Por Pablo Kornblum
Una visión sobre el estatus económico de Cataluña desde la Argentina
Introducción
La discusión sobre la situación catalana no se puede encorsetar en un solo dilema. Factores políticos, económicos, sociales, culturales, históricos e ideológicos se conjugan y entremezclan, lo cual complejiza un análisis que requiere un gran nivel de formación y compromiso.
En este sentido, para poder generar cierta profundidad que intente clarificar y brindar una óptica superadora, he escindido el contexto en dos partes. Por un lado, poniéndole el foco en lo económico, que desde mi punto de vista es un eje central para la comprensión situacional.
Por el otro, realizar bajo la lógica economicista un paralelismo con lo que ocurre en Argentina, para encontrar ejemplos que superpongan escenarios y confirmen – o desmitifiquen – las posiciones que se presentan en el caso Catalán.
La coparticipación económica es un tema que impacta en ambos lados del Océano Atlántico. El federalismo fiscal genera tensiones y rispideces entre los diferentes niveles del Estado, impactando en las políticas económicas (financieras, productivas, comerciales) y los objetivos de cada distrito y a nivel nacional.
En un escenario global de Estados constreñidos por falencias propias y externas (corrupción, ineficiencias, presión de corporaciones, demandas crecientes de una ciudadanía golpeada por las inequidades socio-económicas), las políticas egoístas se exacerban en cada ámbito de decisión pública.
¿Quienes deben cobrar los impuestos? ¿Cómo se deben distribuir? ¿Cuanto debe primar la geografía y los recursos naturales? ¿La Logística y la cercanía a los puertos? Son todos elementos que, más sutil o vehementemente y según el contexto situacional (la coyuntura, el tipo de estructura económica de país, la dinámica política), impactan drásticamente en las relaciones de poder y los deseos de la ciudadanía.
Situación económica de Cataluña con respecto de España
Para comprender la situación, debemos tener un mínimo entendimiento del contexto económico catalán con respecto a España. CATALUÑA representa el 18,7% del Producto Bruto Interno (PBI) de ESPAÑA, un total de 223.629 millones de Euros para el año 2016 (equiparable al de NORUEGA). Con un crecimiento del 3,5%, medio punto por encima de la media española, es la primera Comunidad Autónoma en términos económicos del Estado. Su PBI per cápita es de 28.590 Euros, lo que la sitúa en la cuarta posición (por detrás de Madrid, Navarra y Euskadi), con un valor superior a la media española (de 22.152 Euros), a la media europea (de 24.500 Euros) y a países como FRANCIA.
Otra variable económica clave muestra también un comportamiento superior al del conjunto del Estado español: una tasa de desempleo cinco puntos inferior a la media del país (actualmente en CATALUÑA hay 726.000 desocupados, un 19,1% frente al 22,37% de ESPAÑA).
El sector exterior cuenta con un fuerte superávit de casi un 12% del PBI (frente al 2% de ESPAÑA), siendo este uno de los más altos de la UNIÓN EUROPEA (UE) y superior, por ejemplo, al de ALEMANIA. CATALUÑA históricamente ha tenido una fuerte capacidad exportadora, muy superior a la del resto de ESPAÑA, un elevado espíritu emprendedor, una alta capacidad de innovación, y una conexión directa con otros Estados a través del comercio.
Los pilares más destacados de la economía catalana son la industria (que representa el 25% del PBI industrial español), y el turismo (es la región que atrae más turistas extranjeros). El sistema financiero catalán está formado por el tercer y quinto banco de mayor dimensión en ESPAÑA (Caixabank y Banco Sabadell). Además, cuenta también con un fuerte asentamiento de las finanzas éticas y solidarias a través de dos cooperativas de servicios financieros propias (Coop57 y Cooperativa Catalana de Serveis Financers), y otras entidades extranjeras como Oikocredit y Fiare Banca Ética Catalunya.
Porque sí a la independencia (¿Económica?)
Ahora bien, en términos económicos, ¿por qué sería positivo un proceso de independencia económica? En este sentido, tenemos varios puntos a analizar:
Para comenzar, CATALUÑA es la región que más impuestos propios tiene. Pero según los independentistas, un 40% de los impuestos que pagan los catalanes se direccionan al gobierno Central y no regresan en la misma cuantía en términos de coparticipación. Son 2.200 Euros por cada ciudadano de CATALUÑA al año, los cuales representan un 7,7% del PBI catalán.
En Argentina existe la Ley de Coparticipación Impositiva, en la cual cada provincia, según sus características y ciertas variables, recibe un porcentaje del total de los impuestos nacionales. También existen impuestos especiales como las regalías para ciertas provincias con recursos naturales estratégicos. A ello se le debe adicionar una discusión que no solo se centra en el porcentaje de recursos y tipos de impuestos que le corresponden a cada jurisdicción: la que involucra a la celeridad y los mecanismos de pago.
Retornando al caso catalán, el Ministerio de Hacienda ha reconocido que el déficit fiscal de CATALUÑA es de 9.892 millones de Euros. Los pro-independentistas aseguran que con la independencia se pasaría a tener un superávit fiscal de 16 mil millones de Euros. Según el artículo 206.5 del Estatut de Autonomía de Catalunya, se está vulnerando el ‘principio de ordinalidad’, según el cual las transferencias interterritoriales, en base al principio de solidaridad, deben limitarse para que los territorios más ricos, como es el caso de CATALUÑA, no acaben siendo más pobres que los territorios receptores.
En Argentina no existe un punto como tal, pero si ha habido muchas quejas sobre la desproporcionalidad de la coparticipación en términos demográficos, geográficos y de capacidades. Para citar un ejemplo, durante el último gobierno de Cristina Fernández, la Provincia de Buenos Aires ha reclamado incesantemente un mejor reparto de la riqueza debido a que su aporte al PBI nacional era muy superior a lo que recibía.
Por otro lado, la independencia eliminaría el persistente déficit fiscal catalán, que obliga a la Generalitat de CATALUÑA a endeudarse para hacer frente a sus Gastos Corrientes. CATALUÑA pasaría de tener 30.000 millones de Euros de presupuesto, a disponer de alrededor de 80.000 millones de Euros para sus dispendios.
En Argentina existen casos similares; con la salvedad que la mayoría de las provincias – especialmente las del norte del país – son deficitarias sin la ayuda del Gobierno Nacional (gran cantidad de empleados gubernamentales, un sector privado perimido, ineficiencias y corrupción a la hora de poner en marcha políticas públicas productivas que fortalezcan al sector privado competitivo y la economía real, etc.).
Otro punto a tener en cuenta es que con la independencia, el Gobierno de CATALUÑA podría tomar decisiones estratégicas claves que afectan el potencial productivo y el bienestar de sus ciudadanos (Por ejemplo, CATALUÑA pasaría a ser un exportador neto de energía al resto de ESPAÑA; lo que implicaría que el costo de la electricidad podría ser un 60% menor para el nuevo Estado). Se debe tener en cuenta que pasarían a control catalán unos 58.000 millones de Euros solamente en activos patrimoniales.
En este aspecto, cada provincia argentina tiene sus recursos naturales; algunas provincias con activos estratégicos, mientras otras con materias primas de características singulares con una alta proyección de escala para la exportación. En este sentido, dependerá de cómo se equilibra la balanza entre lo que se pierde y lo que se gana ante un escenario de escisión.
Retomando al contexto catalán, se pasaría a tener un superávit en términos de la Seguridad Social (24.126 millones de Euros, gracias a los aportes de los trabajadores generados entre los años 1995 y 2011), mientras que hoy en día CATALUÑA representa el 25% del déficit de 82.704 millones de Euros que mantiene actualmente la Seguridad Social del Estado español.
Los dilemas de la Seguridad Social se encuentran arraigados en todos los países del mundo, incluyendo Argentina. Estados constreñidos en sus capacidades, expectativas de vida y demandas sociales crecientes, mercados deprimidos y un potenciamiento de la lógica financiera en detrimento de la economía real, conllevan a escenarios donde cada Estado, comunidad, o jurisdicción se encuentra, en mayor o menor medida, afectado y urgido de mayores recursos para sostener los dilemas socio-económicos.
Por otro lado, CATALUÑA entrega el 8,7% de su PBI al resto de ESPAÑA, lo que conllevaría a que no se creen unos 250.000 empleos en la región. Más aún, una CATALUÑA independiente crearía 70.000 puestos de trabajo para poner en marcha las estructuras del nuevo Estado (además de las economías indirectas que generarían las inversiones necesarias en infraestructura).
Este escenario de producción claramente implica recursos que favorecerían, correctamente direccionados, a una mayor generación de valor agregado. En el mismo sentido, los empleos derivados de la creación de un Estado-Nación nuevo no aplicaría en el caso de una mayor autonomía de alguna provincia de la argentina, pero si claramente la potencia para generar empleo (por ejemplo, en la mayoría de las capitales de las provincias argentinas concentra el empleo público provincial y municipal, lo que deriva en tasas de actividad que rondan entre el 70% y el 80% de dependencia estatal directa o indirecta).
En cuanto a la Inversión Extranjera Directa (IED), el año 2016 ha sido el que mayor volumen de inversión extranjera ha recibido CATALUÑA desde 1993, con un importe de más de 5 mil millones de Euros. En este sentido, la inseguridad jurídica derivada del proceso de independencia sería solo temporal, ya que una vez estabilizado el escenario político, CATALUÑA continuaría siendo tan atractiva como antes de la independencia, dado su nivel de productividad, el desarrollo de sus industrias de punta, sus capacidades logísticas y de exportación, etc.
Es obvio que la situación coyuntural importa, pero no suele ser determinante en la sostenibilidad de las inversiones. Lo que termina siendo clave ‘es la película, no la foto’: un país cíclicamente inestable como la Argentina, tiende a repeler a quienes desean invertir en la economía real. Los gobiernos provinciales suelen ser más estables – feudos si se quiere -, pero sin las economías de escala y las capacidades tecnológicas, logísticas y humanas para generar un salto superador. En este aspecto, las diferencias con CATALUÑA son abismales.
Finalmente, los procesos de secesión pueden generar muchas oportunidades de negocios; siendo en realidad la permanencia en ESPAÑA la que frena la recepción de inversiones internacionales, ya que desde el gobierno central solo se ofrecen excesivos incentivos a las empresas que se instalan en Madrid (como la adjudicación de contratos estatales, o la obtención de subsidios públicos).
La puja de intereses inter e intraestatal se observa en todos los países del mundo. Los Estados necesitados de recursos y capital privado para generar empleo, suelen mostrar su mejor cara para atraer a quienes pueden financiar a los gobiernos y dinamizar los mercados; cada vez más inequitativos y rentísticos. En este sentido, la ARGENTINA como un todo, con sus provincias y municipios, mantienen esta lógica de competencia (más o menos desigual, según cada especificidad política, cultural, geográfica) en cada rincón del país.
Las fortalezas (¿el contraataque?) del no
Una CATALUÑA independiente, fuera de la UE, tendría que afrontar previsibles fugas de capitales, caída de la IED, perdidas de mercados y deslocalizaciones de empresas; todo ello implicaría un impacto en su actividad económica de corto plazo.
A diferencia de la UE, el MERCOSUR es una Unión Aduanera que no ha terminado de afianzarse. La falta de políticas económicas mancomunadas, los diferendos de poder político entre los diferentes Estados participantes, o los diferenciales en las normas burocráticas que generan obstáculos en la fluidez comercial, son solo algunos de los elementos que diferencian la mirada regional. Si a ello le sumamos una paradiplomacia casi nula por parte de las provincias argentinas, los efectos disolutorios o federalistas serían mucho más tibios que en el caso catalán.
Por otro lado, los productos catalanes se encarecerían y perderían competitividad, además de que las ventas al mercado español se reducirían un 30% por el incremento de los costos (per se arancelarios hasta la revisión de su posición en la UE).
Ello también se ve reflejado en cada rincón de la tierra: el dejar de pertenecer a cierto ‘club’ con acuerdos de rebajas de aranceles, menores trabas burocráticas, o mercados de insumos preferenciales, conlleva automáticamente a incrementos en los precios finales y por ende una pérdida de competitividad, lo que se traduce en menor capacidad de penetrar mercados externos, como así también potencia la necesidad de producir productos que antes se importaban a precios convenientes.
Por su parte, CATALUÑA no podría mantener las cuentas públicas equilibradas con toda la nueva estructura burocrática estatal – incluida la Defensa del nuevo Estado si quisieran ser parte de la OTAN -. Se estima en un costo mensual de 5.500 millones de Euros el desarrollo de toda la institucionalidad requerida.
La problemática del empleo público, sin necesidad de visualizarse la creación de un nuevo Estado, también es un dilema global. Ante la recesión de los mercados y la contracción de los niveles de producción y empleo privado, los gobiernos de los diferentes niveles suelen utilizar la expansión del Gasto para contrarrestar los dilemas socio-económicos y productivos en sus jurisdicciones. Ello indefectiblemente suele generar déficits fiscales, los cuales suelen traer consecuencias económicas negativas si se sostienen en el largo plazo.
Otro tema a tener en cuenta es que si el nuevo Estado asume la deuda correspondiente a la parte del PBI que representa CATALUÑA dentro de ESPAÑA (18,7%), ello supondría unos 200.000 millones de Euros de deuda pública, casi el 100% del PBI catalán.
Por supuesto una historia en común implica derechos y obligaciones. Un proceso de escisión justa requeriría hacerse cargo de las deudas del colectivo. En el caso de la ARGENTINA, las frecuentes problemáticas de deuda pública (autónoma y proveniente de estatizar deudas privadas) conllevarían también una significativa carga sobre la mayoría de las provincias o municipios que carecen de una capacidad de producción y exportación para honrar las mismas.
En otro punto, en el caso de que existiera la posibilidad de realizar emisiones de bonos para con el financiamiento de la Generalitat, la misma debería ser acompañada de una presión al alza de todos los impuestos, dado el aumento del costo de financiación. También se reflejaría en los incrementos de las tasas de interés que pagarían los hogares y empresas.
Más allá de las formas de financiamiento en las provincias argentinas, que deberían activarse o reactivarse según el escenario situacional y capacidad de cada nivel gubernamental, el punto clave es el desenvolvimiento en términos de eficiencia para con el gasto y la recaudación: en el largo plazo, el objetivo superador debería poder sortear las dificultades de corto plazo.
Por otro lado, un argumento que ha tenido mucha fuerza se ha centrado en que la crisis económica se extendería dada la inseguridad jurídica. Un ejemplo es la previsible salida de capitales derivado de la suba de la prima de riesgo de la deuda catalana. Más aún, si el gobierno de la Generalitat se viera obligado a introducir una nueva moneda, como probablemente tendría que hacer si CATALUÑA queda excluida de la UE durante varios años, el peso de las deudas contraídas en Euros podría resultar impagable para muchas empresas y comunidades.
En este caso, nuevamente hay que resaltar que la seguridad jurídica es un concepto que se construye con expectativas (positivas o negativas), a lo largo del tiempo. Una provincia o municipio de ARGENTINA en crisis también podría vivenciar una importante salida de capitales, generando una prima de riesgo creciente. Mismo la generación de una cuasi-moneda ante una crisis nacional, como ocurrió en el año 2001 en la Argentina. Cualesquiera sea el caso, solo la sustentabilidad de las buenas prácticas de política económica a lo largo del tiempo consiguen desarrollar la necesaria estabilidad institucional.
En otro punto importante, la caída del valor agregado y la ocupación en CATALUÑA afectarían asimismo a la recaudación por cargas sociales e impuestos sobre los ingresos de las personas físicas y jurídicas; lo que en última instancia impactaría negativamente en las capacidades de Gasto Público del nuevo Estado.
El dinamismo de la economía es un eje fundamental para las más importantes variables socio-económicas y productivas. Mientras la recaudación del sector público recicla la potencialidad del efecto multiplicador, un sector privado fortalecido puede aportar una riqueza neta para un fisco que requiere permanentemente un ingente flujo de dinero. Sin embargo, una de las problemáticas principales de las provincias argentinas es que las industrias privadas son débiles y se encuentran concentradas en pocos productos, lo que potencia el ciclo vicioso de falta de economías de escala para demografías que no crecen a una tasa suficiente, principalmente por la falta de empleo.
Finalmente, al salir de la UE y mientras se aclarase su status, los catalanes perderían los fondos estructurales y de inversión, además de que los bancos con sede en CATALUÑA quedarían fuera del mercado interbancario europeo, por lo que el Banco Central Europeo (BCE) dejaría de inyectarles liquidez. De hecho, los bancos catalanes deberían trasladar sus sedes fuera de CATALUÑA para seguir dentro del sistema monetario europeo.
En cualquier lugar del mundo los bancos buscan insertarse en los escenarios que proveen mayores beneficios económicos, sobre todo incluyendo exenciones impositivas u otros. Más aún, dependiendo su relevancia, su entendimiento con su respectivo banco central se tornará determinante para con la provisión de liquidez de las finanzas públicas provinciales y municipales. En este sentido, la fluidez de un sistema financiero endógeno eficaz aplica a cualquier parte del mundo, incluyendo a la ARGENTINA y sus diferentes niveles de gestión pública.
Marco Internacional (Pros y Contras)
Cabría la remota posibilidad de que CATALUÑA adoptase unilateralmente el Euro por su cuenta, sin esperar la aprobación de ESPAÑA y la UE (como ha sido el caso de Ecuador con el dólar norteamericano). Sin embargo, no podría participar en la política monetaria común del BCE, ni de eventuales mecanismos de rescate, lo que le quitaría margen de maniobra a su capacidad de realizar política monetaria, encarecería las exportaciones catalanas, y reduciría su competitividad.
En este sentido, es difícil realizar un paralelismo con una situación de ‘no escisión’ para con las Provincias de ARGENTINA, ya que la realidad es que sería un escenario improbable de unificación con una moneda inexistente (para que el contexto de cambio sea plausible, se podría pensar en la creación de una divisa común en el MERCOSUR).
Por otro lado, el ingreso de CATALUÑA en la UE requeriría de un proceso de negociación de los criterios de convergencia del Tratado de Maastricht Europeo. Esto no parece que pueda ser un problema, si se tiene en cuenta que CATALUÑA presenta actualmente un déficit del 0,93% y una deuda del 35,4% de su PBI, ambos por debajo de los límites que marca la UE (y que por el contrario no cumple ESPAÑA, con una deuda del 100% del PBI y un déficit fiscal del 4,54% del PBI).
En este caso, el insertarse en los mercados internacionales – lo que incluye el requerir financiamiento externo para producir y mostrar solidez macroeconómica -, es parte tanto de los ESTADOS como un todo, como de los niveles inferiores. En el caso particular de ARGENTINA, desde fines de los años 1970’ (en correlación con el ‘boom’ de los petrodólares a nivel internacional), las provincias han tomado financiamiento externo autónomo, con distintos resultados de largo plazo (generalmente más negativos que positivos, al no poder separarse de los efectos negativos de la realidad nacional, ni generar fuertes capacidades exportadoras endógenas que les provean de las divisas necesarias para pagar las deudas contraídas).
CATALUÑA exportó 42.878 millones de Euros en bienes a ESPAÑA – un superávit comercial catalán de 17.900 millones de Euros – y 22.281 millones de Euros en bienes al resto del mundo. Si CATALUÑA continúa en la UE o en el Espacio Económico Europeo (EEE), las empresas multinacionales (que suponen cerca del 60% de las exportaciones totales de CATALUÑA) seguirían operando todas en el nuevo país con la misma intensidad que lo hacen en la actualidad.
La capacidad de exportar se construye con el tiempo: esto es alcanzar una `capacidad productiva de escala, normas claras, productos diferenciados, y marketing estratégico para encontrar nichos de mercado y sustentabilidad financiera. Por ende, se debería comprender la dinámica de cada provincia para poder potenciar un escenario exportador per se complicado para un país donde la paradiplomacia se encuentra todavía en pañales, el modelo exportador se centra en pocas firmas de gran poder económico, bajo una lógica de producción concentrada en una decena de productos fuerza.
Otro tópico a resaltar es que las ventas al exterior catalanas representan el 25,6% del total de las exportaciones realizadas por las empresas españolas, lo que representó 65.142 millones de Euros para el año 2016 (su volumen continúa incrementándose año tras año). Más aún, éstas proceden de productos de alto valor agregado (como son los químicos o bienes de capital de alto contenido tecnológico); donde además se destaca que las empresas catalanas cuentan con proyectos de internacionalización fuertemente asentados y con un ingente soporte institucional por parte de la Generalitat.
La matriz productora exportadora argentina es uniformemente agrícola, donde los bienes primarios y las manufacturas de origen agropecuario ocupan la mayor parte de la canasta. Pero además, las zonas económicas exportadoras se centran en la pampa húmeda y alrededores, lo que ‘cerca’ aún más las posibilidades de diversificación. Si a ello le adicionamos la histórica falta de competitividad industrial, con la todavía incipiente exportación de servicios tecnológicos, se puede apreciar que el escenario provincial argentino es muy desigual y dista mucho de un análisis comparativo homogéneo con CATALUÑA.
En términos políticos/diplomáticos, no sería positivo para la UE sentar el precedente de una región rica que se separa con el argumento de que paga más de lo que debe; sobre todo sin el pago de ningún costo político o económico. Con el mismo argumento podrían reclamar la secesión el Véneto italiano, el Flandes belga o la Bavaria alemana.
Los procesos de reclamo por un mayor y más justo federalismo tienen sus grises. Por un lado, se encuentran aquellas provincias que, en pos de potenciar su independencia económica y confiando en sus capacidades superiores, desean la libertad para poder manejarse a su mejor conveniencia. Por el contrario, existen aquellas provincias que, por su histórica incapacidad productiva y permanente dependencia financiera del Estado Nacional, desearán mantener el statu-quo. Por ende, desde una visión nacional cada provincia presentará un desafío diferente.
Por otra parte, en caso de no ser parte de la UE, los independentistas catalanes apuntan hacia alternativas como la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés) que agrupa a ISLANDIA, NORUEGA, SUIZA y LIECHTENSTEIN. Estos Estados, sin ser parte, tienen aranceles preferenciales con la UE.
La paradiplomacia u otras formas de llegada hacia el resto de los países de la región como bloque (un potencial acercamiento a la Alianza del Pacifico, para citar un ejemplo) podrá ser una opción válida de dinamismo económico. Dependerá de la política de inserción internacional que realice cada provincia argentina; incluyendo las capacidades productivas, el marketing estratégico, los acuerdos que se puedan tejer, etc.
Finalmente, la salida de la UE supondría la imposición de aranceles y el incremento de los costos administrativos de las compañías: lo que también derivaría en un freno en las compras de empresas españolas en CATALUÑA, ya que se buscarían proveedores en otras regiones debido al encarecimiento de los productos catalanes. Los economistas no independentistas calculan que la caída de las ventas de CATALUÑA al resto de ESPAÑA no sería inferior al 50%, lo que causaría un retroceso del PBI catalán del 10%.
Como contraparte, quienes aseguran que CATALUÑA seguiría dentro de la UE, defienden que la caída de las ventas al resto de España se compensaría por un aumento de las exportaciones de CATALUÑA a la UE y al resto del mundo; ya que se podrían reducir, en el corto plazo, precios y salarios para conseguirlo. Luego, una vez que se estabilice la macroeconomía, se volvería a generar un desarrollo similar al escenario pre-secesionista.
En este sentido, cualquier tipo de escenario de independencia económica que quisieran generar las provincias argentinas, requiere acomodamientos en términos de costos, logística o financiamiento para con otros actores estatales y no estatales. Una buena administración de cualquier tipo de transición disminuiría los ruidos económicos que pudiesen surgir.
En definitiva, a pesar de la profundidad del análisis que se pueda realizar, los escenarios futuros son hipotéticos: las expectativas, las alianzas y el escenario exógeno son dinámicos y podrían cambiar el futuro de cada jurisdicción que desee una mayor independencia a través de una salida, más o menos traumática, del statu-quo.
Consideraciones finales
En términos generales, las expectativas y las alianzas políticas/diplomáticas pueden cambiar radicalmente el escenario económico de mediano y largo plazo. En este sentido, y dependiendo de la posición ideológica para con la generación de políticas económicas, los beneficios y perjuicios para los distintos actores varían diametralmente de formas opuestas.
Un proceso de cualquier tinte secesionista o de separación económica podría generar un escenario negativo de reestructuración institucional e inestabilidad macroeconómica en el corto plazo, pero con un potencial reacomodamiento estabilizador en el mediano o largo plazo (siempre que se lleven a cabo las políticas apropiadas). En este aspecto, el sistema de financiamiento, las deudas contraídas, los activos a generar, y la posibilidad de realizar una política económica endógena, en conjunción con la mirada y el posicionamiento exógeno de los diversos actores internacionales (Estatales, Organizaciones Transnacionales, Corporaciones) hacia una jurisdicción con ahora nuevos y mayores atributos, determinarán el futuro macro y socio-económico de sus habitantes.
En cuanto a la situación de las provincias argentinas en particular, en varias ocasiones han sido tomadas como ‘rehenes’ del Gobierno Nacional, donde no se le girado los fondos comprometidos en tiempo y forma. Las consecuencias en algunas ocasiones enormes tensiones sociales, como ocurrió en la Provincia de Córdoba en Argentina en el mes de Diciembre de 2013.
La dependencia económica nacional de muchas provincias argentinas también se visualiza debido a su reducido tamaño (por ende los fondos coparticipables suelen tener una importante incidencia), pero fundamentalmente por la falta de un aparato productivo endógeno sólido que dinamice la economía local y genere un escenario de autosustentabilidad a través del crecimiento de ingresos propios (impositivos o a través de la generación de riqueza).
Por otro lado, tenemos la diferenciación entre los diferentes montos de aporte de cada jurisdicción a la producción nacional: el no recibir una contraparte acorde a ello, genera un escenario de lógica tensión y de repregunta filosófica/ideológica: ¿Debo aportar más de lo que recibo, ya que los demás no hacen un esfuerzo suficiente? ¿Las bondades geográficas son una justificación suficiente para tener privilegios? ¿Hasta qué punto se deben soportar ciertas asimetrías de las cuales no se tiene control?
La competencia entre jurisdicciones a nivel regional – en términos provinciales para el caso argentino – para atraer inversiones también es un punto central: aunque no existen las devaluaciones competitivas, si existen otros incentivos, como son los menores costos laborales o las mayores capacidades productivas/infraestructura, que hacen de algunas provincias más atractivas que otras. Ello a su vez conlleva un círculo virtuoso y vicioso, con migraciones domésticas que contribuyen al valor agregado en algunas provincias, pero que presionan al personal calificado y no calificado a migrar; dejando solamente a los empleados públicos, a las empresas/comercios dependientes del gobierno, y a las industrias de recursos naturales particulares de cada jurisdicción como bastiones de la economía.
Cabe aclarar que este último escenario descripto pro-extractivista no genera una competencia directa entre las provincias, pero tampoco ayuda a una transformación productiva que le permita a cada jurisdicción diversificarse y generar economías industriales y de servicios con mayor tecnología para con el mercado interno y la exportación. No podemos dejar de mencionar los enormes costos logísticos que tiene un país tan extenso como la Argentina, lo que claramente debe ser tomado en consideración ante un reordenamiento del aparato productivo.
Es dable destacar que el escenario de competencia también se visualiza a nivel inter-estatal. Un claro ejemplo es la atención médica gratuita de extranjeros en la ARGENTINA, ya que, al no tener las mínimas condiciones de salubridad en sus países de origen, se atienden en los hospitales públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Es justo que, porque el Estado Boliviano o el Estado Paraguayo no proveen los recursos acordes a sus ciudadanos, lo tengan que hacer pagar los ciudadanos argentinos con sus impuestos? Poco se puede hacer a nivel diplomático; en el mientras tanto, la discusión socio-política se acrecienta pari-passu a la crisis económica.
En referencia justamente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si se le adiciona a la Provincia de Buenos Aires, entre ambas jurisdicciones poseen un poco más del 50% del PBI de la Argentina. En este sentido, observamos un unitarismo económico que obstaculiza las posibilidades del resto de las provincias: al concentrar las sedes centrales de las grandes corporaciones que más tributan, en adición a las mayores capacidades logísticas, de infraestructura y tecnológicas de escala, conlleva a que se absorban las intencionalidades de las Inversiones Extranjeras Directas más codiciadas, las cuales son las primariamente generadoras de los saltos cualitativos diferenciadores.
En definitiva, a todos los niveles del Estado se les exige más; pero la mayoría de las provincias tienen menos capacidades – con una fuerte presión externa para mantener el déficit fiscal a rajatabla y pagar las deudas a los grandes intereses financieros -, en conjunción con incrementos en la demanda de exigencias derivadas de crecientes recesiones que conviven con un mercado que no brinda respuestas.
No todas las provincias – mejor dicho los gobernantes -, querrán tener la responsabilidad de hacerse cargo de sus destinos. A la comodidad del estatus quo que solidifica la rentabilidad espuria de las elites políticas y económicas, se le adiciona una dependencia que genera permanente potenciales culpabilidades exógenas, lo que a su vez permite poder poner en tela de juicio los procesos federalistas de cualquier índole.
También el efecto espejo o imitación dependerá de cada dinámica coyuntural en particular: un país como ARGENTINA, donde fluyen las heterogeneidades y las disputas, seguramente generará discusiones permanentes a todo nivel sobre la viabilidad de un sistema más autonómico para las provincias.
Sin embargo, el revertir la tendencia descripta no debería ser una utopía. El entendimiento interprovincial para potenciar los concatenamientos productivos y poder adentrarse mejor en el complejo escenario internacional, puede ser un elemento clave para demostrar una mayor madurez institucional que potencie círculos virtuosos de credibilidad política y económica para con el resto de los actores domésticos e internacionales con potenciales intereses económicos en cada región de la ARGENTINA.
Por ende, solo una gestión de excelencia de los recursos, sumado a una política de Estado, podrá atraer las inversiones endógenas y exógenas necesarias para desarrollar un sustentable sector privado productivo pujante. La mayor institucionalidad colectiva que se pueda crear (porque la situación de las provincias argentinas no se podrá escindir de las problemáticas nacionales) deberá conjugarse con un esfuerzo de largo plazo que demuestre un modo diferente de trabajo; es decir, con la seriedad, el mérito y la ética necesaria, de manera sostenida en el tiempo.
Pablo Kornblum 