Publicado en el diario BAE, 5 de Octubre de 2010.

Autor: Pablo Kornblum

Finalmente, habrá ballotage en Brasil. Y de cara a la segunda vuelta el próximo 31 de Octubre, es interesante analizar como en un país estructuralmente heterogéneo, las desigualdades inter e intra regionales persistentes a lo largo del tiempo se han visto reflejadas en las decisiones de los votantes el domingo pasado.    

Para comenzar, hemos observado como el partido oficialista ha triunfado claramente en la región Nordeste. Caracterizada por populosa – clave en cuanto a las políticas de corto plazo de tinte cuantitativo del gobierno – y retrasada en casi todo su territorio, los programas sociales (como el programa Bolsa de Familia) y económicos (como el PAC I y el propuesto PAC II), han sacado de la pobreza extrema a millones de familias y consecuentemente, solidificaron la base electoral del PT y sus aliados a lo largo de la región: En los Estados de Bahía (60,83%), Sergipe (52,08%), Piauí (46,37%), Marañhao (50,08%) y Ceará (61,27%) – entre otros -, la victoria del partido de gobierno ha sido contundente.

En contraposición, la Región Norte no ha sido favorable al partido del presidente Lula. Extensa en kilómetros y alejada de los conglomerados industriales y los poderes decisorios, la misma es esquiva a un gobierno que puso énfasis en la clase obreras y en un mayor control/regulación gubernamental para con el Gasto Público. Si a ello le agregamos una activa pero ambigua política medioambiental – Marina Silva, la candidata del Partido Verde, obtuvo casi veinte millones de votos (19,33%) y será clave su posicionamiento de cara a la segunda vuelta -, los números de la derrota no sorprenden: en los Estados más grandes de la región, el PT solo obtuvo el 25,91% en Amazonas, el 36,04% en Pará, y el 18,17% en Rondonia.

Por otro lado, el gobierno ha obtenido victorias claves en los Estados costeros de la Región Sudeste, como son Río de Janeiro y Espíritu Santo (66,08% y 82,30% para el PT respectivamente). La inserción explosiva de Brasil en el mundo en esta última década, tanto a nivel comercial como financiero, sumado a la profundización de políticas que incentivan el turismo (incluyendo la realización de las Olimpíadas en Río de Janeiro en el año 2016), han sido el despegue para la inclusión de vastos sectores de la población – anteriormente marginados y con bajos niveles de escolarización/capacitación – a través de la creación empleos de mejor calidad; lo que posibilitó un mayor acceso al crédito (fomentado a su vez por una fuerte política pública crediticia) con implicancias directas en el aumento del poder de compra de capas históricamente empobrecidas que respondieron con un voto de apoyo al gobierno.  

Sin embargo, el resultado ha sido adverso en los Estados céntricos de la misma región. Las victorias opositoras en el Estado de San Pablo (50,63% del PSDB contra el 35,23% que obtuvo la lista oficial) y en Minas Gerais (62,72% del PSDB frente al 34,18% del PT) conllevan a una lectura donde las características históricas-estructurales juegan un rol fundamental. San Pablo (y en menor medida Minas Gerais) continúan siendo el motor económico del país industrial ideado hace décadas por diferentes gobiernos – tanto en procesos democráticos como dictatoriales -, logrando cierta estabilidad productiva que ha permitido sostener el nivel de empleo y mantener un colchón de contención social en las diversas coyunturas económicas. Aunque los cambios provocados por los diversos programas sociales nacionales han tenido un impacto positivo en las poblaciones más humilde de ambos Estados, debemos centrar el análisis en los cambios relativos (de menor impacto en este caso que en otros Estados y regiones del país) y no en términos absolutos.

La comprensión de este concepto es el pilar fundamental que debe guiar al candidato que gane el ballotage. Aunque la tasa de desempleo durante el primer semestre de 2010 se situó en 7,3%, y las familias brasileras que viven en situación de insuficiencia alimentaria disminuyeron del 46,7% en el período 2002-2003, al 35% en el período 2008-2009, las mejoras relativas son insuficientes para unas mayorías que todavía no acceden a salarios, infraestructura (viviendas, medios de transporte) y servicios esenciales (salud, educación) que se puedan correlacionar con un estándar de vida digno en una sociedad desarrollada. Los cambios marginales positivos durante la era Lula han sido necesarios pero no suficientes; mientras la discusión política se aleja cada vez más de cambios estructurales/radicales, más necesario aún será consolidar y profundizar los programas socio-económicos redistributivos y realmente inclusivos a largo plazo para lograr, en palabras del saliente presidente Lula, “un país decente para todos los Brasileros”. 

Publicado en el diario BAE, 22 de Septiembre de 2010.

Autor: Pablo Kornblum

Las elecciones suecas del domingo pasado parecen haber sido un mero trámite que prolonga una continuidad histórica de cómo hacer políticas que busquen el beneficio de la mayoría de la ciudadanía. El resultado, por lo tanto, es una anécdota. El bloque gubernamental, formado por el Partido Moderado, el Partido del Centro, el Partido Liberal y el Partido Cristiano Demócrata, obtuvo el 49,3% de los sufragios y se quedó con 173 diputados de los 349 del Riksdagen (Parlamento); mientras que la coalición de izquierda, compuesta por una alianza de socialdemócratas, ecologistas y ex comunistas, recibió el 43,5% de los votos. 

La política sueca es un ejemplo. Los partidos políticos mayoritarios discutieron democráticamente una alternancia sin alianzas espurias. Es por ello que ambos han dejado de lado cualquier acuerdo con el ultra-derechista partido Democráticos de Suecia (SD), que aunque logró un avance hasta superar el 5% de los sufragios, sigue muy lejos de cualquier tipo de poder decisorio para lograr cambios sustanciales en la vida diaria y los ideales básicos de la cultura sueca.

Por otro lado, ninguna de las dos coaliciones ha siquiera deslizado algún tipo de  cuestionamiento al Estado de Bienestar. Mientras que el gobierno prometió elevar la edad de jubilación hasta los 69 años, reducir a la mitad el IVA para la hostelería, y promocionar los contratos de aprendizaje; la oposición propuso bajar los impuestos a los pensionistas, reintroducir el impuesto a la riqueza para invertir más dinero en la educación y la sanidad pública, y crear 100.000 puestos de trabajo. Lo único que pudo haber hecho una mínima diferencia entre los conservadores actualmente en el poder y la centro-izquierda, ha sido el hecho que los primeros proclamaron un estricto control fiscal atractivo para un electorado que observó en el desorden y la falta de regulaciones uno de los grandes detonantes de la gran crisis económica internacional.

Por lo tanto, se puede entender que la airosa salida de la crisis tiene su explicación en razones más estructurales que en la política coyuntural del actual gobierno. Por ejemplo, la historia y la cultura han mellado de manera determinante en la ausencia de una discusión sobre la política exterior durante toda la campaña electoral. Los partidos han rehuido al debate sobre la integración en la zona euro – una encuesta publicada en junio por el Instituto Estatal de Estadística puso en su mínimo histórico el apoyo a la integración: apenas un 27%, frente a un 60% de rechazo – y sobre la integración a la OTAN (propugnada por la coalición gubernamental), que la sociedad sueca – históricamente neutralista e internacionalista – observa con recelo.

Otro ejemplo de la fortaleza estructural es la economía del país. Según un estudio del Foro Económico Mundial, la economía sueca es una de las más competitivas de la UE junto con las de Holanda, Dinamarca y otros países nórdicos. Suecia y sus hermanos nórdicos son los países que han mostrado mejor desempeño en términos de innovación, lo que se atribuye a la capacidad de sus compañías de adaptarse a las nuevas tecnologías. Si a ello le agregamos la reducción de los impuestos a las ganancias de los trabajadores y el menor temor del asalariado de gastar sus ahorros, podemos observar, según las últimas cifras de la Oficina Central de Estadística, que el PBI creció un 3% el primer trimestre de este año y el consumo interno aumentó en un 1,7% (especialmente en autos, ropa y alimentos) en relación con el primer trimestre del 2009.

Finalmente, aunque la desocupación, mal endémico global, también golpea al país nórdico (la cifra de desempleo ronda el 8%, donde los más afectados por el paro son los jóvenes de entre 15 y 24 años y los inmigrantes de países no europeos que aún no han logrado insertarse en el mercado de trabajo) la capacidad recaudadora del gobierno continúa solventando la seguridad social de los grupos más castigados por un modelo productivo global que demanda día a día menos mano de obra – recordemos que Suecia tiene, junto con Dinamarca, los impuestos más elevados del mundo; donde un contribuyente con un salario medio, por ejemplo, paga cerca del 34% de sus ingresos, en comparación con un 19% de la media europea -. En este sentido, en los últimos años las inversiones han crecido a un ritmo rápido pero no se han creado puestos de trabajo a esa misma velocidad, lo que indica que las mismas han puesto foco en la eficiencia y la productividad en detrimento de la incorporación de capital humano. 

En definitiva, en contraposición a un mundo cada vez más cíclico, la estabilidad sueca no deja de sorprender. Democracia participativa, sistema económico inclusivo y valores con proyección a largo plazo. Suecia no quiere cambiar su historia. Simplemente observa con altura y brinda un ejemplo al mundo de una conducta a seguir. 

Publicado en el diario BAE, 07 de Septiembre de 2010.

Autor: Pablo Kornblum

El Sábado pasado, el grupo armado vasco ETA anunció un alto al fuego por medio de un video enviado a la cadena británica BBC, en el que afirmó que no «llevará a cabo acciones armadas» en su campaña por la independencia. En palabras de sus voceros, «ETA se reafirma en el compromiso con una solución democrática (…) para que, a través del diálogo y la negociación, los ciudadanos vascos podamos decidir nuestro futuro de forma libre y democrática». Sin embargo, el alto el fuego de ETA suena más a desesperación que a convicción, ya que la debilidad contextual tiene raíces sistémicas que deben ser comprendidas y modificadas si se quiere lograr cierta viabilidad y consensos en los objetivos históricamente planteados.

Euskadi Ta Askatasuna (expresión en euskera traducible al castellano como País Vasco y Libertad), conocida por sus siglas ETA, ha nacido como una organización independentista, nacionalista vasca y marxista-leninista. Fundada en 1958 durante la dictadura franquista tras la expulsión de miembros de las juventudes del Partido Nacionalista Vasco, cometió su primera acción violenta en julio de 1961 e, inicialmente, contó con el apoyo de una parte significativa de la población al ser considerada una más de las organizaciones opuestas al régimen. En aquel momento, el mundo vivenciaba un contexto donde la violencia ideológica era asociada a los deseos de libertad e igualdad, la lucha contra el franquismo era sinónimo de democracia y autonomía, y la metodología de oposición estaba estrictamente relacionada con el margen de maniobra que proveía la coyuntura. 

Años más tarde, con el avance norteamericano y el retroceso soviético, la expansión capitalista mundial fue asociada a la palabra democracia – donde los gobiernos democráticos serían más sencillos de amalgamar al sistema corporativo que dictaduras de difícil control -, por lo que los procesos de emancipación no tardaron en llegar. En el año 1977 fue el turno de España. Y al avance capitalista, se le adicionó el respeto al derecho y a las soluciones pacificas, debilitando las bases políticas de ETA y su impronta por la lucha armada. Pero ETA redobló la apuesta. En aquel momento, pensaron que el proceso democrático podría ser de mero carácter transitorio, mientras que el socialismo aún estaba vivo. Más aún: el alejamiento del proceso democratizador conllevó a que la extorsión, el secuestro y el denominado “impuesto revolucionario”, se conviertan en casi la única alternativa de autofinanciamiento para su lucha contra el capitalismo.

Sin embargo, el transcurso del tiempo no produjo cambios favorables para la organización. Si a la consolidación de un Estado democrático pacífico que reafirmó las bases institucionales y jurisdiccionales del status-quo, se le agregó la victoria del capitalismo transnacional sobre las estructuras culturales domésticas, la metodología de acción de la organización perdió el consenso social que tanto había dado para su creación medio siglo atrás. Según el Euskobarómetro (estudio sociológico realizado por un equipo de profesores de la Universidad del País Vasco) de mayo de 2009, el 64% los vascos rechazaba totalmente a ETA. El 13% opinaba que en el pasado su violencia había estado justificada, pero en el momento de la encuesta no. Un 10% compartía sus fines, pero no sus métodos violentos. Finalmente, mientras el 3% justificaban parcialmente la acción ETA, criticando sus errores, solo el 1% de la población dijo que la apoyaban totalmente.

En la actualidad y dentro de un conformismo social mayoritario, parece muy difícil que ETA logre sus objetivos sin cambios radicales en el corazón de su accionar. Por un lado, el crecimiento económico español de las últimas décadas se ha visto potenciado por las mejoras en el autogobierno vasco conseguidas por los nacionalistas moderados, eliminando cualquier tipo de cuestionamiento sistémico. Por el otro, el desarrollo por vía pacífica de una cultura nacional, con su lengua y sus costumbres, ha sido aceptado como complemento de un marco nacional español abarcativo y pluralista.

En definitiva, ETA deberá meditar sobre su accionar de aquí en adelante. Más allá de su compromiso ideológico, cultural y nacional, que merece un análisis aparte, el camino actual no posee el apoyo social y político que pueda encausar sus reivindicaciones. Y si no hay un cambio de rumbo, solo quedan los métodos ilegales para incrementar su riqueza y poder así continuar su lucha. Pero ETA debe tener cuidado. Si no hay un vuelco sustancial, las organizaciones con las arcas más grandes, los gobiernos de España y Francia, redoblarán sus esfuerzos económicos y militares hasta lograr el desmantelamiento definitivo de una de las agrupaciones más antiguas y reconocidas del planeta.

Publicado en el diario BAE, 24 de Agosto de 2010.

Autor: Pablo Kornblum

El general Raymond Odierno, comandante de las tropas de EE.UU. en Irak, anunció la semana pasada que las tropas de combate de Estados Unidos sólo volverían a Irak si las fuerzas iraquíes «fracasaran completamente». Según sus propias palabras, «si el Gobierno iraquí nos pidiera algún tipo de asistencia técnica en el campo de batalla, sistemas que les permiten seguir protegiéndose sobre amenazas externas, estaríamos allí». Además aseguró que  «un Irak democráticamente fuerte llevará estabilidad a Oriente Medio, y si vemos que Irak logra este objetivo en dos, tres, cinco años a partir de ahora, creo que podremos calificar un éxito nuestras operaciones en ese país”.

El discurso del comandante demuestra que las elites norteamericanas no comprenden (o pretenden que el resto de la sociedad norteamericana no comprenda) que los conceptos de democracia, libertad, seguridad y desarrollo socio-económico no van automáticamente de la mano.

Tenemos varios ejemplos que lo demuestran. La Unión Soviética llegó a disputarse la supremacía económica y geopolítica del mundo en las décadas de 1950’ y 1960’, mientras se vivía bajo un régimen totalitario. India ha tenido un crecimiento económico sustancial y sostenido en los últimos años; sin embargo, la equidad y el desarrollo socio-económico brillan por su ausencia. Por otro lado, la crisis económica cubana actual no mella sensiblemente en su seguridad doméstica. O mismo los Estados Unidos, un país democrático e institucionalmente fuerte, pero con bolsones de pobreza que derivaron en el surgimiento de barrios marginales con niveles de inseguridad creciente en la mayoría de las grandes ciudades del país.

Pero si a la seguridad entendida por la “protección física de seres humanos” nos referimos, hay muchos países en el mundo que sufren problemas de inseguridad y no por ello los Estados Unidos buscan brindar protección en cada rincón de la tierra. Irak, como la mayoría de los países con altos niveles de pobreza y desigualdad, ha sufrido enormes síntomas de violencia e inseguridad en las últimas décadas; antes, durante y después de las invasiones norteamericanas.

La realidad es que el fin de los Estados Unidos es lograr un fluido proceso para asegurar el enorme caudal de petróleo que posee el suelo iraquí y que beneficia a toda la industria petrolera norteamericana (incluyendo a las grandes corporaciones, compañías proveedoras y al gobierno). Para ello, la dialéctica de las elites gobernantes y los lobbys para con las masas norteamericanas solo debe corresponderse con la tradición histórica de la política exterior norteamericana. Quieren demostrar que no solo lograron su cometido militar disolviendo a un gobierno peligroso para la humanidad como el del ex presidente Hussein; sino que además, por simple altruismo, también desean llevar libertad, democracia y progreso al país liberado. Sin embargo, la historia norteamericana aflora sus propias contradicciones. Un claro ejemplo nos indica que el 6 de agosto de 1990, después de la invasión iraquí a Kuwait, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas liderado por los Estados Unidos adoptó la Resolución 661, la cuál impuso sanciones económicas y un embargo comercial completo a Irak. Según estimaciones de la misma O.N.U, entre 500.000 y 1.2 millones de niños murieron durante los años de las sanciones, que por muchos años no pudieron ser levantadas por el veto decisivo de los Estados Unidos.

¿Es viable esta discursiva en la actualidad? Evidentemente, hay condiciones sistémicas favorables para las elites que no siempre se dieron en diferentes procesos históricos. Por ejemplo y si trazamos un paralelismo con la guerra de Vietnam que comenzó en la década de 1960, las reacciones contrarias a la guerra se correspondían contextualmente a un Estado de Bienestar doméstico que le permitía a la ciudadanía realizar un análisis más profundo y expresar sus disensos sobre una situación internacional inmersa en plena guerra fría. Contrariamente, la crisis económica norteamericana actual elimina toda posibilidad de que la mayoría de los norteamericanos observen más allá de las fronteras nacionales, mientras que las elites y los grupos de poder concentrados, aquellos que están exentos de los vaivenes cíclicos de la crisis económica, ven potenciados sus beneficios a través de negocios multimillonarios.

Por otro lado, en Medio Oriente nos encontramos con la mayoría de un pueblo iraquí que se encuentra muy lejos de vivir en un país democrático, seguro y desarrollado. Y mientras solo el 58% de la población mayor de 15 años continué alfabetizada (45% de las mujeres), la tasa de mortalidad infantil se sitúe en el 44 por mil en los menores de 5 años, o el 23% de la población no tenga acceso al agua potable, la palabra “seguridad” continuará teniendo un significado notoriamente ambiguo.

Publicado en el diario BAE, 3 de Agosto de 2010.

Autor: Pablo Kornblum

El final del segundo mandato del presidente Álvaro Uribe ha llegado. Han sido ocho años donde el poder ha estado concentrado en su persona y en el cual el mismo mandatario ha promovido todo tipo de reformas constitucionales para intentar debilitar y asfixiar a los contrapoderes que lo obstaculizaron. Esta situación no es extraña y tiene una razón de ser: la existencia de todo tipo de escándalos han salpicado a su gobierno durante ambos periodos presidenciales.

Entre los más resonantes, está la llamada parapolítica, con el que se denunció las relaciones de los políticos con narcotraficantes y paramilitares. En este sentido, altos mandos de la principal Agencia de Inteligencia (DAS), fueron acusados de infiltrar paramilitares para cometer asesinatos y realizar labores de inteligencia contra activistas de derechos humanos y sindicalistas. Según el estudio realizado por la Corporación Arco Iris, a diciembre de 2009 había 67 congresistas elegidos en 2006 que estaban vinculados a la parapolítica, ya sea en la fase de investigación previa, de instrucción, de juicio o ya condenados. Esto equivale al 25% del Congreso.

Por otro lado, la corrupción se potenció también a través del “Agro Ingreso Seguro”, donde se reveló que varios de los beneficiarios del programa eran reinas de belleza y políticos que habían apoyado la reelección. Además, no podemos dejar de mencionar los casos de los “falsos positivos”, donde quedaron al descubierto los crímenes de Estado realizados por las Fuerzas Armadas contra desempleados y jóvenes, cuyos cuerpos eran mostrados como de guerrilleros muertos en combate. Finalmente, también se señaló al Jefe de Estado como el gran promotor de operaciones de espionaje y persecución que padecieron miembros de la Corte Suprema, opositores políticos, abogados que en ejercicio de su profesión se enfrentaban al mandatario, y columnistas que aireaban los grandes escándalos del Gobierno.

Para contrarrestar esta situación y evitar que su imagen positiva se vea ostensiblemente dañada, el de Álvaro Uribe fue un gobierno en permanente campaña. El presidente realizó más de 320 consejos comunales en los que se convirtió en el representante de los ciudadanos frente a la incapacidad del Estado de resolver los problemas. Fue despótico con todo lo que le quitara protagonismo: con los partidos, con los gremios, con las instituciones. Articuló un discurso en el cual había un «enemigo de la patria» y él se erigió como el llamado a salvarla. Gracias a esta visión mesiánica del poder y a que les devolvió la confianza y la tranquilidad a los colombianos, se estableció una relación de dependencia casi paternal de la sociedad ante su líder.

Por otro lado, Álvaro Uribe hizo lo que ningún otro Presidente en la historia reciente de Colombia había hecho: decidió comunicarse de manera directa con el pueblo. Y para eso prácticamente se saltó -o instrumentalizó- a los dos más importantes mediadores entre él y el pueblo: el Congreso y los medios de comunicación. Para Uribe, los medios no eran para establecer un diálogo con los periodistas sobre los grandes temas del país, sino un instrumento para llegarle al pueblo con mensajes de alto contenido simbólico. En todo momento intentó convencer a la ciudadanía de que todas las denuncias contra su gobierno eran calumnias y montajes hechos en su contra por los enemigos de la “seguridad democrática”, que le hacían el juego terrorista a unas FARC que el mismo había arrinconado. Y que esta estabilidad institucional le había permitido crecer al país al 5% entre los años 2003-2007, con un pico de 7,25% en el momento más prospero de su gobierno.

¿Han sido suficientes estas razones para mantener un gobierno viciado de corrupción, omnipotencia e intolerancia? Evidentemente, Uribe supo entender las necesidades históricas derivadas de gobiernos débiles, ineficaces y carentes de un activismo político populista. Sin tocar los vicios históricos de las estructuras socio-económicas y políticas latinoamericanas, como por ejemplo las políticas concentradoras de riqueza o la falta de una verdadera libertad democrática, Uribe encontró una forma pragmática y totalizadora para llegarle a un pueblo que en el año 2002 se encontraba gravemente desesperanzado.

Sin embargo, las guerras tienen términos, el crecimiento económico no es igual al desarrollo si las bases no son sustentables, y la cohesión social se desintegra cuando la corrupción enraizada se perpetúa a la vista de todos. Esperemos entonces que el pueblo colombiano haya aprendido y madurado. La educación, el entendimiento y la ética racional serán los otros componentes que permitirán dar el salto cualitativo necesario para lograr una Colombia verdaderamente democrática y equitativa.