Por Pablo Kornblum
https://www.yumpu.com/es/document/view/59209957/revista-julio-n11
El lavado de dinero, que ya representa alrededor del 7% del PBI global, tiene consecuencias, tanto positivas como negativas, para el balance de cualquier economía. En tanto a las primeras, más allá del origen del dinero, productores y consumidores que se encuentran con liquidez extra tendrán mayor capacidad de pago para acceder a otros bienes y servicios a los que antes no accedían. Industrias como las de servicios, entretenimiento, turismo, construcción, también se ven beneficiadas por ingentes sumas de inversión provenientes del lavado de dinero.
Por otro lado, al mezclar fondos ilícitos con lícitos, se genera un incremento artificial del PBI, que en virtud del tipo de actividad legal tendería a incrementar la recaudación fiscal. Además, el ingreso de divisas también puede ser, si se canaliza a través de reservas generalmente escasas, como un estabilizador del tipo de cambio. A ello se le puede adicionar una reducción de costos (y de precios para el consumidor), solo posibles de fondear con dinero ilegal, fuera del interés medio que pagan por el dinero el resto de los actores de la economía.
Por el contrario, el lavado de activos también genera costos y distorsiones. Uno de los ejemplos macroeconómicos más significativos es el efecto de la apreciación de la moneda cuando en el mercado de divisas la oferta aumenta más que proporcionalmente frente a los movimientos de otras variables económicas, afectando tanto a las exportaciones como al mercado interno. Más aún, el lavado de dinero también puede erosionar la economía por el cambio en la demanda de dinero efectivo (con efectos sobre la inflación) y el incremento en el monto de la tasa de interés, afectando los niveles de producción.
Por otro lado, en las empresas legales cuyo capital en realidad proviene de recursos ilícitos, no será generalmente el eje principal la rentabilidad financiera o el crecimiento corporativo, sino el mero blanqueo de capital; ello afectará a la macroeconomía como un todo en términos de eficiencia y sustentabilidad, al incurrir en cargas adicionales en relación a los precios corrientes del mercado. Ello a su vez genera un tributo adicional que deben pagar las empresas legales para competir, como así también a incrementos de precios generalizados que afectan al resto de los consumidores.
Los gobiernos tienen mucho que hacer. En países en los cuales gran parte de la población no se encuentra bancarizada, gran parte de la liquidez que puede conseguir el ciudadano medio es proveniente del lavado de dinero y a tasas usureras. Por otro lado, si no se toman medidas, se retrae la confianza del público en el sistema financiero, incrementando el riesgo y la inestabilidad del mismo. En este sentido, muchos inversores extranjeros tienden a evitar invertir en mercados asociados con este flagelo (si un aspecto del sistema legal es incumplido, otros actos ilegales probablemente se cometerán). Adicionalmente, si los gobiernos no realizan políticas para controlar y castigar la ilegalidad, el dinero proveniente del blanqueo puede ser convertido en moneda extranjera y fugado de la economía, disminuyendo las reservas internacionales al tiempo que se generarían presiones para con la depreciación de la moneda y al déficit de la Balanza de Pagos.
Para concluir, la clave para combatir el lavado de dinero se encuentra en lograr una articulación entre todos los sectores de la economía, así como también una mayor cooperación internacional para enfrentar la problemática desde una óptica global. La justicia también debe ser implacable. En muchos Estados, dado que los criminales han ido creando mecanismos y esquemas cada vez más complejos y desarrollados, se buscan alternativas ante las insuficientes capacidades logísticas, humanas y financieras. Por ejemplo, sino puede detener a los grupos que delinquen por el delito de lavado de dinero, se los juzga por evasión de impuestos. Para todo ello, se requiere una decisión política firme que permita el accionar coordinado y efectivo de todos los Organismos del Estado.
Pablo Kornblum 