Publicado en el diario BAE, 20 de Julio de 2010.

Autor: Pablo Kornblum

En el año 2005, Clichy–sous–Bois, un suburbio cerca de París, vivió una serie de enfrentamientos donde una enorme cantidad de automóviles fueron incendiados. La furia había estallado por la muerte accidental de dos adolescentes de origen musulmán que, creyéndose perseguidos por la policía, se escondieron en un local donde había un transformador eléctrico y murieron electrocutados. En ese momento, el desempleo entre los franceses originarios se ubicaba en 9,2%, mientras que el desempleo entre los franceses de origen extranjero era del 14%. Por otro lado, mientras que para los graduados universitarios el desempleo era del 5%, para los graduados universitarios descendientes de nacionales del norte de África era del 26,5%.

Dos años más tarde, la violencia se traslado a Villiers–Le–Bel, en la región de Val d’Oise. Hubo otra vez autos incendiados, locales destruidos y decenas de heridos luego de que dos jóvenes que circulaban en una moto murieron cuando chocaron contra un patrullero. En aquella ocasión, ya no quedaron dudas que la creciente desigualdad social entre los habitantes de los suburbios pobres, en general hijos de inmigrantes musulmanes con enormes problemas para la integración, era la causa principal de la furia. Finalmente, unos días atrás las tensiones se trasladaron a una barriada pobre de la ciudad de Grenoble, donde ardieron automóviles y comercios en protesta por la muerte de un joven acribillado por la policía en una confusa persecución después de un robo.

Sin embargo, esta situación no puede entenderse como aislada ni exclusiva de un grupo social en particular. Podemos observar que en cuanto al desempleo, el segmento poblacional más castigado por la desocupación son los jóvenes entre los 15 y los 24 años, con una tasa del 24,6%. A ello le podemos agregar que Francia registró casi 2.700.000 de personas sin empleo en el mes de Mayo pasado, situando el índice de desempleo en 9,9% (0,5% más que en el mismo mes del año anterior); un nivel exorbitante para el país desde el fin de la 2da post-guerra mundial. Finalmente, un informe divulgado por el Ministerio de Economía el mes pasado señalo además que los habitantes más afectados por el desempleo son los mayores de 50 años.

Por otro lado, existen también otros sectores perjudicados. En este sentido, el gobierno del presidente Sarkozy, al intentar reducir a la mitad el déficit público – que llega al 6% del PBI – quiere implementar una política clara y concisa: recortar empleos estatales, pensiones, subsidios por desempleo, deducciones fiscales e inversiones gubernamentales, potenciando negativamente una coyuntura donde la recesión no esta cambiando las expectativas del sector privado. A esto debemos añadir que el pasado 24 de junio, más de un millón de franceses salieron a las calles de las principales ciudades para protestar contra la reforma jubilatoria que llevaría la edad jubilatoria de los 60 a 62 años, atentando contra los derechos conseguidos por las clases trabajadoras a lo largo de la historia sindical del país.

A este contexto altamente negativo, debemos agregarle que la Comisión contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa (ECRI), afirmó la semana pasada que la crisis económica ha expandido el racismo en Europa, pues las poblaciones locales culpan a los inmigrantes de sus problemas. «A menudo se atribuye a los inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo la responsabilidad del deterioro de las condiciones de seguridad, desempleo y los déficits en sistemas sanitarios. Como consecuencia, las comunidades quedan estigmatizadas», sostiene el documento.

En definitiva, extranjeros, descendientes de árabes, trabajadores adultos, el sector pasivo, jóvenes universitarios o sin calificación, y asalariados de toda índole, sufren cada vez más los avatares económicos de un espiral negativo que se intensifica con el tiempo. En un proceso adverso con tintes sistémicos globales, las crisis económicas derivan en tensiones políticas y sociales, golpeando con dureza a cada vez mayores capas de la sociedad e incrementando la brecha con una minoría enriquecida y con fuertes vinculaciones políticas.

El caso L’Oreal es un ejemplo de esta situación. Mientras que el país se encuentra sumergido en políticas de ajuste y en plena reducción de todas las esferas estatales, el mismo gobierno que promueve la austeridad se ve envuelto en escuchas que implican desde el financiamiento ilegal a la UMP (el partido de gobierno), hasta un eventual conflicto de intereses del ministro y tesorero de la UMP, Eric Woerth, colaborador íntimo del presidente Francés.

Como ha sido tan característico en la historia latinoamericana, Francia se encuentra en la actualidad en un proceso de inequidades y corrupción que hasta hace poco tiempo, parecía ajeno a países europeos con importantes grados de desarrollo. Sin embargo y más allá de cualquier dinámica global adversa, las experiencias de los países “tercermundistas” no parecen mellar en las veleidades ideológicas irrefutables que promocionan los gobernantes franceses. El ejemplo más claro es que mientras gran parte de los países latinoamericanos entendieron que la base de todas las problemáticas son las desigualdades y la falta de oportunidades, en Francia los programas sociales son recortados y reemplazados por la represión contra grupos desfavorecidos que, expresándose de modos y formas diferentes, reclaman mejoras sustanciales en su calidad de vida.

En definitiva, si Francia no cambia de postura, probablemente solo nos encontraremos con una implosión sistémica; hasta que el gobierno encuentre un nuevo punto de partida basado en una política inteligente y sustentable en el largo plazo. Mientras tanto, millones de franceses sufren y esperan un cambio. 

Publicado en el diario BAE, 06 de Julio de 2010.

Autor: Pablo Kornblum

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Más allá de los resultados del Domingo pasado, donde el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se impuso en la mayoría de los Estados donde se elegía gobernador, las elecciones mexicanas han mostrado una vez más las dos falencias más graves que puede tener un proceso político democrático, y que alejan a México de aquellos países que quieren lograr una solidez institucional definitiva que vele por mejorar la calidad de vida de su población tan necesitada.

El primer gran dilema es la contradicción que han encontrado sus ciudadanos al observar como dos partidos políticos de ideología totalmente opuesta, como son el Partido de Acción Nacional (PAN) – de una clara tendencia derechista y conservadora – y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) – que abarca diferentes vertientes de la izquierda progresista -, han llevado a cabo alianzas electoralistas para vencer al histórico PRI.
Un proceso político regular implicaría que cada partido plasme sus ideales en su plataforma política, para luego poder explayarla y explicarla con detenimiento en los diferentes medios de comunicación. De este modo, podrá seducir a los votantes que se sientan representados por ese ideario político. Pero si el partido donde posan sus esperanzas, teje una alianza espuria con un partido de un tinte ideológico y político totalmente opuesto, las políticas que sus votantes desean ver plasmadas probablemente nunca se llevarán a cabo.
Las bases de un partido representan su razón de ser, su vida política. En un país donde las promesas electoralistas son pocas veces llevadas a cabo, más difícil aún será lograr que se ejecuten luego de que los políticos partidarios hayan creado compromisos y forjado intereses que atentan contra las ideas que sus votantes apoyaron.     

El otro punto fundamental ha sido la superficialidad y la coyunturalidad de las discusiones pre-electorales. Sin restarle importancia a la problemática de la violencia, las chicanas políticas o las discusiones sobre los indicadores macroeconómicos, se observa claramente que los dilemas estructurales no son tratados con la seriedad y la profundidad que se requiere. Más aún, unas elecciones de tinte legislativo, municipal y estadual, como las vividas el pasado Domingo, deberían focalizar su espectro en las problemáticas microeconómicas de las últimos eslabones de la cadena productiva, los programas sociales gubernamentales para las poblaciones más necesitadas, y el fortalecimiento de la legislación vigente para la protección de los ciudadanos más carentes y débiles.

México es un país donde existe una pobreza generalizada y una anarquía dirigencial que conlleva a la profundización de las estructuras de poder económico y político concentradas ajenas a las mayorías necesitadas. Las derivaciones históricas de la desigualdad, la corrupción y la pauperización en los niveles de vida de los estratos más humildes, solo pueden tener lugar en un ambiente macro-despersonalizado contenido dentro de un escenario de descreimiento para con el cambio, la falta de educación generalizada, y una telaraña de intereses que mantienen el status-quo como una simple continuidad de lo que siempre se ha vivido.

Las elecciones del domingo pasado parecen no haber quebrado este patrón histórico. La discusión política se volvió a centrar en las guerras entre los carteles que erosionan la imagen de México y alejan las inversiones extranjeras del país, la reducción del gasto público y la elevación de impuestos provocados por la contracción de la economía mexicana del 6,5% el año pasado, las presiones de los inversores para la aprobación de reformas como la flexibilización del mercado laboral, y una mayor apertura en las normas sobre la inversión extranjera en el sector energético que controla el Estado – sobre todo debido a que por la falta de nuevos proyectos petrolíferos la producción petrolera en México se redujo notablemente en los últimos años -. 

En definitiva y por lo tanto, las esperanzas de la ciudadanía se deberán volver a centrar en factores coyunturales que deriven en mejoras graduales sin consecuencias directas positivas sobre las especificidades estructurales. Los grandes y verdaderos cambios, por lo pronto, deberán esperar; por lo menos, hasta las próximas elecciones.

Publicado en el diario BAE, 15 de Junio de 2010.

Autor: Pablo Kornblum

Históricamente, las luchas nacionalistas han sido concebidas como aquellas emprendidas por una población que mantiene una identidad cultural basada en la lengua, la religión, la etnia y la historia y que, por efectos de conquistas o colonizaciones, quedaron bajo el dominio de un Estado con el que no comparten esa identidad cultural. Son las naciones que durante siglos, han buscado convertirse en un Estado. Pero desde mediados del siglo XX y en los albores del XXI, han aparecido grupos independentistas cuyos movimientos se basan en la emancipación política y económica, bien porque se sienten dominados o explotados, o bien porque existe un sentimiento de superioridad frente al Estado al que pertenecen.

El domingo pasado, este sentimiento de superioridad quedo en evidencia. La Nueva Alianza Flamenca (NVA) independentista consiguió la victoria con el 29% de los votos en la región flamenca (60% de la población y más de dos tercios de la economía belga). Y el líder de la NVA, Bart de Wever, brindó un discurso post-electoral con una mirada que refuerza el nacionalismo económico de la región de Flandes: «Tiendo la mano a los francófonos, pero hay que acometer cuanto antes la reforma del estado, las cosas no pueden ser así. Existen demasiadas diferencias entre flamencos y valones, es hora de hablar de muchas cosas».

Las crisis económicas europeas no han sido ajenas a los votantes Flamencos. El efecto contagio y las cargas colectivas que implican una responsabilidad conjunta como Nación, conllevan a una profundización de las ideas separatistas, al potenciar y entremezclar las causales económicas con las que no lo son. En este sentido, De Weber exige el fin de la seguridad social única –los flamencos pagarían con sus fuertes ingresos su precioso estado del bienestar y los francófonos tendrían que recortar gastos brutalmente –, para que el país se convierta en una confederación como último paso hacia la independencia de Flandes.

Esta situación no es extraña a los ojos europeos de las últimas décadas. El Partido Nacionalista Vasco y la Liga del Norte Italiana llevan adelante un ideario similar. Sus regiones son ricas; pero en lugar de buscar la manera de transmitir sus conocimientos y colaborar con las otras regiones más desfavorecidas, tienen la creencia que las otras jurisdicciones que forman el Estado-Nación no son lo suficientemente aptas ni poseen las condiciones adecuadas para generar riqueza. Los cambios necesarios no parecen ser posibles para los grupos separatistas: constantemente sacan a relucir las diferencias históricas, culturales y hasta lingüísticas para explicar los fracasos de sus con-nacionales. 
En este sentido, Bélgica esta viviendo esta situación de carencia/debilidad institucional de desintegración nacional, a lo que se le suma un endeudamiento fuera de control que conlleva a una crisis de difícil resolución, preocupando a los decisores políticos y económicos de todo el viejo continente.

Los inversores, que se encuentran en una situación de cautela excepcional dadas las incertidumbres de la coyuntura Europea, tornan su mirada hacia otros horizontes. Sin ir más lejos, la semana pasada el ‘Financial Times’ bautizó a Bélgica como la «Grecia del Norte», por su nivel de deuda pública y privada – la deuda pública equivalente al 100% del PBI – , cuando al mismo tiempo el Tesoro belga colocaba sus bonos con dificultad a un interés medio punto por encima de la semana anterior, y mientras Standard & Poor’s cambiaba la perspectiva de inversión en Bruselas a «negativa».

Las grandes potencias de la región tampoco desean que la presidencia de la Unión Europea quede en manos de un Estado con dificultades para el autocontrol, generando una inestabilidad aún mayor a las discrepancias actuales de los países lideres. Bélgica asume el 1 de julio la presidencia de la Unión Europea y lo hará, previsiblemente, sin gobierno. La partición de Bélgica sería un golpe muy duro de superar para la UE, que continua lidiando con los avatares provocados por sus “indisciplinados” miembros y que ponen en tela de juicio la idea de una Unión Europea homogénea y unida.

Finalmente, observamos que tal como los grupos extremistas violentos pierden su espacio y dejan lugar a partidos políticos que representan las mismas ideas pero de modo más racional y tolerante – por ello el NVA le ha dado al separatismo «la imagen de respetabilidad» que le falta al Vlaams Belang, el partido de extrema derecha -, las diferencias socio-culturales que generan rispideces o tensiones también han sido reemplazadas por una indiferencia no cooperativa. Por ello los flamencos culpan pero a su vez se desentienden de los Francófonos pobres del Sur. Por lo tanto, podemos afirmar entonces que las cosas han cambiado y que, aunque en la actualidad los medios son diferentes, los fines parecen ser los mismos. 

Publicado en el diario BAE, 11 de Mayo de 2010.

Autor: Pablo Kornblum

En la primera elección tras el ascenso de Mujica al poder, se inauguró el domingo pasado un nuevo sistema electoral que creó 89 alcaldías en localidades de más de 5.000 habitantes de todo el país. La Ley de Descentralización, impulsada por el ex presidente Tabaré Vázquez (2004-2010), creó este tercer nivel de administración, más local, y que se encuentra por debajo del intendente (jefe del gobierno municipal). Por lo tanto, unos 2,5 millones de uruguayos estuvieron habilitados para escoger a 19 intendentes, 89 alcaldes, 589 ediles y 356 concejales en todo el territorio uruguayo.

Lo interesante de esta elección han sido los cuestionamientos – especialmente desde el arco opositor – sobre las formas y los objetivos de la misma, en lugar de discutir las plataformas políticas en si. En este sentido y como punto más saliente, se cuestionó extrañamente el porqué de este proceso de mayor descentralización política. Sin embargo, esta claro que aunque los regímenes unitarios y centralizados se jactan de diseñar proyectos macroestructuralmente sólidos y sustentables en el tiempo, dejan de lado las especificidades micro y la flexibilidad necesaria para atender las problemáticas coyunturales del pueblo.

El segundo punto en cuestión se focalizó en la enorme cantidad de cargos electivos que supuestamente “marean” y confunden a la mayor parte del electorado. Lo que no reparan es que en contraposición, la elección directa representativa evita lidiar con las “listas sábana” y la evasión de las responsabilidades políticas. Una sociedad madura requiere de compromisos: en este sentido, las estructuras partidarias verticalistas serán más responsables al verse afectadas directamente y de manera más visible por las políticas ejecutadas a todo nivel.

El último tema se relacionaba con la asiduidad y el cansancio que provocó a la ciudadanía tener que concurrir a las urnas en cinco ocasiones en menos de un año (elecciones legislativas, ejecutivas nacionales e internas partidarias). No parece muy afortunado plantear que los pueblos se encuentren “desgastados” para ejercer su derecho democrático; más aún, en un país donde los requerimientos populares fueron acallados en largos periodos de la historia, la posibilidad de expresar los deseos políticos deberían ser momentos de esperanza, reflexión y zozobra para todos los uruguayos.

Finalmente, un párrafo aparte merece el resultado de la elección. El oficialismo, reciente triunfador en las elecciones presidenciales, retuvo los departamentos más importantes  (Montevideo, Canelones, Florida, Maldonado, Rocha, Treinta y Tres, Salto y Paysandú; los cuales representan 73% de la población y 81% del PIB), reforzando la idea de continuidad y apoyo a las políticas realizadas por el Frente Amplio desde su llegada al poder en los albores de este siglo XXI.

Lo interesante y paradójico es el contexto internacional en la que estuvo inmersa esta contienda electoral. Mientras la Unión Europea, abarcativa, populosa y económicamente poderosa, reclama un ajuste salvaje para con los más necesitados – sin ningún tipo de reflexión ni miramientos sobre los verdaderos culpables de la crisis – y continua utilizando las viejas recetas de resultados macroeconómicos inciertos pero socialmente destructivos; del otro lado del Océano Atlántico los uruguayos eligieron otro camino. Un pueblo atento y racional que proclamó una vez más la necesidad de un mayor y mejor Estado que promueva el bienestar y la justicia social.

Será que cada pueblo tiene su momento histórico para reflexionar sobre su pasado y entender su presente. Uruguay ha demostrado el domingo pasado haber encontrado su norte. Como lo expresa la electa jefa comunal de Montevideo, Ana Olivera, la primera mujer comunista a cargo de la intendencia: «Pensar que el mundo es transformable y que todos tenemos derecho a vivir bien». Es hora entonces de aprender del ejemplo uruguayo, volver a repasar la historia, y continuar por el verdadero camino que definitivamente cambie y mejore los destinos de la inmensa cantidad de pobres que sobreviven día a día en todas las latitudes.

 Publicado en el diario BAE, 27 de Abril de 2010.

Autor: Pablo Kornblum

Parece poco creíble que a esta altura del siglo XXI tengamos que estar hablando de escasez alimentaria y hambrunas endémicas a nivel mundial. Es que las mismas no son problemáticas novedosas; más bien conviven con la humanidad desde su existencia. Por lo que no podemos hablar de una civilización inmadura o inexperta; sino que debemos entender los intereses creados en una arena internacional cada vez más interrelacionada y compleja.

Un primer enfoque nos sitúa en una población mundial que ha crecido exponencialmente en las últimas décadas, con una necesidad cada vez mayor en cuanto a alimentos y agua potable para satisfacer los requerimientos de todos los seres humanos. Un segundo punto que complementa el anterior, implica además un aumento en la cantidad de personas que ingresaron al mercado de consumo. Aunque las mejoras en la calidad de vida de las poblaciones de muchos países en desarrollo hayan sido relativas y parciales (China, India, el Sudeste Asiático, etc.), esta situación conllevó a incrementos sustanciales en la demanda de alimentos. Finalmente, la falta de desarrollo social y económico de países históricamente subdesarrollados y atrasados, afectan especialmente a los índices nutricionales y de calidad de vida de sus poblaciones. Latinoamérica es un claro ejemplo de ello. Un informe de la FAO de 2008, indica que el 10% de la población de América Latina y el Caribe padece hambre en una región que produce un 40% más de los alimentos que necesita para abastecerse.

Este contexto se complejiza con los diversos actores e intereses existentes a nivel internacional. Por un lado, las grandes corporaciones transnacionales entendieron que el ensanchamiento del mercado de consumidores derivaría en un consecuente aumento en las ganancias para los oferentes. La compra de grandes extensiones de tierra para producir alimentos a gran escala es un negocio cada vez más rentable para los que puedan conquistar los mercados de millones de consumidores.  Por ejemplo, en los Estados Unidos los mayores productores de cultivos genéticamente modificados, Cargill, ADM y el competidor Zen Noh, controlan entre ellos un 81% de todas las exportaciones de maíz y un 65% de todas las exportaciones de soja.

Por otro lado, nos encontramos con las diversas Cámaras Empresariales y Sindicatos que velan por sus intereses particulares. En muchos casos nos referimos a productores locales y trabajadores que, por cuestiones coyunturales que pueden convertirse en estructurales, pierden competitividad en el mercado global. Estos Lobbys deben lidiar con los gobiernos nacionales, presionando para que los mismos defiendan sus intereses ante los diversos Organismos Internacionales (llámese FMI, OMC, etc.).

En este sentido, los gobiernos nacionales no solo tienen que tratar de evitar políticas exógenas que puedan dañar su estabilidad domestica (ajustes, aperturas comerciales indiscriminadas, etc.), sino que además deben lidiar con una serie de contradicciones entre sus prioridades. La falta de políticas distributivas acordes, ineficacia en la asignación presupuestaria, inacción en políticas de subsidios para aumentos de capital/productividad, y una balanza comercial inestable que no permite el acceso pleno a los mercados internacionales de alimentos, son solo algunos de los inconvenientes más comunes de los países menos desarrollados. Un claro ejemplo ha sido la crisis del año 2008, donde los precios del arroz y del trigo subieron un 130% y 141%  respectivamente en un periodo de 6 meses, desatando graves disturbios sociales en países pobres como Indonesia, Mauritania o Haití.

Ante esta realidad compleja, podemos identificar algunas tendencias que parecen difíciles de revertirse. En primer término, nos encontramos con una revalorización de los productos alimentarios con su consecuente interés y concentración en manos de monopolios y oligopolios trasnacionales. Por otro lado, nuevos y existentes Lobbys se refuerzan y multiplican para proteger sus intereses en una era globalizadora cada vez más competitiva. Finalmente, tenemos dos tipos de Estados. Los inoperantes, negligentes o desinteresados que afectan el presente de sus ciudadanos, pero también condenan el futuro de sus naciones al no tener en cuenta los gastos crecientes en salud y las mermas en la productividad de sociedades desnutridas. Los otros, concientes que el deterioro de los términos de intercambio para los alimentos es parte de un pasado que probablemente nunca regrese, intentan realizar políticas activas a nivel nacional e internacional para poder abastecer a sus poblaciones. China es el gran ejemplo: Solo el 10% de su tierra es cultivable y ha buscado en la Argentina a un socio para la provisión de aceite de soja. Pero esta es solo una política coyuntural del gobierno Chino; en el futuro no muy lejano, podría autoabastecerse de soja de su producción en las 3 millones de hectáreas adquiridas en África. 

Por lo pronto, lograr una justicia alimentaria a través de una racionalidad global pareciera ser cada vez más difícil. Intereses creados, interrelaciones complejas y crisis recurrentes, parecen ser obstáculos inexpugnables para poder cambiar una historia dolorosa para cientos de millones de personas alrededor del mundo.