Los desplazados de la guerra en Colombia

Publicado en el diario BAE, 10 de Febrero de 2009.

Autor: Pablo Kornblum

Los datos asombran, más aún cuando no nos estamos refiriendo a los confines del África o del Sudeste Asiático, sino a nuestro cercano vecino latinoamericano Colombia: Según la ONG Consejería para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado, Codhes, 270.000 colombianos tuvieron que desplazarse en el primer semestre de 2008, lo cual implicó un aumento del 41% frente al mismo período de 2007. Y aunque la agencia presidencial Acción Social reporta que tiene inscriptas a 2,6 millones de personas como desplazados, Codhes estima que en total hay más de 4 millones en todo el territorio colombiano.
¿Qué significado ser un desplazado en Colombia? El tener que huir de un lugar a otro tiene muchas, o mejor dicho demasiadas, connotaciones negativas. Su nivel de gravedad dependerá de quien lo evalúe: desde el desarraigo, pasando por el dolor moral, hasta la vejación que implica la expropiación.

Las explicaciones sociológicas o antropológicas seguramente dejarán consecuencias más ricas (y más dolorosas) para el análisis. Pero es imprescindible entender las variables económicas que se ven afectadas y que potencian las anteriores a medida que el número de desplazados aumenta.

Cuando cientos de miles de familias pierden sus tierras, no solo pierden la capacidad de auto conseguir su sustento diario, sino que automáticamente también cambian su condición de clase: de dueños de la tierra y el capital con la que la trabajan, pasan a ser, en el mejor de los casos, asalariados dentro de un sistema imperfecto. La gran mayoría, sin embargo, solo fortalecen un vínculo de dependencia a través de la ayuda estatal para obtener una fuente de ingreso que les permita evitar el círculo vicioso de la pobreza.

Otro punto importante es que en la América Latina del subdesarrollo, los altos niveles de desocupación y la histórica estructura de explotación de los asalariados conllevan a que el gran número de desplazados solo potencien aún más la devaluación salarial.
Para los que no consigan empleo, la situación es todavía menos alentadora. La escasa institucionalidad y una burocracia inactiva e ineficiente, solo brindan, a cuentagotas, los mínimos medios económicos de subsistencia.

Ahora bien, a los daños individuales o familiares le debemos sumar las consecuencias sobre la macroeconomía estatal. Si al aumento del gasto público que implica la manutención de los desplazados, le agregamos la pérdida de tierras cultivables para la producción y exportación agrícola (con su consecuente escasez y aumento de precios en el mercado interno y las implicancias macroeconómicas derivadas la pérdida de generación de divisas), y que además una gran cantidad de agricultores desplazados poseían capacidad de consumo y de adquisición de insumos y bienes de capital que motorizaban la economía, las perdidas para el producto nacional son significativas.

En definitiva, se puede observar que la debacle económica que se produce es la base que potencia el ya pronunciado derrumbe social provocado por el desplazamiento. Pero como en todos los ámbitos de la vida (y especialmente en la economía y la política), no debemos olvidar que en esta conjunción de hechos que se entremezclan dentro del espiral negativo de la pobreza, siempre existen quienes se aprovechan de la situación. En este sentido, nos encontramos con políticos inescrupulosos (que abundan en nuestra región) que realimentan los lazos de dependencia y poder a través del asistencialismo y el manejo a discreción de partidas presupuestarias que exclusivamente se deberían de destinar a recomponer el debilitado tejido social.

Para concluir, podemos afirmar que torcer este destino parece difícil, pero no es imposible. Si los desplazados logran recuperar sus tierras y los actores políticos pueden lograr una paz duradera que permita visualizar un horizonte estable y sostenible en el tiempo, se podrían sentar las bases para empezar a solucionar el problema. En una segunda etapa, las políticas sociales y productivas para el desarrollo sustentable, comunes a cualquier país, terminarían de allanar el camino. Mientras tanto, millones de Colombianos intentan mantener su moral en alto, sin perder las esperanzas y bogando por un futuro mejor para ellos y sus familias.