Publicado en el diario EL CRONISTA COMERCIAL, 8 de Agosto de 2008.
Autor: Pablo Kornblum
En los últimos años, podemos afirmar que se ha venido observando un cambio de paradigma en América del Sur. Países como Brasil, Argentina, Venezuela o Bolivia (con diferentes matices y ante estructuras institucionales diversas), han promulgado políticas ligadas a la inversión pública, una mayor distribución del ingreso con justicia social, y el mejoramiento de las variables que regulan la interacción entre sector privado, Estado, y ciudadanía a través de mecanismos institucionales más sólidos, eficientes y transparentes.
Pero también existe un modelo opuesto. Para ello nos referiremos a Colombia como el único país conservador de importancia dentro de la región. El gobierno del presidente Uribe busca mantener las variables macroeconómicas controladas, consolidar la alianza bilateral con los Estados Unidos, y continuar con la política de mano dura contra la guerrilla y otros grupos armados.
Ahora bien, ¿Cómo observan externamente los potenciales inversionistas (ya sea gobiernos, corporaciones, organismos, etc.) esta dicotomía de dos modelos tan disimiles dentro de una región que históricamente ha estado estructurada dentro de patrones socio-políticos y económicos similares? ¿Qué pros y contras puede representar cada modelo para los países sudamericanos?
Para los países progresistas, la inversión pública transformada en infraestructura y mejoras de servicio, como así también la mayor distribución del ingreso que deriva en un incremento del mercado interno, son factores de atracción para los inversionistas Norteamericanos, Europeos y de otras potencias en desarrollo.
Como contrapartida, las formas semi-autoritarias en las que se proclaman sus gobiernos no son observadas con buenos ojos por los países desarrollados; donde la flexibilidad, el consenso, y la negociación, son cuestiones fundamentales para los inversores de grandes flujos de capital extranjero. Si a esto le sumamos la histórica inestabilidad política que han vivido este tipo de gobiernos en la región (muchas veces por cuestiones coyunturales externas y otras por incapacidad de lidiar con las problemáticas políticas y económicas domésticas), las garantías institucionales pueden ser visualizadas como endebles a mediano y largo plazo.
En cuanto a Colombia, nos encontramos con que la seguridad jurídica y su alianza política-comercial con los Estados Unidos les brindan a los inversionistas una perspectiva de mayor estabilidad y rentabilidad en el largo plazo. Desde una visión opuesta, la existencia de grupos armados y la problemática del narcotráfico conducen a que se eleven los indicadores de riesgo. Pero aún más importante, obligan a destinar gran parte del gasto público interno a combatir estos flagelos en lugar de ser dirigidos a la inversión productiva.
¿Que podemos esperar de aquí en más?
No hay duda que el siglo XXI es el de los recursos naturales. Los países de América del Sur no solo cuentan con energía y alimentos en abundancia, sino que los mismos son la base de sus economías; por lo tanto, los gobiernos se encuentran ante una oportunidad histórica que no se puede desperdiciar.
A pesar de que en la región conviven dos modelos diferenciados de país a futuro, deben existir objetivos comunes que van más allá de las políticas que se implementen. Construir una sólida democracia institucional acabando definitivamente con la pobreza y la desigualdad son las metas que, indefectiblemente, debe perseguir cualquier gobierno sudamericano que tenga como pilar fundamental desarrollar una digna calidad de vida para con sus habitantes.
Pablo Kornblum 