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Por estos días, Cataluña, una de las 17 comunidades autónomas que forman el Reino de España, ha dejado en claro que va en busca de su autonomía. Aunque ya hace décadas el Gobierno de España les ha otorgado una serie de concesiones para que los catalanes puedan mantener y promover su historia y su cultura, parece que en la actualidad no es suficiente. Sí lo fue en el pasado; pero no en un presente donde la crisis económica española ha entrado en un estadío sin precedentes en las últimas décadas.
Por ello, el principal argumento que esbozan hoy en día los nacionalistas para justificar la escisión de España, es el trato injusto en materia fiscal. Según los datos oficiales del gobierno Catalán, el desajuste entre lo que aportan los 7,5 millones de catalanes y lo que reciben del Estado Español, les causa un déficit de 16.500 millones de Euros al año, alrededor del 8,5% de su PBI. Esta situación ha llevado a un espiral de endeudamiento a altas tasas de interés que no solo limitan la potencialidad de la economía regional, sino que además atentan contra la seguridad social y el futuro de millones de jóvenes que no logran insertarse en el mercado laboral.
Por lo tanto, mientras la pérdida económica parece conllevar más fuerza que la pérdida de identidad, la complejidad de un escenario sistémico incapaz de solucionar las estructurales problemáticas económicas y financieras – tanto del sector público como de una gran parte de la ciudadanía – ha generado fuertes rispideces entre secesionistas y nacionalistas españoles, que terminan traduciéndose en disputas dialécticas de “pobres contra menos pobres”, o “ineficientes contra menos eficientes”.
El escenario catalán no es propiedad de aquella región del planeta. En distintas áreas del globo, el objetivo de diversos grupos nacionales no sería un abrazar a la historia o a la cultura que promueven como propia, ni tampoco a los deseos políticos-institucionales para lograr la plena autonomía. Sería más bien un paso más para asegurarse los recursos económicos que posee, permitiendo convertirla en una jurisdicción más rica y autosuficiente, y que limite la dependencia de un mundo exterior cada vez más complejo y competitivo en términos económicos y financieros.
EL cuestionamiento principal, nos llevaría a racionalizar una situación de fuerte inestabilidad. Si en términos relativos, cualquier provincia u municipio del planeta, se encuentra ‘perjudicada’ en términos económicos (siempre podría encontrarse algún justificativo cultural o étnico marginal para demostrar la diferenciación), podría pedir la escisión. Aunque el verdadero problema sea un diferendo en la redistribución de la coparticipación federal, las incapacidades productivas, o la designación de subsidios infundados. En definitiva, se podría abrir una caja de Pandora con derivaciones políticas, económicas y sociales, tanto a nivel nacional como en términos geopolíticos, que generarían, como mínimo, un incierto porvenir.

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