”. Antinorteamericano y por transitividad, antiisraelí, las atrocidades de la invasión han fortalecido su posición tan cuestionada a nivel mundial. Según un comunicado del Gobierno de Venezuela, Israel ha realizado una «flagrante violación del Derecho Internacional», como así también una «utilización planificada del terrorismo de Estado». Y aunque el rechazo a las acciones militares y la expulsión del embajador Israelí de Caracas nos muestran el claro norte del gobierno del presidente Chávez, la pasividad y conflictividad de las palabras no conllevan ningún tipo implicancias a nivel diplomático para la resolución del conflicto.

Finalmente, tenemos en Brasil al otro actor de importancia en América Latina. A diferencia de Venezuela, una actitud proactiva y constructiva derivó en un involucramiento sin precedentes con los más importantes decisores en el conflicto. Su posición mesurada pero a la vez crítica del accionar de ambos bandos (el gobierno brasileño se manifestó «consternado» por el lanzamiento de cohetes contra el sur de Israel por parte del grupo radical islámico Hamas, pero también consideró «deplorable» la «reacción desproporcionada» de Israel), es a su vez el pensamiento que prima en el escenario internacional y que cuenta con el apoyo de la mayor parte del mundo democrático.

«Lo que está probado es que la ONU no tiene coraje para tomar una decisión y poner paz en la franja de Gaza. Y no tiene coraje porque Estados Unidos tiene el poder de veto en el Consejo de Seguridad, por lo tanto, las cosas no suceden», dijo el mandatario brasileño Lula da Silva unos días atrás.
Estas declaraciones reflejan un Brasil que desea convertirse en la voz protagónica de la cordura y la racionalidad; en contraposición de una ONU inmóvil, sensible y temerosa. Lo que podemos afirmar es que Brasilia tiene bien en claro que, el involucrarse de manera directa y profunda sobre las raíces del conflicto, puede ser la llave que lo catapulte definitivamente como uno de los Estados fundamentales en la arena global del futuro.   

Publicado en el diario BAE, 30 de Diciembre de 2008.

Autor: Pablo Kornblum

La semana pasada, el Instituto de Estadísticas de Italia emitió cifras escalofriantes: A más de 3 millones de italianos no les alcanza el dinero para comer. Son unos 3.600.000 los  que declaran pasar momentos «con insuficientes recursos para comprar alimentos». Los datos indican que los más afectados son sobre todo las familias del sur del país, donde hay tres o más niños, ancianos o madres solteras. Además, el 33% de las familias dijo a fines del año pasado que no podía afrontar un gasto imprevisto de 700 euros; y son más de seis millones los italianos que tienen dificultades para calefaccionar su propia casa.

Esta crisis sin precedente remonta nuestra mirada a la Italia de Post-guerra. Esa Italia que desplegó un enorme gasto militar en detrimento del resto de las políticas sociales y económicas; aquella Italia que obtuvo como resultado la destrucción de su infraestructura, la pérdida de vidas humanas y la obsolescencia de un aparato productivo sin recursos. En definitiva, un saldo nefasto que derivó en una economía quebrada.

La creación de las Naciones Unidas y la declaración de los Derechos Humanos de post-guerra fueron el punto de partida para evitar futuros enfrentamientos a escala mundial y un mayor derramamiento de sangre. El período de paz permanente era el estadío buscado que permitiría impulsar una economía pujante, brindando las respuestas adecuadas para resolver las necesidades y deseos de los italianos. En términos generales, el mundo había aprendido la lección: el futuro debía ser el progreso y la dignidad para todos los seres humanos.

Pasaron las décadas y los pronósticos se habían vuelto realidad. Italia se había transformado en un país desarrollado, contando con un aparato productivo moderno e instituciones sólidas. Si a esto le sumamos su temprana membresía a la Unión Europea y la importancia regional que ello implicaba, nos encontrábamos con un plus extra de crecimiento estable y sustentabilidad social y democrática del país.
Algunos predicaron en ese momento que la paz duradera había sentado las bases para los desarrollos políticos y económicos que los italianos tanto habían ansiado. El “fin de la historia” se había tornado de una predicción, a una realidad palpable.

La crisis actual, sin embargo, nos demuestra la otra cara de una misma moneda: la paz, la democracia y la institucionalidad republicana no alcanzan por si solas. Solo sientan las bases y los ideales para lograr un sistema que brinde derechos legítimos para los habitantes de cualquier Estado desarrollado en el Siglo XXI. Pero como podemos observar, el sistema económico imperante no esta cumpliendo con estas metas propuestas; más aún, las políticas económicas que se han aplicado en los últimos tiempos parecen ser solo remedios paliativos de una enfermedad que amenaza en tornarse crónica. 

Las grandes batallas ideológicas, raciales y territoriales que desataron las guerras mundiales parecen ser parte del pasado. Por lo que entender la situación actual como un retroceso, pareciera no ser lo más acorde ni beneficioso para extraer experiencias que aporten ideas y soluciones.
Estamos si ante un nuevo escenario de una enorme crisis socio-económica, que incluye hambre y miseria para millones de italianos. Tal vez, tan grave como en los años de post-guerra. Y la primera gran diferencia que salta a la luz es que, esta vez, la crisis actual ha dejado sin palabras a todos aquellos que pensaban que la paz duradera era una condición necesaria pero también suficiente para solucionar los dilemas del progreso y desarrollo humano.   

Publicado en el diario BAE, 16 de Diciembre de 2008.

Autor: Pablo Kornblum

Ya no quedan dudas que Estados Unidos está pasando una de las peores crisis económica y financiera de su historia. Tras arduas tratativas entre demócratas y republicanos durante la semana pasada, el Senado estadounidense todavía no logró un acuerdo para otorgar un paquete de ayuda estatal a la industria automotriz por 14.000 millones de dólares, tal como exigían el presidente saliente, George Bush, y electo, Barack Obama. Esta semana continuarán las tratativas tanto con ambos partidos para intentar “rescatar” a las tres gigantes automotrices, General Motors, Chrysler y Ford.

¿Por qué el gobierno norteamericano debería salvarlas? Primeramente, estas empresas se encuentran insertas en un polo industrial generador de fuentes de trabajo y desarrollo productivo, incentivan a una economía regional pujante y provocan efectos derrame positivos para empresas vinculadas a su cadena productiva.
Por otro lado, el abastecimiento de su propio mercado interno, el más importante del mundo, produce efectos multiplicadores de riqueza dentro de los Estados Unidos. Finalmente, estas tres grandes corporaciones tienen un nombre a nivel internacional, siendo embajadores de los Estados Unidos alrededor del mundo como marcas representativas de la cultura, los valores, y la calidad de la producción norteamericana.   

Aunque parece sobrada la fortaleza de los tópicos mencionados, la lógica del mercado y la globalización neoliberal, ideada y desparramada por el mundo por el propio Estados Unidos en las últimas décadas, indicarían lo contrario. Las administraciones ineficientes junto con la corrupción y la falta de competitividad, puntos en común que tienen las automotrices en cuestión, serían causales más que suficientes para decretar sus quiebras.

América Latina fue parte de este proceso y la Argentina fue uno de los mejores alumnos durante de la década de 1990´. Siguiendo las directivas del Consenso de Washington, las más grandes empresas estatales Argentinas fueron privatizadas por sus ineficiencias, la corrupción enraizada y la imposibilidad de proveer bienes y servicios en tiempo y forma. Y aunque YPF, ENTEL o SEGBA, entre otras, también representaban la historia y valores de nuestro país, para estas no hubo segundas opciones, revanchas ni salvatajes; las quiebras y posteriores privatizaciones fueron el único e irrevocable final.
Los resultados pueden ser discutidos: en términos generales, una mayor eficiencia relativa en la operación se contrapuso con despidos masivos, tarifas y precios elevados, y productos de regular calidad para los consumidores. En definitiva, resultados muy lejanos a la excelencia. 

La problemática no es la contradicción en sí. No es el hecho que solo un par de décadas atrás la demonización del Estado era moneda corriente en el mundo occidental y ahora es pedido a gritos para salvar las ineficiencias de las grandes corporaciones que hicieron de su ejemplo la transnacionalización económica. La diferencia es la posibilidad y la libertad de optar. La que los norteamericanos tienen cuando deciden rescatar y ayudar al sector privado para fortalecer al mercado, o estatizar las empresas para hacerse cargos de sus pasivos e intentar corregir sus falencias. Esta opción, que la Argentina no ha tenido en gran parte de su historia debido a las políticas pseudo-impuestas. Tanto por los gurúes del afuera como los cómplices del adentro.      

En definitiva, lo que queda claro es que para garantizar una verdadera igualdad y democracia internacional, cada Estado debe tener la opción de elegir y la autonomía para realizar las políticas domésticas más acordes y eficaces en beneficio de sus pueblos.
Entender la historia, aprender de los errores cometidos, y tomar de las experiencias a nivel internacional las políticas exitosas y las mejores prácticas para luego adaptarlas a las necesidades y recursos locales, debe ser el camino a seguir. De esta manera, evitaremos los rencores que provocaron ser solidariamente responsables de las  imposiciones externas que desembocaron en las crisis económicas que se vivieron en nuestro país en las últimas décadas. Y que todavía estamos pagando.    

Publicado en el diario BAE, 9 de Diciembre de 2008.

Autor: Pablo Kornblum

La semana pasada el gobierno de Bolivia firmó un convenio bilateral con el Brasil en el marco de la lucha contra el narcotráfico. Entre las prioridades del nuevo modelo de lucha antidrogas está la nacionalización, la regionalización y cooperación internacional para, en palabras del Ministro de Gobierno de Bolivia Alfredo Rada, “seguir llevando la lucha antinarcóticos de manera exitosa”. La declaración se dio luego de que el presidente Evo Morales suspendiera indefinidamente a la DEA, ya que según el primer mandatario, la agencia norteamericana había conspirado contra su Gobierno.
Resulta extraño que los Estados Unidos, la mayor potencia del mundo e impulsora de la globalización neoliberal capitalista, no comprenda la simple y elemental ley de Oferta y Demanda. Estados Unidos es el mayor consumidor de narcóticos del mundo, pero a su vez es el país que, supuestamente, realiza los mayores esfuerzos para luchar contra la producción y las redes de distribución de las drogas ilegales. Y aunque los teóricos Keynesianos se regocijarían explicándole a los gobernantes norteamericanas que la Demanda es la que estimula la Oferta, el poder ejecutivo norteamericano se rige por la única política que cree efectiva: matar al perro para acabar con la rabia.

En cuanto a los países productores, tenemos dos posturas diferentes. Por un lado, aquellos países que priorizan los intereses foráneos y puramente macroeconómicos; por el otro, los que comprenden al flagelo como una problemática socio-económica regional que debe ser analizada minuciosamente para poder balancear los costos y encontrar soluciones integrales.

En el primer grupo nos encontramos con Colombia y Méjico, países hasta el día de hoy aliados con los Estados Unidos y gobernados por elites locales que fomentan las relaciones carnales para percibir los beneficios políticos y económicos que esta relación conlleva (Tratados de Libre Comercio, lucha militarizada contra los grupos insurgentes, etc.), sin tener en cuenta los daños provocados a las economías regionales ni los impactos políticos y militares que desestabilizan las estructuras domésticas. En este sentido, las estadísticas indican que desde el comienzo del “Plan Colombia” en el año 2000, EEUU ha enviado aproximadamente 4.3 mil millones de dólares al gobierno colombiano para la lucha contra las drogas; siendo un 76% de este flujo solo para mejorar los recursos tecnológicos y humanos de las fuerzas militares. Pero si tomamos una foto actual de la situación del Plan, nos encontramos que los datos no son para nada alentadores: el precio de cocaína en EEUU ha bajado, tiene mayor pureza, y la superficie del territorio colombiano cultivado en coca ha incrementado 42%.

Brasil y Bolivia, por otro lado, tratan de encontrar soluciones de fondo a una problemática que tiene diversas vertientes y se encuentra profundamente enraizada en el tejido social. Para estos Estados, los cambios que se puedan producir no deben perjudicar ni debilitar un sistema productivo que debe ser reemplazado lo más rápido y eficientemente posible; incluyendo especialmente la recuperación de la microeconomía espacial, las condiciones medioambientales y los efectos derrame positivos sobre los puestos de trabajo que se generan en los polos industriales y agrícolas. Para citar un ejemplo, el ministro Rada declaró en el marco del convenio con Brasil que esta nueva política para Bolivia significa “la erradicación (de cultivos de la hoja de coca) sin violencia, sin matanza de campesinos, ni fumigaciones (de plantíos) que destruyan los ríos y las selvas”.

La solución no se encuentra en atacar los problemas como si fueran inconexos. Por el contrario, primero y fundamental es lograr solucionar los dilemas histórico-estructurales de los países productores que dependen en muchos casos de estos cultivos para motorizar la economía del país. Con un proyecto serio y a largo plazo, los Estados deben proveer gradualmente estructuras económicas sustitutas a través de políticas públicas que permitan mejorar las condiciones de vida de las poblaciones dependientes de las plantaciones productoras. Por otro lado, países altamente consumidores como los Estados Unidos deben realizar las políticas sanitarias preventivas y correctivas necesarias para concientizar a la población de los efectos adversos de estas drogas ilícitas. 

Para lograr estos objetivos, las relaciones bilaterales y multilaterales deben estar focalizadas claramente sobre las políticas estructurales específicas, en lugar de diluirse en  cuestiones macroeconómicas o geopolíticas generales donde solo se benefician grupos concentrados e intereses transnacionales que sacan provecho de las derivaciones de este flagelo. Por lo tanto, si los Estados no toman cartas en el asunto para atacar la raíz del problema, la problemática seguirá, como hasta ahora, enmarcada dentro de un simple mercado de Oferta y Demanda.