Publicado en el diario BAE, 01 de Febrero de 2011.

Autor: Pablo Kornblum

Cuando el entonces presidente egipcio Anuar El Sadat era asesinado 30 años atrás, su vicepresidente Hosni Mubarak, sentado junto a él en el palco del ataque, resultó prácticamente ileso. Aunque sospechado de complicidad con el magnicidio, el todavía hoy presidente Mubarak ha rechazado permanentemente las acusaciones bajo el paraguas protector de los Estados Unidos. Para aquellos que conocen la historia de las dictaduras latinoamericanas, las similitudes abruman.

Siguiendo la misma línea de análisis, la histórica política norteamericana de no intromisión militar pero bajo el sustento del apoyo económico en pro de sus objetivos, se han visto traducidos en los 1.500 millones de dólares que recibe Egipto anualmente por parte de los Estados Unidos como asistencia al ejército. El objetivo,  reforzar a las fuerzas de seguridad para reprimir cualquier tipo de radicalismo islámico en Egipto – en especial sobre la mayor fuerza política opositora, los Hermanos Musulmanes- , y tener bajo control al resto de la región. Como contraparte, Mubarak ha dado siempre muestras claras de lealtad. Para citar solo algunos ejemplos, 35.000 soldados egipcios (el tercer contingente más numeroso después de Estados Unidos y Reino Unido) fueron los primeros en desembarcar en Kuwait durante la Primera Guerra del Golfo. Por otro lado, Egipto forma parte regular de las diversas operaciones de la ONU para el mantenimiento de la paz y la asistencia militar en Timor Oriental, Sierra Leona y Liberia.

Sin embargo, la ayuda económica no concluye en el Ministerio de Defensa – por lo menos en teoría-. En este sentido, los Estados Unidos, a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional, ha provisto 25.000 millones de dólares de ayuda para el desarrollo egipcio entre 1975 y 2002. Por su parte, la Unión Europea tampoco se queda atrás: la colaboración de la Comisión Europea ha ascendido a más de 1.000 millones de euros desde 1995, incluyendo la existencia de un Acuerdo de Asociación desde 2004 y varios acuerdos de cooperación firmados en Octubre del año pasado por un monto cercano a los 800 millones de euros. Sin embargo, de desarrollo económico, político e institucional, poco y nada se ha observado hasta la actualidad.

Esta situación ha desembocado en la consolidación de ciertos movimientos de protesta, surgidos fundamentalmente a partir del descontento de trabajadores del sector textil, que han extendido sus demandas de salarios más elevados y mejores condiciones de vida a exigencias de participación política. Sus peticiones son compartidas por una amplia base de la población, sobre todo a partir de los efectos de la crisis económica global en el país y su posicionamiento como paraíso turístico y proveedor de mano de obra a bajo costo. Este nuevo contexto macroeconómico realimenta un círculo vicioso de baja tecnologización y especialización productiva, conllevando a una fuerte dependencia externa y una limitada sustentabilidad en el largo plazo.  Por lo tanto, en un país estructuralmente retrasado donde no se han vislumbrado cambios significativos en la calidad de vida de las mayorías, el pedido a gritos de cambio no debería sorprender a nadie. En este sentido, los requerimientos democráticos son solo el sinónimo de un primer paso hacia una libertad de expresión que permita abrir los caminos hacia la conquista de los objetivos sociales y económicos deseados por décadas.
 
Sin embargo, la claridad de lo expuesto pareciera no implicar tipo de reconocimiento o arrepentimiento alguno por parte del “democrático y respetuoso de los derechos humanos” mundo Occidental. Por un lado, la Casa Blanca ha emitido un comunicado oficial la semana pasada, en el cual «el presidente ha reiterado su oposición a la violencia y ha pedido contención, como así también ha apoyado los derechos universales como los derecho de reunión, asociación y expresión pacíficos..”. Una triste dialéctica que se contradice con el informe de la prestigiosa Comisión de Investigación del Consejo de Europa, quien ha ratificado que El Cairo ha sido un centro privilegiado de los programas coordinados por la CIA luego de los atentados de 2001, por el cual detenidos ilegalmente de todo el mundo eran transportados a Egipto para ser sometidos a torturas e interrogatorios extrajudiciales. Por otro lado y según EUobserver, 18 estados miembros de la UE vendieron armas a Egipto por valor de 75,7 millones de euros en 2009. Las consecuencias son palpables: los vehículos y el material antidisturbios que el régimen usa estos días contra la población es en su mayoría material proveniente de países de la UE.

En definitiva, la realidad egipcia nos muestra una vez más un sistema internacional donde la falsedad sale a la luz a través de ingenuas contradicciones. Lamentablemente, los que terminan sufriendo una vez más son los pueblos pobres del mundo que observan cada vez más alejada la posibilidad de lograr un verdadero avance para con su desarrollo político, económico y social.

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