Por Pablo Kornblum

Estados Unidos intervino en la guerra de Cuba contra España por lograr su independencia en 1898. Pero el respaldo no fue gratuito. En la primera Constitución de la República de Cuba, Washington forzó la inclusión de la llamada Enmienda Platt, por la que la isla quedaba obligada a ceder partes de su territorio a su vecino del norte. Se reconocía la soberanía de Cuba, pero se preservaba suficiente influencia como para proteger los intereses estadounidenses.

De este modo, el 16 de febrero de 1903, los presidentes de ambos países, Tomás Estrada Palma y Theodore Roosevelt, firmaron un acuerdo por el que Cuba cedía a Estados Unidos ‘por el tiempo necesario y para los propósitos de estación naval y estación carbonera’ dos territorios, en Guantánamo y en Bahía Honda. Éste último nunca se hizo efectivo.

En su primera carrera presidencial en el año 2008, el entonces candidato a presidente Barack Obama, en un documento enviado al congreso, se comprometió a cerrar la prisión estadounidense instalada en la Bahía de Guantánamo tras los atentados del 11-S, antes de que concluya su mandato. Cabe destacar que siendo un territorio soberano de Cuba pero con jurisdicción de Estados Unidos, se genera un ‘agujero negro legal’. Al no ser territorio de Estados Unidos, los métodos de interrogatorio y las garantías para los presos no responden ante las leyes del país. Ni ante las de Cuba. Un limbo donde ni La Habana ni Washington ni la comunidad internacional ejercen jurisdicción.

Por el centro de detención han pasado cerca de 800 detenidos desde el año 2002. Actualmente hay 91 reclusos, de los cuales 35 están esperando a ser transferidos a otros países. Durante la Administración Obama, 147 reclusos abandonaron la prisión y fueron trasladados mayoritariamente a Medio Oriente, África y a la Península Arábiga.

El 23 de Febrero del corriente año Obama ha presentado un plan de cierre ya que, según sus propias palabras, “no mejora nuestra seguridad nacional, sino que la mina». El proyecto para cerrar el centro de detención incluye acelerar las revisiones periódicas de los reclusos y llevar a ‘una ubicación segura dentro de los Estados Unidos’, según ha dicho el presidente sin especificar algún lugar, a aquellos que son objeto de comisiones militares, que no pueden ser transferidos a terceros países, o que suponen una amenaza significativa para el país. Según señala el Pentágono en el plan, actualmente hay 46 detenidos que no son elegibles para ser trasladados conforme a las condiciones detalladas en el plan.

«Es contrario a nuestros valores», también ha dicho el presidente Obama después de recordar que la existencia de este centro es usada por los denominados terroristas ‘como propaganda’ en sus esfuerzos por reclutar nuevos miembros. Pero además del efecto geopolítico (en tanto la relación con Cuba, en un momento donde también se discuten el fin del embargo económico y comercial) y de política doméstica (en términos del debate con diferentes actores políticos y de la sociedad civil, sobre todo opositores al régimen) que generaría el cierre definitivo de la base, se encuentra involucrada la cuestión económica.

En el año 2015, el presupuesto para mantener abierto el centro de detención fue de 450 millones de dólares; a los que se añadieron otros 200 millones de dólares de costos adicionales. Un ratio financiero elevado si se tiene en cuenta que la prisión actualmente cuenta con menos de un centenar de detenidos.

De llevarse a cabo el plan presentado, los costos para mantener en territorio estadounidense a los reclusos se reduciría entre 140 y 150 millones de dólares. Buena parte del ahorro resultaría de la reducción de gastos operativos en las instalaciones, así como del personal encargado de custodiar a los detenidos. Aunque no parece una cantidad importante si se toma en cuenta los casi 500 mil millones de dólares del presupuesto de Defensa de los Estados Unidos, puede ser efectivo para la discursiva política – más teniendo en cuenta la sensibilidad de la temática – en un escenario económico doméstico endeble en este año electoral.

Para Cuba el arrendamiento tampoco parece ser un buen negocio. El 2 de julio de 1903 ambos países firmaron un tratado en el que se especifican los detalles del mismo, en la ‘La suma anual de dos mil dólares en moneda de oro de Estados Unidos’. Cuba no incluyó ningún tipo de reacomodamiento del precio (Estados Unidos lo ajustó la última vez a 4.085 dólares anuales en 1973), y sólo cobró una vez el cheque por el alquiler anual.

En definitiva y con la composición de un Congreso con mayoría opositora, las reacciones del Partido Republicano ya han sido adversas en el corriente año electoral – el mismo Trump sugirió mantenerlo abierto para ‘meter chicos malos’ y que el Gobierno de Cuba pague los costos -, por lo que el deseo de Obama (afirmó el “no querer pasar este problema al próximo presidente, sea el que sea”), difícilmente se torne realidad.

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