Publicado en el diario BAE, 18 de Febrero de 2010.

Autor: Pablo Kornblum

La crisis Europea ha llegado a límites que parecen insostenibles para algunos de sus miembros. Mientras EE.UU. crecía en el último trimestre de 2009 al 1,4% trimestral y China se disparaba cerca del 10%, la UE, según los datos de la Comisión Europea, se estancaba en el 0,1%. Entre sus principales victimas, la desocupación española – ya ha dejado en la calle a más de 4 millones de personas, 25% de los cuales son inmigrantes – y el déficit financiero Griego – su déficit público este mismo año ronda el 13% de su PBI, con un retroceso del mismo del 0,8% en el último trimestre – presentan los síntomas más salientes de una Europa poco competitiva – la parte europea del comercio internacional se reduce año a año ante el empuje de las potencias emergentes – , homogénea en sus fines pero heterogénea en sus bases, y demasiado desarrollada para mantener una tasa de ganancia atractiva para el empresariado corporativo transnacional.

Será entonces que para algunos gobiernos europeos, a los trabajadores se les ha brindado mucho – o a los empresarios poco -, y el ajuste debe realizarse sobre los primeros. Por ello se buscan soluciones rápidas y altamente efectivas. En este sentido, España ya sugirió aumentar la edad jubilatoria de 65 a 67 años para contrarrestar un efecto crónico: la población activa se reducirá en 2 millones de aquí a 2020, y para entonces habrá el doble de mayores de 60 años de los que había en 2007. A estos datos debemos agregarle que a nivel Europeo sólo trabaja el 66% en edad para ello, frente al 70% de EE.UU. y Japón. Y entre los mayores de 55 años, ese porcentaje cae al 46%.

El aumentar la edad jubilatoria impacta en varias variables a la vez. Por un lado, tenemos la inmediata disminución del gasto social para un sector pasivo más acotado. Además, implica el aumento en la base poblacional activa que conlleva a un incremento recaudatorio. Finalmente, esta medida también actúa como proveedor de un elemento dinamizador de mercados internos relativamente estáticos y poco productivos – debemos recalcar que la productividad económica europea parece encontrarse famélica; y hace que, por ejemplo, el crecimiento estructural de la UE sea dos tercios menor que el estadounidense -.

¿Cuáles son entonces las políticas más beneficiosas que los gobiernos europeos puedan aplicar para favorecer a sus respectivos países? ¿Es posible una salida viable sin continuar dañando al eslabón más débil de la pirámide social?

Para encontrar una respuesta convincente sobre lo que se debe cambiar, debemos primero entender lo que desde hace dos décadas para ser una tendencia inamovible. Por un lado, las bajas tasas de natalidad pasaron a ser un factor cultural de la Europa actual. Mayores niveles educativos, vínculos familiares desagregados, y altos costos de manutención de niños y adolescentes, son las principales causales de una situación que se ha convertido en estructural.

Por otro lado, existe hoy en día un mayor sentido de pertenencia a una Unión Europea que llego para quedarse, pero que implica deberes mandatorios que se deben cumplir a lo ancho y largo de la región. Por ejemplo, el Tratado de Maastricht limita a 3% del PBI el rojo fiscal y 60% del PBI la deuda. Pero la situación parece no ser tan sencilla. Para citar algunos ejemplos, Grecia tiene 13 y 113% respectivamente; Irlanda, 13 y 66%; Italia, 7% y 115; Portugal, 8 y 78%; España, 11 y 54%; y Gran Bretaña (que no adoptó el euro) 12 y 69%.

Finalmente, nos encontramos con los factores exógenos. La Unión Europea se encuentra inserta en un sistema mundial cada vez más complejo y competitivo, enmarcada en una globalización neoliberal depredadora, y con nuevas potencias emergentes que entremezclan su poderío geopolítico y militar a su conveniencia económica.

Por lo tanto, debemos reforzar la idea de que el margen de maniobra para salir de esta crisis parece ser escaso e interdependiente a una serie amplia de valores y actores. Una mayor profundización real de la distribución de la riqueza, junto con un Estado más participativo y eficiente para con las decisiones macro y microeconómicas, y un verdadero consenso social nacional para lograr países más equitativos y desarrollados, permitirán crear bases sólidas y coherentes para enfrentar los dilemas presentes y futuros. Sin una verdadera discusión sobre la búsqueda de un crecimiento y desarrollo económico sustentable para todos los habitantes, las políticas continuarán siendo restrictivas y no proactivas, provocando un final que no ha variado en los últimos años: que los ajustes los terminen pagando siempre los trabajadores.   

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