Publicado en el diario BAE, 6 de Mayo de 2008.

Autor: Pablo Kornblum

El presidente Evo Morales anunció el Jueves 1ro de Mayo, día del trabajador,  la compra por parte del Estado de la mayoría accionaria de la empresa Andina -hasta ahora controlada por la española-argentina Repsol YPF- y nacionalizó por decreto otras tres petroleras multinacionales y la mayor telefónica del país, Entel, filial de la italiana Telecom.

Por otro lado, en medio de un clima de movilización y violencia que provocó más de treinta heridos, el Domingo por la tarde se llevó a cabo el referéndum autonómico en la próspera región boliviana de Santa Cruz. El «Sí» a la autonomía ganó por un 85% contra el 15% de un «No» debilitado, ya que desde La Paz se llamó a la abstención como un modo de desconocer la consulta.

Nos encontramos en este sentido con dos procesos, que aunque a simple vista parecieran estar bien diferenciados, tienen varias aristas en común que representan mucho más que hechos político-económicos aislados. Son más bien dos sistemas políticos-ideológicos tan divergentes que cada uno implica un paradigma diferente de país a futuro.

Una primera lectura es observar el proceso de nacionalización como la continuación del movimiento progresista que se ha venido vislumbrando en América Latina en la última década. Mejor y mayor distribución del ingreso, recuperación de los recursos naturales para la Nación, y una política económica Estado-Intervencionista donde se promueven políticas activas en el ámbito de la inversión, producción y regulación, son los puntos salientes del proyecto del Presidente Morales.
Del otro lado, nos encontramos con un movimiento secesionista de ideología liberal, proclive al mercado y con una firme política de mantener el status-quo histórico social que implica la continuación sistemática de una marcada diferencia de clases observada desde los albores de la Nación.

El ideario secesionista aplicado a la situación actual se complementa perfectamente con el modelo descripto. Los departamentos que buscan su autonomía desean principalmente tomar control sobre la totalidad de los recursos que generan, pero así también desean mantener una política abierta al mundo y a las inversiones extranjeras sin cambiar los patrones de concentración de riqueza, abogando por una teoría del derrame beneficiosa para las clases bajas que representan a la mayoría de la población boliviana.  
Por otro lado, el partido oficialista con el presidente Morales a la cabeza, busca en la integración y el espíritu nacionalista las respuestas a los problemas estructurales del país. Distribuir los recursos de los departamentos más ricos a través de una coparticipación equitativa es, para el gobierno, clave para lograr el consenso social de una sociedad fragmentada.

¿Cómo podemos entender lo ocurrido en esta última semana? El presidente ha decidido focalizarse en puntos de inflexión clave dentro su mandato (como fue el discurso en el día del trabajador, a dos años de la nacionalización de los hidrocarburos y a solo pocos días del referendo) para dar un golpe de efecto sobre el electorado nacional y los interlocutores internacionales, reforzando así su posición sobre temas claves en su proyecto de país a futuro. El mandatario afirmó el jueves pasado que la riqueza obtenida por la explotación de los recursos naturales «no es del gobierno, no es de los prefectos, [sino] de todo el pueblo boliviano».

Por otro lado y después del resultado del domingo, en el día de ayer ambas partes se sinceraron y están buscando acercar posiciones. El presidente Morales, que aunque calificó la votación como «un rotundo fracaso», al mismo tiempo sostuvo: «Espero que los prefectos me puedan escuchar para que juntos garanticemos una autonomía para las regiones, para los pueblos indígenas y también para los departamentos.? Por su parte, el prefecto de Santa Cruz Rubén Costas sostuvo que: «La autonomía no destruye la unidad de Bolivia, la fortalece». Además aclaró: «Reiteramos nuestra disposición a encontrar soluciones para fortalecerla. Necesitamos un gran acuerdo nacional que armonice la norma boliviana y fortalezca las instituciones de la republica».

¿Que pasará de aquí en más? Queda claro que ambas posiciones son totalmente opuestas y contradictorias entre sí. Intentar cambiar las reglas de juego institucionales establecidas, aunque sea a través de mecanismos democráticos, parecería no ser una opción válida y acorde para la estructura histórico-social del conjunto del pueblo boliviano.
Por lo tanto, el tratar de acercar a las partes a través del consenso y el dialogo parece ser la única opción viable. Aumentar el nivel de riqueza nacional y distribuirla con justicia social, deberá de algún modo convivir con el respeto a la propiedad privada y a la rentabilidad empresaria. Solo con un proyecto beneficioso y acordado por y para todos, se podrán generar las expectativas a largo plazo para lograr definitivamente un desarrollo serio de país.

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