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El impacto económico del conflicto en Gaza

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¿Cuál es ha sido el impacto económico del conflicto en Gaza? Siempre que se analiza el escenario geoeconómico, es de buena – y necesaria – práctica, dividirlo, seccionarlo, por capas. Las mismas son, principalmente, los propios territorios en disputa, los recursos en juego, y el margen de maniobra de los diversos actores involucrados. 

Comencemos con el epicentro del desastre. Está claro que la Franja de Gaza se encuentra destruida. Sin capacidad de producir – ni de decidir su destino, no es necesario aclararlo -, depende absolutamente de la ayuda humanitaria. El histórico ingente financiamiento de Irán y Qatar para con el gobierno de Hamas (después podemos discutir si el mismo es destinado mayoritariamente para los hospitales y las escuelas de Gaza, o para financiar a la Guerrilla Armada), por ahora deberá esperar. Rafah, el propio cruce de Erez en el norte de la Franja, o los ingresos de bienes por vía marítima – incluidos los del Puerto israelí de Asdod (y la propia aduana del Puerto de Lárnaca, en Chipre), se encuentran celosamente controlados por las Fuerzas Armadas Israelíes.  

Por su parte, la economía israelí también se ha resentido. Extranjeros – y palestinos (se calcula que unos 200.000 trabajan en Israel o en sus asentamientos) – que trabajaban se han ido, dejando esos ‘bajos salarios en empleos poco calificados’, a la deriva. Por otro lado, las Fuerzas Armadas han llamado a más de 360.000 personas, una pérdida de mano de obra que representa el 8% de la fuerza laboral del país. ¿Lo más grave? Muchos de ellos son los ‘mejores’ empleados del país, en una economía donde los trabajadores tecnológicos industriales son un 25% más productivos que la media de la OCDE. 

Por supuesto, tenemos un turismo cuasi nulo. Y si a ello le adicionamos la incertidumbre y el miedo, letal para el consumo privado de bienes y servicios, la situación se oscurece. Hasta el propio Primer Ministro Netanyahu le habló recientemente a la población, ante una potencial represalia iraní por el reciente ataque a su Consulado en Damasco: “No hay necesidad de comprar generadores, ni de almacenar comida ni de sacar dinero de los cajeros automáticos”.

En otro orden de cosas, aunque todavía no se vislumbra – e Israel está tratando de evitarlo -, la ‘huida’ de inversores (en particular, los del sector de tecnología, uno de los más volátiles), es lógico que algunos opten por trasladarse a otros países con mayor estabilidad, transformando los costos industriales coyunturales en estructurales. Es que, para el todavía vigente paradigma neoliberal corporativo trasnacional, la seguridad jurídica y la rentabilidad que se traslada a la fluidez del capital globalizado, sigue siendo vital para las inversiones de largo plazo.

En sentido similar, si la guerra se prolonga, las finanzas podrían deteriorarse ‘más temprano que tarde’. No solo por la pérdida en la calificación crediticia de Israel, con el consecuente mayor costo de financiamiento; sino, y por, sobre todo, porque los gastos derivados de esta guerra, que incluye una costosa invasión terrestre, implican varios puntos del PBI, ya sea en términos nominales como en costos de oportunidad por la pérdida de recursos e ideas que podrían destinarse a la cosa pública, la dinámica de la vida civil. Es importante destacar que Israel no necesita una guerra para dinamizar su economía: la misma, per se, está estrechamente vinculada a la industria militar. Mejor dicho, a la vida militar. 

Lo peor, y este es el mayor temor del ‘mainstream’ del pensamiento académico y político hebreo, sea probablemente el daño estructural a largo plazo. A pesar de que Israel es un país decididamente exportador de tecnología de punta (con énfasis en la producción masiva de armamento de guerra, la cual vende como “marca testeada en el terreno”), el costo geopolítico, aunque claramente quede en la retaguardia del impacto geoeconómico, no será gratuito: lo que muchos han visto como la vanguardia de la luz democrática en Medio Oriente, ya no lo es tan. Ya no estará en las preferencias de las elites decisoras del mundo. Si se puede evitar el contacto, se evitará. Seamos claros: a nadie – mejor dicho, a pocos de los que tienen verdadero poder – le importan los niños gazatíes. Pero, por las dudas, desde otras latitudes se intenta evitar los daños colaterales que pudieran tener efectos negativos sobre la política doméstica. 

Por otro lado, fronteras fuera de Israel, en el norte, la economía libanesa viene de años financieramente muy complejos. Al Default de su deuda pública externa en 2020 (la primera en su historia), le siguió la explosión en el puerto de Beirut, en medio de graves problemas de solvencia – operaciones dudosas del Banco Central incluidas -. El impacto económico y social de la crisis ha sido dramático: una caída del PBI de un 40% en los últimos tres años, una depreciación de la moneda superior al 90%, una inflación del 150% y un fuerte aumento del desempleo y de la pobreza. Hezbollah, con sus decenas de millones de dólares – y armamento -, provenientes de Irán, es una especie de salvataje de plomo: el desorden político interno que genera la agrupación armada no estatal más grande del mundo – se estima que ti la componen alrededor de 100.000 combatientes -, es un bumerang que poco ayuda a los influjos de inversiones y a la estabilidad económica en general.

Jordania es otro de los países doblemente afectados por el conflicto y la crisis económica. Con un bajo crecimiento y un préstamo del FMI difícil de repagar, uno de los mayores riesgos es que la violencia en Gaza se extienda con sus tentáculos hacia Cisjordania, generando un flujo de refugiados que, en este momento, sería prácticamente imposible de asumir (el gobierno jordano ha llegado a decir que un desplazamiento masivo de población palestina sería considerado una “declaración de guerra”). Ni que hablar del turismo. El propio Ministro de la Cartera habló de daños colaterales graves en términos de visitantes, sin ellos tener nada que ver con la coyuntura de su país vecino: “Es un tema ajeno que nos impacta enormemente”.

Hacia el sur, Egipto no solo tiene un elevado endeudamiento en dólares que le obliga a recurrir a préstamos de los bancos centrales de los países del Golfo, o una deuda pública muy por encima de la media de la región; su principal dilema, en épocas de ‘migraciones masivas forzadas por el conflicto’, es el escaso margen fiscal. La necesidad de un gobierno con recursos para sostener el gasto público que demanda el actual escenario, requiere una ayuda extra desde el exterior para con la sustentabilidad macroeconómica. ¿Qué tenemos hasta ahora? Un FMI esperando el repago de los 5.000 millones de dólares del préstamo otorgado para el periodo 2022-2023. El resto, solo un goteo de capital que no llega ni a satisfacer el desastre social gazatí.

¿Irán? Cualquier intercambio directo inter-estatal afectaría los precios del barril (el año pasado el incremento de la producción iraní ha supuesto la segunda mayor contribución a la oferta global de crudo y ha aliviado parte de las tensiones petroleras, ya que el mercado se encuentra en déficit por los recortes voluntarios de la producción en Arabia Saudita y Rusia); sin embargo, el Shale de Estados Unidos, sin poner la lupa sobre el aumento del costo logístico, podría compensarlo. Igualmente, eso sería hacer futurología de baja probabilidad.

A nivel mundial, Israel como un todo (o Palestina, según quien lo mire), no tiene recursos naturales estratégicos de relevancia. Tampoco es trascendental en términos logísticos para otros mercados – inclusive para la región -. ¿Podría tener alguna significancia el paso de Bab el-Mandeb, controlado por los Hutíes? La realidad es que solo ha afectado las cadenas de valor de los británicos, estadounidenses y todo aquel ‘amigo de los sionistas’. Para el resto de los buques, el traslado de mercaderías es ‘relativamente normal’. Por lo tanto, a pesar de las molestias del caso, el costo es marginal.

Por supuesto, quienes están de parabienes, como siempre, son los de la industria de la guerra trasnacional. El ejemplo más claro, a pesar de la discursiva anti-belicista, es la reciente defensa de la Casa Blanca – Congreso mediante – de transferencia de más de 2.000 bombas a Israel. Los casi 34.000 muertos – el 70% civiles, incluidos 13.000 menores, sin contar a los 7.000 que se cree todavía están bajo los escombros – poco importan. Sobre todo, al Primer Ministro de Israel.

Es que Netanyahu necesita que esta guerra continúe (cabe aclarar que tampoco le interesan sus casi 300 soldados muertos post OCT-7), y, por ello pretende escalar el conflicto a todas las latitudes posibles, prolongando las tensiones y manteniendo, de esta manera, a su agonizante gobierno a flote. «Netanyahu no quiere que los rehenes vuelvan a casa porque sabe que, en ese caso, tendría que hacer frente a los juicios que lo depositarían en la cárcel”, resalta la oposición, que pide a gritos elecciones antes de fin de año.

Los únicos que lo sostienen son los ultra-religiosos de su propia coalición de gobierno, aquellos que quieren expulsar de Gaza y Cisjordania a todos los Palestinos. ¿Qué ofrecen? ¿Obra pública que construya viviendas para los colonos en los nuevos asentamientos de los territorios ocupados para dinamizar el mercado interno? ¿Convencer a las empresas de alta tecnología que la reforma judicial en vilo no es perjudicial para el sector – a pesar de que los fondos captados por las Start-ups israelíes se redujeron a la mitad en los últimos dos años -? Todo muy difícil. Parece que, esta vez, ni un milagro del todopoderoso lo salva a BIBI, como cariñosamente le dicen al premier del Estado Hebreo. Y la verdad, es difícil racionalizar que su suerte se encuentre atada a una economía israelí que, por ahora, sufre, pero no termina de languidecer desangrada. 

Las derivaciones económicas de la reforma judicial israelí

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En los últimos meses, cientos de miles de israelíes protestaron en las calles de su país contra la reforma judicial impulsada por el gobierno de Benjamin Netanyahu. Para quienes se oponen, la misma es considerada como una ‘amenaza para la democracia’.

La reforma judicial de Israel consiste principalmente en tres elementos fundamentales. Primero, crearía una cláusula de anulación para que la Knesset (parlamento) pueda promulgar leyes impugnadas por la Corte Suprema. En este sentido, la Corte tampoco podría invalidar las leyes “fundamentales”, normas básicas a falta de una constitución nacional, y necesitaría doce de quince jueces para invalidar las regulares si atentan contra las anteriores.

En segundo lugar, se ampliaría el comité de selección de jueces de nueve miembros repartidos entre el Gobierno, la Knesset, la Corte Suprema y el colegio de abogados, a once (con mayoría de siete para el Ejecutivo). El Gobierno redujo de momento este punto a una mayoría de seis y a poder imponer dos jueces por legislatura. Finalmente, la Corte Suprema tampoco podría inhabilitar ministros ni juzgar o debatir mociones para declarar no apto al primer ministro.

¿Por qué la reforma? El Gobierno de Netanyahu argumenta que la Corte Suprema tiene un poder excesivo y que el reajuste hacia la Knesset (y el Ejecutivo) es de responsabilidad democrática. Sin embargo, nada refieren a que la Corte Suprema ha frenado proyectos de nuevos asentamientos en Cisjordania, leyes anti-LGTBIQ+, o políticas que discriminan a la población árabe. Para los partidos religiosos, aliados a Netanyahu, estamos hablando de un poder judicial que avala la perversión misma. Para ‘Bibi’ (como se lo conoce cariñosamente al Primer Ministro), ello no sería lo más grave: el eje de la reforma es su ‘poco original’ estrategia para no pisar la cárcel por las acusaciones que pesan sobre él por corrupción.

Más allá del dilema político-institucional, el problema no solo ha salpicado a la economía, más bien la ‘ha inundado’. Es que, para el todavía vigente paradigma neoliberal corporativo trasnacional, la seguridad jurídica y la rentabilidad que se traslada a la fluidez del capital globalizado, sigue siendo vital para las inversiones de largo plazo. Israel es un país que ha cultivado este beneplácito en las últimas décadas, siendo altamente valorado por ello.  

Es por ello que la crisis se nota en el temor del ya latente proceso de desinversión, la fuga del talento del recurso humano de la élite intelectual/profesional secular y prodemocrática, o en la devaluación del shéquel israelí y la pérdida de valor de los activos de la Bolsa de Tel Aviv.  Ni que hablar de la pérdida en la calificación crediticia de Israel, con el consecuente mayor costo de financiamiento. En todo este escenario, de concretarse la reforma, se habla de una perdida de PBI de 14 a 27 mil millones de dólares anuales (el mismo Banco de Israel, que ha instado a la independencia judicial, espera un crecimiento económico inferior al 3% en 2023 después de un aumento del 6,4% el año pasado). Por supuesto, quienes más promueven el caos son los organismos internacionales, que lo último que quieren es la inmiscuisión de un Estado con perspectiva teocrática en el mediano plazo. 

Volviendo a la potencial crisis económica a desatarse, el ejemplo más claro y relevante se ciñe en el sector tecnológico, el cual representa un 15% del PBI israelí, un 10% de su fuerza de trabajo, la mitad de sus exportaciones y un cuarto de los impuestos sobre la renta. Desde grandes corporaciones y Pymes, han anunciado el retiro de fondos de sus cuentas en Israel, planteando la necesidad de ‘reubicar’ sus actividades en otros Estados.

En este sentido, la Autoridad de Innovación de Israel (IIA por sus siglas en inglés) afirmó que la reforma está dañando la confianza de los inversores y empujando a las empresas de alta tecnología a trasladarse al extranjero. «Debido a la incertidumbre y a los riesgos que entrañaba el entorno empresarial en Israel, se inició una tendencia a abrir empresas de nueva creación mediante su constitución como sociedad extranjera; tendencia que se ha reforzado en los últimos meses».

En este aspecto, las consecuencias serían altamente negativas para el país: además de que la propiedad intelectual y los ingresos imponibles de las empresas estarán fuera de Israel, la pérdida de inversiones provocará un efecto domino recesivo lacerado por la obstaculización de los vasos comunicantes de la economía internacional. No por nada ya el año pasado los fondos captados por las Start-ups israelíes se redujeron casi a la mitad, cayendo a 15.500 millones de dólares, tras haber conseguido en 2021 la cifra récord de 27,000 millones, procedentes principalmente de inversiones extranjeras. Quien no recuerda entonces a las empresas argentinas que se ‘fugaron’ a Brasil durante la convertibilidad menemista, con nefastas derivaciones microeconómicas – más allá de las propias problemáticas causadas por un modelo macroeconómico de endeudamiento no sustentable – en términos de producción y empleo.

«Incluso si se resuelve la crisis jurídico-judicial, llevará tiempo alcanzar una solución, e incluso después de esto, llevará tiempo volver a generar confianza entre los inversores», declaró Dror Bin, Director Ejecutivo de la IIA. Aquí tenemos otro punto fundamental. ‘El que se quemó con leche, ve la vaca y llora’ dice el viejo refrán popular. Y como ocurre durante una guerra, la que tarda décadas en construirse, puede destruirse en un día. Ya sea en bienes materiales, como en la intangible confianza de un modelo que parecía poseer intrínsecamente una solidez institucional inquebrantable.

“Las grandes sumas de capital invertidas en nuestro sector son el sol y el agua”, afirman los directivos de la empresa TLV Partners, corporación que ha invertido desde su fundación en el año 2015 (con ganancias anuales en torno a los 4.000 millones de dólares) en al menos 45 compañías israelíes especializadas en tecnología financiera, internet profunda, salud, ciberseguridad, comercio electrónico y logística inmobiliaria. “Pero ninguna flor puede florecer en un suelo podrido”. La contestación no tardó en llegar desde el Gobierno israelí: «La economía de Israel es estable y sólida; y con la ayuda de Dios, seguirá siéndolo», ha dicho el propio premier Netanyahu.

Sin embargo, podríamos inferir que el mayor milagro del todopoderoso sería convencer a las empresas de alta tecnología que, si se termina llevando a cabo la reforma, continúen subsidiando alegremente a los colonos judíos en tierras palestinas ocupadas, como así también a los votantes ultra-ortodoxos, quienes con la ayuda económica estatal disfrutan de presupuestos extravagantes para sus escuelas religiosas – con planes de estudio que excluyen materias pro-producción como matemáticas, inglés y ciencias – o la exención del servicio militar para seminaristas rabínicos, entre otros. Pero quien sabe, dicen que Dios todo lo puede.

El delicado negocio del espionaje

Por Pablo Kornblum para Ámbito Financiero

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A lo largo de los últimos años, los gobiernos de todo el mundo han pasado a recopilar información utilizando la más alta tecnología. En el pasado reciente, empresas privadas como NSO Group, FinFisher y Hacking Team, desarrollaron herramientas de software espía para venderlos a los gobiernos, quienes al día de hoy se han inclinado por una estrategia más de «golpe y fuga» para evitar la detección: infectan los teléfonos, filtran y exportan los datos, y salen rápidamente del dispositivo.

Es por ello que no sorprende que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el de México, Andrés Manuel López Obrador, el rey de Marruecos, Mohamed VI, y el primer ministro de Pakistán, Imran Khan, figuren en la lista de objetivos de Pegasus, el programa israelí que se instala en un teléfono celular para recuperar mensajes, fotos y contactos; pero que también permite activar micrófonos y cámaras a distancia. Más aún: se cree que hay una lista de 50.000 números de teléfonos de gobiernos que espiaron desde activistas sociales y de derechos humanos, pasando por periodistas, hasta incluso ejecutivos de empresas y políticos de todo el mundo.

Para empezar, hay que dejar algo en claro: el software desarrollado por la empresa israelí NSO no sirve para proteger sino para infiltrarse en sistemas informáticos; por ende, se considera un producto de cyberseguridad ofensivo. O sea, para tareas de espionaje. Todo sin  ningún marco normativo de protección.

¿La excusa discursiva? Métodos supuestamente «excepcionales de defensa» para la «seguridad nacional». La misma empresa NSO expresa a viva voz que “crea tecnología que ayuda a las agencias gubernamentales a investigar para prevenir el terrorismo y el crimen para salvar miles de vidas en todo el mundo”. Por el contrario, desde Amnistía Internacional aseguraron que Pegasus se utilizó para «facilitar las violaciones de derechos humanos a gran escala en todo el mundo». Más aún, el diario francés Le Monde denunció en un editorial que «no son los grupos terroristas o criminales los que aparecen principalmente en la listas de infiltrados por Pegasus».

Ejemplos sobran. El programa fue usado en el año 2018 por el emir de Dubai, el jeque Mohammed bin Rashid al-Maktoum, para perseguir a su hija Latifa; gracias a Pegasus, pudo evitar que escape del Emirato. Por otro lado, el gobierno de Viktor Orbán parece haber desplegado la tecnología de NSO como parte de su supuesta guerra contra los medios, apuntando a periodistas de investigación húngaros. En Azerbaiyán, el presidente Ilham Aliyev tolera poco la disidencia, especialmente la que proviene de los activistas de derechos humanos; solo para citar un ejemplo, en variadas ocasiones ha utilizado el programa para obtener material sexual comprometedor de mujeres opositoras.

Cabe aclarar que Pegasus no es el único programa de espionaje. En junio de 2021, la empresa francesa Amesys fue acusada de «complicidad en actos de tortura» por haberle vendido su software espía a Libia entre 2007 y 2011. Según los demandantes, en ese caso la información obtenida a través de la vigilancia digital se utilizó para identificar y perseguir a los opositores del depuesto dictador Muammar Gaddafi, los cuales posteriormente fueron torturados en prisión. Y así podríamos continuar.

Pero claro, ponerle un coto a esta industria no es sencillo. Por un lado, nos encontramos siempre en una ‘zona gris’ de responsabilidades. Por ejemplo, desde NSO sostienen que: “no operamos los sistemas que vendemos a clientes gubernamentales, ni tampoco tenemos acceso a los datos de los objetivos de ellos. Igualmente, investigamos todas las denuncias creíbles de uso indebido y tomamos siempre las medidas apropiadas”. Además, sostienen que ‘correlación’ no es lo mismo que ‘causalidad’; por ende, los clientes pueden obtener información de diversas formas que no tienen por qué ver con Pegasus.

A nivel estatal, el Estado de Israel aprueba la exportación de productos cibernéticos exclusivamente a entidades gubernamentales para su uso legal, y solo con el propósito de prevenir e investigar delitos y realizar tareas contra el terrorismo, bajo certificados proporcionados por el gobierno que hace la compra. Y en cuanto a los países adquisidores del programa, ellos suelen desligarse o desconocen cualquier tipo de situación vinculada a causas de espionaje. Por ejemplo, Vincent Biruta, Ministro de Asuntos Exteriores de Ruanda, negó las acusaciones contra su país por el uso de Pegasus. “Ruanda no utiliza este sistema de software, como se confirmó previamente en noviembre de 2019, y no posee esta capacidad técnica de ninguna forma. Estas acusaciones falsas forman parte de una campaña para causar tensiones entre Ruanda y otros países; como así también para sembrar desinformación sobre Ruanda a nivel nacional e internacional”.

Por otro lado, como siempre ocurre, la economía no es un tema menor. «Por cada 100 dólares que se invierten en cyberdefensa en el mundo, 41 se encuentran direccionados a  empresas israelíes», dijo el Primer Ministro Naftali Bennett, atribuyendo la prosperidad del sector a las unidades de élite del ejército que sirven de incubadoras para nuevas empresas. Es que la industria de la Defensa siempre ha irradiado el combo perfecto entre desarrollo tecnológico y negocios, con efectos financieros propositivos que derraman sobre el escenario geopolítico; nadie puede negar que las exportaciones de armas israelíes ayudaron al país a forjar todo tipo de vínculos, especialmente en Medio Oriente, África y Asia. 

Por supuesto, sectores opositores dentro de Israel ya pusieron el grito en el cielo. Desde “Israel podría ser visto como alguien que ayuda a los regímenes autocráticos a reprimir a la sociedad civil” hasta que “Israel es una incubadora de tecnología opresiva”. La respuesta no tardó en llegar: “El mercado manda y, además, mientras hay un número limitado de democracias liberales, está lleno de dictaduras – directas y enmascaradas – en todo el mundo”. Y con acuerdos secretos entre compañías y países, el uso ilimitado de un spyware puede colaborar activamente a los gobiernos a reprimir el activismo cívico, en un momento en el que el autoritarismo está ganando espacios en cada región del planeta.

Por lo expuesto, se entiende que el tratamiento de la temática como un todo no es sencillo. ¿Podemos observarlo como un peligro para con la seguridad nacional? Seguramente que sí. ¿Tenemos ante nosotros, como país, un potencial gran negocio? Probablemente. Para lo primero, solo podemos intentar defendernos, ´blindarnos’ de un sistema que difícilmente alcance alguna vez una solución colectiva de cooperación. En cuanto a lo segundo, porque no aprovechar y subirnos a una industria de alta tecnología y valor agregado que, invariablemente, potenciara su rentabilidad a futuro y nos podría proveer las divisas que tanto necesitamos.

Ahora bien, ¿dónde ubicamos el dilema ético? ¿No es acaso un problema de dudosa moralidad? ¿No estaremos como sociedad global socavando la libertad de prensa, cerrando las puertas de cualquier medio crítico? A veces el miedo a una vigilancia generalizada se torna precisamente el punto central de la discusión. Como indica John Scott-Railton, investigador líder en Citizen Lab, y quien ha investigado a fondo el spyware Pegasus. “El sufrimiento psicológico y la autocensura que provoca, son herramientas clave de los dictadores y líderes autoritarios de la era moderna”.