Publicado en el diario BAE, 27 de Enero de 2009.

Autor: Pablo Kornblum

El Domingo pasado, la mayoría de los casi 4 millones de los bolivianos habilitados para votar decidieron -por más del 60% de los votos- aprobar la nueva Constitución promovida por el presidente Evo Morales. Con la nueva Carta Magna se refuerza el rol del Estado en la economía, se incluye un amplio abanico de derechos sociales y se reconocen los usos y costumbres indígenas.

Ahora bien, es interesante intentar comprender algunas de las razones que han sido esgrimidas por la oposición para intentar obtener, infructuosamente, la victoria y el rechazo al ahora aprobado nuevo texto constitucional.

Por un lado, los autonomistas expresaron que la nueva constitución allanaría el camino para legalizar el aborto. El abortar o no puede debatirse como un dilema moral; pero sin lugar a dudas, la mejor política es la prevención. Aquella que solo se obtiene con un modelo de equidad educativa que la oposición nunca ha fomentado mientras ha estado en el poder. 

También sostuvieron que la religión y la iglesia corrían peligro. Sabían que la fe, tanto como la cultura y la religión aborigen, se encuentran bien arraigados en el pueblo boliviano. Lamentablemente para ellos, las mayorías se han dado cuenta que las creencias celestiales pueden aliviar las cuestiones del alma, pero las necesidades y las problemáticas terrenales necesitan de políticas publicas activas por parte de los hombres y mujeres que componen el gobierno boliviano. Un Estado “vivo y presente” es la única forma de asegurar trabajo e ingresos dignos para lograr el bienestar que tantas familias requieren.   

Otro punto fundamental ha sido el miedo que se ha querido imponer como resultado de las políticas de nacionalización de los recursos y, a consecuencia, el sufrimiento posterior derivado de los “males del Estatismo invasivo”. En este sentido, uno se pregunta que beneficios ha recibido la mayor parte del pueblo boliviano durante las últimas décadas de olas privatizadoras y ausencia del Estado en la provisión de políticas sociales, tan necesarias para el mejoramiento de la calidad de vida de la población.

Finalmente, el otro caballo de batalla de la oposición ha estado referido a la eliminación de los derechos de propiedad; mas precisamente, a los límites territoriales que se impusieron a la propiedad privada improductiva.
Parece irrisorio pensar que las comunidades indígenas, donde la gran mayoría de su población trabaja como asalariada o en una servidumbre encubierta, y solo en la minoría de los casos cultivan pequeñas parcelas colectivas de tierra para su subsistencia, puedan tener algún tipo de interés ideológico o económico sobre las propuestas autonómicas.    

Para concluir, podemos comparar la situación de la oposición con la del abogado defensor de un asesino que intenta desviar la atención del hecho principal y se focaliza en cuestiones banales o periféricas ajenas a la escena del crimen.
Pero el objetivo del gobierno y los seguidores que apoyan al presidente Morales sigue teniendo un norte claro y vigoroso: Terminar de una vez por todas con una historia de pobreza, desigualdades y miserias que sufren la mayoría de los bolivianos.
Las cuestiones mínimas, intranscendentes e irrelevantes para tantos millones de esperanzados, son solo parte de un engañoso pasado oscuro al que nunca mas quieren regresar.  

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