Publicado en el diario BAE, 31 de Marzo de 2009.
Autor: Pablo Kornblum
La secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, finalizó el jueves pasado en la ciudad de Monterrey su visita oficial a México, en la cual se han observado algunos cambios en la política exterior norteamericana hacia su país vecino. El giro diplomático es un primer paso importante, aunque insuficiente, para solucionar los problemas estructurales que representan un caldo de cultivo en el incremento de la violencia y las adicciones generadas por el narcotráfico.
¿Por qué el cambio es importante per se? A diferencia del anterior gobierno republicano, la administración Obama entiende que, por un lado, parte de la problemática es responsabilidad de los Estados Unidos. Por el otro, saben que las políticas activas que parten del gobierno norteamericano deben buscar soluciones compartidas en lugar de beneficios unilaterales.
En cuanto al primer punto, comienza a existir un reconocimiento de la responsabilidad que tiene los Estados Unidos en la venta de armas a los narcos mejicanos; como así también en la aceptación que en los Estados Unidos se consume el 90% de los estupefacientes exportados desde el otro lado de la frontera. La Secretaria de Estado Clinton mencionó claramente que “la insaciable demanda de drogas en su país y la incapacidad de detener el tráfico de armas hacia México están detrás de la creciente violencia en la frontera común.” En definitiva y a diferencia de su predecesor, el gobierno del presidente Obama parece comprender la simple lógica del mercado en las relaciones comerciales entre actores de dos Estados, como podrían ser las temáticas de la inmigración o de inversiones, pero en este caso fuera del marco de la ley.
El otro punto se focaliza en la necesidad de encontrar soluciones compartidas. El levantar un muro para evitar que la delincuencia y el narcotráfico no crucen la frontera y afecten a la ciudadanía estadounidense, es una solución insuficiente que genera rencor por parte del pueblo y las autoridades mejicanas. La cooperación en la lucha antidrogas (solo para citar un ejemplo, Clinton ofreció además 80 millones de dólares para financiar la compra de helicópteros Black Hawk para la Policía mexicana) será esencial para disminuir el poder efectivo de las redes delictivas, y así lograr que tanto norteamericanos como mejicanos se puedan beneficiar de una mayor seguridad en ambos lados de la frontera.
¿Qué falta para lograr un cambio definitivo que solucione la problemática de raíz? El ex zar de las drogas estadounidense, el comandante Barry McCaffrey, el ex director de la CIA, Michael Hayden, y hasta el líder del sector más conservador de los republicanos, Newt Gingrich, han calificado desacertadamente en los últimos días a Méjico como «un Estado Fallido, al estilo de Somalia o Afganistán”. Pero a su vez, estas connotaciones ideológicas extremas pueden brindarnos un norte en el cual ambos gobiernos deben focalizarse. El poder comprender las falencias estructurales del Estado mejicano, y al mismo tiempo como ha contribuido históricamente a ello el Estado norteamericano, es una necesidad imperiosa para dar un vuelco de 180% a la tumultuosa situación actual.
La pobreza y la falta de oportunidades, potenciados por un Estado ausente, mal administrado, corrupto y funcional al crimen en muchos casos, conlleva indefectiblemente al incremento de una red delictiva que se nutre de estas deficiencias y sus componentes; aquellos mejicanos que han perdido las esperanzas y se refugian en el negocio de las drogas ilícitas como su única salida hacia una vida mejor. En este sentido, los carteles de drogas entienden muy bien la situación: las necesidades deben ser cubiertas; y donde el Estado se ausenta, el mercado cubre esas falencias cuando le es conveniente. En cientos de pueblos y ciudades, donde la situación socio-económica es desesperante, la ayuda social en puestos de trabajo, mejoras en infraestructura y dinero destinado a la corrupción provisto por el negocio ilícito de los estupefacientes, es las única respuesta que los habitantes encuentran a sus carencias.
Estados Unidos deberá entender la complejidad de la situación e ir más allá en la profundidad de sus propuestas. Entre ellas, focalizarse en políticas bilaterales de inversión, inmigración y tratados de libre comercio que sean más justas y mejoren las condiciones de vida tanto de los norteamericanos como de los mejicanos. Por supuesto, sin una contraparte proactiva y acorde por parte del gobierno y las autoridades mejicanas, el esfuerzo será en vano. Pero por lo menos, a diferencia de un pasado de rechazos e indiferencias, el cambio de paradigma por parte de los norteamericanos se habrá puesto en marcha.